Carlos
Montemayor rompió un tabú político. Como astuto analista social y autor
prolífico, sus novelas acerca de los levantamientos de la guerrilla
izquierdista y la represión ejercida por el Estado durante las décadas
de los 1960 y 1970 rescataron la memoria de la guerra sucia del cesto
de basura de la historia. Aunque el gobierno mexicano aún guarda como
secreto de estado los destinos de cientos de personas que sus fuerzas
de seguridad hicieron desaparecer durante la guerra sucia, las
aportaciones literarias de Montemayor ayudaron a perforar el silencio
oficial en una época en que las fuerzas populares luchaban por hacer de
México un país más democrático y justo.
La muerte alcanzó
prematuramente a Montemayor el 28 de febrero, de un año en que México
conmemora el doble aniversario de la Guerra de Independencia de 1810 y
de la Revolución de 1910, acontecimientos que desataron aspiraciones
históricas hasta entonces reprimidas de tierra y libertad, democracia e
igualdad.
Irónicamente, la guerra
sucia que el intelectual chihuahuense recreó de tan brillante suerte
está de vuelta, justo a tiempo para el año histórico de México. Desde
Chiapas en el sur hasta Chihuahua en el norte, las desapariciones
forzadas, asesinatos de activistas y políticos, ataques a periodistas y
otras violaciones de derechos humanos van en constante ascenso.
Si bien perduran muchos
elementos de la primera guerra sucia, nuevos elementos avivan las
llamas de la segunda. Mientras la Guerra Fría de Washington era el
estandarte de la violencia ejercida por el Estado durante el siglo
pasado, la llamada guerra antidrogas de Washington es ahora la
cobertura ideológica de la represión actual.
Muchas regiones de
México están inmersas en guerras de baja intensidad que coinciden con
una creciente intolerancia de estado hacia los movimientos laborales y
sociales. Ejemplos de ello son las golpizas infligidas por miembros de
la Policía Federal a trabajadores electricistas y los permanentes
operativos de contrainsurgencia contra movimientos guerrilleros de
izquierda que vuelven a nacer.
La madre del movimiento
de derechos humanos en México y fundadora del Comité Eureka, la
senadora mexicana Rosario Ibarra de Piedra, comparó los hechos actuales
con la guerra sucia de hace décadas, cuando su joven hijo Jesús fue
detenido y desaparecido por las fuerzas de seguridad mexicanas.
Ibarra opina que la
guerra antinarco de Calderón y la criminalización de la protesta social
están impulsando una nueva guerra sucia. Durante un discurso en la
Ciudad de México, la ya legendaria defensora de los derechos humanos
convocó a los mexicanos de todos los movimientos sociales a cerrar
filas y a defenderse mutuamente.
"Exigimos el compromiso
y la decisión de lucha para cambiar esta situación", dijo. "Llamamos a
que nadie permanezca indiferente al dolor de tantísima gente."
Suele ser difícil saber
dónde se inicia un conflicto y concluye otro, o dónde se separan las
tinieblas del bajo mundo del sistema político en la superficie. En
repetidas ocasiones miembros antiguos o actuales de las fuerzas de
seguridad están implicados en actividades criminales. Según la agencia
noticiosa Notimex, el Secretario de la Defensa, Gral. Guillermo Galván,
admitió hace poco ante senadores el arresto en un momento u otro de
15,000 ex soldados.
Un caso ilustrativo
está en el sureño estado de Guerrero, donde la narcoviolencia,
rebeliones, pleitos políticos de hace largo tiempo y conflictos
sociales históricos se agitan en una mezcla explosiva. Con más de 600
personas aún desaparecidas desde la represión estatal durante los
1970s, Guerrero fue el epicentro de la primera guerra sucia. Hoy el
estado crónicamente empobrecido es un frente estratégico para la última.
Las playas sangrientas del paraíso
Las
últimas batallas campales y narco-ejecuciones en Acapulco y otras
regiones del estado dejaron 58 personas muertas tan sólo del 13 al 15
de marzo. No obstante los asesinatos acumulados ese fin de semana no
son sino una muestra del baño de sangre que se extiende por todo
Guerrero. La violencia involucra a cárteles del narco en competencia,
grupos paramilitares, fuerzas de seguridad y varias organizaciones
rebeldes armadas, entre ellas el Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente (ERPI).
