sábado, 27 de agosto de 2011
Documental de Madres de Plaza de Mayo. (Desaparecidos Políticos en Argentina)
Presentación del documental "30 años de vida venciendo a la muerte" en la Casa Museo Leon Trotsky en abril de este año.
Sara Mrad
Rosario Ibarra
Julio Aibar
Miguel Mouriño
Documental
Sara Mrad
Rosario Ibarra
Julio Aibar
Miguel Mouriño
Documental
Comunicado de las Autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui
COMPAÑER@S, ESTA ES NUESTRA PALABRA VERDADERA DE LOS GOBERNADORES, PUEBLOS MAYORES, PUEBLOS BASARIOS, CAPITANES, COMANDANTES, TENIENTES, SARGENTOS, CABOS SECRETARIOS Y LA SIEMPRE FIEL TROPA YOREMIA.
MARIO LUNA ROMERO (SECRETARIO TRADICIONAL DE LA TRIBU YAQUI)
PUEBLO DE VÍCAM, SONORA, MEXICO, TERRITORIO DE LA TRIBU YAQUI. 25 DE AGOSTO 2011.
A TODOS LOS PUEBLOS DEL PLANETA TIERRA
A TODA LA HUMANIDAD
A TODO EL PUEBLO DE MEXICO
A TODOS LOS HERMANOS INDIGENAS
A TODAS LAS FUERZAS DE LUCHA PARTIDARIAS Y NO PARTIDARIAS.
EN ESTOS INSTANTES, EN SUELOS MEXICANOS, EN TIERRAS SONORENSES Y CONTRA EL TERRITORIO YAQUI, SE SIGUE PERPETRANDO EL ATRACO MAS CRIMINAL CONTRA LA TRIBU YAQUI Y LA PRODUCCION DE ALIMENTOS; ACCIONES ORQUESTADOS POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA FELIPE CALDERON Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO GUILLERMO PADRES ELIAS, DANDO CONTINUIDAD A UNA DE LAS GUERRAS MAS LARGAS QUE SE TENGA EN LA HISTORIA, CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MÉXICO Y CONCRETAMENTE CONTRA NUESTRO PUEBLO YAQUI; AL PRETENDER CONSTRUIR EL ACUEDUCTO LLAMADO “INDEPENDENCIA”, QUE QUIERE LLEVAR AGUA DEL NOVILLO UNA DE LAS PRESAS INTERMEDIAS DEL SISTEMA DE LA CUENCA DEL RIO YAQUI QUE INCLUYE: LA PRESA “LA ANGOSTURA” Y “EL OVIACHIC”. ESTO VIOLANDO FLAGRANTEMENTE DISPOSICIONES JUDICIALES, EL CUAL OTORGA PROTECCION A LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES, ATRAVEZ DE UNA MEDIDA CAUTELAR PRECAUTORIA URGENTE OTORGADO POR UN TRIBUNAL AGRARIO A LA TRIBU YAQUI, A FAVOR DE LA DEMANDA DE RESTITUCIÓN DE AGUAS Y UN AMPARO INTERPUESTO POR LOS AGRICULTORES DEL VALLE DEL YAQUI CONTRA LA LICITACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ORDENA PARAR LAS OBRAS OTORGADO POR UN JUZGADO DE DISTRITO Y RATIFICADO POR UN TRIBUNAL COLEGIADO A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL VALLE DEL YAQUI. EL PASADO 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL RATIFICA QUE EL GOBIERNO DE GUILLERMO PADRES SE ENCUENTRA EN DESACATO.
A CAUSA DEL DESACATO Y ABUSO DE AUTORIDAD MOSTRADA POR EL MAL GOBIERNO DEL ESTADO HACE APENAS UNAS HORAS, LA JUEZ OCTAVA DE DISTRITO OTORGA UN PLASO PERENTORIO DE 24 HORAS AL SUPERIOR JERARQUICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE DETENGA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA Y RESTABLESCA EL ESTADO DE DERECHO VIOLENTADO O DE LO CONTRARIO SE UTILIZARA LA FUERZA PUBLICA. OBTENIENDO POR RESPUESTA DOCUMENTADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SU YA ACOSTUMBRADA FRASE “NADA NI NADIE DETENDRA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA”. A LA PAR SE GIRA LA ORDEN DE IMPLEMENTAR TACTICAS DILATORIAS PARA QUE EL ACUSE DE RECIBIDO SE APLASE LO MAS POSIBLE Y POR SUPUESTO APARTIR DE HOY NO SE LE PODRA ENCONTRAR EN SUS OFICINAS.
POR ELLO EL ESTADO MEXICANO QUEDA EXPUESTO ANTE LA OPINION PUBLICA MUNDIAL, NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL Y CONCRETAMENTE FELIPE CALDERON, GUILLERMO PADRES ELIAS, COMO INSTRUMENTOS DEL PODER ECONOMICO DE EMPRESAS EXTRANJERAS, AL OBLIGARLOS A VIOLAR Y DESPRECIAR LAS LEYES MEXICANAS Y CONVENIOS Y TRATADOS MEXICANOS, COMO EL DE LA OIT 169 INSTRUMENTO QUE HICIMOS USO EN NUESTRO CARÁCTER DE AUTORIDADES TRADICIONALES CONTRA EL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, QUE FUE APROBADO A FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO POR PARTE DE LA SEMARNAT (SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES) Y SU SECRETARIO ENCARGADO DE DESPACHO JOSÉ LUIS LUEGUE TAMARGO, VIOLANDO FLAGRANTE LA LEY EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE TERCERA GENERACION, QUE PROTEGE A LOS INDIGENAS EL DERECHO AL TRABAJO Y EL DESARROLLO.
BAJO ESTAS CONDICIONES DE GUERRA DE BAJA INTENSIDAD Y UNA VEZ MAS, CONFABULADOS EL GOBIERNO MEXICANO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SIRVIENDO COMO INSTRUMENTOS E INTERES, DEL GRAN CAPITAL Y SUS TRASNACIONALES, QUIEREN COMETER EL DESPOJO MAS DESCOMUNAL DE LA HISTORIA AL QUITARNOS EL AGUA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, UN BIEN DE LA NACIÓN Y PROPIEDAD DE LA TRIBU YAQUI; ATRAVEZ DEL DECRETO PRESIDENCIAL DE 1940 Y CONVERTIRLO DE UN INSTRUMENTO E INSUMO PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION DE ALIMENTOS; A UN BIEN PRIVADO Y SUJETO A LAS REGLAS DEL MERCADO ESPECULATIVO.
ES POR ELLO QUE LA TRIBU YAQUI Y LA SOCIEDAD CIVIL DE SIETE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADOS EN SUS DIFERENTES ORGANIZACIONES, QUEREMOS HACER VALER LA LEY Y EL ESTADO DE DERECHO, Y CONSTITUIRSE EN FUERZA CIVIL PARA DETENER Y DESMANTELAR EL ACUEDUCTO ATRAVES DE LA DENUNCIA, LA RESISTENCIA Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL PACIFICA E IMPEDIR QUE SE COMETA UNO DE LOS ACTOS MAS INJUSTOS DE LA HISTORIA RECIENTE; EN NUESTRO CARÁCTER DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA TRIBU YAQUI DE VÍCAM Y POTAM, PRIMERA Y SEGUNDA CABECERA DE LA TRIBU YAQUI, NO VAMOS A PERMITIR QUE SE VUELVAN A COMETER MAS INJUSTICIAS CONTRA NUESTRO PUEBLO, HAREMOS HACER VALER NUESTRA RAZON HISTÓRICA COMO PUEBLOS ORIGINARIOS DE ESTAS REGIONES ARIDAS, Y NUESTROS DERECHOS HISTORICOS.
DONDE TODA AUTORIDAD TRADICIONAL Y TODO MIEMBRO DE LA TRIBU YAQUI SE CONSAGRA EN LA DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA.
“LA LUCHA POR LA AUTONOMIA Y AUTODETERMINACION SON PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES DE LA TRIBU YAQUI”
“NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS”
ATENTAMENTE
AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA TRIBU YAQUI.
MARIO LUNA ROMERO (SECRETARIO TRADICIONAL DE LA TRIBU YAQUI)
PUEBLO DE VÍCAM, SONORA, MEXICO, TERRITORIO DE LA TRIBU YAQUI. 25 DE AGOSTO 2011.
A TODOS LOS PUEBLOS DEL PLANETA TIERRA
A TODA LA HUMANIDAD
A TODO EL PUEBLO DE MEXICO
A TODOS LOS HERMANOS INDIGENAS
A TODAS LAS FUERZAS DE LUCHA PARTIDARIAS Y NO PARTIDARIAS.
EN ESTOS INSTANTES, EN SUELOS MEXICANOS, EN TIERRAS SONORENSES Y CONTRA EL TERRITORIO YAQUI, SE SIGUE PERPETRANDO EL ATRACO MAS CRIMINAL CONTRA LA TRIBU YAQUI Y LA PRODUCCION DE ALIMENTOS; ACCIONES ORQUESTADOS POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA FELIPE CALDERON Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO GUILLERMO PADRES ELIAS, DANDO CONTINUIDAD A UNA DE LAS GUERRAS MAS LARGAS QUE SE TENGA EN LA HISTORIA, CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MÉXICO Y CONCRETAMENTE CONTRA NUESTRO PUEBLO YAQUI; AL PRETENDER CONSTRUIR EL ACUEDUCTO LLAMADO “INDEPENDENCIA”, QUE QUIERE LLEVAR AGUA DEL NOVILLO UNA DE LAS PRESAS INTERMEDIAS DEL SISTEMA DE LA CUENCA DEL RIO YAQUI QUE INCLUYE: LA PRESA “LA ANGOSTURA” Y “EL OVIACHIC”. ESTO VIOLANDO FLAGRANTEMENTE DISPOSICIONES JUDICIALES, EL CUAL OTORGA PROTECCION A LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES, ATRAVEZ DE UNA MEDIDA CAUTELAR PRECAUTORIA URGENTE OTORGADO POR UN TRIBUNAL AGRARIO A LA TRIBU YAQUI, A FAVOR DE LA DEMANDA DE RESTITUCIÓN DE AGUAS Y UN AMPARO INTERPUESTO POR LOS AGRICULTORES DEL VALLE DEL YAQUI CONTRA LA LICITACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ORDENA PARAR LAS OBRAS OTORGADO POR UN JUZGADO DE DISTRITO Y RATIFICADO POR UN TRIBUNAL COLEGIADO A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL VALLE DEL YAQUI. EL PASADO 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL RATIFICA QUE EL GOBIERNO DE GUILLERMO PADRES SE ENCUENTRA EN DESACATO.
A CAUSA DEL DESACATO Y ABUSO DE AUTORIDAD MOSTRADA POR EL MAL GOBIERNO DEL ESTADO HACE APENAS UNAS HORAS, LA JUEZ OCTAVA DE DISTRITO OTORGA UN PLASO PERENTORIO DE 24 HORAS AL SUPERIOR JERARQUICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE DETENGA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA Y RESTABLESCA EL ESTADO DE DERECHO VIOLENTADO O DE LO CONTRARIO SE UTILIZARA LA FUERZA PUBLICA. OBTENIENDO POR RESPUESTA DOCUMENTADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SU YA ACOSTUMBRADA FRASE “NADA NI NADIE DETENDRA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA”. A LA PAR SE GIRA LA ORDEN DE IMPLEMENTAR TACTICAS DILATORIAS PARA QUE EL ACUSE DE RECIBIDO SE APLASE LO MAS POSIBLE Y POR SUPUESTO APARTIR DE HOY NO SE LE PODRA ENCONTRAR EN SUS OFICINAS.
POR ELLO EL ESTADO MEXICANO QUEDA EXPUESTO ANTE LA OPINION PUBLICA MUNDIAL, NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL Y CONCRETAMENTE FELIPE CALDERON, GUILLERMO PADRES ELIAS, COMO INSTRUMENTOS DEL PODER ECONOMICO DE EMPRESAS EXTRANJERAS, AL OBLIGARLOS A VIOLAR Y DESPRECIAR LAS LEYES MEXICANAS Y CONVENIOS Y TRATADOS MEXICANOS, COMO EL DE LA OIT 169 INSTRUMENTO QUE HICIMOS USO EN NUESTRO CARÁCTER DE AUTORIDADES TRADICIONALES CONTRA EL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, QUE FUE APROBADO A FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO POR PARTE DE LA SEMARNAT (SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES) Y SU SECRETARIO ENCARGADO DE DESPACHO JOSÉ LUIS LUEGUE TAMARGO, VIOLANDO FLAGRANTE LA LEY EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE TERCERA GENERACION, QUE PROTEGE A LOS INDIGENAS EL DERECHO AL TRABAJO Y EL DESARROLLO.
BAJO ESTAS CONDICIONES DE GUERRA DE BAJA INTENSIDAD Y UNA VEZ MAS, CONFABULADOS EL GOBIERNO MEXICANO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SIRVIENDO COMO INSTRUMENTOS E INTERES, DEL GRAN CAPITAL Y SUS TRASNACIONALES, QUIEREN COMETER EL DESPOJO MAS DESCOMUNAL DE LA HISTORIA AL QUITARNOS EL AGUA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, UN BIEN DE LA NACIÓN Y PROPIEDAD DE LA TRIBU YAQUI; ATRAVEZ DEL DECRETO PRESIDENCIAL DE 1940 Y CONVERTIRLO DE UN INSTRUMENTO E INSUMO PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION DE ALIMENTOS; A UN BIEN PRIVADO Y SUJETO A LAS REGLAS DEL MERCADO ESPECULATIVO.
