jueves, 17 de diciembre de 2015

Comunicado del PDPR - EPR Michoacán

AL PUEBLO DE MICHOACÁN
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A LA ORGANIZACIÓN DE NORMALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

Una vez más las fuerzas represivas federales y estatales se han ensañado con el pueblo, a exigencia de la oligarquía local y nacional se han cebado contra estudiantes y comuneros aplicando con lujo de violencia y brutalidad la represión masiva, el pasado lunes 07 de diciembre en la autopista siglo XXI en la caseta que se ubica a la altura de Zirahuén. Hecho que evidencia el carácter servil a los intereses oligárquicos de Silvano Aureoles Conejo y su vocación represiva, profascista y mafiosa.

Acto represivo que obedece a la política de terrorismo de Estado que se impone desde la junta administrativa federal y de la cual Silvano es fiel lacayo y digno representante, que ha tomado como consigna personal y mandato de Estado imponer a sangre y fuego la voluntad oligárquica en Michoacán, voluntad que se expresa en la exigencia reiterativa del cometido de más crímenes de Estado contra el pueblo. ¡Señores, esto se llama fascismo!

"Hombres de negocios", politicastros de toda laya, plumas y voces mercenarias y representantes del conservadurismo no se muerden la lengua al manifestar su regocijo y beneplácito al celebrar que se haya reprimido y detenido a 52 estudiantes normalistas, a quienes se les trata como grandes delincuentes y se les aplica todo el peso del estado de derecho oligárquico. No conformes con este acto represivo la oligarquía local sigue exigiendo se ejecute un baño de sangre contra el pueblo, es decir, se pugna porque se aplique a manera de escarmiento la política represiva y terrorista de Estado.

Silvano y su séquito de funcionarios han dejado claro a quien sirven con lealtad, no dejan lugar a dudas al reconocer cínicamente que se "debe mandar un mensaje a los empresarios que quieran invertir en Michoacán, de que aquí se aplica la ley".

Silvano se presenta como un gobernador de izquierda y como el paladín del orden y la legalidad en Michoacán, sin embargo, toda su carrera como politicastro tiene origen y vínculo en un pasado y presente criminal de nexos y compromisos con quien en tiempos del pasado reciente se le reconocía como "el señor", es decir, Servando Gómez Martínez, mejor conocido como "La tuta".

Desde el gobierno del estado, como punta de lanza de la represión, se acusa a los normalistas de delincuentes llegando a la perversidad de imputarles delitos que ni a los criminales confesos se les aplica. Sépase que en Michoacán es de dominio público, sobre todo en la región Oriente, que Silvano en la ciudad de Zitácuaro mantenía tratos con "el señor", al cual se refería en con mucha deferencia ¿Quién es el criminal? Una vez más se comprueba que el fenómeno de la delincuencia tiene origen en y para el Estado, he ahí la explicación de "brillantes" carreras políticas y escandalosas fortunas económicas desde el poder político y la delincuencia organizada por los hombres de negocios.

En la búsqueda por responder quienes son los verdaderos delincuentes, el pueblo comprueba que el "gran demócrata y representante de izquierda" no llegó a ser gobernador por la voluntad popular, sino por los fuertes compromisos con el grupo oligárquico nacional que hoy detenta el poder político y la burguesía local que se ha alineado al poder oligárquico nacional. El pueblo no olvidará que hoy es gobernador producto de la imposición de la voluntad oligárquica, es decir, voluntad y exigencia de los señores del poder político y económico, entre los que están los agrupados en "Mexicanos Primero" donde se encuentran el clan explotador Ramírez-Medina que ha fincado parte de su fortuna en el saqueó del erario público y el despojo de tierras a comuneros y ejidatarios.

El señor Silvano no es gobernador por sus capacidades políticas ni mucho menos por el respaldo popular, su única gracia en el mundo de las formas burguesas de hacer política es su actitud servil ante el poder del dinero. Fue uno de los politicastros promotores del mafioso "Pacto por México" y hoy un acérrimo ejecutor del mismo que lleva implícito la objetivación del terrorismo de Estado. Sin lugar a dudas que cuando el sujeto brilla en su mediocridad, el servilismo es la conducta clásica del politicastro.

