sábado, 21 de julio de 2012

Están por cerrarse las Inscripciones a la Escuela Universitaria de Teatro Popular del CLETA-UNAM (EUTP)



Llamamos a quienes quieren hacer del teatro su profesión y que buscan alternativas de formación a nivel licenciatura a inscribirse en la

Escuela Universitaria de Teatro Popular
(CLETA-UNAM)

Información General

1.- Aunque está dirigida a estudiantes de cualquier institución educativa, es universitaria porque retoma el objetivo de la UNAM expresado en el artículo primero de su Ley Orgánica que a la letra dice:
“La Universidad Nacional Autónoma de México …… tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura”  

2.- Es impulsada y avalada por universitarios de la OPC-CLETA (CLETA-UNAM), que es una instancia legal que existe “de hecho”, con más de 39 años de trabajo universitario ininterrumpido, reconocido nacional e internacionalmente. Esta iniciativa es una forma de contribuir a resolver la problemática que actualmente vive nuestra máxima Casa de Estudios, que en la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro sólo puede dar alternativas a menos del 3% de los que presentan examen de admisión. 

3.- Es un proyecto de nivel licenciatura pues se imparte una educación integral, seriada, más allá de talleres sueltos, dirigida a estudiantes que tienen una escolaridad mínima de bachillerato.

4.- Es una escuela para formar profesionales del teatro, entendiendo por profesional no a los que cobran, sino a lo que lo profesan (esto no invalida que en un sistema como el nuestro los profesionales subsistan de su profesión).

5.- Es una educación gratuita, científica y popular:
Gratuita porque no tiene ningún costo, aunque entre todos, alumnos y maestros, laboraremos para generar opciones autogestionarias; científica, pues los docentes son gente experimentada y con conocimientos probados y reconocidos, y popular, pues no pretendemos generar teatristas que sirvan a las clases opresoras, sino que respondan a los lineamientos universitarios de comprometerse en la resolución de los problemas nacionales e internacionales.

6.- Funcionará en varias facultades de la UNAM ubicadas en Ciudad Universitaria.

7.- El calendario de estudios coincide con el de la UNAM y el ingreso se realiza cada año, en el mes de agosto.

8.- El teatro incluye títeres, circo, pantomima…. con sus respectivas áreas de dramaturgia, producción, dirección…… las que se abarcan durante el transcurso de la carrera, pero en el primer semestre que es propedéutico, se imparten las materias de: Producción Teatral (máscaras y maquillaje), Introducción a la historia y Papel Social del Teatro; Análisis de Texto y Dramaturgia de la Creación Colectiva; Actuación y Práctica Profesional; Educación de la Voz y Expresión Corporal

9.- Interesad@s favor de solicitar la Convocatoria y el Formato de Inscripción al correo electrónico <e.u.teatro.popular@gmail.com>

10.- No hay examen de admisión pero este semestre propedéutico está limitado a 100 alumn@s por lo que les sugerimos que inicien sus trámites a la brevedad, mismos que se inician el 15 de mayo y finalizan el 22 de julio del presente año.

Fraternalmente

“Las Aves del Más Dulce Canto Defienden su Libertad También con Garras”

CLETA-UNAM                        Enrique Cisneros Luján (Coordinador General)

CARTON DE LA JORNADA


Enfrenta la Rogaz a Aluni Montes por la concesión de Fonatur SA


Acusan los ambientalistas al secretario de Fomento Turístico de “actitud déspota” con el conflicto y la privatización de Zihuatanejo

Enfrenta la Rogaz a Aluni Montes por la concesión de Fonatur SA

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 20 de julio. Activistas de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo le reprocharon al secretario de Fomento Turístico, Javier Aluni Montes, su desconocimiento y “actitud déspota” respecto al conflicto de la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la empresa Fonatur Operadora Portuaria SA de CV.
Al final de una reunión sostenida entre Aluni Montes y hoteleros de Zihuatanejo e Ixtapa, donde se vieron las propuestas para la reactivación del Triángulo del Sol y alabó las bondades del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), las activistas María de Lourdes Armenta y Obdulia Balderas abordaron al funcionario estatal para hablarle de la concesión de la empresa Fonatur Operadora Portuaria SA de CV.
El secretario les respondió de manera cortante que tenían que pertenecer a una asociación de hoteleros “para poder ser atendidos”, mientras que Armenta Solís le explicó que son una asociación y Aluni Montes dijo: “Por eso, cuando son hoteleros es más fácil”.
Armenta Solís le insistió en que son una organización que está en lucha contra la concesión que autorizó la SCT a la particular operadora portuaria. “El gobernador Ángel Aguirre Rivero ya sabe y dice que está con nosotros, pero queremos que por medio de la Sefotur estén al pendiente de lo que pueda suceder”, comentó.
El funcionario estatal siguió en su papel de minimizar la exposición del conflicto.
–Siempre va a ser más difícil que anden uno por uno, es más fácil con las asociaciones –dijo el secretario
–Somos asociación aquí, somos la Rogaz y legalmente constituida –respondió Armenta Solís
–Vaya con Artemisa Alarcón, delegada de Sefotur en Azueta, para que yo pueda manejar –acotó Aluni Montes.
Subrayó que él no puede ver el asunto, pero Balderas Sánchez le contestó: “sí, ya vimos su actitud”.
La ambientalista le reclamó al funcionario que los gobiernos municipal y federal fueron los causantes de “la privatización de la bahía de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes”.
Aluni Montes, al darse cuenta que era grabado y fotografiado por la reportera, levantó el brazo para no ser expuesto ante los reclamos de las activistas.
Sostuvo hoy audiencias y una reunión con hoteleros de Ixtapa, y mañana visitará la zona arqueológica de Xihuacan, en el municipio de Petatlán.