En mayo de 2009, el
Comandante Ramiro del ERPI dio una conferencia de prensa a periodistas
mexicanos donde reveló años de choques entre las guerrillas y los
grupos "narco-paramilitares". Ramiro, con fama de tener seguimiento
popular, fue asesinado misteriosamente en la remota localidad de Palos
Altos en noviembre del mismo año.
Hercilia
Castro, activista por los derechos humanos con la Red de Organizaciones
no Gubernamentales de Guerrero, ayudó a documentar los asesinatos de
tres hermanos en el pueblo montañoso de Puerto Las Ollas también en
noviembre pasado. Alejandro García Cortés, de 19 años, Bertín García
Cortés, de 18, y Rogelio García Valdovinos, de 15, fueron ultimados y
mostraban el clásico tiro de gracia.
"Esto de verdad me
afectó en lo personal. Me conmovió el dolor de la madre que me dijo
cómo encontró los cuerpos de sus hijos", contó Castro. "Los muchachos
eran la alegría de la comunidad, estaban entre los más vivos, ¿se fijan
cómo siempre hay alguien que sobresale?" Castro agregó que los
conflictos múltiples saturan las comunidades aisladas en las altas
montañas de Coyuca de Catalán y Petatlán: las tierras para el cultivo
de drogas, los caminos para el contrabando y los árboles para madera
ilegal son artículos de alto valor codiciados por los cárteles apoyados
por los grupos paramilitares. Los pobladores, dijo Castro, podrían
estorbar a fuerzas ambiciosas que buscan limpiar y tomar el control de
la región.
Puerto Las Ollas, donde
se llega por caminos de tierra que se vuelven infranqueables durante la
temporada de lluvias, es como muchas comunidades rurales. No existe
clínica de salud, y sólo hay un maestro que enseñe a estudiantes de
todas las edades. Las incursiones de soldados y grupos paramilitares
hacen que los hombres tengan miedo de cultivar sus campos, contó
Hercilia Castro, y agregó que la "miseria" de la población es palpable.
De acuerdo con Human
Rights Watch, a escala nacional la Comisión de Derechos Humanos
mexicana, entre 2007 y finales de 2009, recibió 3,399 quejas contra el
ejército por violaciones, homicidios, detenciones arbitrarias y
tortura. En un informe reciente, la ONG señaló que en un principio sólo
se encontró culpables de delitos contra derechos humanos a tres
elementos, entre ellos un soldado sentenciado a nueve meses de prisión
por la muerte a balazos de un civil en un retén militar.
El agudo incremento en
violaciones de derechos humanos corre parejas con la Iniciativa Mérida
de 1,300 millones de dólares de E.U. que Washington financia para dar
capacitación y equipamiento a las fuerzas de seguridad mexicanas y
centroamericanas. Actualmente funcionarios estadounidenses y mexicanos
ya ponen los fundamentos para una Iniciativa Mérida 2.
La violencia mancha precampaña electoral
En
los preliminares hacia las elecciones estatales de 2011, una nueva
oleada de asesinatos con tintes políticos estremece a Guerrero. En
febrero cuatro dirigentes del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) de centro izquierda, fueron asesinados en diferentes lugares del
estado: José Luis Sotelo, Santana Rayo Chamu, Claudio Hernández
Palacios y Antonio Bahena Nava. Citada por el periódico El Sur la ya
antigua dirigente del PRD en Guerrero Rosario Herrera recalcó que 28
líderes de su partido han sido muertos en Guerrero desde 2005. El año
pasado el coordinador del Congreso Estatal de Guerrero Armando
Chavarría fue asesinado antes de haber podido lanzar su ampliamente
esperada candidatura para ser gobernador del estado.
