viernes, 8 de febrero de 2013

Tras acuerdos, reanudan labores en la JLCA de Zihuatanejo


Satisfacen demandas a inconformes; cambian de tribunal al funcionario acusado

Tras acuerdos, reanudan labores en la JLCA de Zihuatanejo

Trabajadores pasaron la noche fuera de la dependencia; denuncian amenazas y hostigamiento
HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 7 de febrero. Trabajadores administrativos y del departamento jurídico de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Azueta (JLCA) se reincorporaron a sus labores alrededor de las 3 de la tarde, debido a que lograron que se cambiara de junta al secretario general, Héctor Irra Mendiola, a quien desde ayer acusaron de hostigamiento laboral y acoso sexual.
Después de pernoctar en las afueras del edificio de la JLCA, hoy por la mañana las secretarias de esa sala denunciaron que el presidente de esa dependencia, Marco Antonio Benítez Lorenzana, les dijo que los iban a demandar penalmente por haber comenzado la protesta y les levantarían actas administrativas a los inconformes.
“Y aparte nos dijeron que si no paramos la primera cabeza que se va es nuestro vocero el licenciado Juan Chávez López y la licenciada Anahí Sánchez Hernández, que es la secretaria de Acuerdos”, dijo la secretaria Marina Valle.
Los manifestantes no dejaron de gritar “Fuera, Héctor Irra”, y lanzaron gritos de protesta contra el abogado particular Manfredo Amable a quien acusaron de “meter las manos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje”
Alrededor del mediodía los voceros Sánchez Hernández y Chávez López denunciaron que en el transcurso de la madrugada sufrieron amenazas.
Informaron que ayer, Rosa Elena Sánchez Gordillo les comunicó que ya iban avanzando con el pliego petitorio en el sentido de que se les depositaría a los actuarios de la JLCA los viáticos que en más de un año no les han cubierto, así como a la secretaria del área Obrero Patronal su salario atrasado de seis meses y el aguinaldo que le debían, como también el cambio de Irra Mendiola.
“Y que inmediatamente ya estaba siendo anunciado el cambio de Héctor Irra Mendiola, secretario general de esta junta, el cual estaba firmando el director del Trabajo; eso fue a las 11:30 de la mañana”, dijo Sánchez Hernández.
Sin embargo, al esperar el oficio donde estarían los acuerdos, subieron a la JLCA para ver que sucedía y les comentaron que “no sabían mandar un fax”.
También manifestaron que en la madrugada fueron amenazados por gente que no está adscrita a la Junta de Conciliación y Arbitraje.
En el oficio recibido les dijeron que no tuvieran contacto con los medios y que el presidente de la sala, Benítez Lorenzana les dijo que habló con el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, porque les serían levantadas actas administrativas.
Pasadas las 2 de la tarde, Irra Mendiola bajó y confirmó que fue cambiado por el subsecretario de Trabajo, Miguel Ángel Cuevas a Chilpancingo, y que “las denuncias de los paristas fueron infundadas ya que eran cuestiones personales”.
Sobre el hostigamiento laboral y acoso a las trabajadoras, se limitó a decir que era disciplina.
Al final, en medio de aplausos, los trabajadores de la junta, subieron aprisa a su área de trabajo.

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Entran 400 militares a pueblos de Ayutla; causan temor, señalan