Los delincuentes no están del lado del pueblo politizado y organizado que impulsa la lucha antineoliberal y anticapitalista, ¡Los normalistas no son delincuentes, son luchadores sociales por la defensa de la educación pública, los derechos del pueblo y el derecho al trabajo, por consecuencia el derecho a la vida! El único "delito" que han cometido es organizarse contra el actual poder que explota y oprime.

A los normalistas se les castiga con delitos absurdos y se les encarcela en prisiones de alta seguridad por el hecho de ser luchadores que han levantado en alto las banderas de la justicia social. Una venganza típica de los políticos de oficio.

La brutal represión de la que fueron objeto los normalistas en la caseta de Zirahuen, la detención y tortura en el lugar de los hechos por la policía federal, estatal y los asesinos de la policía rural, a referencia de los propios policías fue por orden directa de Silvano. ¿A qué se debe tal proceder propio de las dictaduras militares con rostro civil?

La verdad va emergiendo poco a poco. En la colérica exigencia gubernamental-empresarial de que "se aplique la ley" y "se rescate" las unidades retenidas, hay intereses inconfesables cuyos hilos conducen a la delincuencia organizada desde y para el Estado y empresarios. Una de las motivaciones inmediatas de la represión es la exigencia del propio Silvano de que se libere un vehículo de la empresa INDUSTRIAS MARVES, SA. DE CV. ¿Por qué tanta exigencia sobre este vehículo? ¿Qué carga tan preciada transporta? ¿Qué mercancía se oculta en ella? ¿Qué vínculos empresarios-gobierno-delincuencia se develan? ¿Quién es este empresario y político influyente dueño de la empresa MARVES? ¿Qué vínculos con el poder político-económico tiene? Mucha preocupación gubernamental y en específico de Silvano, por un vehículo que transporta unas simples pacas de aglomerado de esponja y fieltros para la fabricación de colchones. ¿Quién es Alfonso Martínez Margain y sobre qué bases ha fincado su fortuna?

La junta de administración local encabezada por Silvano, por su política represiva y pro empresarial se asume en los hechos como cancerbero del capital y testaferro de la oligarquía promotora de la privatización de la educación pública en México, este es el vergonzante y traidor papel de la "izquierda moderna", asumidos confesamente como cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo; se han asumido en esta etapa conscientemente como punta de lanza de la política represiva exigida por la oligarquía.

Desde las lenguas bípedas empresariales se azuza a la represión con el falso argumento de que la protesta estudiantil-popular genera pérdidas millonarias al día. Una mera especulación y a la vez confesión de la magnitud y el grado de explotación que se ejerce contra el pueblo, al tiempo que constituye el trillado ardid político y el demagógico argumento para justificar la represión y el terrorismo de Estado.

El pueblo no olvida y tampoco perdona los crímenes de Estado, el pueblo toma nota de quiénes son los responsables de la represión en Michoacán que no se circunscriben a los cuerpos policiaco-militares, la bestia que se ceba contra sus hermanos de clase desde el momento que son sujetos desclasados y lumpenproletarios al servicio de los explotadores y opresores.

La lista de los responsables es larga, pero los siguientes sólo son un botón de muestra: Alfonso Martínez Margain dueño de INDUSTRIAS MARVES, Rogelio Guízar Pérez, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, Horacio Érik Avilés Martínez, director de Mexicanos Primero Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Sánchez Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, connotados empresarios que exigen la represión; dentro los politicastros de oficio con vocación fascista destacan Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del genocida Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, el secretario de Gobierno Adrián López solís, Jose Martin Godoy Castro, procurador de justicia del estado...

En esta lógica de la justificación del terror de Estado tienen papel activo las voces y plumas mercenarias al servicio de los monopolios de la comunicación para imponer la dictadura de opinión y ejercer el fascista ministerio de opinión contra el pueblo organizado, entre los que destacan Ignacio Martínez, Juan José Rosales Gallegos, Cesar Velázquez, José Luis Alejo Castillo y Daniela Flores, Marco Antonio Cortés y María del Carmen...

El pueblo de México debe saber que en el marco de esta ofensiva de terrorismo de Estado, existe la tentativa y pretensión de reprimir violentamente a los normalistas y al pueblo que los apoya, plan represivo que se pretende ocultar en el fervor popular guadalupano, una táctica recurrente del gobierno para intentar ocultar la represión.