Desde su fundación en
1989, el PRD, de centro izquierda, ha sido blanco constante de la
represión. Una de sus fundadoras en Zihuatanejo, Obdulia Balderas,
recordó cómo el gobierno estatal reprimió al nuevo partido de oposición
cuando protestó por un fraude electoral, matando e hiriendo a los
manifestantes en los aeropuertos internacionales de Acapulco y de
Zihuatanejo.
Al regresar de una
visita a la Ciudad de México, Balderas recordó haber visitado a
compañeros del partido en un hospital de Zihuatanejo. "Nunca hubo
justicia alguna", relató la maestra de escuela jubilada.
Aunque la primera ola
de represión contra el PRD tuvo motivos políticos, las razones para la
última ronda de violencia contra miembros del partido son menos claras,
dice Balderas.
Al mismo tiempo que
aumenta el número de víctimas miembros del PRD, los asesinatos y
desapariciones de más de 200 militantes del PRD en Guerrero,
especialmente durante los años formativos de la organización política
entre 1989 y 1996, continúan sin aclararse.
Para
consternación de los guerrerenses, las violaciones de derechos humanos
se dispararon luego de que se eligiera gobernador del estado a un
popular candidato pro-reformista apoyado por el PRD, el ex alcalde de
Acapulco Zeferino Torreblanca Galindo. La violencia se incrementó
durante un período en que el PRD—un partido que se levantó de las
cenizas de la guerra sucia bajo los estandartes de la justicia y la
democracia— tenía no sólo la gubernatura, sino la legislatura y el
gobierno de muchos municipios del estado.
"Esto representa un
retroceso a las guerras sucias de los 1970s", comentó Hercilia Castro.
"Es una probadita para la opinión pública de cómo Guerrero es el
ejemplo de la eterna guerra sucia, de cómo tiene lugar la represión. Es
una muestra de lo que estamos atravesando en todo el país."
Se han vinculado muchas
de estas muertes con las guerras del bajo mundo, pero entre las
víctimas se encuentran ciudadanos de todas clases. Una organización de
base, el Comité de Parientes y Amigos de los Secuestrados,
Desaparecidos y Asesinados, se formó para presionar por que se haga
justicia.
En el tercer
aniversario de la desaparición de Jorge Gabriel Cerón, estudiante de
arquitectura y activista comunitario que fue secuestrado por un comando
armado en marzo de 2007, este comité ciudadano emitió un manifiesto.
"Hemos recalcado cómo
el llamado crimen organizado forma parte del Estado, de la empresa
privada y de la clase política, quien en último análisis es responsable
de la inseguridad pública, la corrupción, el terror y la impunidad en
la cual vive la ciudadanía en general, y de la cual Jorge Cerón, su
familia y todos nosotros hemos sido víctimas."
Capacitados
originalmente por el ejército mexicano en la década de 1990, los grupos
paramilitares también están resurgiendo en el estado sureño de Chiapas,
donde se han registrado ataques recientes a comunidades pro zapatistas
y a otras organizaciones de oposición.
La guerra sucia se
intensificó después de asumir el poder Felipe Calderón a finales de
2006. Al año siguiente, los dirigentes del Ejército Popular
Revolucionario Edmundo Reyes y Gabriel Cruz fueron arrestados y
desaparecieron en Oaxaca. No se les ha encontrado y se teme que hayan
muerto. En 2008 dos líderes de la organización indígena por el Futuro
de los Pueblos Mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron
secuestrados, se afirma que por policías, y asesinados en Guerrero. A
fines del año pasado Mariano Abarca, un prominente organizador contra
la minería en Chiapas, fue acribillado en la localidad de Chicomuselo,
donde los campesinos habían librado una batalla contra una mina de
barita manejada por la empresa canadiense-mexicana Blackfire
Exploration Ltd.
La recientes
desapariciones y asesinatos de activistas siguieron muy de cerca el
fracas de la administración del ex presidente Vicente Fox de procesar
penalmente a funcionarios gubernamentales, en particular el ex
presidente Luis Echeverría, implicado en los crímenes de la guerra
sucia, y la disolución por el gobierno de Calderón de la fiscalía
especial encargada de investigar la guerra sucia.