EDITORIAL


EDITORIAL

ALUNI, EL ARTE DE ESCUCHAR
El sector turístico adolece de un problema sustancial: sus autoridades no saben escuchar.
Durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, la Secretaría de Fomento Turístico estuvo a cargo de Ernesto Rodríguez Escalona, quien desarrolló un trabajo gris que no tuvo en cuenta al sector empresarial-turístico de Guerrero, pues el funcionario utilizó la dependencia más para lucimiento personal y para impulsar sus propios negocios de la Condesa que para hacer crecer la industria local.
Tras más de seis años –Rodríguez Escalona provenía del gobierno de René Juárez Cisneros– de ocupar el mismo cargo, a la llegada de Ángel Aguirre Rivero a la gubernatura, se pensó que podría haber un cambio, pero, lejos de ello, la nueva titular, la defeña Graciela Báez Ricárdez, sólo acentuó el talante autoritario de su antecesor. Báez fue más allá, pues su trato con trabajadores, representantes de los medios de comunicación y empresarios llegó a ser en ocasiones francamente déspota.
Su salida se esperaba en diversos ámbitos, y al final se fue prácticamente sin decir adiós, anticipándose incluso al anuncio del gobernador de su adiós a Guerrero.
Con el relevo se esperaba un cambio de actitud, y aunque a Javier Aluni Montes se le ha visto un tanto más activo en relación con los empresarios, el incidente ocurrido en Zihuatanejo la noche del jueves, con los ecologistas que le pedían su intervención, lo pinta de cuerpo entero como funcionario.
Aunque el tema ya es del conocimiento del gobernador Ángel Aguirre, quien lo ha abordado con los azuetenses inconformes por la concesión a Fonatur Operadora Porturia SA de CV, y en consecuencia el secretario de Fomento Turístico sólo tenía que escuchar el planteamiento, la comunicación se cortó porque, dijo el funcionario, para ser atendidos necesitan ser una asociación. Y aunque le explicaban que los solicitantes del diálogo están constituidos en una asociación, el funcionario se negó tajantemente a atenderlos y les pidió remitirse con la delegada de la Sefotur en el puerto.
Sin embargo, en México existe constitucionalmente el derecho de audiencia, aunque sea individualmente.

Nuestro temor es no tener tamaños para dar resultados


“Quizá la violencia atroz que vivimos hoy tenga su origen en la impunidad de las etapas anteriores: como nunca se castigó a los culpables, los culpables siguen haciendo atrocidades y no han recibido el castigo que merecían y siguen mereciendo”, conjetura el ex rector de la UAG

