En el desamparo, 4 mil indígenas damnificados por lluvias en Guerrero

Perdieron viviendas y permanecen en albergues o a la intemperie en espera de ser reubicados

En el desamparo, 4 mil indígenas damnificados por lluvias en Guerrero

Autoridades ofrecieron apoyos a 20 comunidades de la Montaña Alta hace 3 meses, dice ONG

Desplazadas de San Miguel Amoltepec Viejo, municipio guerrerense de Cochoapa El Grande, esperan despensas que la policía comunitaria de Olinalá llevó a su campamento improvisado con láminas y lonas. Sus casas quedaron sepultadas por el paso de las tormentas Manuel e Ingrid. A la derecha, pese al intenso frío niños juegan descalzos en una colonia de Cochoapa, afectada por las lluvias de septiembre pasado. Con recursos propios, el padre y el hermano de esos menores, intentan reconstruir su viviendaFoto Salvador Cisneros Silva/ La Jornada Guerrero

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 8 de diciembre de 2013, p. 26

Chilpancingo, Gro., 7 de diciembre.

Más de 4 mil indígenas cuyos hogares resultaron destruidos o dañados por las lluvias de septiembre pasado en los municipios de Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Metlatónoc y Acatepec, en la Montaña Alta de Guerrero, se encuentran en improvisados albergues directamente a la intemperie, sin saber si serán reubicados y enfrentando las bajas temperaturas de la estación, denunció Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Si no fuera por la presión que ejerce el consejo de comunidades damnificadas de la Montaña, la situación sería peor. Principalmente hay preocupación entre habitantes de unas 20 comunidades de los municipios mencionados porque además no se les ha podido garantizar una estancia digna en los refugios.

Los indígenas se cobijan bajo plásticos porque no les han entregado material para protegerse del frío y los vientos. Se encuentran en completo abandono por las autoridades de los tres niveles de gobierno, aseguró en entrevista telefónica.

Incertidumbre entre pobladores

Aunque les han llegado unos pocos alimentos y en algunos poblados hay comedores comunitarios, no están a gusto porque en esta región no se consumen los productos enlatados. Están esperando que el gobierno les diga si se les va a reubicar y si ya se compraron las nuevas tierras.

http://www.jornada.unam.mx/2013/12/08/estados/026n1est

Barrera Hernández advirtió además que “los pueblos de Filo Acatepec, Tepeyac y Unión de las Peras, del municipio de Malinaltepec, mantienen conflictos por la tierra con la comunidad de Tepecocatlán, del municipio de Atlamajalcingo del Monte.

Estos pobladores están asentados en los límites y tienen temor de ser desalojados si se reactivan los diferendos, dijo.

Acusó a las autoridades agrarias, y de los gobiernos federal y estatal por no dar una atención adecuada a los conflictos:Incluso los presidentes municipales demuestran desinterés, solamente les han entregado láminas y víveres para los comedores comunitarios, pero nada les dicen del problema que tienen por la disputa de las tierras.

Lo más grave, insistió el director de Tlachinollan, es la incertidumbre en que viven estos pueblos indígenas: no saben qué pasará con sus tierras; si serán reubicados en su totalidad o una parte y en qué región. En conclusión han quedado relegados de la ayuda gubernamental.

Abel Barrera manifestó que a los damnificados se les prometió la construcción de casas de madera, lo cierto es que nadie quiere invertir en los damnificados, el gobierno asume una actitud de discriminación hacia los pueblos indígenas de la Montaña Alta, porque relegan a segundo plano esta contingencia. Hay mediocridad e insensibilidad de las autoridades gubernamentales, concluyó.

Siguiente

Subir al inicio del texto

Critica el director de Tlachinollan la criminalización contra la Policía Comunitaria

Abel Barrera: ataques contra la CRAC, para desmembrarla

Autoridades actúan con premeditación contra el proyecto porque está dando resultados, sentencia

