Difusión Cencos México D.F., 1 de julio de 2009
Aviso de prensa
CMDPDH
México enfrentará un juicio el próximo 7 de julio ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, máximo organismo de justicia en el
continente, por uno de los casos de desaparición forzada paradigmáticos de la
denominada Guerra Sucia en el país. Este juicio abre la posibilidad de revisar
este aciago capítulo de la historia mexicana y su resolución podría tener
implicaciones para las miles de personas que fueron víctimas de la represión
gubernamental durante este periodo.
El caso que llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere
a la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, un destacado y apreciado
líder social del Estado de Guerrero, quien fungió como Presidente Municipal de
Atoyac de Álvarez en 1955 y se destacó por su trabajo en las áreas de salud y
educación. El 25 de agosto de 1974, Rosendo fue detenido ilegalmente en un
retén del Ejército mexicano y visto por última vez en el ex cuartel militar
de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
“Después de 35 años, todavía no sabemos lo que le pasó a mi padre”,
manifestó su hijo, Rosendo Radilla Martínez, quién asistirá a la audiencia y
estará disponible para responder las preguntas de la prensa antes de partir
hacia la sede de la Corte en San José, Costa Rica. “Nadie del Ejército ha
sido castigado por la desaparición de mi padre”, concluyó.
Como mencionábamos, la desaparición del señor Radilla es paradigmático de
la Guerra Sucia mexicana, época en la que existió una política sistemática
de identificación, control, detención y tortura de aquéllas personas
sospechadas de pertenecer a grupos subversivos o estar vinculados a las
guerrillas. Durante este periodo, desde finales de los 60 a principios de los
80, más de 1,200 personas fueron desaparecidas, alrededor de 600 en el Estado
de Guerrero y 473 de éstas tan sólo en el municipio de Atoyac de Álvarez.
“América Latina vivió, en esa época, una ola de represión, en la que se
torturaba y desaparecía a personas de los movimientos sociales, y México no
fue la excepción”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, Director General de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH),
organización que lleva el caso legalmente. “Sin embargo, a diferencia de
Chile, Argentina, Perú… México no ha terminado de reconocer que estas
violaciones existieron, castigado a los culpables y reparado el daño a los
familiares de las víctimas”, concluyó.
La audiencia del caso 12.511 Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos
Mexicanos, comenzará el 7 de julio a las 9:00 de la mañana hora local ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sede de San José, Costa Rica. Se
espera que la Corte dicte una sentencia favorable al caso en un periodo de tres
meses.
De existir una resolución favorable a los representantes del las víctimas,
el Estado Mexicano tendrá que reconocer su responsabilidad de los hechos, lo
que obligaría al Estado a reparar, de manera integral, el daño ocasionado a
las víctimas. Por consiguiente, México se vería obligado a continuar las
investigaciones de éste y los otros casos de desapariciones forzadas y cambiar
la legislación y estructuras para garantizar que estos hechos no se repitan en
el futuro. Adicionalmente, una sentencia en este sentido sentaría un precedente
sobre el tipo de comportamiento que se espera de las fuerzas armadas mexicanas
al comunicar que la sociedad mexicana y la comunidad internacional no aceptan,
ni aceptarán, este tipo de violaciones a los derechos humanos.
“No sólo estamos tratando de obtener justicia para la familia de Rosendo y
las otras víctimas de desaparición forzada, estamos tratando de
profesionalizar a nuestras fuerzas armadas”, dijo María Sirvent Bravo-Ahuja,
Directora del Área Jurídica en la CMDPDH. “A través de acciones como ésta,
se fortalece el respeto a la ley en nuestras instituciones de seguridad y
justicia”, concluyó.
“El caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla es particularmente
relevante hoy en día cuando el ejército mexicano está más involucrado que
nunca en las tareas de seguridad pública y enfrenta una presión altísima por
obtener resultados inmediatos”, dijo Juan Carlos Gutiérrez de la CMDPDH.
“En tanto el caso de Rosendo continúe impune, este envía un mensaje
peligroso a las fuerzas armadas de que pueden cometer violaciones de derechos
humanos y que no habrá castigo”.
COMPARECERÁN ANTE LA CORTE:
En su calidad de víctimas, dos de los hijos de Rosendo Radilla Pacheco:
Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla
Rosendo Radilla Martínez, hijo de Rosendo Radilla y testigo de la detención
de su padre
Los representantes de las víctimas, abogados de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC. (CMDPDH):
Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Director General
María Sirvent Bravo-Ahuja, Directora Área Jurídica
Mario Alberto Solórzano Betancourt, Abogado
Como testigo de la detención en el ex-cuartel militar:
El señor Maximiliano Nava
Como perito:
Maestro Miguel Sarre, Abogado
Cabe señalar que la Corte también analizará los peritajes, ante fedatario
público (afidávits), de Carlos Montemayor (Académico, historiador, escritor y
especialista en movimientos sociales y políticos en México) y de Federico
Andreu (Secretario General Adjunto de la Comisión Internacional de Juristas).
ANTECEDENTES:
El caso de Rosendo Radilla siguió varios procesos ante la justicia nacional y
fue parte de la investigación de la Fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada en 2002 en el gobierno del
Presidente Vicente Fox con el fin de resolver los crímenes del pasado. Sin
embargo, las aspiraciones de obtener justicia en instancias nacionales se
hundieron cuando inesperadamente la FEMOSPP cerró en 2007.
En el 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos
y AFADEM (Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos) decidió junto a
los familiares de Rosendo Radilla presentar una queja ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la cual admitió el caso en 2005. Luego de
diversos procedimientos, la CIDH presentó una demanda contra el Estado mexicano
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2008. Así, la
Corte Interamericana representa para Rosendo Radilla y otras víctimas, la
única vía para hallar la justicia que el Estado mexicano, por acciones u
omisiones, reiteradamente ha negado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo órgano de justicia
en el continente bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos
(OEA). El estado mexicano aceptó someterse a la jurisdicción de la Corte en
1998 y de cumplir con sus sentencias que son legalmente vinculantes para los
Estados firmantes.
México, D.F., 22 de junio 2009
Para más información contactar a:
María Sirvent, Directora Área Jurídica, CMDPDH
justiciatransicional@cmdpdh.org [1]
Juan Carlos Gutiérrez, Director General, CMDPDH
direccion@cmdpdh.org; Tel: (55) 5564-2582; Cel: 04455-2044-6798
Kristel Mucino, Asesora de comunicación
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