CARTONES DE LA JORNADA

Autodefensa en Olinalá, Guerrero

“Cajita de pandora”. Reportaje de Cecilia Reynoso y Antonio Mandujano en torno a la autodefensa de Olinalá, Guerrero, del 27 de Octubre al 6 de Noviembre de 2012. Transmitido en el programa “Punto de partida” de Denisse Maerker, Canal 2 de Televisa, el 8 de Noviembre de 2012.

"Falsos Positivos" en la Sierra de Guerrero

La Defensa Nacional informó, mediante un comunicado, que había abatido, en enfrentamiento, a seis supuestos sicarios en la Sierra de Guerrero. Testigos y familiares señalan que los jóvenes fueron sacados de una fiesta familiar por soldados del 19 Batallón de Infantería. Luego de haber sido maniatados y torturados, habrían sido ejecutados por los militares en un paraje accidentado. La Comisión de Derechos Humanos del estado y el Ministerio Público documentan lo que podría ser un caso de falsos positivos atribuible a efectivos del Ejército Mexicano. El terror, que provocan militares y narcotraficantes en la región de Tierra Caliente, desplaza a decenas de habitantes

 

José Antonio Rivera Rosales

 

El Tule, Tecpan de Galeana, Guerrero. Tropas del 19 Batallón de Infantería dieron muerte, en ejecución sumaria, a seis jóvenes de esta región de la Costa Grande de Guerrero, a quienes después presentaron como sicarios caídos en un combate armado. La afirmación consta en múltiples declaraciones de testigos recogidas por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero y por el reportero en la región de la Sierra.

 

El domingo 2 de septiembre un boletín de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero informaba que durante un recorrido de reconocimiento por la Sierra de Tecpan de Galeana, personal del Ejército Mexicano fue emboscado por civiles que abrieron fuego de fusiles. Según la versión oficial, los militares repelieron la agresión causando la muerte de los agresores.

 

En el comunicado, la dependencia dice haber sido informada del enfrentamiento al filo de las 18:00 horas, pero que las actuaciones legales se llevaron a cabo cerca de las 23:00 horas, “debido a las condiciones climáticas y difíciles de la región”. De esta manera, la Procuraduría local dio por buena la versión del supuesto enfrentamiento en el que fallecieron los seis civiles cerca de la comunidad de La Palma, “hechos por los que se inició la averiguación previa GALE/SC/04/431/2012”, según el acostumbrado léxico oficial.

 

Sin embargo es muy distinta la versión tanto de los agraviados como de la generalidad de los habitantes de esta región, para quienes este asesinato múltiple sólo fue el colmo de una serie de atrocidades cometidas por personal militar contra la población civil, por lo menos desde principios de año, cuando se recrudeció el hostigamiento de las unidades militares destacadas particularmente en el área de San Luis de la Loma y San Luis San Pedro, poblados situados sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a los que las tropas tratan como enemigos.

 

Juan Alarcón, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, no adelanta juicios: “Vamos a investigar”, dice; pero reconoce que en la zona han recogido más de 60 quejas por agravios de los miliares cometidos contra la población.

 

El caso, que ya analiza la Comisión, se produjo en un confuso incidente ocurrido el 1 de septiembre en las faldas del Filo Mayor. Ese sábado, un grupo de habitantes de esta pequeña localidad –donde reside una treintena de familias– se congregó para festejar el cumpleaños de Jorge Granados Ávila. La fiesta terminó en tragedia cuando un par de vehículos militares arribaron al lugar, aproximadamente a las 14:00 horas, y se llevaron detenidos a seis miembros de esa familia, incluyendo al festejado.

 

Aquel día los jóvenes no sólo festejaban el cumpleaños de Jorge Granados, quien cumplía apenas 17 años de edad; también despedían a su primo Heber Daniel Granados García, de 17 años, quien unos días después partiría a Querétaro, donde estudiaba la preparatoria.

 

En la reunión estaban presentes, además, Bulmaro Granados Sánchez, recién cumplidos los 17 años un par de días antes, el 28 de agosto; así como Joaquín Granados Vargas, de 37 años, quien era parapléjico. Otros miembros del círculo de amigos eran José Olea López, también de 17 años, y José Carlos Atrixco Isidra, de 23 años de edad.

 

En su derredor se agruparon cerca de una veintena de vecinos y amigos que expresamente acudieron a esta comunidad, donde está situada la casa paterna, para conmemorar tanto los cumpleaños como la inminente separación del grupo, por la partida de cada uno de ellos a sus comunidades ante la aproximación del nuevo ciclo escolar.

 

 

Como se acostumbra en las regiones rurales de Guerrero, las fiestas son citadas a partir del mediodía y se desahogan en el transcurso de la tarde. Jamás se imaginaron que el festejo sería interrumpido de tan abrupta manera.

 

Los militares, todos encapuchados según los testigos, llevaban consigo a tres personas también vestidas como soldados e igualmente tapadas de la cara, pero que en lugar de botas calzaban huaraches. Eran dos hombres y una mujer que iban señalando a cada uno de los presentes en la fiesta familiar.

 

Con un llanto que apenas puede contener, Antonia Ayvar Ureña, abuela del joven festejado, explica que los militares irrumpieron violentamente y que iban a bordo de “dos comandos” (vehículos militares), precedidos por los civiles que los guiaban. Estos últimos, indica, fueron seleccionando de entre los presentes a quiénes se llevarían.

 

—Se los levantaron a las dos de la tarde. Llegaron preguntando nombres: “Tú, cómo te llamas; cómo te llamas”, y los agarraron a todos y los echaron al comando que traían ellos. Se los llevaron a las dos de tarde. Como a eso de las tres escuchamos unos disparos, muy lejos, pero nunca nos imaginamos que los habían matado. Nunca supimos nada, pensamos que los llevaban detenidos.