Nuestro temor es no tener tamaños para dar resultados

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO, ( ) I ( )
El presidente de la Comisión de la Verdad, José Enrique González Ruiz, es contundente: “En Guerrero –dice– se dio una guerra sucia en la que el Estado en todos sus niveles, estatal, federal y municipal, atacó a la población. Se cometieron crímenes de lesa humanidad en Guerrero, más que en cualquier otra parte del país; hubo aquí ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, hubo tortura, hubo persecución a pueblos enteros y exterminio a esos pueblos, como el caso de El Quemado; y todos esos hechos son como una herida abierta, siguen latiendo ahí en la conciencia social”.
Sentado frente a una taza de café, en un restaurante de la Costera, donde se desarrolla la entrevista, el también ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero aventura una hipótesis: “Quizá, me atrevo a especular, quizá la violencia atroz que vivimos hoy tenga su origen en la impunidad de las etapas anteriores: como nunca se castigó a los culpables, los culpables siguieron haciendo atrocidades y no han recibido el castigo que merecían y siguen mereciendo”.
–Desde antes de que se conformara la Comisión –se le pregunta– empezaron una serie de hechos, como el asesinato de la esposa de Lucio y ahora estos últimos incidentes: la irrupción de la Policía Federal en sus oficinas de Acapulco y el cristalazo en la de Chilpancingo. ¿Ustedes sienten algún temor ante una posible embestida desde la oscuridad del poder que pudiera verse afectado por su trabajo?
–El temor que tenemos es no tener los tamaños para dar resultados; el otro es parte de la vida. Ya hemos andado mucho por esos caminos, así que estamos acostumbrados.
Creada por el Congreso de Guerrero hace tres meses para tratar de esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos durante laguerra sucia, la Comisión de la Verdad, explica González Ruiz, tiene un tiempo acotado sólo a 10 años: revisará lo que sucedió de 1969 a 1979, cuando el Estado lanzó una operación policiaco-militar para desmantelar a los grupos guerrilleros de entonces, particularmente el de Lucio Cabañas en la sierra de Atoyac.
“Fue creada porque los familiares y las víctimas durantes muchos años la pelearon, la promovieron; entonces, es un buen instrumento; además, cuando se estuvo analizando cómo crearla, se vieron los parámetros internacionales, vimos cómo han funcionando en otros países las comisiones de la verdad, vimos la experiencia de Perú, leímos bien sobre la de Sudáfrica; analizamos las experiencias que hay, y pensamos que la ley que creó la Comisión en Guerrero está bastante bien hecha, es una ley que se ajusta a los parámetros internacionales”, expresó.
A la entrevista, el comisionado llegó solo, y más tarde se le unió Martín Hernández, ex dirigente estudiantil de la UAG.
“Es –remarca el ex rector– una comisión formada por ciudadanos; ninguno de los que estamos ahí somos dirigentes de partidos políticos, ni tenemos un cargo público en el corto plazo en nuestros antecedentes; somos gente de la sociedad civil y todos tenemos experiencia en el tema de los derechos humanos, uno de un modo y otros, de otro: Pilar Noriega y yo, como abogados; Nicomedes Fuentes, por su participación en la lucha social; Hilda Navarrete, por su organización en la Costa Grande, y Arquímedes Morales Carranza fue rector de la UAG y conoció de cerca estas luchas; es muy ciudadana la Comisión, quedó bien constituida, no hay el riesgo de que pueda ser cooptada o enredada en cuestiones de carácter electoral o político”.
–¿Por qué, entonces, no habían hecho público el lugar donde operarían?
–Tenemos tres meses que rendimos protesta ante el Congreso. Estábamos echando el cimiento de la Comisión, estábamos buscando espacios, formando un equipo de trabajo. Formamos un equipo de investigación que se encargue de trabajar sobre la memoria histórica, un equipo jurídico de abogados para que trabaje sobre las posibles pruebas que vamos a ir acopiando y que vamos a entregar al Ministerio Público, un equipo de prensa que tendríamos que ir tratando de conformar, y por eso habíamos preferido tener un perfil bajo. Sin embargo, alguien se enteró de que existe la Comisión y que tiene sedes, y ya empezaron a hacer maldades. Yo espero que hayan sido simplemente eventualidades, cuestiones que no sean un cuestionamiento a fondo del trabajo de la Comisión de la Verdad y que simplemente hayan sido de esas peripecias que ocurren en la vida. En realidad, en el fondo, a nosotros nos interesa esa tarea que tiene asignada la Comisión, que es de la mayor relevancia.
–Precisamente, parece que la gente ha puesto mucha expectativa ante el trabajo que desarrollarán, ¿ustedes cómo se sienten ante ese reto?
–Muy impactados por la responsabilidad. Es cierto, es una expectativa muy grande, la gente sí espera eso. ¿Qué espera alguien que viene a declarar con nosotros? Espera saber qué pasó con su familiar, qué se va a hacer con el culpable, espera que lo castiguemos, que lo castigue el Estado, y espera una reparación, y espera garantías de no repetición. Entonces, esas son muchas expectativas, y nosotros no las vamos a poder satisfacer todas. Entonces, tenemos que hablarle con la verdad a la gente y decirle que valoraremos todos los casos, igualitos, con el mismo rasero, pero algunos tendrán más elementos de prueba que otros, y hay que tener claro que esos serán los que se profundicen para que en esos casos se busque a los responsables y se les lleve a juicio. Le hablaremos con la verdad a la gente para no tener expectativas que después no podamos cumplir.
–La Comisión es estatal, pero en la guerra sucia intervinieron autoridades no sólo estatales, sino también federales, ¿cómo van a resolver esa parte?
–También tenemos un reto para saber si tenemos capacidad o no para hacer que las autoridades federales cooperen.
–Por ejemplo, los archivos del Ejército.
–Y de la Femospp (la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por Vicente Fox para investigar los crímenes de la guerra sucia), que son grandes retos. Les vamos a hacer una petición pública a la Sedena y a la PGR para que nos permitan el acceso a esos documentos, y vamos a denunciar si no nos permiten el acceso. Vamos a agotar todos los medios legales: se los pedimos, nos los niegan o no dicen nada; promovemos amparo para que nos entreguen la documentación, tendrán que decirle algo al juez federal, y si no lo entregan, vendremos a la prensa y diremos: aquí están los documentos que pedimos y no nos los quieren entregar. Éso para efectos de validez formal, pero la información está ya en poder de mucha gente, pues ha sido muy pública. Acuérdate que el archivo de la Femospp se filtró a un periódico norteamericano y de allá nos llegó la información. Está como el caso ese de HSBC y pillerías que cometen: nos tenemos que enterar por periódicos norteamericanos. Esa documentación ya es pública, se conoce; entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es validarla jurídicamente para que nos sirva en la investigación.