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 29 de octubre. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández criticó el “patrón” de criminalización y persecución que ha vivido la Policía Comunitaria a través de los 16 años de su existencia y lo atribuyó a que las autoridades estatales pretenden desmembrar un sistema que ha dado resultados en la impartición de justicia.
Entrevistado sobre las nuevas órdenes de aprehensión que hay contra integrantes de la Policía Comunitaria, Barrera Hernández lamentó que las autoridades estatales y federales sobre todo la PGJE, “han actuado con toda la premeditación para poder socavar este proyecto que ha demostrado tener resultados tangibles en la procuración de justicia”.
Dijo que el actual gobierno se empeña en vulnerar y atentar contra un sistema que está legítimamente arraigado en los pueblos y consideró como una “simulación” las negociaciones y acuerdos que han tenido las autoridades comunitarias con la PGJE: “El diálogo y acuerdos sólo quedan en papel, en la realidad sólo existe una estrategia de querer desmembrar bajo cualquier pretexto este sistema”.
La reciente detención de uno de los fundadores con el argumento de que cometió delitos ambientales, dijo, sólo demuestra “la incapacidad” del gobierno para garantizar justicia y seguridad, ya que a pesar de las grandes inversiones y operativos como el de Guerrero Seguro, “no han podido abatir los índices de la criminalidad y no han podido desmembrar a grupos de la delincuencia organizada”.
De hecho criticó que este tipo de operativos en el estado, va más contra organizaciones sociales como la Policía Comunitaria a fin de demostrar fuerza y causar intimidación, que contra los verdaderos integrantes del crimen organizado.
De igual forma, coincidió con lo declarado ayer por el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, de que estas acciones también van encaminadas para desarticular el movimiento que vienen gestando desde hace varios años en contra de las empresas mineras que quieren asentarse en las comunidades de la sierra y explotar los recursos metalúrgicos, provocando daños ambientales, a la salud y a la economía de sus pueblos.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/10/30/index.php?section=politica&article=003n1pol

Desolador 2009 para la lucha social y los derechos humanos, señala Tlachinollan

Indica análisis que el año pasado se registraron 143 abusos cometidos por el Ejército
Desolador 2009 para la lucha social y los derechos humanos, señala Tlachinollan

Recrimina que ninguno de los casos denunciados tenga una respuesta favorable

LAURA REYES MACIEL ( )

Aunque el año 2009 fue catalogado como el año en el que se vigorizaron y fortalecieron las organizaciones sociales en Guerrero, por igual terminó con una imagen desoladora y evidentes actos de represión del Ejército mexicano y el gobierno del estado contra los defensores de los derechos humanos y sectores indígenas de las comunidades más apartadas, concluyó en un análisis el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

En un balance de los hechos más lamentables registrados el año pasado, esa organización no gubernamental destacó la incursión de las fuerzas castrenses a poblados bajo el “pretexto” del combate bélico contra el narcotráfico y la lucha contrainsurgente, lo que ha dejado en la entidad “graves consecuencias”, documentadas algunas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum): 143 violaciones cometidas por militares, entre torturas y homicidios.

“Desde el 20 de diciembre de 2008 cuando aparecieron decapitados ocho militares (en Chilpancingo), el Ejército tomó el control de varias ciudades. Sin ningún contrapeso y monitoreo por parte de las autoridades civiles, allanaron domicilios, detuvieron ilegalmente a varias personas, las intimidaron, las amenazaron, algunas sufrieron lesiones y torturas”, precisa el análisis.

En las cifras concretas registradas por la Coddehum, tan sólo en 2009 se documentaron 143 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército, sobresaliendo los allanamientos de morada, que ascendió a 95 casos.

Asimismo se registraron 57 detenciones arbitrarias, relacionadas con el ejercicio; 38 casos de robos, 27 de intimidación, 32 de lesiones, 17 de daños, 13 de amenazas, seis de tortura y uno de homicidio.

Tlachinollan reprochó que todos esos casos, documentados legalmente por sus miembros, fueron turnados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que hasta la fecha no ha informado cuántas recomendaciones ha emitido para investigar a los responsables y sancionarlos ante las autoridades competentes.

Ejército, igual a amenaza

Todos esas violaciones, cometidas sólo en un año, ha dado como resultado que el poder del Ejército mexicano se vea como una amenaza constante para la población, sobre todo la que se encuentra en las regiones de la Costa Grande, Tierra Caliente y la Costa Chica.

“Se ha transformado en una amenaza para la sociedad en su conjunto, porque emerge como un poder de facto que no tiene ningún control legal ni social y sólo propicia la confrontación, elevando los niveles de violencia, debilitando al mismo tiempo a las instituciones democráticas. La militarización en nuestro estado se ha extendido no sólo contra la delincuencia organizada y el narcotráfico”, alerta dicha organización.