Unos 200 ocupan la secundaria de El Timbre; el resto pasa por Barranca Tecuani

Entran 400 militares a pueblos de Ayutla; causan temor, señalan

La Upoeg colabora con la militarización de la zona, señalan comités de autodefensa de La Montaña
Los dirigentes de la Crac están en la lista de delincuentes que piensa detener y entregar, alertan
CORRESPONSALÍA ( )
Chilpancingo, 6 de febrero. Unos 200 soldados del Ejército incursionaron ayer en el poblado El Timbre, del municipio de Ayutla, informó el secretario de la Organización de Pueblos Indígenas Me´phá (Opim), Cuauhtémoc Ramírez.
En entrevista, denunció que los militares acamparon en una escuela secundaria, por lo que se suspendieron las clases.
El hecho ocurrió mientras en la ciudad de México el gobernador Ángel Aguirre Rivero y representantes de asociaciones civiles de la entidad, entre ellas la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg), se reunían con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para informarle de los avances de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadpi) con la cual, según un boletín del gobierno de estado, los ciudadanos que mantienen la autodefensa en Ayutla y Tecoanapa “dejarán de utilizar capuchas y máscaras”.
Un número igual de soldados llegó también al poblado de Barranca Tecuani, en recorridos hacia otras comunidades de esa zona. “No sabemos el motivo de los operativos, pero están causando temor entre la población”, dijo el dirigente de la Opim.
Ramírez opinó que la presencia del Ejército en la zona es consecuencia del movimiento de autodefensa impulsado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg); “es un proceso de contrainsurgencia que hemos vivido desde el año 2000 en esta zona, con la presencia de grupos paramilitares y del Ejército”.
Agregó que la Opim reconoce y apoya la lucha de autodefensa armada que impulsaron los pueblos de Ayutla y Tecoanapa contra la delincuencia organizada, pero el problema ahora es que regresa la militarización a la zona, que ha sido funesta para los pueblos mixtecos y tlapanecos.
En tanto, mediante un comunicado de prensa, los consejos de Gobierno, Seguridad y Justicia de Temalacatzingo, Cualac y Huamuxtitlán advirtieron “de la política de infiltración que se ha desatado a través de organizaciones como la Upoeg”.
“Es muy peligrosa la estrategia que ha empezado a desplegar el gobierno del estado a través de organizaciones como la Upoeg y Antorcha Campesina, que han recibido financiamiento de gobierno para desplegar en La Montaña y otras regiones brigadas donde supuestamente están construyendo la autodefensa popular y gestionando servicios”, agrega el comunicado.
Afirma que “lo que están haciendo es usar ese pretexto para militarizar a las comunidades, manipular a la gente y señalar a las personas que pueden ser detenidas, como es el caso de Ayutla, donde los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) están en la lista de los supuestos delincuentes que la Upoeg piensa detener para luego entregarlos a los cuerpos militares o policiacos”.
Aseguran que “no son pobladores de esos lugares quienes ponen los retenes, sino personas extrañas con porte militar, que no son del pueblo. Esto nos lleva a pensar que la Upoeg es una organización contraria al pueblo y se ha constituido para realizar el trabajo sucio al gobierno, como ha ocurrido en otras regiones de América Latina”.

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Trabajadores de la JCA de Azueta acusan al titular de violencia laboral


Paran labores y se declaran en plantón además por violaciones al contrato colectivo de trabajo y condiciones labores inadecuadas

Trabajadores de la JCA de Azueta acusan al titular de violencia laboral

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 6 de febrero. Trabajadores administrativos y del departamento jurídico de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Azueta pararon labores desde las 10 de la mañana, en protesta a las violaciones a su contrato colectivo del trabajo, ya que alegan han sufrido desde hostigamiento y violencia laboral, además de que no se les ha nivelado el salario, por lo que pidieron la renuncia del titular Héctor Irra Mendiola.
El representante de los agraviados, Juan Chávez, manifestó que Irra Mendiola ha incurrido en actos de hostigamiento y que los empleados del tribunal laboral no cuentan con la homologación de las categorías para el personal jurídico.
Expresó que falta personal administrativo y jurídico en la Junta de Conciliación y Arbitraje, como son actuarios y mecanógrafas y que desde el mes de abril de 2011, no reciben viáticos los abogados que laboran en esa sala, por lo que muchas veces tienen que comprar su propio material para hacer su trabajo.
“No tenemos ni papelería, muchas veces sacamos nosotros las copias, hemos traído hasta nuestras computadoras de la casa”, dijo.
Mencionó que otra de las quejas de los 20 empleados que laboran en la JCA, es que Irra Mendiola castigó a una secretaria al tenerla solamente sentada por quejarse de violencia laboral; “usaba violencia verbal, psicológica, y la mantuvo un año sentada sin que trabajara, en represalia por quejarse”.
Al grito de “Fuera Irra, la junta no te quiere” y con pancartas de protesta, los inconformes entregaron a los medios el pliego petitorio en el que solicitan que intervenga directamente el gobernador Ángel Aguirre Rivero o alguno de los secretarios del gobierno estatal.
Alrededor de las 12 de la tarde, advirtieron que hasta no tener diálogo con los funcionarios estatales, no dejarían el paro laboral a las afueras del edificio de la Junta.
Cerca de las 7 de la tarde, Chávez dijo vía telefónica que no han recibido solución alguna y al contrario, los han persuadido de que dejen el paro laboral, pero que pernoctarían esta noche en el lugar.