La guerra antidrogas como tapadera
La
guerra contra el narco es muy conveniente como tapadera para la nueva
represión. En Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, numerosos
activistas han sido asesinados o han desaparecido desde 2008, el año
cuando estalló una guerra de competencia entre dos cárteles y se
despachó al ejército para, ostensiblemente, dominar la violencia.
Entre otras víctimas se
encuentran el activista antisecuestros y dirigente de la comunidad
mormona Benjamin LeBaron, el líder campesino Armando Villarreal Martha,
el profesor universitario Manuel Arroyo, la activista por los derechos
humanos Alicia Sainz, el líder de vendedores ambulantes Géminis Ochoa,
y Josefina Reyes, ex diputada por el PRD y activa crítica de la
militarización. Nadie ha sido arrestado ni sentenciado por los crímenes.
El 2 de marzo Ernesto
Rábago Martínez fue asesinado en la Ciudad de Chihuahua. Miembro de la
Asociación Civil Bowerasa, Rábago ayudaba a defender a indígenas
rarámuri implicados en una lucha por tierras contra poderosos intereses
en la comunidad de Carichi. La muerte de Rábago remató casi un año de
ataques contra dirigentes indígenas y defensores de Carichi.
En respuesta al
homicidio de Rábago, la organización de derechos humanos Cossydhac con
sede en la ciudad de Chihuahua y el Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres exigió que se ponga fin a la criminalización de los activistas
y se de protección a defensores de derechos humanos que, afirmaron
ambos grupos, viven entre el "compromiso y el riesgo."
Es más: la carnicería
diaria de la guerra contra el narco en Ciudad Juárez (que suma cerca de
5,000 muertes desde enero de 2008) obscurece y minimiza temas como el
conflicto por tierras entre habitantes de hace largo tiempo y los
miembros de una de las influyentes familias de la ciudad. Atrapados en
una batalla judicial, los pobladores de la colonia Lomas de Poleo han
presentado repetidas quejas de agresiones de guardias armados de
seguridad privada que operan en las mismas narices de la policía y el
ejército.
Un informe reciente del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU documentó 128
agresiones contra defensores de derechos humanos y sus familias entre
el 1° de enero de 2006 y el 31 de agosto de 2009. A pesar de órdenes de
protección emitidas por funcionarios gubernamentales, las agresiones
continúan. En los últimos meses, varias organizaciones que defienden
los derechos de los indígenas en la región de La Montaña de Guerrero
han experimentado un patrón de vigilancia, invasiones y entradas
ilegales y hasta amenazas de muerte. El 18 de marzo, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una declaración de
alarma ante los nuevos actos de hostigamiento y amenazas de muerte
contra miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas Me'phaa.
Revelando que la CIDH
había sugerido a varios de los activistas amenazados como testigos en
dos juicios internacionales contra el estado mexicano, uno de los
cuales implica las presuntas violaciones de dos mujeres indígenas por
soldados mexicanos en Guerrero en 2002, el organismo oficial de
derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos recordó
al gobierno mexicano que se habían librado órdenes de protección para
los activistas de Me'phaa y que el gobierno tiene la obligación de
proteger a los defensores.
"La Comisión recuerda
también que el trabajo de los defensores de derechos humanos es crítico
para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y
desempeñan un papel principal en el proceso para implementar plenamente
el estado de derecho y fortalecer la democracia", declaró la CIDH.
El compromiso con los derechos humanos está puesto a prueba
Casi
a diario, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales
denuncian el deterioro del panorama de los derechos humanos en México.
Desde que inició el año, una marejada de recomendaciones e informes
críticos se ha dejado venir de Amnistía Internacional, Human Rights
Watch, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el
Departamento de Estado de E.U., miembros del Parlamento Europeo, y
muchas otras entidades.
La respuesta de la
administración de Calderón ha sido contradictoria. Aunque algunos
funcionarios reconocen sin dificultad los problemas, la defensividad y
el fingimiento en declaraciones políticas aún son reacciones
automáticas. Al contradecir el último informe del Departamento de
Estado de E.U. el General Brigadier Benito Medina Herrera rechazó la
noción de que las fuerzas armadas violan derechos humanos, afirmando a
Notimex que el personal militar recibe principios y capacitación en
derechos humanos desde los "más bajos niveles" hasta los generales de
mayor rango.