Presentan el Plan para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México


Incluye asambleas informativas y mesas para acopiar pruebas del fraude electoral

Presentan el Plan para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México

El fin es crear conciencia sobre la manera en que el PRI busca comprar la presidencia, aseguran
FRANCISCA MEZA CARRANZA ( )
Como parte del Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México, impulsado por el candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, se organizarán asambleas informativas y se instalarán mesas en plazas públicas del país para el acopio de pruebas del presunto fraude electoral orquestado por el también candidato y ganador oficial –hasta ahora– de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto.
En Guerrero, el plan de trabajo incluye seis asambleas distritales, una regional y una estatal el 29 de julio y el 5 de agosto.
Ayer por la mañana, el representante jurídico de López Obrador, Jaime Cárdenas Gracia, detalló la manera en la que se desarrollará el Plan Nacional, en el que destacó la ausencia de movilizaciones sociales.
Tres serán las acciones principales: informar y crear conciencia sobre la manera en que el PRI pretende comprar la presidencia, asambleas informativas y mesas en plazas públicas para el acopio de pruebas, y la invitación a intelectuales, artistas, científicos, jóvenes y ciudadanos en general a participar en actividades en defensa de la democracia y la dignidad de México.
Según los detalles del plan, en Guerrero se efectuarán actividades en las principales plazas públicas de los nueve distritos electorales federales de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde.
En el 04 y 09, de Acapulco, la asamblea e instalación de mesas de trabajo será regional, el domingo 29 de julio. Ese día también se harán en los distritos 08 de Ayutla y 06 de Chilapa.
También el 29 de julio se efectuará la actividad en los distritos 01, 02 de Iguala, 03 de Zihuatanejo y 05 de Tlapa, con sede en las cabeceras municipales.
La actividad estatal se efectuará en el distrito 07 de Chilpancingo el domingo 5 de agosto.
También se desarrollarán brigadas de ciudadanos casa por casa para informar y formar conciencia en la población.

Defensa de la bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí- Caso Fonatur vs Pueblo



Este es el caso de cómo desde el 12 de enero de 2011 el gobierno federal concecionó a la SCT la bahía de Zihuatanejo en Azueta, y Barra de Potosí en el municipio de Petatlán, afectando así, a más de 11 mil ciudadanos.



Nos afecta a los Guerrerenses, nos afecta a todos los mexicanos el que nos impongan estos megaproyectos de la Iniciativa Privada como lo es la particular Fonatur Operadora Portuaria SA de CV. Nos afecta la corrupción y el abuso



Afecta a América, afecta nuestras culturas, nuestras comunidades pesquero-ribereñas- artesanales y este es un ejemplo de lo que pasa en Guerrero, México, en toda América Latina, el vil despojo que hace el capitalismo devorador disfrazado de "progreso"



A un año y casi ocho meses no tenemos solución, sólo queremos ser libres, que el gobierno federal mexicano de la revocación y deje de violar nuestros derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales...

Ayúdanos a difundir, a denunciar a que nos den la revocación...

Sin tu solidaridad no avanzamos...Queremos ser libres

Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ)


EDITORIAL


EDITORIAL

VIOLENCIA EN LA LAGUNA
El caso de la comunidad de La Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán, es paradigmático de las condiciones extremas de violencia e impunidad que se viven en algunas zonas del estado, y no precisamente derivadas de los pleitos entre bandas del crimen organizado.
Se trata de un caso donde la violencia –ocurrida en el contexto de una lucha por los recursos naturales de los bosques de la Sierra Madre del Sur– ha impactado directamente en la población, incluyendo no sólo a los hombres, sino sobre todo a las mujeres, los ancianos y los niños.
El desplazamiento que los pobladores hicieron hacia la comunidad de Puerto las Ollas, en abril del año pasado, fue un periplo largo y doloroso, donde los pobladores, mujeres y niños en su mayoría, estuvieron acompañados por organizaciones defensoras de derechos humanos, por periodistas, y por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en ese tiempo a cargo de Ramón Almonte Borja.
Fue un caso cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, y en el que el gobierno del estado se comprometió a impulsar programas integrales de apoyo a esas familias, pero en el que los afectados reclamaban no la instalación de campamentos para que pudieran asentarse en Puerto las Ollas, sino una ayuda que les permitiera regresar a su comunidad de origen.
En noviembre, varias familias decidieron regresar a La Laguna a pesar del peligro que les representaba esa acción, y de que no cuentan con el apoyo de ninguna instancia oficial, por una razón muy simple: se estaban muriendo de hambre, según explicaron entonces.
Varios meses después, los hechos muestran que las condiciones no han cambiado, y si lo han hecho, no es para mejorar.
En La Laguna se requiere una estrategia integral, en la que participen no sólo el gobierno del estado, sino también instancias federales, para apoyar con microcréditos a la población, para impulsar el desarrollo de la microrregión, así como las opciones educativas para los niños y los jóvenes, y garantizar la seguridad.
Al final de cuentas, no se trata de ningún territorio ajeno: es Guerrero, es México. Lo que sucede ahí, compete a todos.