ES POR ELLO QUE LA TRIBU YAQUI Y LA SOCIEDAD CIVIL DE SIETE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADOS EN SUS DIFERENTES ORGANIZACIONES, QUEREMOS HACER VALER LA LEY Y EL ESTADO DE DERECHO, Y CONSTITUIRSE EN FUERZA CIVIL PARA DETENER Y DESMANTELAR EL ACUEDUCTO ATRAVES DE LA DENUNCIA, LA RESISTENCIA Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL PACIFICA E IMPEDIR QUE SE COMETA UNO DE LOS ACTOS MAS INJUSTOS DE LA HISTORIA RECIENTE; EN NUESTRO CARÁCTER DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA TRIBU YAQUI DE VÍCAM Y POTAM, PRIMERA Y SEGUNDA CABECERA DE LA TRIBU YAQUI, NO VAMOS A PERMITIR QUE SE VUELVAN A COMETER MAS INJUSTICIAS CONTRA NUESTRO PUEBLO, HAREMOS HACER VALER NUESTRA RAZON HISTÓRICA COMO PUEBLOS ORIGINARIOS DE ESTAS REGIONES ARIDAS, Y NUESTROS DERECHOS HISTORICOS.
DONDE TODA AUTORIDAD TRADICIONAL Y TODO MIEMBRO DE LA TRIBU YAQUI SE CONSAGRA EN LA DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA.
“LA LUCHA POR LA AUTONOMIA Y AUTODETERMINACION SON PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES DE LA TRIBU YAQUI”
“NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS”
ATENTAMENTE
AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA TRIBU YAQUI.
Comunicado del Frente de Masas sobre movimiento en Zihuatanejo contra FONATUR
FRENTE DE MASAS POPULARES DE GUERRERO
COMUNICADO SOBRE EL PLANTON DEL MOVIMIENTO DE PUEBLOS UNIDOS CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA BAHÍA DE ZIHUATANEJO Y BARRA DE POTOSÍ CONTRA LA CONCESIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL A LA EMPRESA FONATUR S.A. DE C.V. EN ZIHUATANEJO
El día de hoy por la madrugada, más de 700 pescadores, comerciantes, ambientalistas, hoteleros y lancheros, así como ciudadanos solidarios, arribaron a las instalaciones de la empresa Fonatur SA de CV, en el puerto de Zihuatanejo, para exigir la cancelación de la concesión que el Ejecutivo Federal por medio de la SCT otorgó a la empresa Fonatur, para la administración portuaria, la cual incluye el recinto portuario del puerto de Zihuatanejo y aguas adyacentes así como la Barra de Potosí ubicada en el municipio de Petatlán, la cual fue publicada el 12 de enero del presente año en el Diario Oficial de la Federación.
Los opositores a esta concesión que participan en el Frente de Masas Populares de Guerrero, le plantearon de manera directa al Gobernador Angel Aguirre Rivero su desacuerdo con esta concesión el mismo día 4 de julio cuando le entregamos nuestro Plan de Atención Inmediata a la Demanda Popular para la Estabilidad Política y Social de Guerrero, después lo abordaron en una audiencia pública en Zihuatanejo y en dos ocasiones más, el Secretario de Gobierno Humberto Salgado Gómez hizo hacer antesala a la dirigente de ROGAZ, Obdulia Balderas, supuestamente para escuchar la demanda para finalmente dejarla plantada.
El via crucis de los opositores a ésta concesión, los ha llevado, además de múltiples reuniones fallidas con los presidentes municipales de José Azueta y Petatlán, pasando a por una serie de funcionarios menores, hasta el Congreso Local y al Congreso de la Unión y después de ver que la mesa de negociación del Frente de Masas Populares con el Secretario de Gobernación, donde se tomaría su caso, se torna cada vez más difícil y lejana, decidieron realizar ésta acción, que no pudo cumplir su objetivo de tomar las instalaciones de FONATUR, porque de manera “milagrosa” aparecieron desde las 3 de la mañana, más de 50 policías estatales fuertemente armados, como resultado de una “filtración” de información.
El Frente de Masas Populares de Guerrero, reafirma su apoyo incondicional al Movimiento de Pueblos Unidos contra la privatización de la Bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí contra la concesión del gobierno federal a la empresa Fonatur S.A. de C.V., exige al Gobierno del Estado su intervención a favor de esta demanda y la presentación pública del oficio donde le solicita al Gobierno Federal la revocación de ésta concesión.
De igual manera demandamos al Gobernador Angel Aguirre Rivero, que en el marco del diálogo que pueda restablecerse con nuestro Frente, atienda la solicitud de llevar a cabo, a la brevedad, una mesa de trabajo en las instalaciones de FIBAZI en Zihuatanejo, con los miembros del Movimiento de Pueblos Unidos contra la privatización de la Bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí contra la concesión del gobierno federal a la empresa Fonatur S.A. de C.V. y el Frente de Masas Populares de Guerrero.
Por la Comisión de Coordinación:
Minervino Morán
Manuel Olivares
Javier Monroy
Chilpancingo, Gro. a 25 de agosto del 2011
COMUNICADO SOBRE EL PLANTON DEL MOVIMIENTO DE PUEBLOS UNIDOS CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA BAHÍA DE ZIHUATANEJO Y BARRA DE POTOSÍ CONTRA LA CONCESIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL A LA EMPRESA FONATUR S.A. DE C.V. EN ZIHUATANEJO
El día de hoy por la madrugada, más de 700 pescadores, comerciantes, ambientalistas, hoteleros y lancheros, así como ciudadanos solidarios, arribaron a las instalaciones de la empresa Fonatur SA de CV, en el puerto de Zihuatanejo, para exigir la cancelación de la concesión que el Ejecutivo Federal por medio de la SCT otorgó a la empresa Fonatur, para la administración portuaria, la cual incluye el recinto portuario del puerto de Zihuatanejo y aguas adyacentes así como la Barra de Potosí ubicada en el municipio de Petatlán, la cual fue publicada el 12 de enero del presente año en el Diario Oficial de la Federación.
Los opositores a esta concesión que participan en el Frente de Masas Populares de Guerrero, le plantearon de manera directa al Gobernador Angel Aguirre Rivero su desacuerdo con esta concesión el mismo día 4 de julio cuando le entregamos nuestro Plan de Atención Inmediata a la Demanda Popular para la Estabilidad Política y Social de Guerrero, después lo abordaron en una audiencia pública en Zihuatanejo y en dos ocasiones más, el Secretario de Gobierno Humberto Salgado Gómez hizo hacer antesala a la dirigente de ROGAZ, Obdulia Balderas, supuestamente para escuchar la demanda para finalmente dejarla plantada.
El via crucis de los opositores a ésta concesión, los ha llevado, además de múltiples reuniones fallidas con los presidentes municipales de José Azueta y Petatlán, pasando a por una serie de funcionarios menores, hasta el Congreso Local y al Congreso de la Unión y después de ver que la mesa de negociación del Frente de Masas Populares con el Secretario de Gobernación, donde se tomaría su caso, se torna cada vez más difícil y lejana, decidieron realizar ésta acción, que no pudo cumplir su objetivo de tomar las instalaciones de FONATUR, porque de manera “milagrosa” aparecieron desde las 3 de la mañana, más de 50 policías estatales fuertemente armados, como resultado de una “filtración” de información.
El Frente de Masas Populares de Guerrero, reafirma su apoyo incondicional al Movimiento de Pueblos Unidos contra la privatización de la Bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí contra la concesión del gobierno federal a la empresa Fonatur S.A. de C.V., exige al Gobierno del Estado su intervención a favor de esta demanda y la presentación pública del oficio donde le solicita al Gobierno Federal la revocación de ésta concesión.
De igual manera demandamos al Gobernador Angel Aguirre Rivero, que en el marco del diálogo que pueda restablecerse con nuestro Frente, atienda la solicitud de llevar a cabo, a la brevedad, una mesa de trabajo en las instalaciones de FIBAZI en Zihuatanejo, con los miembros del Movimiento de Pueblos Unidos contra la privatización de la Bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí contra la concesión del gobierno federal a la empresa Fonatur S.A. de C.V. y el Frente de Masas Populares de Guerrero.
Por la Comisión de Coordinación:
Minervino Morán
Manuel Olivares
Javier Monroy
Chilpancingo, Gro. a 25 de agosto del 2011
Pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México sobre la tragedia de Monterrey, Nuevo León Matehuala, San Luis Potosí
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* Expresa su más sincero pésame por las muertes de inocentes le día de ayer en Monterrey
Vuelvo a expresar mi más sincero pésame por las muertes de inocentes el día de ayer en Monterey, Nuevo León. Es una tragedia muy dolorosa para los familiares de las víctimas y para todos los mexicanos. Nos conmueve y entristece a muchos. Es nuestra amarga realidad. En cuanto a la respuesta del gobierno, más allá de nuestras diferencias, me preocupa que Felipe Calderón esté obcecado e insista en mantener, sin ningún cambio, la estrategia de seguridad que a todas luces ha resultado fallida y provoca, cada vez más, pérdidas de vidas humanas y sufrimiento. Felipe Calderón no sólo se niega a entender que es necesario crear una atmósfera de progreso y bienestar, con oportunidades para todos, que incorpore a los jóvenes al trabajo y al estudio, ni siquiera está dispuesto a tomar decisiones de fondo en el terreno estrictamente policiaco, que ha sido el distintivo de su mal gobierno. ¿Qué no ameritaba ante la tragedia de Monterrey cambiar a todo el gabinete de seguridad del gobierno federal? ¿Qué no sería más eficaz que Calderón se reuniera diariamente con los nuevos secretarios de la Defensa, Marina, Gobernación, Seguridad Pública Federal y con el procurador general de la República para recibir la información de toda la República, evaluar, tomar decisiones y coordinar permanentemente las acciones en esta materia? Ya sé que a Felipe Calderón, como a otros que piensan igual, le resulta difícil aceptar que la tranquilidad y la paz social son fruto de la justicia y que la forma más eficaz y más humana de enfrentar el flagelo de la violencia pasa por combatir la pobreza y fortalecer valores, como el del amor al prójimo. Pero algo puede hacer, si cuando menos reacciona, toma decisiones, pone orden y asume realmente el mando de las fuerzas de seguridad y de procuración de justicia. Todavía es tiempo para rectificar. Nunca es tarde y menos cuando está de por medio el derecho a la vida y a ser felices sin miedos ni temores. |
viernes, 26 de agosto de 2011
Impiden policías estatales la toma de oficinas de Fonatur en Azueta
Instalan 300 opositores un plantón hasta que la Federación retire la concesión
Impiden policías estatales la toma de oficinas de Fonatur en Azueta
Refuerzan la protesta pacífica pobladores de Los llanitos, Los Achotes y San Miguelito
Zihuatanejo, 25 de agosto. Policías estatales impidieron a unos 700 opositores a la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la empresa Fonatur Operadora Portuaria SA de CV, pero se plantarán para realizar una toma simbólica de sus instalaciones.
Ante el panorama, los inconformes decidieron instalar a partir de hoy un plantón permanente hasta que el gobierno federal ordene la revocación a la empresa.
A las 7 de la mañana, un grupo de 300 opositores, entre pescadores, trabajadores, fibreros, lancheros, comerciantes, restauranteros, ambientalistas y familiares, arribaron al muelle fiscal para tomar de forma simbólica las instalaciones de la operadora portuaria y no dejar pasar a los empleados, pero para su sorpresa, unos 15 policías estatal armados y con pasamontañas resguardaban el inmueble, lo cual levantó más los ánimos de los inconformes que pedían se retiraran y gritaban palabras altisonantes contra la empresa; los agentes monitoreaban con radios sin moverse del lugar.
Una hora más tarde, llegaron al muelle pescadores procedentes de Los llanitos, Los Achotes y San Miguelito a reforzar a los pescadores de Zihuatanejo y Barra de Potosí. Con gritos que demandaban la salida de los trabajadores de la empresa se sumaron cerca de 800 pescadores que formaron con mantas que decían: “Fuera Fonatur Operadora Portuaria SA de CV de Zihuatanejo y Barra de Potosí, No a la concesión, Sí a la revocación, únete pueblo”, formaron una valla para delimitar al contingente.
Mientras quedaban a una distancia de casi un metro de los policías estatales, los líderes llamaban que se tuviera orden y no caer en lo que consideraron una provocación.
El presidente de la Confederación de Cooperativas Pesqueras, Florentino Zavala Clímaco, expresó que “hasta hoy estuvimos así –de manera pacífica–, aunque para exigir atención si no es así vamos a hacer un plantón permanente” y precisó que su protesta era para que los tres niveles de gobierno pusieran atención después de ocho meses de oposición.
La comisaria de Barra de Potosí, Araceli Oregón, dijo que “el pueblo está cansado de todo esto y nosotros queremos atención”; lamentó que la protesta se hubiera postergado y dijo que iban a quedarse en el plantón.
A las 3 de la tarde, tras una llamada que entabló Clímaco Zavala con la secretaria de Pesca, Sofía Rodríguez Mera, quien dio a conocer que el subsecretario de Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaide, había sido encomendado para intervenir en el conflicto y dar solución e incluso mandar el oficio donde el gobierno del estado solicitara la revocación, aunque la respuesta nunca llegó.
Los pescadores exigieron que el gobierno estatal les enviara un documento donde se plasme que se ha solicitado la revocación a la concesión de Fonatur y hasta entonces decidirían qué hacer los opositores.
Las ambientalistas María de Lourdes Armenta y Obdulia Balderas Sánchez cuestionaron la presencia de la policía estatal, sobre “los intereses de quién defiende”, mientras varios pescadores aseguraban que los elementos policiacos habían llegado desde las 3 de la madrugada y mucho antes, llegó Fernando Gaytán Valle, el administrador, ya que se enteraron de que los pescadores tomarían las instalaciones.
Al interior del recinto se encontraba Gaytán Valle, junto con otros empleados y a puertas cerradas fueron espectadores, y en ningún momento quiso dar información a los medios, cerca de las 11 de la mañana se dispersaban los pescadores y llegaban vecinos a acompañar, y regresaban otros.
Pasadas las 5 de la tarde, se volvían a concentrar los pescadores bajo unos toldos que colocaron para el plantón permanente que ya anunciaban los presidentes de las cooperativas desde horas previas y anunciaban que pasarían la noche en el muelle, y agradecieron a las pescadoras del mercado , “por aquí unas tiritas que nos regalaron y un taco”. El plantón se hizo y los vecinos de Barra de Potosí y el puerto, acomodaban sillas para quedarse a pernoctar.