Quizá la prueba de
fuego del compromiso real de México con las normas internacionales de
derechos humanos será la respuesta del gobierno de Calderón a una
resolución histórica tomada en 2009 por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
En una sentencia
vinculante publicada en diciembre pasado, la Corte hizo responsable al
Estado Mexicano por la desaparición en 1974 de Rosendo Radilla, ex
alcalde de Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la primera guerra
sucia. En presencia de su hijo pequeño, Radilla fue "levantado" por
soldados mexicanos en un retén y nunca se le volvió a ver.
La Corte ordenó
al Estado Mexicano esclarecer la desaparición de Radilla, reformar el
código de justicia militar que protege a los soldados de ser procesados
por delitos civiles, compensar a los familiares los daños causados y
publicar la sentencia entera en el diario oficial gubernamental y en
una publicación de circulación nacional.
El gobierno federal
también tendrá que realizar una ceremonia pública en donde reconozca su
culpabilidad en la desaparición de Radilla, y erigir una placa en su
memoria en Atoyac de Álvarez.
La hija de Radilla,
Tita, es vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Arrestados,
Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México
(AFADEM), grupo que ha trabajado infatigablemente por décadas exigiendo
justicia para Radilla y otras víctimas de la guerra sucia. Junto con la
ONG Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH), cuyos abogados llevaron el caso Radilla a nivel
internacional, la AFADEM aplaudió la resolución de la Corte como una
reivindicación de su lucha y un paso positivo hacia el fin de la
impunidad institucional en crímenes contra los derechos humanos.
La Corte concedió
a México un año para presentar un informe en donde se detalle el
progreso en el cumplimiento de la sentencia. Aun cuando el gobierno
mexicano subió la sentencia al sitio web de la Procuraduría General de
la República, ha sido lento en cumplir otros aspectos de la sentencia,
declaró el director jurídico de la CMDPDH, Humberto Guerrero. Lo más
importante, dijo, es que sus parientes siguen sin conocer el destino de
Radilla.
De acuerdo con Humberto
Guerrero, el Comité de Derechos Humanos de la ONU abordó el caso
Radilla en una reunión en Nueva York hace poco. El fiscal militar de
México, que asistió a la sesión, dijo a los miembros del Comité que las
fuerzas armadas estaban trabajando para modificar el código de justicia
militar "en un momento oportuno", concluyó Guerrero.
El cumplimiento de la
sentencia en el caso Radilla, agregó, determinará si el gobierno
mexicano refuerza o no el "mensaje de impunidad" que predomina en el
país.
"El incumplimiento de
la sentencia implica que México no tiene la voluntad de confrontar su
pasado autoritario", acusó Guerrero. "México tiene una nueva
oportunidad. Tuvo una oportunidad en 2000 con Fox y el fiscal especial,
y ahora la tiene con este caso."
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Kent
Paterson es un periodista independiente que cubre la parte
sudoccidental de Estados Unidos y México y América Latina. Es analista
para el Programa de las Américas en www.ircamericas.org. Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Traducción por: María Soledad Cervantes Ramírez
Para mayor información
CIDH expresa alarma por amenazas contra líderes indígenas en guerrero, México:
Ciudad Juárez desciende a otro círculo del infierno
Un abecedario del Plan México
Pueblos
Ancestrales del Ecosistema Manglar del Ecuador, apoyan el artículo 103
del proyecto de ley de Los Recursos Hídricos, aprobado en la Comisión
de Soberanía Alimentaria, de prohibición de otorgar autorizaciones de
aprovechamiento de agua para la actividad de la cría y cultivo de
especies bioacuáticas que se asienten en zonas de playa y bahía, en
áreas de manglar y salinas, ya que es coherente con la protección
histórica del ecosistema manglar y con el derecho de la naturaleza a
ser restaurada como lo manda la nueva Constitución de la República del
Ecuador.