Crímenes sin castigo

Además, incluyeron un recuento de casos evidentes de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales como las de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce, indígenas de Ayutla; la criminalización a los defensores de derechos humanos como Máximo Mójica, David Valtierra y Javier Monroy. Dos casos recientes son las amenazas telefónicas que han sufrido los miembros del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), por su trabajo persistente de denuncia sobre casos de desaparecidos

También integraron el homicidio de quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, que a meses de su asesinato, no se han arrojado “avances serios en las investigaciones ministeriales, por el contrario, se ha permitido la denigración de su imagen y de su trayectoria política”, lo que para Tlachinollan es el reflejo del poco profesionalismo de las autoridades que generan animadversión y desconfianza hacia el órgano investigador.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/01/01/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

Organizaciones sociales exigen sacar al Ejército de comunidades de Guerrero

Llevar el caso de na savi asesinado hasta sus últimas consecuencias, reclaman
Organizaciones sociales exigen sacar al Ejército de comunidades de Guerrero

MARLEN CASTRO 

CHILPANCINGO, 2 DE JULIO. Luego de los excesos cometidos por miembros de fuerzas armadas, como el tiroteo al autobús en Huamuxtitlán donde murió el indígena na savi, Bonfilio Rubio, varios organismos civiles de derechos humanos exigieron un plan de retiro del Ejército mexicano de las comunidades y ciudades de Guerrero.

En conferencia de prensa en esta capital, los organismos civiles de derechos humanos resaltaron la liberación del indígena na savi Fausto Saavedra Valero, quien fue detenido por portar botas estilo militar, incidente que generó el tiroteo en el que fue asesinado Bonfilio Rubio la noche del sábado 20 de junio, cuando ambos, viajaban en un autobús de Tlapa a la ciudad de México.

Las organizaciones se pronunciaron por que no haya impunidad en el crimen de Rubio, y también se castigue la detención arbitraria de Saavedra, a quien felicitaron por la valentía de denunciar su detención a pesar del hostigamiento de las fuerzas armadas.

En la conferencia estuvieron el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Fundar, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro) y el Monitor Civil de la Policía, alertaron a la población de lo que representa que este Estado de excepción instaurado por el combate al narcotráfico y la violación cada vez más grave de los derechos humanos se convierta en parte de la normalidad.

De manera unánime, los organismos civiles llamaron a los ciudadanos a rechazar esta situación y a exigir que el Ejército salga de las calles y regrese a los cuarteles.

Para empezar, el director de Tlalchinollan, Abel Barrera Hernández, luego de hacer un resumen de algunas de las arbitrariedades del Ejército en las comunidades indígenas, alertó sobre el peligro que esta situación se convierta en parte de la cotidianeidad. “No podemos acostumbrarnos a esto”, advirtió.

Agregó que la permanencia de los militares “pone en estado de vulnerabilidad a la población civil, ya que existe un patrón del Ejército de alterar el orden y romper el tejido comunitario”.

El director del Insyde, Ernesto López Portillo, estableció que la sociedad civil no está de acuerdo con que “se regularice la excepción”, por lo que exigió del gobierno federal el establecimiento de un plan de retiro del Ejército mexicano de las comunidades, y ciudades de Guerrero y del país.

López Portillo consideró que con el Ejército en funciones distintas para las que fue creado “estamos caminando en sentido contrario a lo que ordena la Constitución”.

Por su parte, el director de Fundar, José Romero León, expuso que lo que se vive en las comunidades indígenas y ciudades de la entidad “es una situación no normal y exigimos salir de la excepcionalidad, restablecer el Estado de derecho y se establezca una ruta crítica para que los militares regresen a los cuarteles”.

Agregó que dejar a los soldados en libertad de instalar retenes y hacer cateos, sin la presencia de las autoridades civiles, como ellos dicen que son las órdenes del presidente del país, “es la situación ideal para el abuso”.

El nasavi Fausto Saavedra narró en conferencia sobre su detención. Contó que en el retén, cuando se bajaron todos del autobús para la revisión un soldado le vio las botas, le preguntó si era militar, a lo que respondió que no e inmediatamente le ordenó que se las quitara y ya no le permitió subir.