 

—¿Ellos no opusieron resistencia ni nada?

 

—No, ellos no. Eran como las dos de la mañana cuando pasó una persona en una bestia y fue el que nos dio parte. Llegaron esos médicos forenses y les dijeron: “Venimos a levantar seis cadáveres que nos dijeron que están por aquí”. Entonces nos movilizamos porque los cuerpos se los llevaron a Tecpan.

 

—¿Eso fue el día primero?

 

—Sí, el 1 de septiembre.

 

—¿Celebraban el cumpleaños de quién?

 

—De mi criatura, de Jorgito Granados. Se lo estábamos adelantando porque él se iba a regresar a clases. De ahí se los llevaron y los torturaron de la manera más vil del mundo. Yo lo que quiero es que se haga justicia. Vamos a luchar hasta lo último porque se le haga justicia a mi criatura. Hago responsable a este gobierno si algo me pasa a mí o a cualquier persona que declare. Los hacemos responsables y queremos justicia. Quiero que les apliquen todo el rigor de la ley por lo que hicieron.

 

—Aparte de usted, ¿había otras personas ahí cuando se llevaron a los muchachos?

 

—Sí, porque era un convivio y apenas comenzaba a llegar la gente. Había más personas; estaba ella [Solfina Vargas, también abuela de los jóvenes] y más o menos como 20 personas más.

 

—¿Todos fueron testigos de que se los llevaron vivos?

 

—Se los llevaron vivos. Llegaron preguntando: “Tú, cómo te llamas; cómo te llamas; cómo te llamas”. Se llevaron a todos los que se apellidaban Granados.

 

 

 

 

Solfina Vargas Caro, madre y abuela de los jóvenes Granados, coincide con el testimonio:

 

—Ellos estaban celebrando el cumpleaños de Jorge. Entonces ahí llegaron los soldados y los levantaron. Se los llevaron. Nosotros quedamos con pendiente de dónde se los habían llevado. Oímos disparos. Nosotros no sabíamos si eran disparos o eran cohetes. Pero ya más tarde, la abuela de uno de los muchachos habló preguntando si ya los habían bajado; entonces pasó un muchacho a caballo y vio los seis cuerpos sin vida. Fue ese muchacho el que nos avisó, ya por la noche.

 

—Para que quede muy claro: ¿se los llevaron de una fiesta familiar, se los llevaron desarmados, entre ellos un muchacho inválido, y los ejecutaron?

 

—Sí, así pasó. Se los llevaron de una fiesta y los ejecutaron. Los levantaron de mi casa, de El Tule, y los mataron de una forma muy cruel. Eran puros jóvenes. Queremos que se haga justicia.

 

Desconsoladas, las ancianas Ayvar Ureña y Vargas Caro demandan a las autoridades federales que los asesinos de los jóvenes Granados sean llevados ante la justicia y castigados con todo el peso de la ley.

 

—¿Los cuerpos tienen señales de que hayan sido torturados?

 

—Sí, sí tienen señales. Uno de ellos tiene piquetes en la cara, como con un cuchillo y los dientes quebrados. Todos estaban picados y golpeados. A mi criatura [Jorge Granados, el festejado] me lo picaron, me lo torturaron, y eso no se vale.

 

“¡Quiero justicia, quiero justicia!”, clama a gritos la señora Solfina Vargas, matriarca de la familia Granados y dueña de la casa donde ocurrieron los hechos.

 

Sin rodeos, los agraviados refieren la identidad de los responsables de los asesinatos y de la brutalidad de las tropas contra los civiles: el subteniente Rogelio Rosales Pantoja, un mayor de apellido Solís, un coronel de apellido Dante, adscritos al 19 Batallón de Infantería que, a su vez, está bajo la jurisdicción de la 27 Zona Militar, comandada por el general Benito Medina Herrera.

 

 

Escenario de guerra

 

El doctor Reynaldo Soria Juárez es –dice– un sobreviviente de esta región en la que, a lo largo de los años, muchos de sus compañeros médicos fueron asesinados o huyeron por la violencia recurrente.

 

Esta región de la Costa Grande de Guerrero, situada en las faldas del Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur, es conocida históricamente por su alta incidencia en producción de amapola y mariguana. Esto ha colocado a la entidad como el primer lugar nacional en producción de estupefacientes. Esta incidencia también ha propiciado que los habitantes, con frecuencia, sean vistos por las autoridades federales como traficantes de droga.

 

Militante de la izquierda histórica, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y representante local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que lidera Andrés Manuel López Obrador, el médico Soria Juárez sostiene que los mandos del Ejército Mexicano acantonados en esta región están construyendo un escenario de guerra en cuyo contexto la población civil es vista como “el enemigo”.

 

—¿Cómo es eso de que el Ejército está construyendo un escenario de guerra?

 

—¡Ya lo construyó! Aquí lo que estamos viendo es que el Ejército ya construyó un escenario de guerra. ¿Por qué? Por las siguientes razones: el Ejército ya instaló aquí tres cuarteles en San Luis de La Loma. Está uno, tengo entendido, en una casa de un señor conocido aquí; otro, pasando el río que divide a los pueblos [San Luis de La Loma y San Luis San Pedro]; en total son cuatro bases de operaciones. Entonces nosotros estamos angustiados, tanto la población de San Luis como la población de la Sierra, estamos angustiadísimos. Nosotros vemos un peligro inminente de guerra. Hay un problema: hace varios días el Ejército mató a seis personas [los Granados]. En su declaración, el Ejército dice que eran sicarios que cayeron en enfrentamiento…

 

—Pero no fue enfrentamiento…

 

—No fue enfrentamiento. Las pruebas de rodizonato [prueba hecha para la detección de residuos por disparo de arma de fuego] que se les hicieron a los muchachos en el Servicio Médico Forense salen negativas. Ése es un antecedente de cómo empezó esta situación.