viernes, 20 de julio de 2012

Exige la Afadem investigar y castigar el allanamiento a la Comisión de la Verdad


Demanda al gobierno estatal garantizar las indagaciones

Exige la Afadem investigar y castigar el allanamiento a la Comisión de la Verdad

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 19 de julio. El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), Julio Mata Montiel, reprobó los diversos actos de hostigamiento contra los integrantes de la Comisión de la Verdad, y exigió a las autoridades que se investigue y se castigue a los culpables del allanamiento a las oficinas de la instancia encargada de esclarecer los hechos ocurridos durante la guerra sucia.
De igual forma, demandó al gobierno del estado que dé todas las garantías para que puedan continuar con las investigaciones.
Mata Montiel y la vicepresidenta de la asociación Tita Radilla han exigido desde hace más de 30 años la presentación con vida del luchador social y ex alcalde de Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido el 25 de agosto de 1974 junto con otras 600 personas más víctimas de la guerra sucia.
El secretario ejecutivo manifestó que la creación de dicha Comisión fue una promesa de campaña del gobernador Ángel Aguirre Rivero a fin de conocer la verdad de los hechos ocurridos en el periodo que consideró como “terror de Estado”, cuando mujeres, niños, ancianos y jóvenes fueron detenidos y llevados a los cuarteles militares para someterlos a tormentos físicos y emocionales, algunos fueron ejecutados y otros desaparecidos.
El activista social señaló que la Afadem sabe bien que la Comisión de la Verdad “se enfrenta a los poderes fácticos hechos por los grupos caciquiles y que le apuestan a que no se conozca la verdad de sus crímenes”.
Por ello, condenó y rechazó el hostigamiento que sufrieron hace unos días cuando un grupo de policías armados allanaron sus oficinas en Acapulco.
Lamentó que hasta ahora sólo queda demostrado que “hasta hoy, no hay voluntad política estatal y menos federal para que la Comisión avance en su trabajo, ni para que se conozca el paradero de los más 650 detenidos desaparecidos guerrerenses, entre ellos Rosendo Radilla”, reprochó el activista.
Finalmente exigieron que se investiguen los hechos del allanamiento y se castigue a los responsables además de que se dé a los integrantes de la Comisión, las facilidades necesarias para cumplir con su cometido.

Atacan paramilitares con AK-47 y AR-15 a familias de La Laguna, en Coyuca


Repelen policías la agresión que duró media hora; “iban sobre nosotros”: vecinos

Atacan paramilitares con AK-47 y AR-15 a familias de La Laguna, en Coyuca

CORRESPONSALÍA
Chilpancingo, 19 de julio. Presuntos paramilitares y talamontes atacaron a balazos durante media hora a las familias de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, que recientemente regresaron de Puerto Las Ollas, a donde habían ido a refugiarse huyendo de la violencia. Policías estatales destacamentados en el lugar repelieron la agresión, por lo que no hubo muertos ni heridos.
Juventina Villa Mojica, una de las dirigentes de familia de la comunidad, relató que los agresores iban armados con AK-47 y AR-15, alrededor del mediodía, y comenzaron a disparar contra las casas y contra los policías, pero “iban sobre nosotros”.
En entrevista telefónica, relató que “nos gritaban que nos iban a matar a todos, y fue cuando los niños empezaron a gritar y a llorar por el ruido de las balas que se escuchaban”.
En abril del año pasado, apenas comenzado el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, unas 28 familias huyeron de La Laguna hacia Puerto Las Ollas, en la sierra, para huir de la violencia, pero en noviembre pasado, sin haber conseguido un apoyo real del gobierno del estado para enfrentar la situación, decidieron regresar.
Villa Mojica explicó que aunque los policías en esta ocasión lograron repeler a los agresores y hacerlos huir, la amenaza quedó latente, por lo que hizo un llamado al gobierno del estado para que intervenga de una manera más decisiva para enfrentar este problema.
Los agresores de ayer jueves, dijo, “son los mismos paramilitares y talamontes que se han llevado nuestra madera de nuestros bosques, y son los mismos que hace 20 días vinieron a balearnos”.

Nuevo ataque a la Comisón de la Verdad; ahora en Chilpancingo


Estrellan el cristal de la oficina ubicada en un tercer piso, denuncia González Ruiz

Nuevo ataque a la Comisón de la Verdad; ahora en Chilpancingo

Los perpetradores no se llevaron nada de valor, indica el consejero presidente del organismo
Los expedientes de los casos están resguardados en otra parte, apunta el ex rector de la UAG
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO
Un nuevo ataque fue cometido contra las instalaciones de la Comisión de la Verdad (Comverdad) entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer, cuando personas desconocidas estrellaron el cristal de su oficina en Chilpancingo, denunció el consejero presidente, José Enrique González Ruiz.
Entrevistado vía telefónica, señaló que al presentarse a trabajar el encargado de la oficina –cuyo nombre se reservó, para no exponerlo a un riesgo inecesario–, ayer jueves alrededor de las 9 de la mañana, se encontró con el cristal estrellado, aunque precisó que no se localizó el objeto con que le habría sido impactado, por lo que podría haberse utilizado una varilla, “una punta, o un desarmador”.
Lo que más destaca de todo esto, dijo el también ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), es que la oficina se ubica en un tercer piso, por lo que para llegar a ella es necesario abrir una reja que está en el acceso al inmueble, la cual no presenta señas de haber sido violada.
Otro detalle es que quien rompió el cristal no se llevó nada del interior de la oficina, pues aunque no hay muchos objetos de valor, sí están ahí “las maquinitas con que se toman las declaraciones”. En cambio, los expedientes de los casos que está estudiando la Comisión no se encuentran ahí, por lo que no habrían podido ser robados.
González Ruiz explicó que los integrantes de la Comisión de la Verdad analizan la conveniencia de interponer una denuncia por estos hechos ante la agencia del Ministerio Público.
Esta es la segunda ocasión en que las instalaciones de este organismo han sido víctimas de posibles acciones intimidatorias. El lunes 16, hombres armados con uniformes de policías federales irrumpieron en las oficinas de Acapulco de la Comverdad, de los cuales uno se mantuvo haciendo guardia en la entrada, y el otro pasó “hasta el baño”, y luego se retiraron.
Asimismo, según denunció en su momento González Ruiz, personas desconocidas se presentaron a solicitar empleo porque sabían que ahí había “una oficina de derechos humanos”, cuando no se había dado a conocer que esas eran instalaciones de la Comisión de la Verdad.