12.511 Caso Rosendo Radilla: Herida Abierta de la Guerra Sucia en México
El 25 de agosto de 1974, en un retén militar cerca de Acapulco, fue detenido y desaparecido Rosendo Radilla, estimado líder comunitario, sin que a la fecha se sepa su paradero.
Durante treinta años la familia se ha enfrentado a la ineficacia de la justicia mexicana. Es por esto que, actualmente, el caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal en la materia de nuestro continente.
La desaparición forzada de Rosendo Radilla, es una de las 1200 contabilizadas a nivel nacional durante la época. Casi la mitad ocurrieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero, de donde es originario el señor Radilla.
Este caso es ejemplo de lo sucedido durante los años 60s y 70s, donde el Estado mexicano utilizó una estrategia para acabar con los movimientos sociales y políticos que exigían justicia social. Esta política de Estado ocasionó graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, que hasta el momento permanecen impunes.
Mientras no haya justicia para estos crímenes y no se realicen modificaciones legales que impidan que estos hechos se reproduzcan, estaremos en riesgo de que la historia se repita.
Durante treinta años la familia se ha enfrentado a la ineficacia de la justicia mexicana. Es por esto que, actualmente, el caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal en la materia de nuestro continente.
La desaparición forzada de Rosendo Radilla, es una de las 1200 contabilizadas a nivel nacional durante la época. Casi la mitad ocurrieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero, de donde es originario el señor Radilla.
Este caso es ejemplo de lo sucedido durante los años 60s y 70s, donde el Estado mexicano utilizó una estrategia para acabar con los movimientos sociales y políticos que exigían justicia social. Esta política de Estado ocasionó graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, que hasta el momento permanecen impunes.
Mientras no haya justicia para estos crímenes y no se realicen modificaciones legales que impidan que estos hechos se reproduzcan, estaremos en riesgo de que la historia se repita.
A 37 años de la Desaparicion Forzada de Rosendo Radilla
Hoy se cumplen treinta y siete (37) años de la Desaparición Forzada de don Rosendo Radilla Pacheco a manos del ejército mexicano en ese periodo de “Terror de Estado” aplicado contra los disidentes del estado de Guerrero.
Rosendo Radilla, es uno de los más de 450 detenidos desaparecidos del municipio de Atoyac de Álvarez y más de 650 en todo el territorio de Guerrero.
En todo el país se llevaron -la Brigada Blanca y el ejército federal mexicano- a más de 810 ciudadanos, campesinos la mayoría de Guerrero y otros, muchos de ellos, jóvenes estudiantes de todas las universidades del país, que vieron cerradas las opciones democráticas para lograr cambios estructurales.
Rosendo, fue presidente municipal en Atoyac, promotor de centrales campesinas y de cafeticultores, fue ganadero y muy sensible ante las injusticias. La población de Atoyac le estimaba y respetaba por su gran solidaridad. Cuentan los cronistas del lugar que “fue el único presidente municipal que salió más pobre de como entro”. Promovió el primer hospital, el primer camión de basura, el primer edificio de la primera escuela primaria del lugar y otras obras sociales.
Pero también componía corridos y los cantaba.
Le cantaba a las condiciones de pobreza y miseria, a los movimientos sociales, a Genaro Vázquez, a Lucio Cabañas.
Cuando el ejército lo bajo del autobús, donde iba acompañado de uno de sus hijos, Rosendo pregunto, “por que me detienen?” solo le dijeron que “por componer corridos” y el pregunto que si eso era delito, nuevamente le contestaron “pus no, pero mientras, ya te chingaste”.
AFADEM, después de veinte años de promover por todos los medios políticos y jurídicos la búsqueda de Rosendo y todos los desaparecidos del país, junto con la familia Radilla Martínez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, promovieron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y esta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CoIDH por no haber acceso a la justicia en México.
En meses próximos, octubre-noviembre la PGR, realizara por tercera vez excavaciones en la zona del ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez Rosendo y donde fueron desaparecidos más de cuatrocientos cincuenta (450) ciudadanos de Atoyac por el ejército mexicano.
La búsqueda de Rosendo es, la búsqueda de todos los detenidos desaparecidos de Atoyac; a Rosendo y a todos los desaparecidos, se les llevaron vendados de los ojos y amarrados de pies y manos al interior del cuartel militar y ahí pueden estar, en algún lugar que solo los militares saben con certeza.
Las próximas excavaciones dan muestra de la nula voluntad política del ejecutivo federal de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, conocer la verdad y llevar a juicio a los responsables, como lo ordena la sentencia, pues el Ministerio Publico de la Federación, la Procuraduría General de la Republica, PGR no ha citado a declarar a nadie de los involucrados en las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de personas, protegiendo a los criminales, manteniéndose en la impunidad. Los puntos de excavación son a partir de testimonios de víctimas de desaparición forzada temporal, que narran por donde los llevaron maniatados y vendados de los ojos.
El Estado mexicano, aparenta que cumple con la sentencia de la Corte Interamericana, pero en la práctica no hay verdadera investigación del paradero de Rosendo y los más de cuatrocientos cincuenta (450) Detenidos Desaparecidos de Atoyac.
El actual gobierno de Felipe Calderón, es cómplice de los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos por los gobiernos anteriores.
Rosendo Radilla Pacheco, ha logrado, aun detenido desaparecido, cambios muy importantes en las leyes mexicanas.
Rosendo Radilla Pacheco y los más de 810 detenidos desaparecidos son los constructores de la democracia insípida que hoy disfrutamos millones de mexicanos y que poco a poco nos van intentando quitar.
Rosendo Radilla Pacheco, vive en los ideales democráticos de todo el pueblo de México.
Sin más por el momento
FRATERNALMENTE
JULIO MATA MONTIEL
Secretario Ejecutivo de AFADEM
y vocal de comunicaciones de FEDEFAM
Rosendo Justicia
Rosendo Justicia
Donde estés sigues luchando
Proteges al pueblo
Le sigues cantando coplas
Corridos de la lucha
Y tu voz y tu música
Se convierte en nuevas leyes
Las que tendremos que defender
Tal vez, tú no conoces a Felipe Calderón
O a Blake Mora o a Federico Gómez Mont
Ni mucho menos a Maricela Morales.
Pero ellos representan a las instituciones responsables.
Tampoco al Secretario de la Defensa o al director del CISEN actual,
A los asesores norteamericanos de la CIA la DEA,
Todos ellos responsables actuales de que no podamos encontrarte.
Tu desaparición ha hecho que aparezcan nuevas leyes,
Leyes de esperanza, borradas por una realidad.
Tampoco conoces a los más de 10 mil desaparecidos de este sexenio luctuoso
Ni tampoco conoces a los más de 50 mil ejecutados en el sexenio luctuoso
Pero la responsabilidad de luchar por ellos, nos toca a nosotros
Con tu ejemplo, nuestra lucha.
Escribe, coplas, nuevos corridos de todos los desaparecidos,
De los ejecutados en esta guerra absurda, de los daños colaterales,
Rosendo, gracias por tu familia que lucha y lucha
Que sigue caminando contigo
Y que con modestia, han contribuido
A que el Gobierno de México se sentara en el banquillo de los acusados
Y ha sido condenado internacionalmente
Los gobernantes y autoridades de ayer son culpables
Los de hoy son culpables y su complicidad
es la continuidad la historia entre la guerra sucia
y la impunidad del presente.
Tampoco conoces a los poetas y los familiares de las víctimas
Las que caminan y marchan como ríos humanos de lágrimas y dolor
De esperanza y coraje que caminan por la paz con justicia y dignidad,
Pero ellos son parte vida de tu vida y de lucha, de tu canto y palabra
Son palabra que se honra en la acción.
A 37 años de tu detención desaparición y dos años de la Sentencia, el Gobierno de Calderón, los tres poderes de la unión y los tres órdenes de Gobierno, son responsables de que sigas desaparecido, ningún responsable ha dicho nada de lo que sabe al respecto y siguen cavando a ciegas para sepultar las esperanzas de justicia.
--
Dr. Adrián Ramírez López
Presidente
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Donde estés sigues luchando
Proteges al pueblo
Le sigues cantando coplas
Corridos de la lucha
Y tu voz y tu música
Se convierte en nuevas leyes
Las que tendremos que defender
Tal vez, tú no conoces a Felipe Calderón
O a Blake Mora o a Federico Gómez Mont
Ni mucho menos a Maricela Morales.
Pero ellos representan a las instituciones responsables.
Tampoco al Secretario de la Defensa o al director del CISEN actual,
A los asesores norteamericanos de la CIA la DEA,
Todos ellos responsables actuales de que no podamos encontrarte.
Tu desaparición ha hecho que aparezcan nuevas leyes,
Leyes de esperanza, borradas por una realidad.
Tampoco conoces a los más de 10 mil desaparecidos de este sexenio luctuoso
Ni tampoco conoces a los más de 50 mil ejecutados en el sexenio luctuoso
Pero la responsabilidad de luchar por ellos, nos toca a nosotros
Con tu ejemplo, nuestra lucha.
Escribe, coplas, nuevos corridos de todos los desaparecidos,
De los ejecutados en esta guerra absurda, de los daños colaterales,
Rosendo, gracias por tu familia que lucha y lucha
Que sigue caminando contigo
Y que con modestia, han contribuido
A que el Gobierno de México se sentara en el banquillo de los acusados
Y ha sido condenado internacionalmente
Los gobernantes y autoridades de ayer son culpables
Los de hoy son culpables y su complicidad
es la continuidad la historia entre la guerra sucia
y la impunidad del presente.
Tampoco conoces a los poetas y los familiares de las víctimas
Las que caminan y marchan como ríos humanos de lágrimas y dolor
De esperanza y coraje que caminan por la paz con justicia y dignidad,
Pero ellos son parte vida de tu vida y de lucha, de tu canto y palabra
Son palabra que se honra en la acción.
A 37 años de tu detención desaparición y dos años de la Sentencia, el Gobierno de Calderón, los tres poderes de la unión y los tres órdenes de Gobierno, son responsables de que sigas desaparecido, ningún responsable ha dicho nada de lo que sabe al respecto y siguen cavando a ciegas para sepultar las esperanzas de justicia.
--
Dr. Adrián Ramírez López
Presidente
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Participará el INAH en la tercera ronda de búsqueda de los restos de Rosendo Radilla
Encuentran expertos 18 “anomalías”; propuesta de la PGR ante presión de la CIDH
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 17
La búsqueda de los restos del activista Rosendo Radilla Pacheco –desaparecido en 1974– en lo que fuera el cuartel militar 27 de Atoyac de Álvarez, Guerrero, se ampliará, ya que expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Procuraduría General de la República (PGR) hallaron “diversas anomalías” en los resultados de la reciente diligencia de prospección en la zona.
La PGR dio a conocer en un comunicado que estas anomalías no necesariamente revelan que en el subsuelo del lugar haya osamentas, sino que pudieran ser fallas geológicas, rocas, madrigueras de roedores, cimientos, manpostería enterrada, acumulación de raíces u otros depósitos.
Esta situación se presenta días antes de que el gobierno mexicano rinda un nuevo informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Radilla, en el cual el organismo internacional encontró responsable al Estado mexicano de vulnerar los derechos del activista y sus familiares y decretó que en el periodo de la guerra sucia existieron desapariciones forzosas sistemáticas en las que participaron elementos del Ejército Mexicano.
Ante las 18 “anomalías” encontradas, la dependencia federal propuso a los deudos de la víctima y a sus representantes legales de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) iniciar una tercera etapa de excavación en las tres zonas donde se ha buscado, con métodos de excavación minuciosos e instrumental de alta precisión con el propósito de confirmar o desechar la presencia de restos óseos en la región. Estas diligencias se realizarían entre octubre y noviembre próximos.
Al respecto, Sergio Méndez Silva, director del área de defensa de la CMDPDH, indicó en entrevista que pese a la reciente exploración del subsuelo donde presuntamente pueden hallarse los restos de Radilla Pacheco y otras personas de este municipio, en el que más desapariciones forzadas se presentaron durante la llamada guerra sucia, no se pudo definir la posibilidad de que cuerpos estén enterrados en ese lugar.
Aseveró que ésta será la primera vez que el gobierno mexicano, con el apoyo del INAH, realice una excavación con herramientas de alta precisión a fin de que, en caso de encontrarse, las osamentas se analicen científicamente para conocer su identidad.
“Esto demuestra la importancia de que exista una ley de víctimas que, entre otras cosas, establezca la existencia de un equipo de expertos mexicanos en tecnología forense que realice este tipo de búsquedas con estándares internacionales”, refirió el abogado.
Subrayó que si bien se trata de un avance en el proceso para encontrar los restos de Radilla, la PGR da a conocer esta noticia ante la inminencia de que la CIDH exiga a México que rinda un segundo informe, a finales de este mes, sobre el caso. Pues con el primero, que se presentó en mayo, la Corte advirtió que el gobierno federal no había cumplido totalmente con su sentencia, salvo en la publicación de la misma en medios de circulación nacional y en el Diario Oficial de la Federación. “Creo que a la administración federal le urge presentar algo más o menos aceptable”. Y agregó que las investigaciones para sancionar a los responsables militares y civiles –incluido el ex presidente Luis Echeverría– continúan siendo deficientes.
Esperan el fin de las lluvias
En su comunicado, la PGR señaló que Jorge Arturo Talavera González, experto en antropología forense del INAH, expuso la necesidad de realizar una nueva excavación. Debido a que en el terreno se localizó un manto freático que eleva su nivel en época de lluvias, “los expertos en antropología física destacaron la importancia de que las excavaciones deban ser practicadas en época de seca para obtener resultados óptimos, certeros y objetivos de acuerdo con los estándares internacionales previstos en el protocolo modelo para la búsqueda de personas desaparecidas por muertes sospechosas, por graves violaciones a los derechos humanos”, señaló la dependencia.
La PGR informó que estas acciones se realizan en cumplimiento a la sentencia de la CIDH por el caso Radilla.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 17
La búsqueda de los restos del activista Rosendo Radilla Pacheco –desaparecido en 1974– en lo que fuera el cuartel militar 27 de Atoyac de Álvarez, Guerrero, se ampliará, ya que expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Procuraduría General de la República (PGR) hallaron “diversas anomalías” en los resultados de la reciente diligencia de prospección en la zona.