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CARTONES DE LA JORNADA






Miles en Iguala, Tecpan, Zihuatanejo y Tlapa se suman a las movilizaciones


Se rebasaron las expectativas, dice el diputado Emiliano Díaz

Miles en Iguala, Tecpan, Zihuatanejo y Tlapa se suman a las movilizaciones

I. SALGADO, R. VALADEZ, H.
 CASTRO Y S. CISNEROS ( Corresponsales)
En el aniversario 96 de la promulgación de la Constitución mexicana, más de 10 mil maestros de la sección 14 del SNTE y de la sección 10 del Suspeg –cuya dirigencia había anunciado que no participaría– marcharon en Iguala y se concentraron en la plaza de las Tres Garantías en protesta por la reforma educativa.
Provenientes de Taxco, Huitzuco, Teloloapan, Cocula, Tepecoacuilco, Copalillo, Atenango y 10 municipios más, gritaban consignas como “El SNTE enfatiza: la educación no se privatiza”, “Pueblo, escucha, el SNTE está en la lucha”, “Auxilio, socorro, la reforma vale gorro” y “Nos tienen que escuchar o paro nacional”. La columna de más de 1 kilómetro llegó a la plaza.
El diputado Emiliano Díaz Román dijo que se rebasaron las expectativas y que esta marcha refleja el interés y la preocupación del sector educativo: “hemos sido respetuosos para no afectar a los educandos en los diferentes niveles educativos, pero es estrategia de la dirigencia nacional ir avanzando en las estrategias de lucha”.
En el templete, el analista político, historiador y jefe de Enseñanza, Salvador Román Román, dijo que la educación pública no es un fracaso, sino un éxito porque gracias a ella “tenemos una sociedad más crítica, mejor informada, más participativa, más madura, con mayores expectativas sociales, y las reformas políticas que se han dado en México han sido gracias al empuje de la sociedad civil que se ha formado en la escuela pública”.
Agregó que la Carta Magna es un documento al que la clase política representada en el Congreso de la Unión “le sigue poniendo parches mal pegados que atentan contra los intereses de la educación en México y en particular contra los derechos históricos y legítimos que asisten al magisterio nacional”.
Tecpan
Autoridades de la Subdelegación de los Servicios Educativos en esta región informaron que unas 15 escuelas de prescolar, primaria y secundaria suspendieron labores debido a que los profesores participaron en las marchas de rechazo a la reforma educativa y laboral en Zihuatanejo y Chilpancingo.
Además de los planteles que cerraron sus puertas, en otros casos fueron enviados representantes a las marchas convocadas en Chilpancingo por la Ceteg, y en Zihuatanejo, por la sección 14 del SNTE.
De acuerdo con el inspector general del Sector 08 de educación Primaria, Fernando Suástegui Salomé, 13 escuelas suspendieron labores en Tecpan, Atoyac y Benito Juárez, entre ellas la primaria General Vicente Guerrero, de la comunidad de Papanoa; la primaria Lázaro Cárdenas, de Atoyac, y 11 más de la zona 72.
Por su parte, el inspector general de Secundarias Generales, Gustavo Hernández Villegas, reportó que las escuelas Moisés Sáenz, de Tecpan, y Melchor Ocampo, de la localidad de San Luis San Pedro, en este municipio, así como la Ignacio Manuel Altamirano, de San Jerónimo, y Mi Patria es Primero, de Atoyac, cerraron sus puertas, con lo cual afectaron a 3 mil 56 estudiantes.