Explicó que un amigo le regaló las botas cuando le contó que se iba a Estados Unidos a trabajar, porque le pareció que le iban a servir más que cualquier otro calzado.

El titular de Monitor Civil de la Policía, Mario Patrón, precisó que los organismos demandan que no haya impunidad en el caso de Bonfilio Rubio, por lo que reiteró la petición de que sean las instituciones civiles se encarguen de la investigación del crimen.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/03/index.php?section=sociedad&article=007n1soc

Liberan a hermanos de Manuel Ponce, tras 18 horas detenidos

Victoriano, Santiago y Alicio pagaron 3 mil pesos de fianza por portación de arma
Liberan a hermanos de Manuel Ponce, tras 18 horas detenidos

Preocupa a Tlachinollan que los militares pasen por alto a las autoridades civiles

CITLAL GILES Y MARLEN CASTRO

48 Batallón de infantería, los hermanos indígenas na savi Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola salieron libres luego de pagar una fianza de 3 mil pesos. Sin embargo, se les seguirá un proceso por la portación de armas de fuego.

De acuerdo con información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, a las 6 de la mañana los tres integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y hermanos de Manuel Ponce Rosas –quien fue secuestrado, torturado y ejecutado junto con Raúl Lucas Lucía– fueron puestos en libertad, luego de haber estado ocho horas a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), en Acapulco.

Ayer a las 12 del día los hermanos Ponce Lola fueron detenidos en el retén militar instalado en el puente de San José La Hacienda, a cinco minutos de Ayutla, por el delito de portación de dos armas fuego de calibres .22 y .25. 

Una vez detenidos, los indígenas fueron trasladados al cuartel militar con sede en Cruz Grade, para constatar que no presentaban huellas de tortura; posteriormente los trasladaron a Ayutla y de ahí a la PGR en Acapulco, donde llegaron cerca de las 10 de la noche.

De acuerdo con el representante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada, quien llegó a la sede de la PGR para informarse sobre la detención de los na savi, detalló que los hermanos Ponce Lola llegaron resguardados por al menos 40 soldados del Ejército, quienes permanecieron afuera de las instalaciones hasta la media noche.

Detalló que a los tres indígenas se les hizo un examen médico además de que la PGR mandó llamar a un traductor de nombre Marcos Guevara, trabajador del área de Asuntos Indígenas del ayuntamiento porteño.

En tanto, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, detalló que a las 6 de la mañana se les dio su auto de libertad, luego de pagar una fianza de 3 mil pesos por la portación de armas, aunque agregó, se les seguirá un proceso por el delito.

Barrera argumentó que la portación de armas de calibre menor son permitidas sobre todo a los que trabajan el campo, además de los riesgos inminentes que corren la familia del fallecido Ponce Rosas.

“Están con temor ante una agresión o por todo este hostigamiento; han notado la presencia de gente extraña en su región, en su comunidad y ante la falta de las medidas cautelares y de la falta de voluntad de las autoridades de garantizar protección a los integrantes de la OFPM ellos han tenido que tomar sus propias medidas, luego del asesinato de su hermano Manuel, los han colocado en una situación difícil”, argumentó.

Consideró que fue arbitraria la detención de los hermanos Ponce Lola debido a que no fueron puestos a disposición de una autoridad civil, pues por el tipo de arma, tenían que haber llevados a la agencia Ministerio Público y no a la PGR, “no puede ser que una autoridad militar actúe en términos de hacer interrogatorios, como lo hicieron y tenerlos privados de su libertad y no tener la certeza de cuál sería su situación jurídica, estar incomunicados, una serie de irregularidades que sí se puede decir que hubo detención arbitraria”.

Narró que fueron momentos muy delicados porque a pesar de que preguntaron por su paradero y su situación legal, ninguna autoridad daban razón de ellos, hasta que se intervino a nivel nacional, pues el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Unión, Javier González Garza, solicitó informes directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y hasta entonces tuvieron noticias.

Agregó: “eso es lo que nos preocupa que los detenidos queden a expensas de lo que decida la autoridad militar, sin ponerlos a disposición de la autoridad civil”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/03/index.php?section=sociedad&article=006n1soc