 

—¿Se puede decir que fue una ejecución sumaria?

 

—Fue una ejecución sumaria y después se van dos o tres días [el Ejército], pero regresan a instalar cuarteles. Ellos instalan los cuarteles pero además salen a provocar a la gente. Le han mentado la madre a algunas personas, les han dicho: “Qué me ves, pendejo…”.

 

—¿Hostigan a la población?

 

—Definitivamente. ¿Por qué lo están haciendo? Lo están haciendo para provocar. Y lo que nos da miedo es que al grupo que ellos agredieron venga y les responda, y de ahí se desencadene una guerra de baja intensidad.

 

—¿Estamos en ese ínter, de que se produzca una respuesta de la población?

 

—No, la población no. La población va a ser víctima. El miedo es que algún grupo con los que Ejército pelea –del crimen organizado o como quieran llamarlo– venga y les responda por lo que ellos hicieron. Entonces la población civil queda en medio. Si ellos [los militares] quieren fincar su teatro de operaciones, su teatro de guerra, que lo finquen en otro lado donde no haya gente, donde no hayan niños. Van a morir civiles inocentes como siempre ha pasado. Entonces, el movimiento de la ciudadanía no es ni en contra del Ejército ni en contra del crimen organizado, es una llamada de atención para que se vayan y eviten una mayor confrontación que involucre a inocentes en esta región.

 

 

—¿Ustedes piden la salida del Ejército?

 

—Pedimos la salida del Ejército en buen plan. Es más, ahorita lo que queremos es dialogar con ellos. Si es posible, que se establezca una comisión de nosotros para ir a platicar directamente con los mandos.

 

—¿Está consciente de que el bloqueo de las carreteras es un delito federal, a final de cuentas?

 

—Sí, sí sabemos. Es lo que voy a proponer con la gente, porque otra situación es que los que estemos aquí nos levanten acta y luego que nos lleven a Zihuatanejo. En Zihuatanejo a toda la gente que ha ido de aquí a declarar allá, o que se la ha llevado el Ejército, la ha matado o la ha desaparecido un grupo de allá de Zihuatanejo.

 

—¿Qué personas que han desaparecido o qué otros casos específicos de hostigamiento a la población ha conocido?

 

—El 1 de enero, el Ejército fue al poblado de Santa Lucía y se trajo a un individuo, porque parece que le encontraron afuera de su casa un arma. Se lo llevaron como a las 10 de la mañana. Lo depositaron ante la PGR [Procuraduría General de la República] como a las ocho de la noche. Al otro día, a las nueve de la mañana salió. Ya lo estaba esperando un grupo armado y lo desaparecieron.

 

—¿Y esto fue en Zihuatanejo?

 

—Sí. Otro caso de aquí, de San Luis de la Loma, es el del que vendía autopartes en un deshuesadero. Se lo llevó también el Ejército ahí mismo, a la PGR; la PGR lo remitió a la cárcel. La esposa lo visitó y lo dejó ahí mismo, vivito y coleando, en la cárcel, y al llegar aquí a San Luis de La Loma, le avisan que se había colgado, que se había suicidado.

 

—¿Se puede tratar de un escenario de contrainsurgencia lo que se está armando aquí?

 

—Aquí no hay insurgencia. Este movimiento precisamente trata de demostrar que lo único que queremos es trabajar en paz. Esto no tiene nada de insurgencia ni de política. Éstas son violaciones tras violaciones a los derechos humanos. Yo no lo veo como algo político. Lo veo exclusivamente como un problema de defensa de los derechos humanos. La violación a los derechos humanos aquí ha sido abierta y constantemente. Es una situación ya intolerable: aquí las fiestas nocturnas se acabaron, la alegría juvenil se acabó, en parte por el crimen organizado y ahora por la actitud del Ejército.

 

—Como lo que pasó en Acapulco, que ya casi nadie transita por las calles de noche, ya no hay fiestas, se deprimió la economía…

 

—Este movimiento busca restaurar la tranquilidad. Yo le digo a la gente que en un conflicto, así sea de baja intensidad, la gente común y corriente somos los que la pagamos: los negocios cerrados. En la calle principal de San Luis no hay movimiento de gente. La economía se acaba. Yo soy médico, tengo un consultorio, pero en la noche nadie circula porque tiene miedo, no hay servicio de urgencias en el hospital. Hay testimonios de personas que han parado los soldados y las detienen para investigarlas. Uno no sabe. Uno se dedica a su trabajo. Yo llevo 35 años viviendo en San Luis y me considero un sobreviviente porque todos mis amigos médicos han sido asesinados. Aquí nunca ha habido un médico que lo velen y que tomemos un café porque se murió de un infarto. O los han corrido o los han matado. Ése era un tipo de inseguridad; pero ahora está peor, porque imagínese una guerra en San Luis de La Loma. Por eso nosotros queremos dialogar con el Ejército, con sus mandos…

 

—¿No debiera ser con el gobernador Ángel Aguirre?

 

—No. En todo caso con el gobierno federal, porque esto es federal. Pero el presidente de la República es un dipsómano; él está propiciando todo esto. Toda esta situación que tenemos aquí es producto de [Felipe] Calderón, más de 70 mil muertos en el país.

 

 —¿Este operativo de tropas está encuadrado en el Operativo Guerrero Seguro?