La secundaria técnica 180 Valente de la Cruz Alamar, en San Luis de la Loma, se unió a la suspensión, indicó Juan Méndez Mejía, inspector general de Secundarias Técnicas de la zona 08.
Hasta la tarde, las autoridades educativas no dieron a conocer si hoy se reanudarán las labores.
En Zihuatanejo, 2 mil 500
En coordinación con las protestas en el estado, 2 mil 500 profesores de la sección 14 del SNTE de la Costa Grande marcharon por las calles de Zihuatanejo contra la reforma educativa y en defensa de la educación gratuita.
Los docentes que se empezaron a juntar a las 7 de la mañana en la explanada del ayuntamiento de Azueta, procedentes de Atoyac, San Jerónimo, Tecpan, Petatlán, Zihuatanejo, La Unión y Coahuayutla, comenzaron a marchar cerca de las 11:30 con consignas como: “Televisa idiotiza, el maestro concientiza”, “Educación, primero, al hijo del obrero; educación, después, al hijo del burgués”.
El profesor Alfredo Cervantes Sánchez, de Coahuayutla, dijo que la demanda por la no privatización de la educación es la misma que la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
El docente de primaria de Atoyac Antonio Nieves manifestó que los maestros no pueden permitir que se privatice la educación y que mañana regresarán a labores normales después de la concentración de toda la docencia del SNTE de la Costa Grande.
Los inconformes corearon las consignas usuales y en carros con altavoz explicaron que el gobierno federal debe dar más recursos a la educación y no venderla como si fuera una mercancía, mientras gritaban: “Televisa, entiende: la educación no se vende”.
Padres de familia en Tlapa
Padres de familia y maestros de la sección 14 del SNTE se unieron a las movilizaciones que se desarrollaron en otras regiones del estado, marchando en la ciudad en rechazo a las reformas laboral y educativa.
Unas mil 500 personas, entre madres de familia, alumnos y profesores de 20 delegaciones de la región de La Montaña, marcharon del hospital general al Zócalo.
Durante la marcha, los maestros coreaban: “Educación, primero, al hijo del obrero; educación, después, al hijo de Elba Esther”.
Durante el mitin en el Zócalo, Hugo Vázquez Acevedo, secretario de Organización 3, mencionó que el pleito no es entre el magisterio, sino contra el gobierno que ha hecho un pacto entre los tres partidos con el fin de pisotear a la gente más pobre y generar más ingresos a los ricos del país, con la aprobación de las reformas laboral y educativa.
En su participación, Misael Martínez, secretario de Trabajo y Conflictos de Educación Indígena, informó que se reunirán en todo el país 5 millones de firmas de padres de familia que rechazan la reforma laboral; mencionó que al estado de Guerrero le tocará recabar 100 mil firmas y la región de La Montaña aportará 13 mil, las cuales se deberán recaudar durante las siguientes dos semanas para ser presentadas en el comité nacional.
“Queremos que los padres de familia se unan y apoyen de manera total esta causa para fortalecer más los movimientos que se estarán realizando y poder echar abajo esta aprobación de ley que algunos diputadillos del estado aceptaron; no nos desesperemos, compañeros, y no hagan caso de que algunos dirigentes queremos vender al SNTE”, añadió.