La PGR dio a conocer en un comunicado que estas anomalías no necesariamente revelan que en el subsuelo del lugar haya osamentas, sino que pudieran ser fallas geológicas, rocas, madrigueras de roedores, cimientos, manpostería enterrada, acumulación de raíces u otros depósitos.
Esta situación se presenta días antes de que el gobierno mexicano rinda un nuevo informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Radilla, en el cual el organismo internacional encontró responsable al Estado mexicano de vulnerar los derechos del activista y sus familiares y decretó que en el periodo de la guerra sucia existieron desapariciones forzosas sistemáticas en las que participaron elementos del Ejército Mexicano.
Ante las 18 “anomalías” encontradas, la dependencia federal propuso a los deudos de la víctima y a sus representantes legales de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) iniciar una tercera etapa de excavación en las tres zonas donde se ha buscado, con métodos de excavación minuciosos e instrumental de alta precisión con el propósito de confirmar o desechar la presencia de restos óseos en la región. Estas diligencias se realizarían entre octubre y noviembre próximos.
Al respecto, Sergio Méndez Silva, director del área de defensa de la CMDPDH, indicó en entrevista que pese a la reciente exploración del subsuelo donde presuntamente pueden hallarse los restos de Radilla Pacheco y otras personas de este municipio, en el que más desapariciones forzadas se presentaron durante la llamada guerra sucia, no se pudo definir la posibilidad de que cuerpos estén enterrados en ese lugar.
Aseveró que ésta será la primera vez que el gobierno mexicano, con el apoyo del INAH, realice una excavación con herramientas de alta precisión a fin de que, en caso de encontrarse, las osamentas se analicen científicamente para conocer su identidad.
“Esto demuestra la importancia de que exista una ley de víctimas que, entre otras cosas, establezca la existencia de un equipo de expertos mexicanos en tecnología forense que realice este tipo de búsquedas con estándares internacionales”, refirió el abogado.
Subrayó que si bien se trata de un avance en el proceso para encontrar los restos de Radilla, la PGR da a conocer esta noticia ante la inminencia de que la CIDH exiga a México que rinda un segundo informe, a finales de este mes, sobre el caso. Pues con el primero, que se presentó en mayo, la Corte advirtió que el gobierno federal no había cumplido totalmente con su sentencia, salvo en la publicación de la misma en medios de circulación nacional y en el Diario Oficial de la Federación. “Creo que a la administración federal le urge presentar algo más o menos aceptable”. Y agregó que las investigaciones para sancionar a los responsables militares y civiles –incluido el ex presidente Luis Echeverría– continúan siendo deficientes.
Esperan el fin de las lluvias
En su comunicado, la PGR señaló que Jorge Arturo Talavera González, experto en antropología forense del INAH, expuso la necesidad de realizar una nueva excavación. Debido a que en el terreno se localizó un manto freático que eleva su nivel en época de lluvias, “los expertos en antropología física destacaron la importancia de que las excavaciones deban ser practicadas en época de seca para obtener resultados óptimos, certeros y objetivos de acuerdo con los estándares internacionales previstos en el protocolo modelo para la búsqueda de personas desaparecidas por muertes sospechosas, por graves violaciones a los derechos humanos”, señaló la dependencia.
La PGR informó que estas acciones se realizan en cumplimiento a la sentencia de la CIDH por el caso Radilla.
jueves, 25 de agosto de 2011
COMUNICADO del Frente de Masas sobre conflicto en Zihuatanejo por concesión a Fonatur
COMUNICADO DEL FRENTE DE MASAS POPULARES EN GUERRERO SOBRE PLANTON
DEL MOVIMIENTO DE PUEBLOS UNIDOS CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA BAHÍA
DE ZIHUATANEJO Y BARRA DE POTOSÍ CONTRA LA CONCESIÓN DEL GOBIERNO
FEDERAL A LA EMPRESA FONATUR S.A. DE C.V. EN ZIHUATANEJO
El
día de hoy por la mañana, más de 700 pescadores, comerciantes,
ambientalistas, hoteleros y lancheros, así como ciudadanos
solidarios, arribaron a las instalaciones de la empresa Fonatur SA de
CV, en el puerto de Zihuatanejo, para exigir la cancelación de la
concesión que el Ejecutivo Federal por medio de la SCT otorgó a la
empresa Fonatur, para la administración portuaria, la cual incluye
el recinto portuario del puerto de Zihuatanejo y aguas adyacentes así
como la Barra de Potosí ubicada en el municipio de Petatlán, la
cual fue publicada el 12 de enero del presente año en el Diario
Oficial de la Federación.
Los
opositores a esta concesión que participan en el Frente de Masas
Populares de Guerrero, le plantearon de manera directa al Gobernador
Angel Aguirre Rivero su desacuerdo con esta concesión el mismo día
4 de julio cuando le entregamos nuestro Plan de Atención Inmediata a
la Demanda Popular para la Estabilidad Política y Social de
Guerrero, después lo abordaron en una audiencia pública en
Zihuatanejo y en dos ocasiones más, el Secretario de Gobierno
Humberto Salgado Gómez hizo hacer antesala a la dirigente de ROGAZ,
Obdulia Balderas, supuestamente para escuchar la demanda para
finalmente dejarla plantada.
El
via crucis de los opositores a ésta concesión, los ha llevado,
además de múltiples reuniones fallidas con los presidentes
municipales de José Azueta y Petatlán, pasando a por una serie de
funcionarios menores, hasta el Congreso Local y al Congreso de la
Unión y después de ver que la mesa de negociación del Frente de
Masas Populares con el Secretario de Gobernación, donde se tomaría
su caso, se torna cada vez más difícil y lejana, decidieron
realizar ésta acción, que no pudo cumplir su objetivo de tomar las
instalaciones de FONATUR, porque de manera “milagrosa”
aparecieron desde las 3 de la mañana, más de 50 policías estatales
fuertemente armados, como resultado de una “filtración” de
información.
El
Frente de Masas Populares de Guerrero, reafirma su apoyo
incondicional al Movimiento de Pueblos Unidos contra la privatización
de la Bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí contra la concesión
del gobierno federal a la empresa Fonatur S.A. de C.V., exige al
Gobierno del Estado su intervención a favor de esta demanda y la
presentación pública del oficio donde le solicita al Gobierno
Federal la revocación de ésta concesión.
De
igual manera demandamos al Gobernador Angel Aguirre Rivero, que en el
marco del diálogo que pueda restablecerse con nuestro Frente,
atienda la solicitud de llevar a cabo, a la brevedad, una mesa de
trabajo en las instalaciones de FIBAZI en Zihuatanejo, con los
miembros del Movimiento de Pueblos Unidos contra la privatización de
la Bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí contra la concesión del
gobierno federal a la empresa Fonatur S.A. de C.V. y el Frente de
Masas Populares de Guerrero.
Por la Comisión de
Coordinación:
Minervino Morán-CETEG
Manuel Olivares-CEDEHUMO
Javier Monroy-TADECO
Chilpancingo, Gro. a 25
de agosto del 2011
Compañer@s de ROGAZ mantienen plantón en las instalaciones de Fonatur, S.A. de C.V. en Zihuatanejo.
LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE ROGAZ SE ENCUENTRAN EN PLANTON EN LAS INSTALACIONES DE FONATUR S.A. DE C.V. Y EL FRENTE DE MASAS SE ENCUENTRA EN ALERTA
El día de hoy 25 de agosto a las 5 de la mañana, mas de 700 personas miembros de organizaciones de pescadores, comerciantes, ambientalistas, entre otros, arribaron a las instalaciones de Fonatur S.A. de C.V., con la intención de cerrar esta empresa que tiene concesionada la explotación y administración de las bahías de Zihuatanejo y Barra de de Potosí en Petatlán. lo cual había sido negado por el Gobierno del Estado. Sin embargo ya los esperaban policías ESTATALES fuertemente armados. Aún así los compañeros se mantienen en plantón indefinido. Alertamos a la opinión pública de cualquier agresión que puedan sufrir nuestros compañeros que se encuentran a un metro de la valla formada por la policía y exigimos solución inmediata a su demanda de que sea cancelada dicha concesión, ya que los compañeros son parte del frente y desde la entrega del Plan de Atención inmediata a las Demandas, este problema le fue planteado al gobernador el 4 de julio del año en curso, quien negó que existiera tal concesión, se ha puesto en la mesa de discusión con el Secretario de Gobierno que no ha querido discutir el tema ni con el frente ni con la representante de Rogaz y ahora protegen a la empresa con su polícia estatal.
El día de hoy 25 de agosto a las 5 de la mañana, mas de 700 personas miembros de organizaciones de pescadores, comerciantes, ambientalistas, entre otros, arribaron a las instalaciones de Fonatur S.A. de C.V., con la intención de cerrar esta empresa que tiene concesionada la explotación y administración de las bahías de Zihuatanejo y Barra de de Potosí en Petatlán. lo cual había sido negado por el Gobierno del Estado. Sin embargo ya los esperaban policías ESTATALES fuertemente armados. Aún así los compañeros se mantienen en plantón indefinido. Alertamos a la opinión pública de cualquier agresión que puedan sufrir nuestros compañeros que se encuentran a un metro de la valla formada por la policía y exigimos solución inmediata a su demanda de que sea cancelada dicha concesión, ya que los compañeros son parte del frente y desde la entrega del Plan de Atención inmediata a las Demandas, este problema le fue planteado al gobernador el 4 de julio del año en curso, quien negó que existiera tal concesión, se ha puesto en la mesa de discusión con el Secretario de Gobierno que no ha querido discutir el tema ni con el frente ni con la representante de Rogaz y ahora protegen a la empresa con su polícia estatal.
Entrevista de Carmen Aristegui a Kerry Kennedy y Abel Barrera
Entrevista de Carmen Aristegui a Kerry Kennedy, Presidenta del "Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy" y Abel Barrera, Director del "Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan". Transmitido por CNN en Español el 5 de Agosto de 2011
El “genocidio cultural” en Guerrero
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 36
Carta de Kerry Kennedy a sus hijas, al regresar de Guerrero
Queridas Cara, Mariah y Michaela:
Pasé la semana anterior en México con Abel Hernández Becerra, ganador del premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, y su equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, visitando comunidades indígenas de la región de la Montaña, en Guerrero, la zona más pobre del estado más pobre del país.
Ser indígena en Guerrero es como era ser afroestadunidense en Misisipi hace 50 años. La gente apenas subsiste en la miseria, y el hambre es rampante. El racismo tiene una historia larga y perversa y continúa arraigado en el presente. Quienes se atreven a decir la verdad a los que tienen el poder son amenazados, encarcelados, torturados, desaparecidos, violados y asesinados con absoluta impunidad.
Abel y su equipo en Tlachinollan son los líderes de los derechos civiles de nuestros tiempos. Arman a las comunidades con las herramientas del activismo, dan seguimiento a los abusos, confrontan a los perpetradores y siguen adelante pese a constantes amenazas de muerte. Son consejeros legales, abogados en juicios, organizadores de la comunidad, activistas ambientales. El personal de Tlachinollan trabaja con grupos activistas indígenas y campesinos, y propugna un mejor acceso a representación legal, atención a la salud, vivienda, educación, agua entubada, energía eléctrica y otros servicios.
La violencia en aumento relacionada con los recientes esfuerzos del gobierno de México por combatir el narcotráfico condujo a Abel a condenar la militarización excesiva y denunciar abusos. A su vez, él y su equipo han soportado cada vez más amenazas y violencia.
Hablé con Inés, mujer que fue violada por militares mientras dos soldados vigilaban. Con todo en contra, tuvo el valor de denunciar y llevar adelante la acusación contra los perpetradores. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que su caso debía ser transferido de la jurisdicción militar a la civil.
Apenas el mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de México sostuvo el principio de que los casos de abusos de militares contra civiles deben ser transferidos a tribunales civiles. En respuesta, el Ejército Mexicano emitió un comunicado conjunto con la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República (PGR), en el que rebajaba la opinión del más alto tribunal del país a mero “criterio de orientación”. Al no adoptar ninguna acción la procuraduría, el caso se mantiene en la jurisdicción militar, donde ha languidecido durante largos nueve años. (Apenas esta semana, Inés fue informada de que su caso por fin ha sido transferido a la jurisdicción civil. Ahora corresponde a la PGR lograr que los violadores sean llevados ante la justicia.)
Conocí a dos mujeres cuyos esposos, Raúl y Manuel, presidente y vicepresidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, fueron asesinados luego que denunciaron abusos y crímenes contra la naturaleza cometidos por militares. Esas viudas se preguntan cómo darán de comer a sus hijos. Unos vecinos dieron a una de ellas cinco costales de maíz, con lo cual es difícil que subsistan: necesitarían 2 mil 200 dólares, cifra imposible de reunir en su comunidad, para construir una casa en un lugar donde pudieran conseguir empleo.
Conocí a otro organizador comunitario y abogado por los derechos humanos, quien me dijo que recibió ocho balazos por tratar de que se fincaran responsabilidades por narcotráfico y robo a un miembro de la elite del poder local.
Dos líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM), marido y mujer, se ocultan a causa de las constantes amenazas de muerte que han recibido por demandar castigo a abusos militares.
Quienes se atreven a demandar derechos básicos están en el mayor riesgo. Su valentía hace eco a John Lewis, Rosa Parks y Martin Luther King Jr., defensores y organizadores de Estados Unidos que también pusieron su vida al servicio de los demás. Como esos defensores, los líderes de los grupos indígenas son señalados y atacados.
A la vista de estos ataques, es asombroso el nivel de conformidad con la injusticia que muestran quienes tienen autoridad. En el poblado de Ayutla encontré a un defensor que pasó dos años en prisión por un crimen que no cometió, y fue liberado cuando su impugnador admitió que había fabricado la acusación contra 15 miembros de la OPIM. Pregunté al procurador estatal por qué no retiró los cargos contra tres hombres que aún tenían orden de detención por la misma denuncia falsa. Su falta de interés por la justicia elemental era asombrosa. “Ah, no se preocupe”, me dijo. “No pasarán más de 72 horas en prisión”.