 

—No, no. El Guerrero Seguro es otro. Éste es exclusivamente el Ejército contra un grupo, y con tal de aniquilar a ese grupo no le importa arrasar con la población. Su campo de batalla, en lugar de hacerlo donde está el mal, lo quieren hacer aquí en San Luis. Y nosotros no queremos guerra. Ya estamos cansados: la economía de San Luis se ha venido abajo, la alegría ha desaparecido.

 

El médico refiere que el asesinato de los jóvenes Granados –entre ellos Joaquín Granados Vargas, de 37 años, parapléjico desde hace años debido a un accidente automovilístico– despertó la furia de la comunidad que, tras varias reuniones, decidió organizarse para demandar justicia.

 

Por ello, el 10 de septiembre casi 2 mil habitantes –hombres, mujeres y niños– bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a la altura del puente que divide a las dos poblaciones, San Luis San Pedro y San Luis La Loma. Esto obligó a los mandos militares a retirar parcialmente las cuatro bases de operaciones apostadas en el interior y los linderos de la comunidad.

 

 

 

 

Cadena de agravios

 

Ingeniero de profesión, Leopoldo Soberanis Hernández es un productor frutícola con experiencia laboral de más de una década en Corea y Japón. Apreciado por los habitantes de la región, es uno de los principales líderes naturales de estos poblados asolados por la violencia. Leopoldo explica que, según denuncias de pobladores que por seguridad se mantienen en el anonimato, particularmente esta región de la Costa Grande es vista como un botín por la organización criminal Los Caballeros Templarios, que disputan la zona con otros grupos delictivos como La Familia Michoacana y, probablemente, algún otro grupo del crimen organizado, como Los Zetas.

 

Según esos testimonios, las tropas y mandos del Ejército destacados en la región parecen favorecer las operaciones ilícitas de Los Caballeros Templarios, pues se hacen acompañar de personas de ese grupo delictivo, como Los Tito, para asesinar a quienes no ceden a las extorsiones o a quienes consideran miembros de algún grupo contrario.

 

“El grave problema que afrontamos es que, como población civil productiva, nosotros quedamos en medio de esta disputa en la que intuimos que los militares pudieran tener alguna preferencia”, dice Soberanis Hernández. Esos civiles que operan intercalados con las tropas son los mismos que, en su opinión, señalaron a los jóvenes Granados para serejecutados.

 

—Hay versiones de que, cuando ocurrió el incidente, con los militares iban dos o tres civiles, entre ellos una mujer, con capucha, que iban señalando a las víctimas. ¿Esto es verídico?

 

—Los familiares de los fallecidos nos indican que el Ejército, los que llevaban casco y uniforme, preguntaban a los que se veían como civiles porque no tenían la corpulencia ni el porte de los militares. Todos iban encapuchados; inclusive sus unidades tenían cubierto el número de la matrícula. Entonces no podías identificarlos porque iban totalmente cubiertos. Y esas personas que se veían que eran personal ajeno al Ejército les servían para señalar a quiénes sí y a quiénes no. Ellos hacían algún tipo de seña sobre cómo seleccionar a las personas que se llevarían.

 

—¿Estos civiles iban encapuchados?

 

—Iban encapuchados y entre ellos nos mencionan la presencia de una mujer.

 

—¿Éstos pueden ser miembros de bandas delictivas?

 

—Nosotros consideramos que son miembros del crimen organizado pero que están intercalados, participando en rondines del Ejército para inculpar a terceros inocentes.

 

—O a enemigos…

 

—Sí, o a gente que son enemigos de su grupo.

 

—La versión es que quienes andan tratando de entrar en esta zona son Los Caballeros Templarios. ¿Eso es cierto?

 

—Es una realidad. De hecho apenas hace días aparecieron una serie de mantas desde los municipios de Acapulco hasta Atoyac, y en el municipio de Zihuatanejo. Los Caballeros Templarios están haciendo advertencia a los Zetas de que se abstengan de cometer muertes de personas inocentes. Entonces aquí nosotros no sabemos exactamente cómo está todo este manejo; lo que sí detectamos es que hay presencia de bandas delictivas en la zona.

 

—¿Algunas de esas personas tienen algún tipo de trato con mandos del Ejército?

 

—Nosotros intuimos que hay presencia a partir de que existe personal de estas bandas delictivas infiltradas dentro de los vehículos militares.

 

Soberanis Hernández explica que, tradicionalmente, los militares han cometido una serie de actos, como el hurto, cuando allanan propiedades sin orden judicial. “Ellos se meten a las casas arbitrariamente y hacen actos de pillaje. Roban desde un celular, joyas, dinero en efectivo y enseres domésticos. Han desvalijado casas con todo su menaje: estufa, refrigeradores, salas, comedores y camas. Las casas las dejan totalmente vacías en las comunidades. Han hecho eso aquí mismo dentro del pueblo San Luis”.

 

—¿Se sabe cuántas comunidades se han visto agraviadas por este proceder?

 

—Estimamos un mínimo de 12 o 16 comunidades que han tenido este problema.

 

—¿Cuánta es la población afectada por esta situación anómala?

 

—Directamente afectada tanto por los grupos delincuenciales que pululan en la zona como por el Ejército, fácil estimamos una población de 1 mil 200 o 1 mil 500 personas; pero indirectamente se han visto afectadas por la inseguridad, la violencia y los abusos de poder cerca de 30 mil que habitan la región.

 

En palabras de Soberanis Hernández, con auxilio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside Juan Alarcón Hernández, la comunidad está en estos momentos en la fase de “documentar las atrocidades cometidas por los militares”. En un conteo inicial, suman más de 60 agravios contra civiles que van desde las intrusiones violentas en los domicilios, amenazas, agresiones físicas, pillaje, hurto, hasta la tortura y el homicidio.