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domingo, 3 de febrero de 2013

CARTONES DE LA JORNADA



Se enfrentan los empleados de la empresa Fonatur y opositores


Acusan a la concesionaria de intentar cerrar el paso al muelle en Zihuatanejo

Se enfrentan los empleados de la empresa Fonatur y opositores

“Los corrimos de manera grosera porque ya quieren controlar”, señala lanchero tras el altercado
HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 2 de febrero. A punto de cumplir dos años de resistencia, más de 30 opositores a la empresa Fonatur SA de CV, se pelearon con empleados de la Administración Portuaria Integral (API), ya que los trabajadores de la particular, quisieron comenzar a taladrar el acceso al muelle principal para colocar una cadena, lo que causó un pleito.
Denunciaron que alrededor de las 3 de la tarde empleados de Fonatur Operadora Portuaria SA de CV, comenzaron a taladrar por órdenes de la API para colocar una cadena y cerrar el acceso a todo lo que es el muelle donde atracan los lancheros turísticos sus embarcaciones y midieron el paso del acceso, lo que causó que se reunieran pescadores ribereños y lancheros para impedirlo.
José Miguel Alba, lanchero de la cooperativa Yates del Pacífico, expresó que junto con el presidente de la cooperativa Vida Sana, Benigno Guzmán, “los corrimos de manera grosera, porque ya quieren controlar”.
Explicó que la cadena es para la restricción de la entrada de automóviles particulares, pero también para que los opositores a la concesión a la empresa Fonatur SA de CV no puedan pasar.
Subrayó que son 12 metros donde la API piensa colocar la cadena y que “todos los de la Fonatur, trabajan para la la administradora”.
Resaltó que en el altercado con los empleados de la empresa, en unos minutos se juntaron más de 30 opositores de diversas cooperativas entre ellos pescadores ribereños, cimbreros y lancheros turísticos.
“Nosotros no nos vamos a dejar; estamos organizados y vamos a pelear; somos pasivos pero no tontos; aquí ya no hay gobierno, desconocemos al gobierno, nosotros somos la resistencia”, dijo.
Por su parte, el lanchero Javier Vargas criticó que incluso los de Capitanía de Puerto “son los mismos”.
“Estos políticos son la misma cosa, no les interesa defender al pueblo, yo soy de aquí y ahora viene otra gente a darnos órdenes”, dijo Alba.
Sobre la última reunión en cabildo con el alcalde Eric Fernández Ballesteros, quien prometió pedir la revocación, señalaron que que ni él ni el gobernador Ángel Aguirre Rivero les han dado solución para la revocación a la concesión que tiene la empresa desde hace dos años “es la misma lacra”.


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Siete comunidades de Tecpan deciden no pagar la luz como los de Papanoa


Comisario municipal reclama cobros justos por el servicio

Siete comunidades de Tecpan deciden no pagar la luz como los de Papanoa

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)
Tecpan, 2 de febrero. Habitantes de siete comunidades de este municipio se unieron a consumidores de Papanoa que se niegan a pagar los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como una forma de exigirle que aplique tarifas justas en el cobro por consumo de energía eléctrica.
Lo anterior fue dado a conocer por el comisario municipal de Papanoa, Darío Real Gutiérrez, quien indicó que la inconformidad de los pobladores surgió seis meses atrás cuando a las casas comenzaron a llegar cobros “inexplicables y fuera de lo normal, que no justificaban el consumo que se hacía en los hogares”.
En ese sentido dijo que los pobladores de Puerto Vicente Guerrero, Parada del Puerto, Los Laureles, La Cuesta, Estero Colorado, El Rincón y Manzanillal, manifestaron que se niegan a pagar los recibos luego de que el fin de semana pasado personal de la CFE acudió a Papanoa a revisar algunos domicilios donde el cobro llegó elevado sin que encontraran la causa del aumento.
“Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo con los representantes de la empresa y se han negado también a que en esa zona se aplique una tarifa única, a pesar de que se les ha explicado que en esos pueblos hay pocas fuentes de trabajo y la gente carece de recursos económicos para poder pagar los recibos”, abundó el comisario.
Abundó que la decisión fue tomada durante las reuniones que han sostenido los afectados después de que los trabajadores de la paraestatal han visitado esas poblaciones.
Real Gutiérrez explicó que hay casas donde regularmente el cobro era de 150 y 200 pesos cada dos meses y de pronto los recibos llegaron de mil y mil 200 pesos, sin que haya más aparatos eléctricos que justifiquen el incremento.
Manifestó que debido a esa situación las personas afectadas decidieron negarse, igual que los de Papanoa, a pagar sus recibos y están también en la postura de impedir que se les corte el servicio.
Por último informó que el domingo se reunirán de nueva cuenta con los representantes de la CFE de Cuernavaca, Morelos con el propósito de llegar a acuerdos para solucionar esa situación.