Hermanos, hermanas, normalistas y comuneros, no están solos, un pueblo organizado los acompaña; sus demandas son legítimas y ponen en alto las banderas de la dignidad humana; sepan que a la represión sólo se le puede enfrentar con consciencia, organización y resistencia popular combativa. Los explotadores, opresores y represores son una ínfima minoría ante los explotados y oprimidos. Podrán encarcelar a uno, dos, diez, cincuenta, cien, mil... de cada uno de nosotros, pero este terror de Estado nunca detendrá la dignidad y voluntad de combatir de nuestro pueblo. ¡Fierro contra los represores!, ¡A organizar y generalizar la autodefensa popular!

¡Hermanos, hermanas, camaradas! Sepan que los revolucionarios estamos tomando nota puntual de cada uno de los agravios que se cometen contra el pueblo organizado y no organizado. Si la aplicación de la ley significa violencia reaccionaria contra el pueblo, el éste tiene derecho a su legítima defensa utilizando los medios y recursos que estén a su alcance o considere pertinentes.

¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!
¡A ORGANIZAR LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO EMPRESARIAL-GUBERNAMENTAL!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CZ-EPR

AÑO 51

Michoacán de Ocampo, a 11 de diciembre de 2015.

Hallazgo de 19 cuerpos en Chichihualco Guerrero

Nota de CNN en español transmitida el 16 de Diciembre de 2015


Entrevista del Abogado Vidulfo Rosales comentando de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los dos normalistas asesinados en diciembre de 2011 y de la situación actual en Guerrero



miércoles, 16 de diciembre de 2015

COMUNICADO SOBRE LAS PRESUNTAS FOSAS ENCONTRADAS POR LA PGR EN EL MUNICIPIO DE CHICHIHUALCO GUERRERO.

Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero

Los Otros Desaparecidos de Iguala

Taller de Desarrollo Comunitario A.C

COMUNICADO SOBRE LAS PRESUNTAS FOSAS ENCONTRADAS POR LA PGR EN EL MUNICIPIO DE CHICHIHUALCO GUERRERO.

El miércoles 9 de diciembre de la semana pasada fuimos enterados de la convocatoria por parte de la PGR a familiares de víctimas de la violencia social, a una “reunión privada”, para informar del hallazgo y exhumación de restos humanos en una fosa en el municipio de Chichihualco. No es la primera vez que, por lo menos en Chilpancingo, dicha dependencia convoca a familiares de víctimas condicionándoles a que participen de manera individual, “discreta” y excluyendo a sus organizaciones, en éste caso nuestro Comité.

En dicha reunión se informó del hallazgo y exhumación de 22 cuerpos, algunos de ellos calcinados, esto último propiciado por la falta de resguardo y de la aplicación correcta de los protocolos de búsqueda y exhumación de restos por parte de dichas autoridades. Nos llama la atención que ante el reclamo de los familiares asistentes acerca de que se cumpla el ofrecimiento de tomarles muestras de ADN para cotejarlas con los restos encontrados, la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR solo dio evasivas y no cumplió con su compromiso, por lo que además nos queda la duda ¿Y entonces para que los convocaron?

Por otro lado, de manera confidencial por el riesgo que éste hecho implica, fuimos informados de que la persona que ubico el lugar donde se encontraba dicha fosa, es familiar de un desaparecido que dejó su lugar de residencia y comenzó a buscar por cuenta propia a su ser querido en el municipio de Chichihualco. Después de un tiempo y muchas adversidades ubicó un acantilado donde colgaban y mataban a las víctimas sin enterrarlas, confirmándose una vez más que son los familiares quienes investigan y aportan los elementos para la localización de restos humanos y no las autoridades.

Al hacer la denuncia anónima, las autoridades de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR acudieron al lugar ya en horas de la tarde, sin resguardar el área y sin accionar los protocolos de manera inmediata para la protección de las evidencias y resguardo del lugar, por lo que regresaron al día siguiente, encontrándose con que varios de los cuerpos habían sido calcinados durante la noche por desconocidos. Un primer reporte señaló 9 cuerpos completos, 8 semicalcinados y restos óseos diversos.

Esta información del hallazgo nos fue confirmada por compañeros del Colectivo “Los Otros Desaparecidos” de Iguala, quienes a su vez fueron informados por personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR que se reúnen con ellos semanalmente.