 

 

 

Cita algunos de estos casos:

 

El 1 de enero de 2012, los militares incursionaron en la comunidad de Santa Lucía, de donde trajeron detenido a Arnulfo Chávez Cortés, a quien pusieron a disposición de la Procuraduría General de la República. El detenido fue liberado al día siguiente, pero un grupo que ya lo esperaba se lo llevó secuestrado y hasta la fecha nadie sabe de él.

 

En febrero, en Rancho Alegre del Llano, comunidad cercana a San Luis La Loma, las tropas del 19 Batallón de Infantería interceptaron a dos jóvenes, a quienes acribillaron. Uno de los jóvenes era Rubén García Barriga, de 38 años, oriundo de Zihuatanejo. Su acompañante está en calidad de desconocido. Ambos resultaron negativos a la prueba de disparo de arma de fuego.

 

El 5 de mayo pasado, los soldados marcaron el alto a Miguel Cebrero Soberanis, de 21 años, quien conducía un vehículo de su propiedad. Debido al miedo que se le tiene a los militares, el joven originario de San Luis emprendió la huida. En los momentos en que intentó saltar una malla perimetral fue impactado por disparos de los soldados. Su pierna quedó colgada de la malla mientras su cuerpo caía al piso. Ya tirado, los soldados le dieron el tiro de gracia por la boca.

 

—Raúl Magaña es el hombre que, en mayo, fue detenido y encarcelado en el penal de Zihuatanejo, pero quien “convenientemente” se suicidó dentro de la cárcel luego de recibir la visita de su esposa.

 

También en mayo, los productores de mango Heriberto Magaña Aguilar, de 45 años de edad, y su empleado Francisco Javier García Ojendis, de 18, fueron detenidos y torturados por los militares, quienes al día siguiente tuvieron que soltarlos al no comprobarles ningún delito.

 

La peor parte de toda esta cauda de hostigamiento, represión y asesinatos se la han llevado las comunidades rurales de la parte alta de la Sierra. A decir de comisarios, que pidieron reservar sus identidades, la gente ha sido expulsada de la región por una banda armada a la que no atinan a identificar.

 

Según la denuncia, desde principios de año a la fecha esas comunidades se han visto asoladas por ese grupo de desconocidos armados que han expulsado a más de un centenar de familias de las faldas del Filo Mayor, donde los sicarios han asesinado a no menos de una decena de personas. Esas comunidades son Huamilito, La Palapa, Cuaulotal, El Banco, Ojo de Agua, La Maroma, La Caparrosa, La Sombra y El Pantano.

 

Lo paradójico del caso es que al pedir el auxilio de la tropa, los habitantes observaron con desencanto que en lugar de enfrentar a la banda armada, los militares acudieron con vehículos de transporte para llevarse el menaje de las casas: camas, estufas, salas, comedores y hasta enseres de cocina.

 

En lugar de ayudar, el Ejército saqueó las casas abandonadas, sostiene uno de los comisarios de esa región, una zona frutícola y ganadera de las más ricas en la Costa Grande. Hasta el momento la situación en esa zona de la sierra de Tecpan se mantiene sin cambio alguno.

 

La escena del crimen

 

En el caso del multihomicidio de los Granados, lo que jamás imaginaron los militares es que, sin que se percataran, una persona atestiguó directamente los hechos.

 

Felipe, a quien se le guarda la identidad por las previsibles represalias que podría sufrir, es un civil que acostumbra trabajar en ranchos ganaderos de la Costa Grande por temporadas. Ese día, cuando buscaba un animal extraviado, escuchó gritos desgarradores y detonaciones de armas de fuego. Asustado, desde lo alto de una ladera se asomó y, en el fondo de una hondonada, observó cómo un grupo nutrido de militares mantenían sometidos a los seis muchachos. Las víctimas eran interrogadas y constantemente golpeadas en el cuerpo con un palo, además de recibir más golpes en el rostro con el cañón de los fusiles de cargo G-3.

 

Con quien más se ensañaron, asegura Felipe, es precisamente con el joven parapléjico, a quien martirizaron de diferentes formas. Después de interrogarlos, los uniformados les dispararon a corta distancia. Los cuerpos quedaron tirados en un espacio lineal de unos 10 o 12 metros.

 

Situado a unos 100 metros de distancia, sobre lo alto de la ladera, el testigo se aterrorizó y pensó que si lo veían, también a él lo matarían, razón por la que huyó desaforadamente por el lado contrario del cerro.

 

Según su testimonio, el cual ofrecerá ante el Ministerio Público que desahoga el procedimiento penal correspondiente por la comisión de homicidio, no hubo tal enfrentamiento. Se trató de una ejecución simple y llanamente.

 

Con 30 años de ejercicio profesional, experto en escena del crimen, el médico forense Carlos González Ríos ofrece sus impresiones sobre el caso después de visitar el escenario del crimen y observar las fotografías del levantamiento cadavérico, que obran en la averiguación previa GALE/SC/04/431/2012.

 

 

—Con base en lo que usted observó de las fotografías del levantamiento cadavérico de este caso y también lo que observó en el lugar de los hechos, ¿qué es lo que se puede concluir?

 

—Evidentemente hay cosas que no encajan. El sitio que revisé no es un sitio que se preste para una confrontación armada entre dos grupos. Es un sitio relativamente muy pequeño, es un lugar de no más de 30 metros cuadrados. Para una confrontación armada no es apropiado. Una confrontación armada, sobre todo cuando se utilizan armas de grueso calibre, habitualmente se produce en distancias mucho más amplias.