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Relata miembro de la Policía Comunitaria su secuestro por la delincuencia organizada


Fue llevado a casa de El Cholo, delincuente detenido por la autodefensa, dice el anciano

Relata miembro de la Policía Comunitaria su secuestro por la delincuencia organizada

MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 2 de febrero. De camino a Miahuichán (San Luis Acatlán) donde tomaría protesta como comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla, fue interceptado y levantado por gente de la delincuencia organizada. Un hombre anciano dio el testimonio de su secuestro que, supone, fue por confusión.
El anciano ahora es miembro de la Policía Ciudadana del movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa.
Con algunos problemas para hablar español –su origen es mixteco, y su idioma el nu savi–, relató que lo capturaron el 23 de noviembre pasado, a las 10 de la mañana, se preparaba para ir a Miahuichán. Dijo que le pusieron una pistola en la cabeza, que lo golpearon y lo amenazaron con matarlo. Recordó que al momento de levantarlo, todavía en los caminos de Ayutla, había mucha gente.
Atado de pies y manos, supo que lo subieron a “un cochecito”, oía que decían que lo iban a matar, aunque no sabían con precisión si era el que buscaban, que llevaban picos, palos y una bolsa de plástico para enterrarlo después. Lo que más recuerda de ese momento que lo llevaban en el cochecito, como él dijo con su español atropellado, una discusión entre dos de sus plagiarios porque la bolsa de plástico que llevaban estaba pequeña y su cuerpo no cabría.
Lo llevaron a un lugar apartado, le quitaron la camisa, lo golpearon (patearon y apuñetearon); sintió un golpe en la cabeza que lo hizo perder el conocimiento, el cual recobró cuando sintió que algo lo asfixiaba: con un cable intentaban ahorcarlo. Se desmayó.
El anciano resistió a todo lo demás, hasta un nuevo golpe en la nuca. “¡Este pinche viejo no se muere!”, fue lo último que escuchó de uno de los hombres que lo levantaron.
Reanimó su conocimiento en una casa, comentó que era la de El Cholo, el hombre a quien el movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa tiene identificado como el jefe de la delincuencia organizada en esa plaza. Entre los 54 detenidos que en asamblea del Tribunal Popular presentó el movimiento el jueves pasado, está la familia de El Cholo (dos hermanos, sus padres y su pareja sentimental), acusados desde informantes hasta secuestro.
Lo encontraron a las 6 de la tarde de ese mismo día en un basurero de la zona, muy lastimado por los golpes.
El 24 de noviembre pasado, Arturo Campos, promotor de la CRAC en Ayutla, informó que policías de algunos de los 27 pueblos mixtecos que sumarían a ese sistema de justicia comunitario no pudieron llegar por conflictos con la delincuencia organizada.
El Mezón era una de las cuatro comunidades mixtecas que dejaron la CRAC y se adhirieron al movimiento de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que encabeza el movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa. El Mezón fue sede el jueves pasado de la primera sesión del Tribunal Popular en que juzgarán a los 54 detenidos por los policías ciudadanos.
El comisario municipal de Rancho Nuevo tiene una experiencia similar, también la compartió. Pero su secuestro, aclaró, fue una venganza porque pidió a los ganaderos de su comunidad que crearan un frente común para no pagar la cuota semanal de 500 pesos que les asignó la delincuencia organizada.