Me alegré cuando el recién electo gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, prometió atender todas las demandas que hicimos, pero nuestro optimismo no duró mucho. Recordé al gobernador que la oficina de Tlachinollan en Ayutla, cerrada durante dos años luego del asesinato de dos defensores locales de los derechos humanos, fue reabierta en junio sólo con la promesa de que el gobernador ofrecería seguridad. Sin embargo, los policías asignados a la oficina se presentaron sólo cuatro días y desde entonces no han vuelto. “¡Esta tarde estarán allá!”, proclamó. Cuando nos fuimos, cinco días después, no había policías a la vista. (Una buena noticia: luego de que el relato de ese encuentro apareció en la prensa nacional, el sábado en la mañana, dos policías aparecieron en la oficina, y siguen asignados a ella desde entonces.)
Inés quería encontrarse cara a cara con el gobernador. “Cómo no”, me dijo él; “yo seré el anfitrión, pediré que vengan las autoridades federales, y también estará Tlachinollan” para asegurar que todos estuvieran de acuerdo en los siguientes pasos a dar en el caso de ella. Cuando Abel llamó para concertar la cita, el secretario del gobernador explicó que éste tenía muchas ocupaciones, pero que él se reuniría con ellos.
Toda esta violencia, duplicidad e impunidad ocurren en el contexto de la horripilante pobreza y marginación de la población indígena en el México rural. En buena parte de la región de la Montaña, como en muchas comunidades indígenas en todo Guerrero, el acceso a los servicios básicos es casi inexistente.
Un hombre al que conocí salió de su casa a la una de la mañana para bajar de la montaña con su esposa y su hijo de dos años, con el fin de llegar a las 8 a la farmacia más cercana para comprar medicina contra la disentería. La farmacia estaba cerrada.
A una comunidad le dijeron que los alumnos tenían que llevar a la escuela sus propias sillas y pupitres, comprar un escritorio para el maestro y pagarle su salario, aunque se supone que el gobierno tiene que proporcionar todo eso. Cuando la comunidad logró satisfacer los requisitos, en vez de enviar un profesor, el gobierno mandó un estudiante de tiempo parcial que también debía hacerse cargo del mantenimiento.
Para esos niños indígenas no hay libros que les enseñen su lengua nativa, sus tradiciones y su historia, o que muestren a un solo indígena en un papel de modelo a seguir. Las clases se dan en español, y a menudo se hace que los alumnos se avergüencen de su entorno indígena, de su lengua y sus raíces. Como señala Abel, en un contexto de tan extendida pobreza, ese trato equivale a un “genocidio cultural”.
En la parte del estado de Nueva York, donde vivimos, un camino de terracería se considera pintoresco, y allí los precios de los bienes raíces son mucho más altos que los de los que están en caminos pavimentados. Pero la brecha que tomamos de Metlatónoc a Xalpatláhuac nada tiene de pintoresca. Es un camino de un solo carril, de dos kilómetros de largo, y nos llevó una hora completa sortear baches del tamaño de una tina de baño, jorobas elefantinas y lodazales. Las comunidades donde no hay carretera pavimentada tienen escaso acceso a víveres, medicinas, ropa, empleos o materiales de construcción, y llegan a estar aisladas durante meses en la temporada de lluvias. Uno de los momentos más terribles del viaje fue cuando nuestra caravana recibió parte de un deslave, en el que arena y piedras se desprendieron de las muy deforestadas montañas y golpearon como municiones nuestro vehículo.
En Xalpatláhuac, el padre Mario reunió a unos 70 y tantos catequistas que esperaron tres horas nuestra llegada, mientras nos retrasaban las brechas y lodazales. No perdieron el tiempo: cuando llegamos ya tenían una lista de asuntos a tratar con la delegación. El padre Mario describió cada tema, y luego dos o tres miembros de la delegación se pusieron de pie y hablaron de las experiencias y desafíos de su vida cotidiana. Varias personas relataron cómo una casa de la ciudad de México paga menos de 100 pesos mensuales por la electricidad, mientras esa misma casa en las montañas, con tres focos, llega a pagar varios cientos de pesos. Una mujer narró que había comenzado a coser ropa para obtener ingresos, pero el consumo de energía de la máquina de coser era más alto de lo que ganaba con las prendas que cosía.
Muchos otros hablaron de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno en tierras consideradas sagradas por los indígenas, sin que se consultara con las comunidades y mucho menos se les pidiera permiso o se hicieran planes para compartir ganancias con ellas. La degradación ambiental es una preocupación importante.
Otros más hablaron de que se han perdido comunidades enteras a la migración, ya sea dentro de México, hacia los campos agrícolas del norte o hacia Tlapa York, conocida también como Manhattan y Queens, donde muchas familias indígenas de Guerrero se han visto obligadas a buscar trabajo. Las viudas de la migración son abandonadas a su suerte junto con sus hijos. Las comunidades se parten en dos. En los campos, las condiciones son aún más horrendas que en los poblados, pues hombres y mujeres indígenas quedan como sirvientes de sus patrones, y las familias enfrentan robo de salarios, trabajo infantil y asalto sexual.
En este contexto luchan Abel y su equipo todos los días. Aunque parezca increíble, no recuerdo haber encontrado un grupo más alegre de amigos. Trabajan duro, ríen con facilidad y tienen confianza absoluta unos en otros. Es algo asombroso de ver, y un verdadero tributo al espíritu humano. Cuando le pregunté a Abel qué lo sostiene, habló del espíritu de la comunidad que él y sus colegas han aprendido de los pueblos indígenas de la Montaña, los cuales comparten todo lo que tienen y viven en beneficio de las comunidades, sus ríos, sus bosques, sus montes. Las palabras en el muro de Tlachinollan resuenan con verdad: “La Montaña florecerá cuando la justicia habite entre los pueblos me’phaa, na savi, nahuas, nn’anncue y mestizos”.
Cara, Mariah y Michaela, recuerden, por encima de todo, que nuestras vidas son más hermosas cuando la amistad está presente entre nosotros. Éste es el verdadero espíritu detrás de la justicia genuina: que nos interesemos lo suficiente por los demás para procurar que los traten con dignidad, como nosotros queremos ser tratados. Tenemos nuevos amigos en Abel y Tlachinollan, y no veo la hora de compartir esta amistad con ustedes.
Todo mi amor, mamá.
Traducción: Jorge Anaya
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 36
Carta de Kerry Kennedy a sus hijas, al regresar de Guerrero
Queridas Cara, Mariah y Michaela:
Pasé la semana anterior en México con Abel Hernández Becerra, ganador del premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, y su equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, visitando comunidades indígenas de la región de la Montaña, en Guerrero, la zona más pobre del estado más pobre del país.
Ser indígena en Guerrero es como era ser afroestadunidense en Misisipi hace 50 años. La gente apenas subsiste en la miseria, y el hambre es rampante. El racismo tiene una historia larga y perversa y continúa arraigado en el presente. Quienes se atreven a decir la verdad a los que tienen el poder son amenazados, encarcelados, torturados, desaparecidos, violados y asesinados con absoluta impunidad.
Abel y su equipo en Tlachinollan son los líderes de los derechos civiles de nuestros tiempos. Arman a las comunidades con las herramientas del activismo, dan seguimiento a los abusos, confrontan a los perpetradores y siguen adelante pese a constantes amenazas de muerte. Son consejeros legales, abogados en juicios, organizadores de la comunidad, activistas ambientales. El personal de Tlachinollan trabaja con grupos activistas indígenas y campesinos, y propugna un mejor acceso a representación legal, atención a la salud, vivienda, educación, agua entubada, energía eléctrica y otros servicios.
La violencia en aumento relacionada con los recientes esfuerzos del gobierno de México por combatir el narcotráfico condujo a Abel a condenar la militarización excesiva y denunciar abusos. A su vez, él y su equipo han soportado cada vez más amenazas y violencia.
Hablé con Inés, mujer que fue violada por militares mientras dos soldados vigilaban. Con todo en contra, tuvo el valor de denunciar y llevar adelante la acusación contra los perpetradores. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que su caso debía ser transferido de la jurisdicción militar a la civil.
Apenas el mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de México sostuvo el principio de que los casos de abusos de militares contra civiles deben ser transferidos a tribunales civiles. En respuesta, el Ejército Mexicano emitió un comunicado conjunto con la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República (PGR), en el que rebajaba la opinión del más alto tribunal del país a mero “criterio de orientación”. Al no adoptar ninguna acción la procuraduría, el caso se mantiene en la jurisdicción militar, donde ha languidecido durante largos nueve años. (Apenas esta semana, Inés fue informada de que su caso por fin ha sido transferido a la jurisdicción civil. Ahora corresponde a la PGR lograr que los violadores sean llevados ante la justicia.)
Conocí a dos mujeres cuyos esposos, Raúl y Manuel, presidente y vicepresidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, fueron asesinados luego que denunciaron abusos y crímenes contra la naturaleza cometidos por militares. Esas viudas se preguntan cómo darán de comer a sus hijos. Unos vecinos dieron a una de ellas cinco costales de maíz, con lo cual es difícil que subsistan: necesitarían 2 mil 200 dólares, cifra imposible de reunir en su comunidad, para construir una casa en un lugar donde pudieran conseguir empleo.
Conocí a otro organizador comunitario y abogado por los derechos humanos, quien me dijo que recibió ocho balazos por tratar de que se fincaran responsabilidades por narcotráfico y robo a un miembro de la elite del poder local.
Dos líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM), marido y mujer, se ocultan a causa de las constantes amenazas de muerte que han recibido por demandar castigo a abusos militares.
Quienes se atreven a demandar derechos básicos están en el mayor riesgo. Su valentía hace eco a John Lewis, Rosa Parks y Martin Luther King Jr., defensores y organizadores de Estados Unidos que también pusieron su vida al servicio de los demás. Como esos defensores, los líderes de los grupos indígenas son señalados y atacados.
A la vista de estos ataques, es asombroso el nivel de conformidad con la injusticia que muestran quienes tienen autoridad. En el poblado de Ayutla encontré a un defensor que pasó dos años en prisión por un crimen que no cometió, y fue liberado cuando su impugnador admitió que había fabricado la acusación contra 15 miembros de la OPIM. Pregunté al procurador estatal por qué no retiró los cargos contra tres hombres que aún tenían orden de detención por la misma denuncia falsa. Su falta de interés por la justicia elemental era asombrosa. “Ah, no se preocupe”, me dijo. “No pasarán más de 72 horas en prisión”.
Me alegré cuando el recién electo gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, prometió atender todas las demandas que hicimos, pero nuestro optimismo no duró mucho. Recordé al gobernador que la oficina de Tlachinollan en Ayutla, cerrada durante dos años luego del asesinato de dos defensores locales de los derechos humanos, fue reabierta en junio sólo con la promesa de que el gobernador ofrecería seguridad. Sin embargo, los policías asignados a la oficina se presentaron sólo cuatro días y desde entonces no han vuelto. “¡Esta tarde estarán allá!”, proclamó. Cuando nos fuimos, cinco días después, no había policías a la vista. (Una buena noticia: luego de que el relato de ese encuentro apareció en la prensa nacional, el sábado en la mañana, dos policías aparecieron en la oficina, y siguen asignados a ella desde entonces.)
Inés quería encontrarse cara a cara con el gobernador. “Cómo no”, me dijo él; “yo seré el anfitrión, pediré que vengan las autoridades federales, y también estará Tlachinollan” para asegurar que todos estuvieran de acuerdo en los siguientes pasos a dar en el caso de ella. Cuando Abel llamó para concertar la cita, el secretario del gobernador explicó que éste tenía muchas ocupaciones, pero que él se reuniría con ellos.
Toda esta violencia, duplicidad e impunidad ocurren en el contexto de la horripilante pobreza y marginación de la población indígena en el México rural. En buena parte de la región de la Montaña, como en muchas comunidades indígenas en todo Guerrero, el acceso a los servicios básicos es casi inexistente.
Un hombre al que conocí salió de su casa a la una de la mañana para bajar de la montaña con su esposa y su hijo de dos años, con el fin de llegar a las 8 a la farmacia más cercana para comprar medicina contra la disentería. La farmacia estaba cerrada.
A una comunidad le dijeron que los alumnos tenían que llevar a la escuela sus propias sillas y pupitres, comprar un escritorio para el maestro y pagarle su salario, aunque se supone que el gobierno tiene que proporcionar todo eso. Cuando la comunidad logró satisfacer los requisitos, en vez de enviar un profesor, el gobierno mandó un estudiante de tiempo parcial que también debía hacerse cargo del mantenimiento.
Para esos niños indígenas no hay libros que les enseñen su lengua nativa, sus tradiciones y su historia, o que muestren a un solo indígena en un papel de modelo a seguir. Las clases se dan en español, y a menudo se hace que los alumnos se avergüencen de su entorno indígena, de su lengua y sus raíces. Como señala Abel, en un contexto de tan extendida pobreza, ese trato equivale a un “genocidio cultural”.
En la parte del estado de Nueva York, donde vivimos, un camino de terracería se considera pintoresco, y allí los precios de los bienes raíces son mucho más altos que los de los que están en caminos pavimentados. Pero la brecha que tomamos de Metlatónoc a Xalpatláhuac nada tiene de pintoresca. Es un camino de un solo carril, de dos kilómetros de largo, y nos llevó una hora completa sortear baches del tamaño de una tina de baño, jorobas elefantinas y lodazales. Las comunidades donde no hay carretera pavimentada tienen escaso acceso a víveres, medicinas, ropa, empleos o materiales de construcción, y llegan a estar aisladas durante meses en la temporada de lluvias. Uno de los momentos más terribles del viaje fue cuando nuestra caravana recibió parte de un deslave, en el que arena y piedras se desprendieron de las muy deforestadas montañas y golpearon como municiones nuestro vehículo.