 

Luego, el especialista anota las incongruencias observadas a primera vista sobre la escena del crimen:

 

—La primera incongruencia es que el sitio donde aparecen los cadáveres no es propicio para una confrontación de dos grupos armados. La segunda incongruencia es que los cadáveres, de acuerdo con las fotos que se ven en el expediente, son cuerpos que se encuentran muy cerca uno del otro, como si hubieran estado formados. Estaban en hilera, no en posición de combate, lo que desdice la versión de una supuesta confrontación. Otra incongruencia es la posición en la que quedaron los cadáveres de acuerdo con las fotografías. El rígor mortis no es congruente con una persona que fallece disparando un arma. Más bien tienen posiciones como si hubieran estado maniatados, sometidos.

 

La cuarta incongruencia, indica el médico, que tampoco es coherente con una confrontación armada, es la posición en la que aparecen las armas. “Por ejemplo, uno de los cadáveres tiene la pistola en el muslo, sobre su pierna. Si una persona recibe un impacto de bala de un calibre 7.62, que es de alto impacto, lo más probable es que la pistola la aviente o caiga a los lados. Sin embargo, esta pistola está en el muslo, lo cual en términos de criminalística no es posible”.

 

Añade: “La quinta que yo veo es que el sitio de la confrontación no es un sitio como para que los soldados hayan hecho un recorrido. Más bien considero que se salieron de la ruta de vigilancia por la que transitaban. Es un lugar muy inaccesible. Da la impresión como si buscaran un sitio muy escondido para someter a una persona o torturarla. No es un sitio para una confrontación, es un espacio muy pequeño para ello. Por todo esto –abunda el galeno– concluyo que no hubo una confrontación armada. Por tanto, los militares incurrieron en una conducta que deberá ser esclarecida en los tribunales. Hace falta mucho estudio pericial ahí, tomando en cuenta que el levantamiento cadavérico por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero fue por la noche. Para un lugar de tanta vegetación, pues lógicamente considero que la autoridad no levantó ningún indicio que permita evidenciar cómo sucedieron los hechos.

 

Con rabia contenida, Azael Granados Soberanis, miembro de la familia agraviada,  concluye: “Lo que hizo este gobierno con los Granados es una injusticia, porque ningún artículo de la ley dice que las personas deban serejecutadas cuando están sometidas. Ellos no querían enfrentarse al gobierno, el gobierno fue a buscarlos hasta su casa. Uno de los caídos era inválido, dos de los caídos eran sus pies de él [lo transportaban], y los otros tres eran para sus mandados, pero no para pelear contra el gobierno. Eran para su defensa de él nada más, pero no para pelear contra el gobierno. ¿Por qué? Porque estamos peleando contra una gente que está atacando esta zona injustamente. ¿Sabe quiénes son esos? Son Los Caballeros Templarios los que están haciendo todo ese daño, apoyándose en este gobierno que tenemos aquí. Y lo digo de corazón y no me importa”.

 

Contralínea solicitó entrevista con la Secretaría de la Defensa Nacional para conocer su versión y posición ante los hechos. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

CARTONES DE LA JORNADA

Comunicado del PDPR - EPR

AL PUEBLO DE MEXICO

A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE MEXICO Y EL MUNDO

A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa llegó como ilegítimo y se va también como un chacal, dejando en el país una estela de muerte, ríos de sangre y decenas de miles de detenidos-desaparecidos. Su política policíaco-militar enlutó a miles de hogares, deja decenas de miles de huérfanos y a otros tantos que hoy viven en la incertidumbre permanente por no saber el paradero de padres, hermanos o hijos. Son también más de 100 mil los detenidos en cárceles, la mayoría de ellos con cargos insostenibles; y para cerrar la danza macabra de este gobierno, más de un millón de desplazados por la violencia de Estado.

En el ocaso del gobierno de Calderón, se deja ver el siniestro acuerdo entre panistas y priistas en el relevo del poder Ejecutivo, donde los primeros van zanjando en los tres poderes el camino a los priistas en función de los intereses de la oligarquía y de colofón garantizar impunidad a Calderón y el grupo oligarca y de politicastros que lo apoyó en sus tropelías contra el pueblo.

El puntal legitimador de los cuerpos represivos para sostener su gobierno antipopular ha significado una larga noche de terror para el pueblo, el fuero de facto de la cúpula policíaca y militar está siendo garantizado para continuar con los priistas y panistas en los diferentes niveles de gobierno y en los poderes de la nación. Y asegurar la imposición oligárquica de Peña Nieto, que hoy pone en venta recursos naturales al mejor postor.

En los crímenes de lesa humanidad, las fuerzas represivas (policías de todos los niveles, ejército, marina y paramilitares) son los responsables materiales de asesinatos extrajudiciales selectivos y masivos, de la desaparición forzada de miles de mexicanos y centroamericanos, asimismo de la constante violación a los derechos humanos y constitucionales, crímenes aborrecibles que endosan con facilidad a la mítica delincuencia organizada en afán de librar responsabilidades y culpabilidad.

La guerra contra el narcotráfico, aunque luego la negó, formó parte de la estrategia de contrainsurgencia que los priistas heredaron al PAN y hoy éste se las regresa en una forma exacerbada y generalizada en todo el país, con la misma saña se reprime en estadios de futbol que en centros de educación pública u oficinas sindicales; para los esbirros del sistema lo mismo les da asesinar a mujeres, niños y ancianos, todos con el mote de “delincuentes”.

La “lucha contra la delincuencia” en los hechos ha constituido una guerra no declarada contra el pueblo, una escalada represiva que sólo encuentra aval en los medios de comunicación alineados al régimen y en los tribunales de un Estado de derecho oligárquico. Los grandes cómplices de los crímenes de lesa humanidad y la guerra contra el pueblo son el duopolio Televisa-Tv azteca, los diputados y senadores que convalidaron toda medida policiaco-militar a sabiendas que eran una agresión profusa al pueblo.