CARTONES DE LA JORNADA



miércoles, 18 de julio de 2012

CAUCA: LA PAZ EN LAS MANOS DEL PUEBLO


CAUCA: LA PAZ EN LAS MANOS DEL PUEBLO

El presidente Santos y sus ministros llevaron al Cauca el mismo discurso de la militarización y de los programas sociales, que repiten una y otra vez y el que sólo cumplen en su primera parte: cerca de 10.000 efectivos ocupan esta región y las balas y las bombas continúan cruzando la vida de los pueblos caucanos. Por esa razón la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN y el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, ratificaron la continuidad de la asamblea permanente y las acciones de hecho de control territorial, para garantizar la vida de las comunidades indígenas, campesinas y afro de la región, siguiendo sus principios ancestrales de autonomía y dignidad.
Durante los últimos años el Cauca ha soportado las barbaridades del conflicto armado que vive el país, con momentos de gran intensidad como el que se ha manifestado en estas dos semanas. Solamente el municipio de Toribío acumula ya cerca de 500 hostigamientos entre guerrilla y Fuerza Pública, y en esta ocasión sus habitantes estuvieron cuatro días bajo fuego constante que dejaron 14 personas heridas, 450 casas afectadas y cerca de mil desplazados. Por esta misma fecha, hace un año, Toribío fue sacudido con similares impactos por un bus-bomba.
Para los sectores democráticos y populares del país, es claro que el conflicto armado en la región caucana tiene un trasfondo particular: los intereses geoeconómicos y geopolíticos que configuran los corredores internacionales que cruzan estos territorios, con límites en el promisorio mercado del Pacífico. Explotación de recursos naturales, comercio legal e ilegal, militarización nacional y extranjera, infraestructura transnacional y una institucionalidad adaptada para tales fines, conforman ese teatro de operaciones de mercadeo viabilizadas por la guerra.
Desde tiempo atrás, los pueblos del Cauca han mandatado la realización de diálogos humanitarios regionales por iniciativa propia con todos los actores armados, han desarrollado acciones concretas para aislar el conflicto armado de la población civil y han conminado a todas las fuerzas militares a retirar sus trincheras de las comunidades indígenas. Precisamente hoy, cuando nuevamente la guerra arrecia en contra de las poblaciones del norte del Cauca, la ACIN y el CRIC han puesto en práctica este último mandato y han iniciado el desmonte de los distintos campamentos que los grupos armados, legales e ilegales, han instalado en sus territorios indígenas y en donde despliegan sus confrontaciones bélicas.
Diferentes escenarios de articulación social en los que hemos participado activamente, como el Congreso de los Pueblos, el Encuentro de Paz en Barrancabermeja o el Congreso de Tierras y Territorios, el conjunto de organizaciones sociales allí convocadas en horizonte de paz y dignidad, hicimos propios los mandatos que las comunidades del Cauca han planteado. Hoy lo ratificamos con mayores razones: legitimamos las iniciativas soberanas que actualmente se encuentra desarrollando el pueblo caucano en defensa de la vida, la tierra y los territorios.
Coincidimos en que la fuerza de los movimientos sociales, ahora vigorizados con los procesos unitarios que se han manifestado especialmente en estos tres años, y con una mayor conciencia de país digno, se constituyen hoy en un actor determinante en la perspectiva de desbrozar un camino cierto de superación del conflicto armado que vive el país. En tal sentido apreciamos altamente la resistencia civil que los indígenas caucanos asumen con gran valentía, apuntalando una opción social y política hacia la Colombia sin violencia que buscamos todas y todos.
Nos convocamos a desplegar todas las iniciativas posibles que expresen nuestro apoyo a las acciones de los pueblos caucanos, en su ardua lucha para enfrentar la guerra y sus actores, y a las multinacionales que se benefician de ella y de las políticas gubernamentales. Y llamamos a que las tensiones entre las comunidades de la región sean superadas, especialmente en estos momentos cruciales de defensa del territorio.