En Xalpatláhuac, el padre Mario reunió a unos 70 y tantos catequistas que esperaron tres horas nuestra llegada, mientras nos retrasaban las brechas y lodazales. No perdieron el tiempo: cuando llegamos ya tenían una lista de asuntos a tratar con la delegación. El padre Mario describió cada tema, y luego dos o tres miembros de la delegación se pusieron de pie y hablaron de las experiencias y desafíos de su vida cotidiana. Varias personas relataron cómo una casa de la ciudad de México paga menos de 100 pesos mensuales por la electricidad, mientras esa misma casa en las montañas, con tres focos, llega a pagar varios cientos de pesos. Una mujer narró que había comenzado a coser ropa para obtener ingresos, pero el consumo de energía de la máquina de coser era más alto de lo que ganaba con las prendas que cosía.
Muchos otros hablaron de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno en tierras consideradas sagradas por los indígenas, sin que se consultara con las comunidades y mucho menos se les pidiera permiso o se hicieran planes para compartir ganancias con ellas. La degradación ambiental es una preocupación importante.
Otros más hablaron de que se han perdido comunidades enteras a la migración, ya sea dentro de México, hacia los campos agrícolas del norte o hacia Tlapa York, conocida también como Manhattan y Queens, donde muchas familias indígenas de Guerrero se han visto obligadas a buscar trabajo. Las viudas de la migración son abandonadas a su suerte junto con sus hijos. Las comunidades se parten en dos. En los campos, las condiciones son aún más horrendas que en los poblados, pues hombres y mujeres indígenas quedan como sirvientes de sus patrones, y las familias enfrentan robo de salarios, trabajo infantil y asalto sexual.
En este contexto luchan Abel y su equipo todos los días. Aunque parezca increíble, no recuerdo haber encontrado un grupo más alegre de amigos. Trabajan duro, ríen con facilidad y tienen confianza absoluta unos en otros. Es algo asombroso de ver, y un verdadero tributo al espíritu humano. Cuando le pregunté a Abel qué lo sostiene, habló del espíritu de la comunidad que él y sus colegas han aprendido de los pueblos indígenas de la Montaña, los cuales comparten todo lo que tienen y viven en beneficio de las comunidades, sus ríos, sus bosques, sus montes. Las palabras en el muro de Tlachinollan resuenan con verdad: “La Montaña florecerá cuando la justicia habite entre los pueblos me’phaa, na savi, nahuas, nn’anncue y mestizos”.
Cara, Mariah y Michaela, recuerden, por encima de todo, que nuestras vidas son más hermosas cuando la amistad está presente entre nosotros. Éste es el verdadero espíritu detrás de la justicia genuina: que nos interesemos lo suficiente por los demás para procurar que los traten con dignidad, como nosotros queremos ser tratados. Tenemos nuevos amigos en Abel y Tlachinollan, y no veo la hora de compartir esta amistad con ustedes.
Todo mi amor, mamá.
Traducción: Jorge Anaya
Comité Cerezo México: 10 años de luchar desde los DH por la Verdad, la Justicia y la Memoria.
México DF a 13 de agosto de 2011
El trece de agosto de 2001 fueron detenidos y torturados en México Distrito Federal Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y Pablo Alvarado Flores. Los tres primeros estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el último indígena vendedor en mercados ambulantes.
Con estas detenciones que se llevaron a cabo sin orden de aprehensión e infligiendo tortura contra los detenidos, el gobierno de Vicente Fox pretendía resolver el caso de diferentes explosiones en bancos de la Ciudad de México, que habían sucedido cinco días antes. Sin embargo, en realidad, con dichas detenciones sólo le dio continuidad a su política de violación a los derechos humanos que cobró otras víctimas, entre ellas Digna Ochoa y Plácido, abogada que defendió a los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado, quien fue asesinada el 19 de octubre de 2001.
En aquél año pocas organizaciones creyeron que el caso de los hermanos Cerezo Contreras y el señor Pablo Alvarado sería un caso más de violación a los derechos humanos entre los muchos otros –y de mayor gravedad- que ocurrían en aquel entonces.
La gran mayoría quería creer que la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del 2000 por la presidencia cambiaría las cosas en materia de derechos humanos, pues el Partido Acción Nacional (PAN) y Vicente Fox llegaban a la presidencia con un discurso en el cual se expresaba la voluntad de garantizar el respeto a los derechos humanos e incluso de investigar las violaciones y castigar a los responsables.
Diez años de gobierno del PAN: seis años a cargo de Vicente Fox y cuatro y medio al mando de Felipe Calderón se han encargado de demostrar que el caso de violación a los derechos humanos que dio origen a nuestra organización es sólo uno de una larga -muy larga ya- cadena de graves violaciones a los derechos humanos en el país; que nuestro caso no fue ni es un caso aislado y que esa larga cadena de violaciones a los derechos humanos nos da elementos para pensar que son producto de una política sistemática del Estado mexicano.
Afirmamos que dicha política emana del Estado mexicano porque los gobiernos del PRI actuaron con la misma política de represión por motivos políticos y de control social, con sus particularidades y formas específicas por supuesto, pero que también arrojó víctimas de ejecución extrajudicial, masacres, desapariciones forzadas, tortura y amenazas: la masacre del 2 de octubre de 1968, la del 10 de junio de 1971, la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, la de Acteal, Chiapas en 1997, la del Charco, Guerrero en 1998 etcétera.
Es verdad que en la actualidad la doctrina de “seguridad democrática” haya cobrado más víctimas (es probable que en ningún sexenio priísta haya habido más de 50 mil muertos), también es cierto que la participación de las fuerzas armadas es mayor; que tenemos leyes como la Ley federal contra la delincuencia organizada que viola “legalmente” los derechos humanos de los detenidos o procesados por ese delito, es evidente; que la supuesta práctica extinta de la desaparición forzada ha vuelto con más fuerza, es triste, pero es una realidad. Sin embargo, pensar que ésta es una razón para desear que el PRI regrese al poder es negarse a ver que la mayoría de los mecanismos legales e ilegales de represión política y de control social se comenzaron a establecer con este partido, y que el PAN tan sólo les dio continuidad, los amplió y los adecuó, incluso perfeccionó algunos para imponer a la mayoría de la sociedad los intereses económicos y políticos que ambos (PRI y PAN junto con otros partidos) en esencia defienden en este momento.
Hace diez años no imaginábamos que tendríamos que defender los derechos humanos en un contexto de creciente violencia del Estado y de creciente miseria económica en la gran mayoría de la sociedad; de hecho hace diez años no conocíamos la herramienta de los derechos humanos ni comprendíamos la importancia de la documentación; fue la necesidad la que creó y forjó nuestra organización, ha sido la solidaridad y el trabajo constante la que nos ha permitido mantenernos acompañando diferentes luchas de nuestro pueblo, pero también debemos decir que diez años de luchar desde los derechos humanos nos han enseñado que si bien éstos son una herramienta más que tienen los pueblos para luchar, no es la única.
Nuestro pueblo es sabio y ha creado y utilizado otras herramientas de lucha como la movilización, la difusión, la educación popular y otras más.
Estamos convencidos que en una realidad tan adversa, los defensores y las organizaciones de derechos humanos no podremos realizar con eficacia nuestro trabajo si nos desligamos del movimiento social y si no combinamos nuestras capacidades, conocimientos y experiencia con otros, en aras de alcanzar un objetivo común: superar las causas económicas, políticas y sociales que originan las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos de la gran mayoría de la población.
Sabemos, por experiencia, que el Estado mexicano y sus gobiernos siempre han argumentado no ser los responsables del origen de las causas que dan pie a las graves violaciones de los derechos humanos; sabemos que negarán hasta el cansancio la aplicación de una estrategia de represión política y de control social que se fundamenta en la violación sistemática de los derechos humanos; sabemos que pretenderán engañar a la sociedad y mentir sobre su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y dividir al movimiento social, por ello aceptarán ciertas reformas legales o responsabilidades en casos concretos, con el objetivo de disminuir la presión en su contra; pero también sabemos que si documentamos las violaciones de una manera correcta y si el movimiento social se une, podremos demostrar que mienten, que pretenden engañarnos y, sobre todo, que pretenden que en el fondo toda esta realidad injusta siga igual.
Para terminar, agradecemos profundamente la solidaridad y el cariño de muchas personas y de muchas organizaciones que han hecho posible que nuestro Comité de Derechos Humanos cumpla diez años de existencia y de trabajo, a ellos y a nuestro pueblo, víctima cotidiana de la violación a sus derechos, nos debemos, por ellos seguiremos en el esfuerzo de permanecer congruentes en la lucha que elegimos dar.
A diez años de existencia el Comité Cerezo México, organización de derechos humanos refrenda su compromiso de acompañar las luchas de nuestro pueblo en la búsqueda de condiciones de vida digna; refrenda su compromiso con la lucha por la libertad de todos y cada uno de los presos políticos y de conciencia, y reitera que el único responsable de cualquier atentado en contra de la integridad física, psicológica o en los bienes materiales de cualquier integrante de nuestra organización es el Estado mexicano a través de sus instituciones y personas involucradas en los hechos.
¡Por qué ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista!
¡Presos hoy, libres siempre!
¡Alto a la guerra contra el pueblo!
Comité Cerezo México
miércoles, 24 de agosto de 2011
Hay 80 familias desplazadas en la sierra de Petatlán, denuncia Felipe Torres Cruz
Al menos otros 500 núcleos son amenazados, afirma el campesino ecologista
Hay 80 familias desplazadas en la sierra de Petatlán, denuncia Felipe Torres Cruz
Delincuentes despojan a los habitantes de su patrimonio y las autoridades no hacen nada, reclama
Zihuatanejo, 23 de agosto. El hermano del ecologista asesinado Javier Torres Cruz, Felipe Torres Cruz, denunció que tan sólo en éste mes van más de 80 familias de unas 10 comunidades de la sierra de Petatlán, que han sido desplazadas y han abandonado su patrimonio por las amenazas y despojos que sufren por los grupos delictivos en esa región, y reclamó que a pesar de las llamadas al procurador de justicia, Alberto López Rosas, éste no ha dado respuesta.
Manifestó que en tan sólo agosto 80 familias procedentes de las comunidades El Parazal, El Parotillas, Barranca del Balsamo, La Florida, Los limones, Zapotillal, El Huamilon, El terregal, El Cajanicuilar, y La Morena son los que han abandonado sus casas, tierras y milpas, así como hay 500 familias en esa zona que viven bajo amenazas.
Entre las últimas advertencias recibidas por los grupos de sicarios expresó que está el decirles que ahora empezaran a matar desde “los niños de cuna hasta los adultos, van a matar a todos para quedarse con las casas, van a empezar por los niños de cuna, ya lo dijeron”.
Dijo que entre los daños posteriores a la última incursión por parte de elementos de la Marina Armada el pasado 19 de julio, en que aventaron granadas de fragmentación, una niña tuvo que ser trasladada al hospital de la región ya que le explotaron los tímpanos por lo que perdió el sentido auditivo, también una mujer embarazada estuvo a punto de perder el producto y ahora tiene constantes amenazas de aborto, y otra comunera quedó con trastornos psicológicos a causa de las explosiones.
Enfatizó que los marinos sí entraron a la comunidad de La Morena, “a echar granadazos” pero que el gobierno estatal no ha tomado cartas en el asunto.
Torres Cruz expresó que no han recibido ningún apoyo de parte del las autoridades para reconstruir sus viviendas y carecen de alimentos, asimismo remarcó que la situación de amenazas que sufren las comunidades cercanas a La Morena se ha dado a raíz del asesinato de su hermano el ecologista Javier Torres Cruz.
“Los que amenazan son los Arreola, Bautista y los Fuertes, que son los sicarios”.
Criticó que ni el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, ni las organizaciones civiles o el gobernador Ángel Aguirre Rivero, les han hecho caso y que “a mí me gustaría que vinieran para que se den cuenta de la situación y vean que no estamos mintiendo”.
Recordó que a pesar que hay recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de medidas cautelares, no han tenido la suficiente seguridad y dijo sentirse inconforme y molesto porque las familias que han abandonado sus casas son de precarios recursos y a donde se puedan desplazar sufrirán más hambre y desempleo, y recalcó que esta situación de migración que sufren las comunidades también ha afectado a la región de Tierra Caliente, como es el caso de la comunidad de La Laguna.
Critica aspirante perredista el proselitismo en horas de trabajo
Critica aspirante perredista el proselitismo en horas de trabajo
Zihuatanejo, 23 de agosto. El aspirante a candidato para las elecciones de presidente municipal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gustavo García Bello, criticó que funcionarios como el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (Capaz), Obdulio Solís Bravo, quien pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), haga proselitismo en horas de trabajo.
García Bello opinó que no son tiempos y que como funcionarios en el activismo político lo que no se permite es utilizar los recursos públicos, “toda actividad política que se lleve a cabo antes de los tiempos electorales no debe ser, no debe llevar el uso de fondos públicos como tampoco el tráfico de influencias como aquellas personas que estando en el poder coaccionan y obligan a sus gobernadores”.
Video de Al Jazzera sobre incursiones militares en la Sierra de Guerrero
El documental está en inglés con los testimonios en castellano
Agradecemos la colaboración del compañero Enrique Victoria
Agradecemos la colaboración del compañero Enrique Victoria
Murió Rosita W
Quien fuera la encargada del color en Los Supermachos y Los Agachados, la maestra Rosa María Martínez Vargas, dejó este mundo a las 9 horas del jueves 18 de agosto en la ciudad de Cuernavaca.
Lo participan sus familiares y amigos.
Rius
Lo participan sus familiares y amigos.
Rius
Desacata el gobierno de Sonora amparos a yaquis
Insiste en hacer el acueducto Independencia
Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Lunes 22 de agosto de 2011, p. 35
El gobierno de Sonora ignoró dos amparos interpuestos por indígenas y campesinos del valle del Yaqui contra la construcción del acueducto Independencia, que –según los afectados– les quitará la mitad de 900 millones de metros cúbicos de agua que son vitales para la agricultura de la región.
Los funcionarios han dicho a autoridades de la tribu yaqui que únicamente se extraerán 75 millones de metros cúbicos; los afectados dudan de esta aseveración, pues en medios locales se ha difundido que la pretensión del gobierno estatal es impulsar desarrollos urbanos, industriales y mineros.
