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viernes, 28 de octubre de 2011

Persiguen policías ministeriales a campesinos de Juluchuca, denuncian

Liberan sin pagar fianza a Omar Moreno, ejidatario detenido hace tres días, informan

Persiguen policías ministeriales a campesinos de Juluchuca, denuncian

Vigilan hombres en una camioneta color gris casa del ejidatario Salvador Flores, señalan
HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 26 de octubre. Campesinos opositores a la concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la empresa Agritsa SA de CV para la extracción de material pétreo del arroyo de Juluchuca, denunciaron que en el transcurso de la mañana fueron seguidos por una camioneta de efectivos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y lo atribuyen a las 15 órdenes de aprehensión giradas en contra el movimiento opositor.
El ejidatario Salvador Flores informó que a las 8 de la mañana se percató de que cuatro hombres a bordo de una camioneta color gris, se encontraban afuera de su casa, cuando se disponía ir a su trabajo, pero le resultó sospechoso y cambió de automóvil.
Explicó que su hijo menor tomó su vehículo y al salir fue abordado por los individuos quienes se identificaron como efectivos policiacos y le dijeron que iban con la orden de detener a Flores.
Describió que en la misma situación se encuentran los demás campesinos movilizados contra los dueños de la empresa Agritsa.
En el transcurso de la tarde, salió el campesino detenido hace tres días, Omar Moreno Ayvar, a quien lo esperaban sus familiares afuera del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Zihuatanejo. No pagó fianza.
El movimiento de campesinos opositores a la empresa Agritsa inició el 24 de noviembre del año pasado un plantón para detener la explotación y extracción de material pétreo del arroyo de Juluchuca.
La concesión de la empresa fue otorgada en 2009, pero los campesinos se percataron hasta 2010, cuando empleados de Agritsa devastaron durante dos días, más de ocho hectáreas de bosque aledaño al arroyo de la comunidad y talaron árboles protegidos por la ley general de protección al ambiente, como parota, ahuejote, culebro, capulín, pochota, noni, hediondillo y huamúchil.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/10/27/index.php?section=regiones&article=007n1reg

miércoles, 26 de octubre de 2011

Imponen multa de 2 millones 700 mil pesos a activista de Juluchuca detenido


Hay 15 órdenes de aprehensión contra opositores a la explotación de Agritsa

Imponen multa de 2 millones 700 mil pesos a activista de Juluchuca detenido

Es una maniobra del hermano del alcalde Albino Lacunza contra defensores de arroyo, señalan
HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 25 de octubre. Roberto Moreno Ayvar, hermano del campesino Omar Moreno Ayvar, de la comunidad de Juluchuca, detenido ayer por elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), denunció que el monto nuevo de la fianza fijada es de 2 millones 700 mil pesos, no de 100 mil pesos, como hasta ayer sabían.
Expresó que quienes interpusieron la denuncia en contra del activista fueron los encargados de la empresa extractora de material pétreo Agritsa SA de CV y que por la mañana, recibió una llamada del hermano del alcalde de Petatlán, Albino Lacunza Santos, quien le dijo que lo buscaba “para que pudieran arreglar el problema”.
“Esto vino de Napoleón –hermano del alcalde y propietario de la empresa–, él me llamó”, dijo.
Aclaró que no son ocho sino 15 las órdenes de aprehensión giradas contra los comuneros que han estado en defensa del arroyo y que la orden de captura contra de su hermano fue girada desde agosto.
Por su parte, el campesino Irineo Ramírez Cortes expresó que el comisario ejidal de Juluchuca, José Luis Vargas Izazaga, también se encuentra en la lista de las órdenes de aprehensión.
Moreno Ayvar señaló que esto era un golpe directo para que los campesinos desistan en la defensa del arroyo de la comunidad y expresó su deseo de que pronto salga su hermano.
“Esto es un golpe directo porque sabían que sólo así se iba a parar, se fueron por la vía legal y la denuncia está bien armada”, dijo.
Recalcó que Lacunza Santos sabe que los comuneros están en su derecho de defender el arroyo porque por ser tierras ejidales, no se pueden meter a extraer piedra del lugar y que las protestas han sido de manera pacífica, pero “se puede hacer bloqueos”.
Ramírez Cortes agregó que han denunciado el conflicto ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pero no han tenido respuesta de las autoridades en más de cuatro meses.
El número del expediente de la denuncia es el 136/2011/2, radicado en el juzgado segundo de distrito.

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