Bogotá, julio 12 de 2012
Minga Social y Comunitaria – Congreso de los Pueblos – Colombianos y Colombianas por la Paz – Red de Universidades por la Paz – Redepaz - Identidad Estudiantil – Confluencia de Mujeres – Nomadesc - Rebeldía Estudiantil Organizada REO - Planeta Paz – Poder y Unidad Popular – Fuerza Común – Movimiento por los Derechos del Pueblo MODEP – Partido Comunista – Coordinador Nacional Agrario CNA – Asociación Minga – Indepaz – Instituto Nacional Sindical – Periódico El Turbión - ….

CARTONES DE LA JORNADA




Conllevan mineras despojos de recursos naturales, alertan


Conllevan mineras despojos de recursos naturales, alertan 3

HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)
Zihuatanejo, 17 de Julio. El presidente de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénega Grande del Bajo Sinú (Asprocig) en Colombia, Juan José López Negrete, consideró el modelo de las mineras como parte del capitalismo verde, implementado en varios países latinoamericanos como México y Colombia, y puso como ejemplo la situación en la entidad.
Señaló que los proyectos mineros se han desplazado por toda Latinoamérica y hay agravantes como el alto tráfico y despojo de los recursos naturales donde se encuentran las mayores reservas de agua, biodiversidad, mineras y de petróleo.
El declarante mencionó el caso de México, aludiendo la entrada de mineras como el caso de Wirikuta y Guerrero.
Apuntó: “hay un paisano tuyo -Andrés Barrera- que habla del análisis de Latinoamérica en el caso de las mineras y habla de cuatro elementos del capitalismo verde que son el agua, la biodiversidad, los minerales y la energía, y que se está recomponiendo el capitalismo con una fachada verde”.
El capitalismo no muere, se fortalece
Comentó que muchos “hablan de la muerte del capitalismo, lo cual no es cierto, el capitalismo se está fortaleciendo”.
“Realmente es una gran amalgama de conflictos que sucede en toda América, pero realmente es para el desplazamiento y favorecer a las multinacionales de territorios ricos en minerales”, dijo.
Manifestó que siempre las comunidades rurales e indígenas son las que sufren estos problemas como en el caso de Colombia y quedan “en medio de la guerra” y sufren amenazas, desplazamiento, asesinatos y abusos; “realmente es una situación muy crítica”.
López Negrete ejemplificó el conflicto actual de resistencia indígena en la zona del Cauca donde se encuentra el mayor manto de agua “y también la zona del Chocobio y el Amazonas que es donde se encuentra el mayor porcentaje de agua dulce que pueda haber”.
Insistió que desde México hasta Centroamérica, los megaproyectos y las mineras han avanzado para despojar a los pueblos y comunidades.
El activista agregó que este año, la represión contra los pueblos que están en todos lados en defensa de su territorio, seguirá, pero que “nosotros no tenemos porqué salirnos de nuestro territorio”.

Ya se cumplió el fallo de la Coidh en los casos de Inés y Valentina: estado


Difunde el gobierno un texto que no menciona a violadores

Ya se cumplió el fallo de la Coidh en los casos de Inés y Valentina: estado

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 17 de julio. El gobierno del estado aseguró que tanto la Federación como el estado han cumplido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, pues, aseguró, se entregó un millón de pesos para comprar un terreno donde habrá un albergue para mujeres en situación de violencia.
Este lunes, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos enviaron una carta al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en la que exigen dar cumplimiento total a la sentencia de la Coidh en los casos de violación sexual por soldados del Ejército contra dos indígenas de Guerrero, pues no se ha detenido, ni sancionado a los militares responsables.
Antes de esta denuncia, en el portal de Internet del gobierno del estado se difundió un comunicado en el que se aseguró que el Ejecutivo dio “cabal” cumplimiento a la sentencia y reiteró su compromiso de respetar todos sus términos, así como fortalecer las medidas para proteger la integridad de los defensores de los derechos humanos en el estado.
Indicó que “específicamente, en el caso de la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega, los compromisos de los gobiernos federal y estatal se han cumplido a cabalidad, tanto lo concerniente a su persona y familia, como a las obras solicitadas a favor de la comunidad Barranca Tecoani, del municipio Ayutla de los Libres, a la que pertenece, y que suman en total cerca de 56 millones de pesos”.
Además, enlistó la serie de acciones que se han desarrollado en Barranca Tecoani, como las caravanas de la salud en comunidades marginadas, sobre todo en aquellas donde tiene presencia la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
Indicó que se concretó la construcción de un centro comunitario de atención a mujeres víctimas de violencia, donde se les dará asesoramiento jurídico o, en su caso, atención psicológica, y para el que se establecerá un fideicomiso por 11 millones de pesos que se destinarán a su construcción y mantenimiento.
El gobierno estatal entregó un millón de pesos para la compra del terreno”, afirmó.