Los ganones de la violencia institucional, de la crisis económica y la descomposición social son los oligarcas afines al panismo y el priismo que se reparten como botín de guerra ciudades, parcelas y ejidos, pueblos y rancherías abandonadas a fuerza de la violencia policíaco-militar disfrazada de paramilitares o de la delincuencia que desterraron a sus legítimos dueños. Oligarcas y políticos nefastos son quienes se apropian en subastas amañadas y precios irrisorios de bienes e inmuebles que al pueblo le costó toda una vida de trabajo.

En el acto congruente de la persistencia en la lucha por transformar esta realidad lacerante para el pueblo, fueron detenidos desaparecidos nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, al igual que decenas de miles de mexicanos que han corrido esa misma desgracia. En el marco de la lucha por exigir su presentación con vida se conformó la Comisión de Mediación, que en fecha reciente dio por concluidos sus trabajos.

La lucha por exigir la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos debe continuar por todas formas y medios de lucha que familiares, organizaciones populares y revolucionarias seamos capaces de impulsar.

A los familiares de nuestros compañeros sepan que la lucha debe continuar, ustedes por su trinchera y nosotros por la nuestra; a los familiares de todos los detenidos-desaparecidos les decimos que debemos cerrar filas, nunca desmovilizarnos y seguir exigiendo por todos cauces su presentación así como juicio y castigo a los culpables materiales e intelectuales. Expandiendo la denuncia a nivel nacional y a tribunales internacionales.

Porque la lucha es de todos; porque los presos, los asesinados y los desaparecidos son los hijos del pueblo; porque los reprimidos -por la policía federal y los cuerpos especiales estatales- también son pueblo; porque quienes han perdido su empleo por la crisis o el manotazo presidencial, todos somos parte del pueblo explotado y oprimido. Lo son también los millones de mexicanos que fueron burlados en su voto en las pasadas elecciones, los miles de profesores y estudiantes que defiende la educación pública como un derecho para el pueblo.

Porque ante la lucha contra el régimen neoliberal y el gobierno antipopular, la lucha pacífica y armada emana del pueblo, es impulsada por él mismo y son sus hijos quienes las desarrollan, ya sea en una manifestación pública o en una acción armada revolucionaria. Dos tácticas que deben complementarse con un mismo fin, la defensa de los intereses populares.

Y porque la lucha es de todos hoy nos dirigimos al pueblo y sus organizaciones, a los luchadores sociales, a las personalidades honestas y progresistas y a las organizaciones revolucionarias a emprender un proceso de análisis y discusión para determinar conjuntamente los derroteros de la lucha de nuestro pueblo ante el gobierno genocida, la violencia institucional y la imposición de EPN.

Lo planteamos porque al ser la lucha de todos, debemos marchar conjuntamente y con responsabilidad para la preservación del movimiento popular y del movimiento revolucionario del cual todos somos parte del mismo proceso, la lucha del pueblo por mejorar sus condiciones de existencia y transformar el país.

Por eso ninguna demanda excluye o está por encima de otra, en la lucha popular ningún sector u organización debe imponer su táctica. La justeza de una línea política que contempla estrategia, táctica y método se concretiza en la práctica, en la lucha diaria contra el sistema y en ésta todos hemos caminado al lado de otros en senderos que coinciden o que marchan paralelos, que de acuerdo al momento se bifurcan temporalmente, pero es tiempo de marchar por el mismo camino. Ante la cerrazón, ante la represión, ante la política genocida, ante el autoritarismo y el terrorismo de Estado, ¿Qué debe hacer cada cual en su trinchera?, ¿Actuamos organizadamente o seguimos en las acciones espontáneas y aisladas?, ¿Organizamos la lucha en otros niveles o seguimos poniendo la otra mejilla?, ¿Generalizamos la autodefensa o dejamos que sea masacrado el pueblo?, ¿Se organiza la justicia popular o permitimos seguir siendo víctimas de este Estado de derecho oligárquico?

No deben ser nada más las 23 mil personas las que acusen a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa ante el Tribunal Internacional de la Haya, deben ser muchos más, todos los que hemos sido afectados por su política represiva. Continuaremos solidarizándonos con todos ellos para en el esfuerzo de la elaboración de la larga lista de quienes han sido víctimas y agraviados de esta política represiva.

Ante el terrorismo de Estado no más temor, no más paralización de las víctimas del terror policiaco militar, que las conciencias rompan el silencio e irrumpan con la organización popular para exigir el castigo al criminal Felipe Calderón y sus esbirros.

Por diferentes medios hemos recibido opiniones, sugerencias, observaciones y propuestas sobre la culminación de los trabajos de la Comisión de mediación, motivo por lo cual hacemos extensivo a nuestro pueblo el ¿Qué hacer?, esperando respuesta por diferentes medios orgánicos y ponemos el siguiente correo a disposición para quienes no tengan otra opción de comunicación. resistenciapopular2012@yahoo.com.mx

A nuestros militantes y combatientes cada uno en su trinchera, recogiendo el sentir popular y estar prestos a cualquier llamado de nuestra dirección nacional.

¡A EXIGIR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS!

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

(CC-PDPR)

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

(CG-EPR)

AÑO 48

República mexicana, a 8 de noviembre de 2012.

MPJD entrega documento en la Secretaría de Gobernación para exigir sean atendidos los casos de las víctimas de la violencia

México, D.F., 10 de octubre de 2012 (Redacción MPJD).- El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad realizó un acto frente a la Secretaría de Gobernación para exigir que el gobierno federal atienda y resuelva, como lo prometió en los diálogos en el Castillo de Chapultepec, los casos  de desaparición y asesinatos de sus familiares.

