Unos 200 ocupan la secundaria de El Timbre; el resto pasa por Barranca Tecuani

Entran 400 militares a pueblos de Ayutla; causan temor, señalan

La Upoeg colabora con la militarización de la zona, señalan comités de autodefensa de La Montaña

Los dirigentes de la Crac están en la lista de delincuentes que piensa detener y entregar, alertan

CORRESPONSALÍA ( )

Chilpancingo, 6 de febrero. Unos 200 soldados del Ejército incursionaron ayer en el poblado El Timbre, del municipio de Ayutla, informó el secretario de la Organización de Pueblos Indígenas Me´phá (Opim), Cuauhtémoc Ramírez.

En entrevista, denunció que los militares acamparon en una escuela secundaria, por lo que se suspendieron las clases.

El hecho ocurrió mientras en la ciudad de México el gobernador Ángel Aguirre Rivero y representantes de asociaciones civiles de la entidad, entre ellas la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg), se reunían con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para informarle de los avances de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadpi) con la cual, según un boletín del gobierno de estado, los ciudadanos que mantienen la autodefensa en Ayutla y Tecoanapa “dejarán de utilizar capuchas y máscaras”.

Un número igual de soldados llegó también al poblado de Barranca Tecuani, en recorridos hacia otras comunidades de esa zona. “No sabemos el motivo de los operativos, pero están causando temor entre la población”, dijo el dirigente de la Opim.

Ramírez opinó que la presencia del Ejército en la zona es consecuencia del movimiento de autodefensa impulsado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg); “es un proceso de contrainsurgencia que hemos vivido desde el año 2000 en esta zona, con la presencia de grupos paramilitares y del Ejército”.

Agregó que la Opim reconoce y apoya la lucha de autodefensa armada que impulsaron los pueblos de Ayutla y Tecoanapa contra la delincuencia organizada, pero el problema ahora es que regresa la militarización a la zona, que ha sido funesta para los pueblos mixtecos y tlapanecos.

En tanto, mediante un comunicado de prensa, los consejos de Gobierno, Seguridad y Justicia de Temalacatzingo, Cualac y Huamuxtitlán advirtieron “de la política de infiltración que se ha desatado a través de organizaciones como la Upoeg”.

“Es muy peligrosa la estrategia que ha empezado a desplegar el gobierno del estado a través de organizaciones como la Upoeg y Antorcha Campesina, que han recibido financiamiento de gobierno para desplegar en La Montaña y otras regiones brigadas donde supuestamente están construyendo la autodefensa popular y gestionando servicios”, agrega el comunicado.

Afirma que “lo que están haciendo es usar ese pretexto para militarizar a las comunidades, manipular a la gente y señalar a las personas que pueden ser detenidas, como es el caso de Ayutla, donde los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) están en la lista de los supuestos delincuentes que la Upoeg piensa detener para luego entregarlos a los cuerpos militares o policiacos”.

Aseguran que “no son pobladores de esos lugares quienes ponen los retenes, sino personas extrañas con porte militar, que no son del pueblo. Esto nos lleva a pensar que la Upoeg es una organización contraria al pueblo y se ha constituido para realizar el trabajo sucio al gobierno, como ha ocurrido en otras regiones de América Latina”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/07/index.php?section=politica&article=003n1pol

Amparan a sobrino del comandante Ramiro del ERPI

REDACCIÓN

Chilpancingo, 9 de enero. El juez V de distrito de Iguala resolvió amparar a Antonio Díaz Bahena, sobrino del comandante insurgente Ramiro, del ERPI, contra el auto de formal prisión por el que está preso desde agosto de 2011, acusado de un secuestro. El abogado Hegel Mariano Ramírez indicó que esta resolución es una oportunidad para que el Poder Judicial de Guerrero frene los agravios cometidos contra el detenido, entre los que están la tortura física y sicológica para que se declarase culpable. Díaz Bahena está detenido desde el 19 de agosto de 2011 por el secuestro del médico Rodrigo Borja García, acción atribuida al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), pero siempre ha declarado ser inocente y que la inculpación proviene del hecho de ser pariente del insurgente Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro, de esa agrupación. El abogado señaló que no está acreditada la probable responsabilidad de Díaz Bahena en el plagio, pues sólo se le imputa “de oídas”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/10/index.php?section=politica&article=004n4pol

Contrainsurgencia y resistencia zapatista

Neil Harvey*

Las marchas silenciosas de miles de zapatistas en cinco cabeceras de Chiapas, el 21 de diciembre, lograron recordar a la sociedad dos cosas: la capacidad organizativa del EZLN y su vigencia política. Contra aquellos que decían que el zapatismo era cosa del pasado, los aproximadamente 40 mil indígenas que participaron en las movilizaciones demostraron el fracaso de la estrategia contrainsurgente que han aplicado los diferentes gobiernos durante los pasados 18 años. La marcha también demostró la renovación de las bases del movimiento, con la participación de nuevos cuadros de jóvenes hombres y mujeres que han crecido en el mismo periodo y, a pesar de todas las agresiones en contra de sus comunidades autónomas, mantienen vivas las demandas. Como en otras ocasiones, los zapatistas escogieron un día fuera del calendario de los partidos políticos para llevar a cabo estas marchas. Al contrario, celebraron el inicio de una nueva era maya y al mismo tiempo afirmaron la actualidad y vigencia de las luchas de los pueblos indígenas por sus derechos colectivos y la autonomía.