Refirieron que el secretario de Economía del gobierno de Sonora, Moisés Gómez Reyna, ha mencionado su intención de “cambiar de modelo de desarrollo económico (en el sur del estado), sobre todo por la concentración del ingreso en la región”, mayoritariamente agropecuaria.
Ha sostenido que el sector agropecuario sólo contribuye con 1.1 por ciento de los sueldos y salarios, pero no ha dicho que uno de cada dos panes que se consumen en el país son de trigo que se cosecha en el estado y que en las casi 500 mil hectáreas sembradas en la entidad se cosecha 99 por ciento, y tampoco que 14 por ciento de la población de la entidad habita en zonas rurales.
René Enríquez Valenzuela, integrante del grupo de inconformes del distrito de riego 41, sostuvo que el gobierno utiliza como pretexto la necesidad de agua de los habitantes de Hermosillo, pero su intención es privatizar el líquido y entregarlo a maquiladoras, desarrollos mineros, industrias y otras actividades que, según las autoridades estatales, dejan más dinero.
Explicó que los afectados interpusieron dos amparos y obtuvieron sendas suspensiones; así, el gobierno de Sonora incurre en desacato al continuar con la construcción del acueducto. El juzgado octavo de distrito de Ciudad Obregón dictaminó en favor de los yaquis y agricultores afectados; el gobierno interpuso un recurso de revisión, pero el tribunal colegiado con sede en Hermosillo rechazó la queja y en las próximas dos semanas podría intervenir la fuerza pública para detener la obra.
Apuntó que antes del inicio de la obra los agricultores propusieron al gobierno la instalación de una planta desalinadora con la cual Hermosillo tendría 100 millones de metros cúbicos anuales de agua anuales y no dañaría las actividades agropecuarias del distrito 41. El costo de ese sistema es de 3 mil 300 millones de pesos (al acueducto cuesta 3 mil 800 millones). El gobierno no escuchó a los agricultores y ha puesto en riesgo a 900 mil personas del valle del Yaqui, señaló.
Continuar con la obra sentará un precedente muy peligroso, pues debilitará más la producción de alimentos, que aporta 7 por ciento del total nacional. Sonora es el primer productor de trigo, uva, papa y espárrago y cuarto de alfalfa.
Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Lunes 22 de agosto de 2011, p. 35
El gobierno de Sonora ignoró dos amparos interpuestos por indígenas y campesinos del valle del Yaqui contra la construcción del acueducto Independencia, que –según los afectados– les quitará la mitad de 900 millones de metros cúbicos de agua que son vitales para la agricultura de la región.
Los funcionarios han dicho a autoridades de la tribu yaqui que únicamente se extraerán 75 millones de metros cúbicos; los afectados dudan de esta aseveración, pues en medios locales se ha difundido que la pretensión del gobierno estatal es impulsar desarrollos urbanos, industriales y mineros.
Refirieron que el secretario de Economía del gobierno de Sonora, Moisés Gómez Reyna, ha mencionado su intención de “cambiar de modelo de desarrollo económico (en el sur del estado), sobre todo por la concentración del ingreso en la región”, mayoritariamente agropecuaria.
Ha sostenido que el sector agropecuario sólo contribuye con 1.1 por ciento de los sueldos y salarios, pero no ha dicho que uno de cada dos panes que se consumen en el país son de trigo que se cosecha en el estado y que en las casi 500 mil hectáreas sembradas en la entidad se cosecha 99 por ciento, y tampoco que 14 por ciento de la población de la entidad habita en zonas rurales.
René Enríquez Valenzuela, integrante del grupo de inconformes del distrito de riego 41, sostuvo que el gobierno utiliza como pretexto la necesidad de agua de los habitantes de Hermosillo, pero su intención es privatizar el líquido y entregarlo a maquiladoras, desarrollos mineros, industrias y otras actividades que, según las autoridades estatales, dejan más dinero.
Explicó que los afectados interpusieron dos amparos y obtuvieron sendas suspensiones; así, el gobierno de Sonora incurre en desacato al continuar con la construcción del acueducto. El juzgado octavo de distrito de Ciudad Obregón dictaminó en favor de los yaquis y agricultores afectados; el gobierno interpuso un recurso de revisión, pero el tribunal colegiado con sede en Hermosillo rechazó la queja y en las próximas dos semanas podría intervenir la fuerza pública para detener la obra.
Apuntó que antes del inicio de la obra los agricultores propusieron al gobierno la instalación de una planta desalinadora con la cual Hermosillo tendría 100 millones de metros cúbicos anuales de agua anuales y no dañaría las actividades agropecuarias del distrito 41. El costo de ese sistema es de 3 mil 300 millones de pesos (al acueducto cuesta 3 mil 800 millones). El gobierno no escuchó a los agricultores y ha puesto en riesgo a 900 mil personas del valle del Yaqui, señaló.
Continuar con la obra sentará un precedente muy peligroso, pues debilitará más la producción de alimentos, que aporta 7 por ciento del total nacional. Sonora es el primer productor de trigo, uva, papa y espárrago y cuarto de alfalfa.
martes, 23 de agosto de 2011
Mesa redonda “La Mujer ante la Desaparición forzada y la violación a los Derechos Humanos”
El 6 de marzo de 2010 se realizó en la Ciudad de Morelia, Michoacán la mesa redonda “ La Mujer ante la Desaparición forzada y la violación a los Derechos Humanos”, en el marco de la Jornada Nacional de Mujeres Socialistas , Voces e Historias contra el olvido y la impunidad, impulsada por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Introducción
Visitadora Regional CEDH Michoacán
Representante del PRD Michoacán
Caso Puebla
Caso Oaxaca
Caso Michoacán
Caso Sucumbíos
Sesión de preguntas y respuestas
In Memoriam Maestro Carlos Montemayor, Danza Contemporánea y Cierre
Introducción
Visitadora Regional CEDH Michoacán
Representante del PRD Michoacán
Caso Puebla
Caso Oaxaca
Caso Michoacán
Caso Sucumbíos
Sesión de preguntas y respuestas
In Memoriam Maestro Carlos Montemayor, Danza Contemporánea y Cierre
El cabildo de Chilpancingo rechaza recomendación de la CODDEHUM sobre la restitución del módulo del TADECO en Chilpancingo.
EL CABILDO DE CHILPANCINGO RECHAZA RECOMENDACIÓN DE LA CODDEHUM SOBRE LA RESTITUCION DEL MODULO DEL TADECO EN LA PLAZA CÍVICA Y OBLIGA A LLEVAR EL CASO A LA CNDH Y A OTRAS INSTANCIAS INTERNACIONALES
Como era de esperarse, el grupo multipartidista que usufructúa el cabildo de Chilpancingo, refrendó su gran sacrificio de levantar el dedo para avalar el capricho de su jefe el Presidente Municipal Héctor Astudillo y “amarrar” sus jugosos y cómodos cobros quincenales y fue así que el pasado 14 de julio del 2011, decidió rechazar la resolución de la Comisión Estatal de Defensa de los derechos Humanos de Guerrero, que recomienda que “…en la sesión de cabildo referida, se sirvan ordenar a quien corresponda, realice las acciones y medidas necesarias para hacer efectiva la restitución de los derechos violados a los CC. Francisco Javier Monroy Hernández y María de Jesús Cisneros Martínez, Coordinador General del Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO) y Presidenta del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrrero, quienes fueron objeto de violación a sus derechos de libertad de manifestación de ideas y a los derechos de los defensores de derechos humanos por el desalojo de que fueron objeto, debiendo informar a esta Comisión de las acciones y trámites hasta dar cumplimiento a lo antes recomendado”.
Como lo habíamos previsto y alertado a la opinión pública, el Presidente Municipal Héctor Astudillo y su grupo “plural” de incondicionales, persiste en eludir con nuevas medidas legaloides y argumentos dolosos y falaces la recomendación de la CODDEHUM, manteniendo su arrogancia, indolencia y cómplice indiferencia hacia nuestra lucha, pues de manera tendenciosa y perversa, llevó a discusión del Cabildo la resolución de la CODDEHUM en términos de si se reinstala o no “la vendimia del Tadeco” en la Plaza Cívica y no la intervención del gobierno municipal para dar solución al motivo que fundamenta el conflicto: la justicia para los ciudadanos guerrerenses victimas de desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales.
Aunque obviamente no fuimos invitados a presenciar la “sesuda” decisión de tan “probo” “cuerpo colegiado”, contamos con una copia del acta de la sesión mencionada y saltan a la vista las argumentaciones falaces y tendenciosas de los representantes de las fuerzas vivas del municipio, por lo menos en lo que corresponde a nuestro Módulo:
a) Mienten cuando dicen que hubo dialogo con nosotros.- A pesar de que el día 23 de febrero, dos días antes del desalojo de nuestro Módulo, solicitamos una audiencia con Héctor Astudillo, hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna a esta solicitud y nunca fuimos convocados a las reuniones realizadas con él por parte de los artesanos y comerciantes, salvo a las tres que se realizaron sus representantes en las oficinas de la CODDEHUM. Nunca hemos dialogado con Héctor Astudillo y ha sido tal su cerrazón y encono en contra nuestra, que hasta la fecha no sabemos cuál ha sido el destino de nuestro materiales, equipo, mobiliario, fotografías de nuestras víctimas y mantas que le daban forma a nuestro Módulo. ¿Cuál es el miedo de dialogar con nosotros?
b) Es falso que el pueblo de Chilpancingo es solidario con la decisión del desalojo de nuestro Módulo.- Contamos con más de tres mil firmas de apoyo a nuestra presencia crítica a la política de los malos gobiernos en materia de justicia y seguridad pública y solidaria con las víctimas de la violencia social. La solidaridad de las organizaciones sociales de Chilpancingo y de toda la entidad con nosotros ha sido manifiesta, a pesar de que a muchos ciudadanos los inhibe el miedo de la violencia social que el propio ayuntamiento perversamente utiliza a su favor.
c) El objeto del Módulo es denunciar la injusticia e impunidad y no el comercio.- Héctor Astudillo insiste en señalar que en el Módulo se realiza una actividad comercial pero no dice nada acerca de lo que está haciendo su mal gobierno para resolver el problema de la inseguridad y por hacer justicia a las víctimas de la violencia social en Chilpancingo, que es su responsabilidad y que si cumpliera su trabajo, nuestra lucha y nuestro Módulo no tendrían razón de ser. Se muerde la lengua cuando dice que en el desalojo se respetaron los derechos humanos, sabiendo que nos despojo de un instrumento de información, expresión, manifestación, reunión, solidaridad y financiamiento de nuestra lucha por la justicia y contra la impunidad.
En las “brillantes” y dolosas intervenciones en contra de TADECO y el Comité de Familiares en la sesión de cabildo del 14 de julio por parte de los ediles María del Socorro Modragón Sosa, José Luis García Ramírez, Salustio García Dorantes, Mayra Morales Tacuba, Antonio Gaspar Beltrán, Julián de la Rosa Peláez, Yuridia Bello Calvo y su jefe Héctor Astudillo, nunca se mencionaron los nombres de las víctimas y las circunstancias en que se dieron los casos de desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales que se reclaman en el Módulo, menos los que corresponden a ciudadanos chilpancinguenses; tampoco los problemas y necesidades que tienen ahora los familiares de las víctimas y menos aún cuál ha sido la intervención del Cabildo ante los casos en donde ha estado implicada la policía municipal y que se ha planteado ante las instancias de justicia estatal y federal sobre éstos problemas a favor de las víctimas y de sus familiares.
Por ello repudiamos el acuerdo del cabildo del mal gobierno de Chilpancingo del 14 de julio pasado y por ello seguiremos denunciando su carácter faccioso, su complicidad por omisión en los casos que reclamamos justicia y su carácter antidemocrático y antipopular, claramente al servicio de los grupos de poder económico que seguirán usufructuando para su beneficio los servicios y el comercio en la ciudad de Chilpancingo en contubernio con esa clase política que solo destaca en la lucha por el poder y el botín que les significa el ayuntamiento de Chilpancingo. Ahora, llevaremos nuestra denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las instancias internacionales correspondientes y llamaremos a la solidaridad con nuestra lucha a las organizaciones sociales que a lo largo y ancho del país, al igual que nosotros, han emprendido una digna lucha contra la inseguridad pública y la impunidad y pugnan por una paz con justicia y dignidad
Al cabildo de Chilpancingo y a su jefe Astudillo les reiteramos que no tendrán paz mientras a nuestros desaparecidos y asesinados no se les haga justicia y que a los cargos que pretendan brincar en su loca carrera oportunista por mantenerse en el poder y seguir viviendo del erario público, la memoria de nuestras víctimas los perseguirán. Ante las enfermizas declaraciones del Director de Gobernación Jorge Adame Alarcón y el Secretario del Ayuntamiento Joel Eugenio Flores, en el sentido de que “ya nos chingaron”, les respondemos que podrán solazarse con los materiales que nos despojaron y hasta destruirlos como “botín de guerra”, pero no podrán borrar de su conciencia que junto a la memoria de nuestros amigos y familiares desaparecidos y asesinados, estará siempre presente su indolencia, su soberbia y su complicidad.
A muchos de éstos malos “representantes populares” los veremos pronto en campañas políticas, “seguramente con recursos bien habidos” y prerrogativas que saldrán de los bolsillos de nuestro malogrado pueblo e incluso de los familiares de las víctimas que hoy reclamamos. Ya veremos si fructifica su proselitismo político, después de abonar con tan “patrióticas decisiones” su taimado currículum y maquillar su imagen con la sangre de las víctimas y el dolor de sus familiares.
Finalmente nos preocupa el tono y el sentido de la intervención del regidor Antonio Gaspar Beltrán en la sesión de cabildo mencionada, cuando señala que le “gustaría conocer el trasfondo de ésta recomendación” (de la CODDEHUM) y agrega más adelante que …”creo que el contenido de la recomendación aparte de que está fuera de tiempo, sus propósitos que hay escondidos en ésta recomendación a mi me parecen insanos…”, pues cuestiona y pone enentredicho la probidad de la CODDEHUM y de su propio Presidente, haciendo evidente que como dice el dicho popular “el león cree que todos son de su condición”. De nuestra parte reconocemos la labor de la CODDEHUM y sabemos que contaremos con su intervención imparcial y apegada a los principios de los derechos humanos en las acciones que seguiremos llevando a cabo.