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Sigue el éxodo en Petatlán por amagos de paramilitares y abusos del Ejército


“Los que no queremos sembrar droga preferimos huir”, admiten

Sigue el éxodo en Petatlán por amagos de paramilitares y abusos del Ejército

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 2 de febrero. Comuneros que han sido desplazados por la violencia en la zona serrana del municipio de Petatlán, denunciaron que siguen los desplazos debido a los grupos de paramilitares, así como los abusos del Ejército, por lo que continúa el éxodo a otros municipios.
La comunera Adela, avecindada en el puerto, manifestó que la situación de violencia en la sierra alta de Petatlán se ha dado desde el año 1999 y no sólo por las incursiones de grupos armados que siembran estupefacientes, como la mariguana, amapola o el árbol de la coca, sino que también han sufrido abusos de militares.
Relató que “la sierra es un pueblo sin ley, allá lo que domina es la venganza, los que no queremos sembrar la droga preferimos huir”. Subrayó que al no tener oportunidades, muchos campesinos no ven más opción que sembrar estupefacientes, pero quienes se niegan son desplazados o asesinados por los grupos delincuenciales que imperan en la zona.
Criticó que el Ejército sólo entra a las comunidades con el pretexto de buscar droga o supuestos sicarios, pero que “recuerdo que cuando era una niña, el gobierno entraba a comunidades como El Laurel y diario amanecían colgados los hombres, en otra comunidad violaron niñas; por eso yo odio el gobierno verde”.
“Yo lo odio, porque cuando era niña, a mi padre, un hombre trabajador, de paz, el Ejército lo agarró, lo golpeó y se lo querían llevar, yo los odio”, reclamó.
Por su parte, una campesina de la comunidad La Sombra, del municipio de Tecpan de Galeana, resaltó que en un año y medio al menos hubo 10 homicidios, incluso, uno de sus hijos fue asesinado a manos del crimen organizado, por lo que tuvo que huir a otra cabecera municipal.
Las comuneras desplazadas aseguraron que la sierra de Costa Grande y Tierra Caliente han sido abandonadas por las autoridades estatales y que “el gobierno saben quiénes son, no se meten con los sicarios porque son lo mismo, es el mismo negocio”.
Adela agregó que entre los pueblos desplazados de la sierra se encuentran Parotillas, Barranca del Bálsamo, El Laurel, El Camalote, El Durazno, Corrales, El Parotal, Parotitas y San Jeronimito, entre otras.
La comunera desplazada dijo que prefirió huir y que aún ahora en su nueva residencia, saben los desplazados que si declaran, serán perseguidos por los grupos al servicio de los cárteles y “la verdad, si saben que declaramos, vendrán por nosotros porque para ellos, uno es soplón”.


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Sugiere la APPG a pueblos alzados sumarse a la Policía Comunitaria


