jueves, 11 de julio de 2013
domingo, 7 de julio de 2013
Protestan familiares de los ocho jóvenes asesinados en Coyuca
Ante Aguirre Rivero, exigen justicia, seguridad y ayuda para los gastos funerarios
Protestan familiares de los ocho jóvenes asesinados en Coyuca
“No están solas”, les dice el gobernador a las madres de las víctimas; las cita hoy en Acapulco
Coyuca de Benítez, 6 de julio. Familiares de siete de los ocho niños y jóvenes asesinados la tarde del jueves en una huerta, protestaron en el exterior del recinto donde el gobernador Ángel Aguirre Rivero sostenía una mesa de trabajo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) federal, Rosario Robles Berlanga, quien visitó este municipio, donde participó en un encuentro de seguimiento con beneficiarios de programas sociales y encabezó la reunión interinstitucional de la Cruzada contra el hambre.
Al salón Pinocho, a unos metros de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, llegaron a las 11:40 horas, unas 25 personas, entre padres de las víctimas y habitantes de la colonia Venustiano Carranza, para exigir justicia, seguridad y recursos económicos para solventar los gastos funerarios de sus hijos.
Los manifestantes portaban cartulinas: “señor presidente queremos que protejan nuestro municipio de Coyuca”; “Pedimos justicia”, entre otros.
El joven Alejandro Ramírez Mora, de 17 años, de oficio panadero, quien terminó la secundaria hace dos años, expresó: “yo quiero justicia, él era menor de edad, yo lo quería un chingo a mi carnalito, todos quieren justicia; mi hermano era Luis Ramírez Mora, tenía 14 años; él hacía pan, no alcanza para estudiar, mi hermano terminó la primaria nada más”.
Al atenderlos, Aguirre Rivero lamentó lo sucedido y expresó a las madres que “no están solas”, por lo que comprometió respaldo económico de su administración a los afectados.
Indicó que instruirá al procurador de justicia que se avoque al caso y anunció que este domingo se reunirá con una comisión de padres de las víctimas en Acapulco.
Se establece policiaca en Los Llanos: Aguirre Rivero
Por otra parte, el gobernador aseguró que el bloqueo de opositores a la policía de autodefensa, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de Tecpan, también en la Costa Grande, había sido retirado, y en el punto conocido como Los Llanos fue establecida una Base de Operaciones Mixtas Urbanas, donde participan las policías estatal, federal, y Ejército; y en Papanoa será instalado un retén permanente de la Marina y la policía estatal. A los pobladores, señaló que “no hay razón para estén haciendo este tipo de retenes y muchos menos con afectación a la población”.
El alcalde de Coyuca, Ramiro Ávila, señaló que los tres niveles de gobierno trabajan coordinados para contrarrestar la inseguridad, pero enfatizó que la cobertura no es suficiente. Manifestó que “es muy complicado cubrir al 100 por ciento y sobre todo las agresiones entre los grupos”.
En el mismo lugar, afuera del Salón Pinocho, la campesina Natividad Nava Benítez, de 66 años, de Tepetixtla, protestó contra los gobiernos municipal y estatal por haber sido excluida del programa de fertilizante, no obstante estar registrada en el padrón de la Secretaría de Desarrollo Rural estatal. También expresó que son 150 campesinos los afectados.
Tortura e impunidad
Tortura e impunidad
A la memoria de mis tíos Teresa y Domingo Estrada Ramírez, víctimas de la Guerra Sucia del Estado mexicano
La Real Academia de la Lengua Española define a la tortura como el daño físico o sicológico que se le causa a una persona como castigo o método de confesión, considerada por el Derecho Internacional Humanitario como un crimen prohibido e injustificable.
Se debe buscar la aplicación de la Convención contra la Tortura y Tratos crueles e Inhumanos o Degradantes, considerado como uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos, que entró en vigor el 26 de junio de 1987.
La tortura es el sufrimiento, el dolor y la afectación permanente, en su acto el torturador puede pretender provocar un intenso dolor físico o psicológico, este flagelo parece no tener fin y hoy es aplicado desde el poder a partir de las instituciones del estado para reprimir a sus opositores.
En los informes de Amnistía Internacional se dice que en México, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, de los estados y municipios, son quienes cometen las principales violaciones a los derechos humanos e infringen a los detenidos todo tipo de martirio.
En Guerrero la tortura sigue sin considerarse como un delito, a pesar de la observancia e insistencia de las organizaciones no gubernamentales en todos sus niveles y de los movimientos sociales.
Los hechos de tortura tampoco se investigan al no contarse con un marco jurídico adecuado, además de adolecer de un equipo humano profesional y de tecnología para tal fin, por lo tanto no se investigan los delitos de tortura, además no existen garantías mínimas para las víctimas, con lo cual se inhíbe la presentación de denuncias.
El primer visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Hipólito Lugo Cortés, informó que en la Comisión Estatal se tienen registrados 56 quejas sobre torturas para lo cual se han emitido 56 recomendaciones, aunque éstas no se han traducido en sanciones debido a los vacíos en la legislación estatal vigente y por lo tanto es una práctica que subsiste.
La tortura es diversa, que va desde los choques eléctricos, los golpes, las quemaduras, los desgarres, la presión sicológica, llegando incluso en alguno de los casos a la violación sexual.
De las 56 quejas registradas y documentadas sobre tortura, 47 son contra la Procuraduría General de Justicia del Estado, seis contra la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y cuatro contra los ayuntamientos.
En nuestro estado, la tortura tuvo su momento de expansión más fuerte durante el período al cual se le ha denominado guerra sucia, que va desde finales de los años 60 hasta aproximadamente 1984, con prácticas aberrantes que inician con el encarcelamiento ilegal, los golpes, las mutilaciones, aplicadas a opositores, combatientes guerrilleros y familiares.
La tortura ha sido una acción perversa de dominación y de poder, herramienta antisubversiva “para el control social” como forma intolerante del ejercicio del poder, la violencia gubernamental y el castigo que intenta arrancar secretos y provocar confesiones y delaciones, estos martirios que provocan los torturadores a su voluntad para provocar miedo y un terror fulminante con la intención de paralizar, reducir y minimizar la voluntad del torturado.
Los torturadores tienen nombre y apellido Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, capitán Aguirre Quintanar, Luis de la Barrera, Wilfrido Castro Contreras, capitán Barquín, Isidro Chiro Galeana y Simón Valdeolivar, entre muchos otros.
La tortura sigue vigente contra los opositores al régimen. El 12 de diciembre de 2011 fueron torturados por la Policía Ministerial del Estados los estudiantes normalistas Gerardo Torres Pérez, Cipriano Bernardino Maldonado y Agustín Chocolate Salazar, en las instalaciones de esa corporación, en la Procuraduría de Justicia del Estado de Chilpancingo, con el interés de que se declararan culpables de la portación y disparo de un fusil AK-47, con lo cual se pretendía presentarlos como quienes dispararon en contra de sus compañeros normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Desde la época de la Colonia, la tortura ha sido una de las herramientas ejecutadas desde el poder para el control, represión y dominación de la población, en México y en Guerrero se ha aplicado particularmente desde la guerra sucia y hasta la actualidad.
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