Aunque la movilización demuestra una vez más su capacidad organizativa, es preciso no olvidar las consecuencias de las agresiones en su contra a lo largo de estos 18 años. El zapatismo ha tenido que defenderse del Ejército Mexicano y de los diversos grupos paramilitares, los cuales, dentro de una política contrainsurgente implementada desde enero de 1995, han intentado desgastar a las bases de apoyo y crear las condiciones propicias para dividir comunidades y sembrar el miedo. El alto grado de organización que los zapatistas demostraron el 21 de diciembre también se ha manifestado en casi dos décadas de resistencia para no caer en las provocaciones de sus opositores y así seguir construyendo alternativas autónomas.

Por lo tanto, es preocupante que los grupos paramilitares sigan operando en el estado. A lo largo del 2012 las cinco Juntas de Buen Gobierno (JBG) zapatistas difundieron varias denuncias de agresiones de grupos armados que buscan quitarles tierras o robarles los productos del trabajo de las comunidades. Un ejemplo reciente es la agresión de miembros del grupo Desarrollo, Paz y Justicia a la comunidad Nuevo Poblado Comandante Abel, ubicada en el municipio autónomo La Dignidad (oficialmente, Sabanilla) en la zona norte de Chiapas.

Según el Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación al Nuevo Poblado Comandante Abel (www.sipaz. org/images/stories/boletines/Informe_Caravana_.pdf), el 6 de septiembre unos 55 agresores armados llegaron a la comunidad y tiraron balas para agredir a los zapatistas. El grupo invasor construyó su propio campamento y trincheras a la orilla de un río donde se posicionaron para amenazarlos con armas. En pocos días, el número de este grupo creció a 150 y sus integrantes tomaron la mitad de las 147 hectáreas de la comunidad. Los observadores de la caravana constataron que las balas habían alcanzado las paredes de la escuela autónoma y las tiendas cooperativas. En vez de enfrentar a los agresores, la mayoría de las bases de apoyo zapatistas salieron y, después de caminar en el monte por dos a tres días, encontraron refugio en otra comunidad, San Marcos. Durante este lapso, las mujeres y niños sufrieron enfermedades y hambre, mientras los zapatistas que se quedaron en la comunidad no pudieron salir a sus milpas. Una situación similar vivieron cuatro familias que tuvieron que salir de la comunidad Unión Hidalgo debido a amenazas de un grupo de priístas. Historias como estas eran muy comunes en los años 90, sobre todo durante las semanas después de la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995, ordenada por el entonces presidente Ernesto Zedillo. El hecho de que estas agresiones aún ocurran con frecuencia debe llamar la atención para que se tomen acciones con la finalidad de detenerlas y, en su lugar, poner en práctica los Acuerdos de San Andrés.

Cabe señalar que uno de los logros de las JBG ha sido la creación de mecanismos autónomos para resolver conflictos. Varios estudios sobre la autonomía zapatista han documentado la importancia de estos espacios para que los grupos no zapatistas puedan resolver disputas sin costo y con personas de la misma comunidad y posición socioeconómica. Los zapatistas también reconocen la necesidad del acceso a la tierra de otras familias que no participan en la organización. Ejemplo fue la fundación del mismo Nuevo Poblado Comandante Abel en mayo del 2012, cuando la comunidad de San Patricio decidió reubicarse en un predio distinto y así evitar mayores conflictos. Como explica un comunicado de la JBG de Roberto Barrios (11 de septiembre), la decisión de reubicarse fue para que ellos tengan su parte porque también tienen derecho a la vida. (enlacezapatista.org.mx).

Sin embargo, como hemos mencionado, las agresiones continúan debido a los intereses políticos que buscan desgastar a las bases de apoyo zapatistas. No obstante, la resistencia sigue, como dicen los integrantes de la JBG en la zona norte: lo que nos hace el mal gobierno intentando invadir, es su manera de guerra y desgaste para rendirnos. No dejamos nuestra lucha y no nos vamos a rendir; ellos piensan que sí, pero no nos vamos a rendir. Nuestra lucha es por la tierra y la nación. (Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación).

Los zapatistas, al no aceptar el asistencialismo del gobierno, han demostrado que sí es posible poner en práctica diversos proyectos autónomos que respondan a las necesidades sociales, económicas y políticas de las comunidades. Por eso los gobiernos han tratado de reprimir, achicar, dividir, cooptar o, ante la imposibilidad de todo esto, simplemente ignorar su presencia. Ante esta realidad, las recientes marchas dan cuenta de la vitalidad de la autonomía indígena que, a pesar de las agresiones, sigue siendo una alternativa con amplio respaldo popular en Chiapas, en México, y un ejemplo para el mundo.

*Profesor-investigador de la Universidad Estatal de Nuevo México, autor del libro La rebelión de Chiapas.