Faustino Soto: ya se esperaba el acoso a la Comisión de la Verdad


El diputado local impulsor de investigar la guerra sucia condena el allanamiento

Faustino Soto: ya se esperaba el acoso a la Comisión de la Verdad

Hay fuerzas que “pretenden ocultar muchas cosas”, y eso pone en peligro a los comisionados, alerta
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 17 de julio. El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Faustino Soto Ramos, condenó el acoso que han padecido los integrantes de la Comisión de la Verdad, encargada de esclarecer hechos de la guerra sucia, quienes hace unos días sufrieron el allanamiento de sus oficinas en Acapulco.
Sin embargo, para el diputado de la 59 Legislatura, ese acoso “ya se esperaba”, pues hay quienes tratarán de impedir que se dé con la verdad. Soto Ramos descartó que el gobierno del estado también trate de obstaculizar los trabajos de la Comisión de la Verdad al no entregar los recursos comprometidos; sin embargo, dijo que el Ejecutivo deberá poner en orden sus finanzas para cumplir.
Soto Ramos fue consultado sobre la denuncia que hizo a La Jornada Guerrero el presidente de la Comisión de la Verdad, José Enrique González Ruiz, sobre el allanamiento que hicieron hombres armados a una oficina de ese organismo, cuya ubicación no se había hecho pública.
De acuerdo con González Ruiz, este hecho no es el único que se ha presentado, pues días antes de que se instalara la Comisión de la Verdad, varios hombres llegaron ahí a solicitar trabajo y dijeron que sabían que se abriría una oficina de derechos humanos; y dos de sus integrantes, Nicomedes Fuentes García y Arquímedes Morales Carranza, enfrentan una investigación ministerial en la PGR.
Ante estos hechos, Soto Ramos manifestó que la existencia de la Comisión de la Verdad “no va a ser una tarea fácil”, pues durante muchos años los sucesos de la guerra sucia se han mantenido “estáticos” y sin investigación.
“Sí pedimos que por parte del estado se requiere que aporte mayor protección y seguridad para todos los integrantes, porque no es cosa menor lo que se aprobó en el Congreso del estado; además, es gente especialista y que está involucrada en el tema, y que seguramente va a recibir acosos”, manifestó.
Soto Ramos dijo que desde que se anunció la creación de la Comisión de la Verdad, la situación ha sido muy complicada, “y desde ese momento se tiene que estar preparado para hacer frente a estos acosos; ya no puede decirse que son hechos aislados, que no tienen ninguna relación”.
Recordó que cuando se estaba acordando la creación de la Comisión, hubo asesinatos de testigos clave para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia.
“Hay en el fondo muchas cosas que pretenden ocultar, y eso pone en riesgo la integridad física de los comisionados”, alertó.
Ante la pregunta de si entre estos obstáculos para no dar con la verdad se encuentra el que el gobierno del estado no esté suministrando el dinero que aprobó el Congreso local, Soto Ramos aseguró que, aunque el no tener los recursos suficientes sí representa un obstáculo para avanzar en los trabajos, “no creo que sea un obstáculo intencionado”.
Sin embargo, manifestó que el gobierno del estado “sí debiera tener mayor en orden sus finanzas para que un ente como la Comisión de la Verdad no tenga esas limitaciones, porque precisamente se pretende que la información que se recabe sea dotada de toda la imparcialidad posible (…); sí representa un obstáculo, aunque no creo que sea intencionado”.

Allanan supuestos federales armados oficinas de la Comisión de la Verdad


Se suponía que el domicilio no era conocido por el público

Allanan supuestos federales armados oficinas de la Comisión de la Verdad

REDACCIÓN ( )
El presidente de la Comisión de la Verdad, José Enrique González Ruiz, denunció que hombres armados vestidos con uniforme de la Policía Federal allanaron el domicilio en Acapulco de este órgano creado por el Congreso de Guerrero.
En un correo electrónico, González Ruiz relató que los uniformados se introdujeron en las oficinas –que no se habían hecho públicas– alrededor de las 14:30 horas; uno permaneció en la puerta y dos más entraron hasta el baño, y luego se retiraron sin decir nada.
“Quienes estábamos en ese momento trabajando nos extrañamos de que los federales no dijeran las razones de su conducta y que salieran como entraron, de manera furtiva. Obviamente, fue violado nuestro derecho al domicilio y a la legalidad. Conforme al mandato del artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su familia, posesiones o derecho si no es mediante una orden escrita, de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, expresa el texto hecho llegar a La Jornada Guerrero.
Según el envío, González Ruiz expresó que este incidente “se suma a otros que no queremos dejar pasar: Antes de que iniciáramos formalmente nuestra labor en esta sede, se presentaron dos personas a pedir empleo, porque sabían que aquí se instalaría ‘una oficina de Derechos Humanos’ sin que hasta el momento se hiciera público nuestro domicilio. También nos enteramos que existe una investigación ministerial en la Procuraduría General de la República contra nuestros compañeros comisionados Arquímedes Morales Carranza y Nicomedes Fuentes García”.
El 11 de julio pasado, los integrantes de la Comisión de la Verdad difundieron en una conferencia de prensa que el gobierno del estado les ha retenido los recursos que le aprobó el Congreso, pues de 13 millones autorizados sólo habían recibido “apoyos puntuales” para algunas labores de instalación, pero no los fondos en sí.
Al día siguiente, el secretario de Finanzas estatal, Jorge Salgado Leyva, contestó en un comunicado de la Dirección General de Comunicación Social que sí se les han dado ministraciones de 2 millones 200 mil pesos mensuales, con lo que se pretende acumular los 13 millones autorizados, pero instó a los integrantes a gestionar el presupuesto para el año próximo, a modo de garantizarlo.

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