Es evidente que la guerra de los malos gobiernos contra el pueblo no solamente se libra con masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, con la criminalización y la represión, también con la denostación, la mentira, la indolencia, la impunidad y el pisoteo de sus derechos.
Por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos, seguiremos exigiendo la presentación con vida de nuestros desaparecidos, esclarecimiento y castigo a los culpables de los asesinatos y la libertad de los presos políticos. Seguiremos exigiendo respeto a nuestros modos y formas de lucha, en especial la restitución de nuestro Módulo como una herramienta para la difusión y sostenimiento de nuestras actividades de apoyo a los familiares de las víctimas de la violencia social y haremos valer nuestros derechos de reunión, manifestación, expresión, información, cultura y a la ciudad a pesar de grupos facciosos enquistados en las oficinas de los malos gobiernos como el de Chilpancingo.
Chilpancingo, Gro. a 21 de agosto del 2011
Como era de esperarse, el grupo multipartidista que usufructúa el cabildo de Chilpancingo, refrendó su gran sacrificio de levantar el dedo para avalar el capricho de su jefe el Presidente Municipal Héctor Astudillo y “amarrar” sus jugosos y cómodos cobros quincenales y fue así que el pasado 14 de julio del 2011, decidió rechazar la resolución de la Comisión Estatal de Defensa de los derechos Humanos de Guerrero, que recomienda que “…en la sesión de cabildo referida, se sirvan ordenar a quien corresponda, realice las acciones y medidas necesarias para hacer efectiva la restitución de los derechos violados a los CC. Francisco Javier Monroy Hernández y María de Jesús Cisneros Martínez, Coordinador General del Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO) y Presidenta del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrrero, quienes fueron objeto de violación a sus derechos de libertad de manifestación de ideas y a los derechos de los defensores de derechos humanos por el desalojo de que fueron objeto, debiendo informar a esta Comisión de las acciones y trámites hasta dar cumplimiento a lo antes recomendado”.
Como lo habíamos previsto y alertado a la opinión pública, el Presidente Municipal Héctor Astudillo y su grupo “plural” de incondicionales, persiste en eludir con nuevas medidas legaloides y argumentos dolosos y falaces la recomendación de la CODDEHUM, manteniendo su arrogancia, indolencia y cómplice indiferencia hacia nuestra lucha, pues de manera tendenciosa y perversa, llevó a discusión del Cabildo la resolución de la CODDEHUM en términos de si se reinstala o no “la vendimia del Tadeco” en la Plaza Cívica y no la intervención del gobierno municipal para dar solución al motivo que fundamenta el conflicto: la justicia para los ciudadanos guerrerenses victimas de desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales.
Aunque obviamente no fuimos invitados a presenciar la “sesuda” decisión de tan “probo” “cuerpo colegiado”, contamos con una copia del acta de la sesión mencionada y saltan a la vista las argumentaciones falaces y tendenciosas de los representantes de las fuerzas vivas del municipio, por lo menos en lo que corresponde a nuestro Módulo:
a) Mienten cuando dicen que hubo dialogo con nosotros.- A pesar de que el día 23 de febrero, dos días antes del desalojo de nuestro Módulo, solicitamos una audiencia con Héctor Astudillo, hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna a esta solicitud y nunca fuimos convocados a las reuniones realizadas con él por parte de los artesanos y comerciantes, salvo a las tres que se realizaron sus representantes en las oficinas de la CODDEHUM. Nunca hemos dialogado con Héctor Astudillo y ha sido tal su cerrazón y encono en contra nuestra, que hasta la fecha no sabemos cuál ha sido el destino de nuestro materiales, equipo, mobiliario, fotografías de nuestras víctimas y mantas que le daban forma a nuestro Módulo. ¿Cuál es el miedo de dialogar con nosotros?
b) Es falso que el pueblo de Chilpancingo es solidario con la decisión del desalojo de nuestro Módulo.- Contamos con más de tres mil firmas de apoyo a nuestra presencia crítica a la política de los malos gobiernos en materia de justicia y seguridad pública y solidaria con las víctimas de la violencia social. La solidaridad de las organizaciones sociales de Chilpancingo y de toda la entidad con nosotros ha sido manifiesta, a pesar de que a muchos ciudadanos los inhibe el miedo de la violencia social que el propio ayuntamiento perversamente utiliza a su favor.
c) El objeto del Módulo es denunciar la injusticia e impunidad y no el comercio.- Héctor Astudillo insiste en señalar que en el Módulo se realiza una actividad comercial pero no dice nada acerca de lo que está haciendo su mal gobierno para resolver el problema de la inseguridad y por hacer justicia a las víctimas de la violencia social en Chilpancingo, que es su responsabilidad y que si cumpliera su trabajo, nuestra lucha y nuestro Módulo no tendrían razón de ser. Se muerde la lengua cuando dice que en el desalojo se respetaron los derechos humanos, sabiendo que nos despojo de un instrumento de información, expresión, manifestación, reunión, solidaridad y financiamiento de nuestra lucha por la justicia y contra la impunidad.
En las “brillantes” y dolosas intervenciones en contra de TADECO y el Comité de Familiares en la sesión de cabildo del 14 de julio por parte de los ediles María del Socorro Modragón Sosa, José Luis García Ramírez, Salustio García Dorantes, Mayra Morales Tacuba, Antonio Gaspar Beltrán, Julián de la Rosa Peláez, Yuridia Bello Calvo y su jefe Héctor Astudillo, nunca se mencionaron los nombres de las víctimas y las circunstancias en que se dieron los casos de desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales que se reclaman en el Módulo, menos los que corresponden a ciudadanos chilpancinguenses; tampoco los problemas y necesidades que tienen ahora los familiares de las víctimas y menos aún cuál ha sido la intervención del Cabildo ante los casos en donde ha estado implicada la policía municipal y que se ha planteado ante las instancias de justicia estatal y federal sobre éstos problemas a favor de las víctimas y de sus familiares.
Por ello repudiamos el acuerdo del cabildo del mal gobierno de Chilpancingo del 14 de julio pasado y por ello seguiremos denunciando su carácter faccioso, su complicidad por omisión en los casos que reclamamos justicia y su carácter antidemocrático y antipopular, claramente al servicio de los grupos de poder económico que seguirán usufructuando para su beneficio los servicios y el comercio en la ciudad de Chilpancingo en contubernio con esa clase política que solo destaca en la lucha por el poder y el botín que les significa el ayuntamiento de Chilpancingo. Ahora, llevaremos nuestra denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las instancias internacionales correspondientes y llamaremos a la solidaridad con nuestra lucha a las organizaciones sociales que a lo largo y ancho del país, al igual que nosotros, han emprendido una digna lucha contra la inseguridad pública y la impunidad y pugnan por una paz con justicia y dignidad
Al cabildo de Chilpancingo y a su jefe Astudillo les reiteramos que no tendrán paz mientras a nuestros desaparecidos y asesinados no se les haga justicia y que a los cargos que pretendan brincar en su loca carrera oportunista por mantenerse en el poder y seguir viviendo del erario público, la memoria de nuestras víctimas los perseguirán. Ante las enfermizas declaraciones del Director de Gobernación Jorge Adame Alarcón y el Secretario del Ayuntamiento Joel Eugenio Flores, en el sentido de que “ya nos chingaron”, les respondemos que podrán solazarse con los materiales que nos despojaron y hasta destruirlos como “botín de guerra”, pero no podrán borrar de su conciencia que junto a la memoria de nuestros amigos y familiares desaparecidos y asesinados, estará siempre presente su indolencia, su soberbia y su complicidad.
A muchos de éstos malos “representantes populares” los veremos pronto en campañas políticas, “seguramente con recursos bien habidos” y prerrogativas que saldrán de los bolsillos de nuestro malogrado pueblo e incluso de los familiares de las víctimas que hoy reclamamos. Ya veremos si fructifica su proselitismo político, después de abonar con tan “patrióticas decisiones” su taimado currículum y maquillar su imagen con la sangre de las víctimas y el dolor de sus familiares.
Finalmente nos preocupa el tono y el sentido de la intervención del regidor Antonio Gaspar Beltrán en la sesión de cabildo mencionada, cuando señala que le “gustaría conocer el trasfondo de ésta recomendación” (de la CODDEHUM) y agrega más adelante que …”creo que el contenido de la recomendación aparte de que está fuera de tiempo, sus propósitos que hay escondidos en ésta recomendación a mi me parecen insanos…”, pues cuestiona y pone enentredicho la probidad de la CODDEHUM y de su propio Presidente, haciendo evidente que como dice el dicho popular “el león cree que todos son de su condición”. De nuestra parte reconocemos la labor de la CODDEHUM y sabemos que contaremos con su intervención imparcial y apegada a los principios de los derechos humanos en las acciones que seguiremos llevando a cabo.
Es evidente que la guerra de los malos gobiernos contra el pueblo no solamente se libra con masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, con la criminalización y la represión, también con la denostación, la mentira, la indolencia, la impunidad y el pisoteo de sus derechos.
Por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos, seguiremos exigiendo la presentación con vida de nuestros desaparecidos, esclarecimiento y castigo a los culpables de los asesinatos y la libertad de los presos políticos. Seguiremos exigiendo respeto a nuestros modos y formas de lucha, en especial la restitución de nuestro Módulo como una herramienta para la difusión y sostenimiento de nuestras actividades de apoyo a los familiares de las víctimas de la violencia social y haremos valer nuestros derechos de reunión, manifestación, expresión, información, cultura y a la ciudad a pesar de grupos facciosos enquistados en las oficinas de los malos gobiernos como el de Chilpancingo.
Chilpancingo, Gro. a 21 de agosto del 2011
Matan al comisario ejidal de Ocoroni, Sinaloa
López Bernal presidió el mes pasado protestas de campesinos en demanda de pago de tierras
Javier Valdez Cárdenas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 21 de agosto de 2011, p. 27
Culiacán, Sin., 20 de agosto. El presidente del comisariado ejidal del poblado Ocoroni, municipio de Sinaloa, Juan Manuel López Bernal, quien el mes pasado encabezó movilizaciones de campesinos en demanda del pago de tierras que les fueron expropiadas, fue localizado muerto hoy con lesiones de bala y huellas de tortura, informó la Policía Ministerial del Estado.
Sus familiares indicaron que hombres armados lo interceptaron el viernes cuando circulaba en un vehículo con su familia por la carretera Estación Naranjo-Guasave. Los homicidas dejaron libres a esposa y a sus tres hijos y a él se lo llevaron. El cadáver fue encontrado alrededor de las 6 horas de este sábado en la carretera Benito Juárez, cerca del poblado Tesitos, municipio de Angostura.
A mediados de junio, ejidatarios de Ocoroni bloquearon la carretera México 15, municipio de Guasave, en demanda de que se les otorgara indemnización de más de 500 millones de pesos por 7 mil 500 hectáreas que les fueron expropiadas por el gobierno federal para la construcción de la presa Guillermo Blake. Esta lucha ejidal involucra a cerca de 21 ejidos de la región, entre ellas Genaro Estrada y El Caimán.
López Bernal encabezó este movimiento que bloqueó la circulación en esa vía federal durante dos horas, y más tarde cerró el tráfico por la calle Doctor de la Torre (o La 19) en el centro de de Guasave, frente al Tribunal Unitario Agrario.
Su antecesor, de nombre Pedro Lugo Rivera, quien además era presidente del módulo de riego El Sabinal y también enarboló esta demanda, fue asesinado a tiros el 16 de mayo de 2009 luego de encabezar movilizaciones y gestiones durante más de 10 años para exigirle al gobierno federal el pago de estas tierras. Dirigentes regionales dijeron que los inconformes tenían programado realizar nuevas movilizaciones durante agosto y acudir a la ciudad de México para entrevistarse con servidores públicos federales, en torno a sus exigencias.
Javier Valdez Cárdenas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 21 de agosto de 2011, p. 27
Culiacán, Sin., 20 de agosto. El presidente del comisariado ejidal del poblado Ocoroni, municipio de Sinaloa, Juan Manuel López Bernal, quien el mes pasado encabezó movilizaciones de campesinos en demanda del pago de tierras que les fueron expropiadas, fue localizado muerto hoy con lesiones de bala y huellas de tortura, informó la Policía Ministerial del Estado.
Sus familiares indicaron que hombres armados lo interceptaron el viernes cuando circulaba en un vehículo con su familia por la carretera Estación Naranjo-Guasave. Los homicidas dejaron libres a esposa y a sus tres hijos y a él se lo llevaron. El cadáver fue encontrado alrededor de las 6 horas de este sábado en la carretera Benito Juárez, cerca del poblado Tesitos, municipio de Angostura.
A mediados de junio, ejidatarios de Ocoroni bloquearon la carretera México 15, municipio de Guasave, en demanda de que se les otorgara indemnización de más de 500 millones de pesos por 7 mil 500 hectáreas que les fueron expropiadas por el gobierno federal para la construcción de la presa Guillermo Blake. Esta lucha ejidal involucra a cerca de 21 ejidos de la región, entre ellas Genaro Estrada y El Caimán.
López Bernal encabezó este movimiento que bloqueó la circulación en esa vía federal durante dos horas, y más tarde cerró el tráfico por la calle Doctor de la Torre (o La 19) en el centro de de Guasave, frente al Tribunal Unitario Agrario.
Su antecesor, de nombre Pedro Lugo Rivera, quien además era presidente del módulo de riego El Sabinal y también enarboló esta demanda, fue asesinado a tiros el 16 de mayo de 2009 luego de encabezar movilizaciones y gestiones durante más de 10 años para exigirle al gobierno federal el pago de estas tierras. Dirigentes regionales dijeron que los inconformes tenían programado realizar nuevas movilizaciones durante agosto y acudir a la ciudad de México para entrevistarse con servidores públicos federales, en torno a sus exigencias.
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