Nuestro Comité desde su fundación en el año 2007, ha reclamado a las autoridades que se hagan responsables de la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y que en caso de haber sido asesinados e inhumados clandestinamente, realicen de manera profesional y responsable la identificación de dichos restos y que complementariamente realicen estudios de ADN a las familias que reclaman personas desaparecidas para que ambos datos sean cotejados adecuadamente y se garantice un trato digno y conforme a derechos a los cadáveres y restos humanos, así como a sus familiares, lo cual está establecido en protocolos incluso internacionales y es la forma de que a nuestro parecer y con la coadyuvancia de los familiares,  se garantice verdad, justicia y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.

Por ello nos preocupa la manera discrecional y maniquea con que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR ha manejado éste y otros casos, lo que nos hace pensar que hay intereses oscuros y que en el fondo no está el objetivo de esclarecer estos casos y hacer justicia a las familias, sino más bien de justificar su existencia dentro de la estructura de la PGR.

Nos preocupa que el gobernador Héctor Astudillo afirme que no está enterado de éste asunto y que es falsa la existencia de ésta fosa, pues nos hace pensar: que algo encubre, no le interesa o que no está siendo tomado en cuenta por la PGR, lo cual también sería extraño pues podría significar que el mismo está siendo considerado por lo menos sospechoso por ésta dependencia.

Como Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, reiteramos nuestra postura de que el Estado Mexicano es el responsable de esclarecer y dar justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia social, aunque entendemos que por su indolencia, complicidad y falta de actuación, algunos familiares de víctimas se han tenido que involucrar en la búsqueda directa de sus familiares, poniendo en riesgo su seguridad y su vida.

Insistimos en que no confiamos en las instituciones encargadas de brindar seguridad en el Estado de Guerrero, ni tampoco en la PGR, sin embargo es su responsabilidad identificar los restos humanos inhumados clandestinamente o encontrados en fosas recientes y anteriores, garantizando el trato digno en el manejo de los restos y a sus familiares sus derechos humanos, certeza en el manejo de la información genética, justicia y reparación integral.

Por lo anterior, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el Comité “Los Otras Desaparecidos de Iguala”,  demandamos a la Procuradora General de la Republica de manera urgente una reunión con nuestros colectivos de familiares y organizaciones acompañantes,  donde sean atendidas las demandas de los familiares de víctimas del Estado y exigimos una explicación sobre la labor y funciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, pues desconfiamos de la manera discrecional y maniquea con que realiza su trabajo y manipula la información, que entre otras cosas discrimina a los colectivos y organizaciones de víctimas y no les garantiza a éstas plenamente sus derechos.

Al Congreso de Guerrero, al Gobierno del Estado y a los gobiernos municipales les demandamos su intervención inmediata de acuerdo a sus facultades constitucionales, deploramos que pretendan mantenerse ajenos y lavarse las manos de su responsabilidad pues los delitos de lesa humanidad se están cometiendo en la entidad y las víctimas y sus familias somos guerrerenses.


¡POR QUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡POR LA VERDAD Y JUSTICIA PARA LOS ASESINADOS, SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS!

Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero

Los Otros Desaparecidos de Iguala

Taller de Desarrollo Comunitario A.C

Organizaciones Solidarias e integrantes de la Red de Enlaces Nacionales:

Desaparecidos Justicia A.C de Querétaro

Colectivo Solecito Veracruz

Nuestra Aparente Rendición (NAR)

Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.

Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural A.C.

Asamblea Popular de Familias Migrantes

Familiares en Búsqueda María Herrera A.C.

Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos

Colectivo por la Paz Xalapa

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos/as – Nuevo León

Grupo Vida

Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca

La Alameda Morelos

Unidos por los Desaparecidos de Baja California

Desaparecidos de Zapotengo Pochutla, Oaxaca

Dirección de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Voces Unidas por la Vida de Culiacán Sinaloa

GAREM Internacional

Red Retoño

Cauce Ciudadano A.C

Siempre Vivos A.C de Chilapa

Comunidad Artística

Desaparecidos del Fuerte y Zona Norte

Unión de Madres y Familiares de Desaparecidos de Sinaloa en los años 70´s

Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Familiares de Desaparecidos de Orizaba y Cordoba Veracruz

CESEM



Chilpancingo de los Bravos a 16 de diciembre del 2015.

Presentan denuncia contra Estado mexicano en la CIDH por violaciones a Derechos Humanos de Normalistas de Ayotzinapa el 12 de Diciembre de 2011

Conferencia de Prensa


Por el cuarto aniversario de las violaciones de derechos humanos en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurridas el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero; estudiantes, familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil presentan denuncia contra el Estado mexicano frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


Solicitan a la CIDH declare la admisibilidad de esta petición y los responsabilice por la violación de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.



Pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales ante el riesgo de daño al medio ambiente y a la salud propiciado por la política pública desarrollada por el Estado mexicano para la transición a la Televisión Digital Terrestre en el país

12 de diciembre de 2015

Con el pretexto de realizar exitosamente la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), las autoridades mexicanas han incumplido con sus obligaciones y deberes en materia de derechos humanos, especialmente en relación con los derechos constitucionales a un medio ambiente sano, a la salud, a la información y a la participación social en los asuntos públicos.



El Estado mexicano ha promovido el desuso y desecho de las televisiones analógicas sin desarrollar políticas ambientales y de salud adecuadas y suficientes en términos técnicos y jurídicos para su tratamiento integral en tanto residuos peligrosos, con efectos potencialmente graves para el ambiente y la salud pública. La política pública consistente en dotar de televisiones digitales a la población, además de ser excesivamente onerosa para las finanzas públicas y constituir potencialmente un delito electoral,  quebranta el principio de minimización de residuos y coloca a la población ante el inminente problema de gestionar el tratamiento de hasta 34,384,915 aparatos de televisión analógicos en un contexto de desamparo e incapacidad institucionales. Bajo las condiciones actuales, podrían ser liberadas al ambiente hasta 67,319 toneladas de óxido de plomo y de retardantes de flama bromados contenidos en las televisiones analógicas.

La exposición al plomo es la responsable por el 0.6% de las enfermedades en el mundo. El plomo afecta múltiples sistemas del cuerpo incluyendo los sistemas neurológico, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal. Aun con bajos niveles de exposición relativa se pueden causar serios daños neurológicos, en algunas ocasiones irreversibles. Se trata de un metal pesado tóxico que forma complejos con diferentes enzimas que afectan virtualmente todo el proceso de la síntesis de la hemoglobina, además de influir en el metabolismo de las porfirinas. Altos niveles de plomo en el ser humano han sido relacionados a encefalopatías, ataques o retrasos mentales. El plomo está asociado con la disminución de la audición en los adultos mayores, además de que interfiere en el cerebro con la transmisión y el procesamiento de los sonidos. Los expertos coincidieron en que, incluso niveles en sangre considerados aceptables para los niños de Estados Unidos (menos de 10 mcg/dL) podrían ser no seguros y, por ello, han propuesto que el nuevo límite de plomo en sangre para los niños sea de 2 mcg/dL.

Los retardantes de flama bromados (RFBs) son aditivos sintéticos usados principalmente como agentes ignífugos en aparatos eléctricos y electrodomésticos (como por ejemplo en las carcasas plásticas de los televisores). Las propiedades de algunos RFBs son típicas de los contaminantes orgánicos persistentes (son ubicuos, debido a que son lipofílicos y persistentes, se bioacumulan en los seres vivos y se biomagnifican). Particularmente algunos éteres bifenilos polibromados (PBDE’s-) y el hexabromo ciclododecano (HBCD) causan efectos nocivos a la salud.

Una vez más, a propósito de sus reformas estructurales, el Estado mexicano, respaldando el interés particular privado de las empresas involucradas en la llamada reforma de telecomunicaciones y beneficiadas con el paso de la señal analógica a la señal digital terrestre, ha colocado en una situación de grave riesgo ambiental y de salud al grueso de la población: habitantes de las 32 entidades federativas, las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y los dos mil 468 municipios del país. La reforma de telecomunicaciones impuso a las autoridades locales una serie de atribuciones y obligaciones sustanciales dentro del proceso que no fueron acompañadas de las condiciones prácticas, financieras e institucionales mínimas para su ejercicio y cumplimiento. Las instancias competentes en las entidades federativas y municipios no están capacitadas ni dotadas de la infraestructura y los recursos económicos adecuados y suficientes para atender debidamente el problema de la disposición, tratamiento o confinamiento de los residuos que generarán los millones de aparatos televisores desechados.

Por si lo anterior fuera poco, el gobierno federal ha organizado el manejo de las televisiones analógicas de manera tardía y con un presupuesto insuficiente e inadecuado, siendo que miles de aparatos televisores han sido ya  desmantelados informalmente. Según las licitaciones emitidas por la SCT para el manejo de los televisores analógicos, el acopio oficial de aparatos concluye de manera abrupta el 31 de diciembre del 2015, sin embargo, los residuos seguirán acumulándose y gestionándose inadecuadamente por meses, por lo que la actual vulneración impune de derechos se prolongará igualmente.