Durante el acto se entregó la carta al Licenciado Carlos Armando Reynoso Nuño, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación con las peticiones al gobierno entre las que se mencionan algunos casos; a continuación la carta:

Lic. Alejandro Poiré Romero
Titular de la Secretaria de Gobernación
Presente

Estamos aquí un grupo de familiares de víctimas que venimos a pedirle un informe de los acuerdos a los que se comprometió el Presidente de la República Felipe Calderón en los diálogos que sostuvimos en el Castillo de Chapultepec el 14 de octubre del 2011. En caso de que no lo tenga, le solicitamos formalmente agendar una reunión para conocer el estado de los temas que le planteamos hoy aquí.

El gobierno del Lic. Felipe Calderón se comprometió con nosotros, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a dar seguimiento a una serie de casos que le fueron dados a conocer durante los diálogos arriba mencionados.

A un año de presentados los casos de personas desaparecidas y asesinadas en los diálogos con el Presidente Calderón no se ha resuelto ninguno. ¿Qué ha pasado con esos casos? ¿Qué ha pasado con los otros casos presentados por el Movimiento durante estos meses de interlocución?

El estado mexicano ha dado una gran lección en estos días, con la participación conjunta dela Marina, el Ejercito, la PGR y el gobierno del estado de Coahuila se ha resuelto en menos de 48 horas el asesinato del joven José Eduardo Moreira, ya se ubicaron a los responsables materiales e intelectuales. Ya hay un número importante de detenidos. Vemos que aquí un caso local, de competencia de las autoridades de Coahuila, fue tomado por las más altas autoridades del gobierno federal y ello venció los requisitos legales que para muchos de nuestros casos ha sido una muralla impenetrable.

En este caso, para variar se encontró la complicidad de policías con el crimen organizado, parece ser el factor común a lo largo y ancho del país, policías, marinos, soldados, federales al servicio del crimen organizado.

Venimos a exigirle cuentas de nuestros casos señor Poiré sabiendo que ninguno de nuestros hijos, esposos, hermanos, se apellidaba Beltrones, Peña Nieto o Muriño, apellidos que de haber estado en nuestro lugar seguramente hubiesen provocado una reacción similar a la del joven Moreira.

El Gobierno Federal no solo ha dado una gran lección de eficacia, capacidad y cuando se tiene voluntad 

política se obtienen excelentes resultados, sino que ha mostrado a todos los mexicanos la existencia de dos clases de justicia, una para la minoría de los integrantes de la clase política nacional y otra para los millones de mexicanos que mendigamos justicia de puerta en puerta sin resultado alguno.

Peor estarían nuestros casos sin la existencia del Movimiento porla Paz, ni siquiera visibles serían, ahí está el caso de don Nepomuceno Moreno, quien le solicito directamente su apoyo al Presidente de la República ante toda la prensa nacional, semanas más tarde fue acribillado sin protección oficial alguno, Don Nepo no se apellidaba Moreira.

Don Trino de Ostula, amenazado de muerte, con una recomendación de organismos internacionales al estado mexicano para darle protección, fue secuestrado de las manos de nuestros compañeros de la caravana y ejecutado más tarde. Tampoco se apellidaba Moreira.

Los casos de Yahaira, la familia de Olga de Ciudad Juárez, el vaquero galáctico y docenas de casos que en PGR se encuentran, tampoco avanzan, usted sabe bien señor secretario que todos ellos no se apellidan Moreira.

También tenemos los casos de Marcial y Eva Alarcón.

Usted secretario representa un gobierno que vive sus últimos días, si alguno de nosotros hubiese apostado que fueran eficaces y capaces en un solo caso, le aseguro que ninguno lo creería, pensaría que se trataba de una broma. Pero vea usted la paradoja de la vida, lo han hecho, lo han hecho maravillosamente bien. ¿No le parece un broche terrible para cerrar su gobierno?

Justicia para unos cuantos, dolor, angustia, impunidad para cientos de miles.

Venimos hoy solamente a pedirles cuentas de los compromisos asumidos con nosotros, queremos escucharlos de sus propios labios. Nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos, también merecen respeto y dignidad, aunque no se apelliden Moreira.

Nuestras Demandas son:

A) Que la información que se rinda sobre los casos y sus avances sea acompañada por la presencia y el testimonio de los titulares de dependencias Federales y los representantes de los Gobiernos Estatales involucrados.

B) Convocar a las instancias Federales y Estatales relacionados con los casos que se le presentaron al Presidente, encontrándose presente: los titulares de la Procuraduría General de la República, SIEDO, las Procuradurías de los Estados y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

C) Entablar una mesa con usted y su equipo para intercambiar las observaciones presentadas a la Ley General de Víctimas, con la finalidad de poder revisar la postura del ejecutivo al veto

D) Que en esta mesa de trabajo que realicemos con usted se nos presente por escrito la negativa a aceptar nuestra propuesta de memorial así como se nos tomó en cuenta para dicho memorial.

E) Que en la reunión donde podamos atender nuestras demandas se puedan revisar y solucionar las Medidas Cautelares con las que cuentan varias de las familias de las víctimas ya que no queremos vuelva a suceder lo ocurrido en los casos arriba mencionados que por negligencia y omisión de su gobierno fueron asesinados   familiares   de   víctimas   cuyos   casos previamente   le   fueron presentados.

F) Dentro de los casos que se fueron presentados se tome en consideración el esclarecimiento del asesinato del Sr. Nepomuceno Moreno.