Critica proyecto del gobernador para regularizar a la CRAC

Sugiere la APPG a pueblos alzados sumarse a la Policía Comunitaria

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 2 de febrero. El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, criticó la iniciativa que pretende impulsar el gobernador Ángel Aguirre Rivero y llamó a los pueblos alzados en armas que se adhieran a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y se sujeten a sus reglamentos.
Consultado durante la celebración por el 41 aniversario luctuoso del comandante Genaro Vázquez, el luchador social consideró que estos alzamientos comunitarios ya se esperaban, aunque sugirió que se deben cuidar las formas y respetar la legitimidad del pueblo.
“Sería una gran contradicción que un levantamiento armado surgiera para que lo coordinara el mismo estado, sería una aberración grande”, sostuvo.
–¿Estás de acuerdo con la iniciativa que está planteando el gobernador para reglamentar a las policías comunitarias?”.
–No, y estamos de acuerdo con lo que sostiene la CRAC, donde ellos se han mantenido bajo los usos y costumbres de sus pueblos y se han forjado una presencia importante. Creo que ahí se tiene que cuidar mucho eso; somos respetuosos tanto de la CRAC como de los movimientos de bases, porque ahí se ve que también pudiera generarse un riesgo de enfrentamientos, porque no están enfrentando a cualquier gente.
Chávez Adame consideró que el gobernador debe legitimar pero al movimiento armado que ha surgido en una policía que sea sustentada como la CRAC.
De hecho, llamó a los pueblos que se están alzando en armas para que se sujeten a los reglamentos internos de la CRAC a fin de que no haya dos movimientos dispersos.
Homenaje al comandante Genaro Vázquez en el Congreso local
Por primera vez, la explanada del Congreso local fue escenario de una ceremonia político-cultural para recordar al comandante Genaro Vázquez, donde integrantes de la APPG exigieron la liberación y presentación con vida de Longino Vicente Morales y el fin al conflicto minero.
Al mediodía, la banda de guerra de la Preparatoria número uno, junto con la escolta de los egresados de las distintas normales del estado hicieron honores a la Bandera para luego recordar al guerrillero guerrerense.
Chávez Adame dijo que por primera vez en la historia se hace el homenaje en el recinto oficial, donde “supuestamente está representada la voluntad popular” y se hace para que se deje plasmada la huella de los guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
“Les va a hacer recordar a ellos (diputados) que es mentira que esté representada la voluntad popular, porque no representan la demanda social, están muy alejados, hay imposiciones, acuerdos, no hay división de poderes”.
El dirigente social exigió a las autoridades a presentar con vida a Longino Vicente Morales, quien es integrante de la APPG, y que nunca haya un atentado más contra la lucha social, ni contra sus representantes.

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Pide la CNDH proteger a los detenidos por la autodefensa


Los retenes civiles en pueblos, contrarios a la Constitución, sostiene la instancia

Pide la CNDH proteger a los detenidos por la autodefensa

Da la Comisión plazo de tres días al gobierno estatal para restaurar la seguridad pública
FRANCISCA MEZA CARRANZA
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Guerrero adoptar medidas cautelares de manera indefinida para salvaguarda de las personas que han sido detenidas en los retenes civiles; también tomar acciones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública para protección de los habitantes en los municipios en los que se presente “el fenómeno” y dio un plazo máximo de tres días para responder si se aceptan.
Mediante el comunicado de prensa CGCP/035/13 fechado ayer, el órgano aseguró que para éste la existencia de los tribunales populares contrarían el contenido del artículo 17 constitucional, que establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma y dio un máximo de tres días.
La CNDH expresó que la instalación del Tribunal Popular en la comunidad de El Mezón, municipio de Ayutla, es un hecho notorio pues tiene como objetivo juzgar a las personas que han sido detenidas en los operativos.
Dijo que la existencias de los tribunales populares, “que pretenden juzgar delitos y amenazan con ejecutar sanciones”, contrarían el artículo 17 que establece categóricamente que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Ante ello consideró necesario la defensa de los derechos humanos a la vida, la integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por los grupos de autodefensa.
Las medidas incluyen dos puntos principales: que se implemente los mecanismos legales necesarios para salvaguardar los derechos humanos a la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por grupos de autodefensa, y que se tomen las acciones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública y se salvaguarden los derechos humanos de quienes habitan los municipios en los que se presente el fenómeno.
Abundó que para ello tomaron en consideración que los usos y costumbres de los pueblos indígenas, por ningún motivo, pueden contravenir a la Constitución Política, ni la Constitución de Guerrero así como las leyes vigentes.

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Ponen centro de acopio de alimentos en apoyo a afectados por incendios en Santa Rosa

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