La transición a la TDT ha sido, además, impulsada por la administración pública federal sin poner a disposición de la población los medios necesarios para acceder a información básica relacionada con los riesgos ambientales y de salud del tratamiento de los televisores obsoletos, los cuales serán desechados como si fuesen basura ordinaria y se les mezclará con los residuos sólidos municipales. El plomo y los retardantes de flama bromados son sustancias que se volatilizan y dispersan en el ambiente, con altas posibilidades de contaminar cuerpos de agua, suelo y aire, así como de envenenar flora y fauna. No obstante, las autoridades responsables del proceso no le han informado al pueblo de México de manera adecuada, completa y efectiva de dichos riesgos, lo cual evidencia también que todos los niveles de gobierno son incapaces de planificar procesos de esta envergadura, y mucho menos de vigilar y garantizar los derechos fundamentales de quienes serán afectados.

La población directamente afectada o en riesgo de afectación, así como todas aquellas personas que quisieran prevenir una situación de peligro, se encuentran en estado de indefensión, pues carecen de la información mínima necesaria para afrontar el problema, sin mencionar que tampoco tienen información sobre los mecanismos jurídico-institucionales que les permitirían acceder a la justicia, hacer valer sus derechos y obligar a las autoridades a corregir sus acciones y reparar los daños causados por su actuar negligente. 



Asimismo, el proceso completo de transición tecnológica ha sido gestionado por las autoridades unilateralmente y de espaldas a la población, siendo que se trata de un asunto de interés público que impacta o impactaría negativa y contundentemente en los entornos vitales y la integridad física de las personas expuestas o en riesgo de exposición a las sustancias contenidas en los aparatos una vez considerados y tratados como basura.

En la disputa entre los grandes consorcios televisivos del país y el Estado mexicano por retardar o no el “apagón analógico” no aparecen como parte del debate las cuestiones ambientales, de salud, información y participación social. Los impactos ambientales y de salud de la transición a la TDT en perjuicio de la población no han sido valorados por la opinión pública ni en los espacios institucionales de deliberación como un problema social gravísimo de atención urgente, lo cual contribuye a su invisibilidad y a la consolidación de una estructura de impunidad en agravio de los millones de mexicanas y mexicanos que ya somos afectados ambientales. Sin embargo, autoridades y empresas son ética y jurídicamente responsables por el daño o riesgo de daño ambiental y de salud que su actuar provoque.

Por todo lo anterior:

1.     Exigimos al Estado mexicano cumplir con la normatividad ambiental que sistemáticamente ha omitido durante el proceso de transición a la TDT, así como con sus obligaciones y deberes en materia de derechos humanos con el propósito de que la población afectada o en riesgo de afectación sea informada del problema, participe en la conducción de la política pública respectiva y goce efectivamente de sus derechos a un medio ambiente sano y a la protección de la salud.

2.     Exigimos que el Estado mexicano, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, elabore un plan integral de manejo de los televisores analógicos que serán desechados por la población, el cual debe incluir, entre otros aspectos, la remediación de los impactos ya ocasionados por la ausencia de dicho plan.

3.     Asimismo, reclamamos del Estado mexicano el ejercicio de sus atribuciones legales para obligar a que las empresas involucradas en el proceso respeten los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

4.     Apoyamos la petición que diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, científicos y ciudadanos han hecho ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) denunciando las violaciones a los tratados internacionales y a la legislación ambiental mexicana en relación con la gestión de los televisores analógicos desechados por la transición a la televisión digital terrestre.


5.     Finalmente, exhortamos a la población a que levante quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos al localizar cementerios de televisiones analógicas en la vía pública,  baldíos, basureros, terrenos, o en cualquier lugar en el que puedan causar daños al ambiente y a la salud al quedar expuestos sus materiales tóxicos, llamando sin costo al  teléfono 01 800 715 2000. De igual manera se puede presentar una denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llamando al 01 800 770 33 72.

Ponen centro de acopio de alimentos en apoyo a afectados por incendios en Santa Rosa

  Ponen centro de acopio de alimentos en apoyo a afectados por incendios en Santa Rosa                  Hercilia Castro Zihu...