Murueta: PGJE dejó caso de Rubio Villegas porque el Ejército atrajo la investigación

El asesinato del na savi no quedará impune, confía el procurador
Murueta: PGJE dejó caso de Rubio Villegas porque el Ejército atrajo la investigación

CINDY PACHECO PALACIOS 

El procurador general de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, aclaró que el gobierno estatal no participará en las investigaciones en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y sólo intervendrá si existe una petición formal del gobierno federal, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició un juicio contra la Federación por este hecho.

Respecto al caso del joven indígena Bonfilio Rubio Villegas, que fue asesinado por militares en Huamuxtitlán, el funcionario estatal aseguró que el hecho no quedará impune, pero reconoció que las fuerzas castrenses serán las encargadas de enjuiciar a los señalados.

Consultado ayer después de un encuentro con miembros del Colegio de Abogados del estado de Guerrero, el procurador aseguró que las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) ya cuentan con documentos de información especial sobre el caso, y no descartó que se tenga una solución en breve, pues ya comenzaron los trabajos que requirió la Corte.

Al inicio de la investigación, argumentó, si trataron de coadyuvar “e hicimos una búsqueda en los archivos de nuestra institución, a ver si encontramos algún aspecto que pudiera servirles, ya les mandamos la respuesta: no encontramos mayor cosa”.

Murueta Urrutia rechazó que en Guerrero haya una violación del Estado a los defensores de los derechos humanos, y expresó que los ministerios públicos coadyuvan en garantizar este sector: “los ministerios públicos son defensores de derechos humanos porque se encargan a consignar a los que privan de la vida, a los que violan, pero tenemos que aguantar la presión de los problemas de la delincuencia”.

Respecto al caso de Rubio Villegas, informó que después del hecho la PGJE realizó las primeras investigaciones, pero lo abandonó debido a que el Ejército atrajo el caso, que finalmente será culminado por las fuerzas castrenses.

Rechazó que estas circunstancias provoquen impunidad en el asesinato del indígena. “Vamos a estar bien interesados y a estar pendientes de que se haga justicia; estamos seguros de que se va hacer justicia, no va quedar impune”.

 

Acogen RSF, Article 19 y Cencos el caso de La Jornada Guerrero

Exigen a las autoridades estatales esclarecer a la brevedad posible el atentado
Acogen RSF, Article 19 y Cencos el caso de La Jornada Guerrero

Coinciden los organismos de periodistas que es un atentado a la libertad de expresión

CITLAL GILES SANCHEZ

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) remitió el caso del robo de la camioneta y el tiraje del periódico La Jornada Guerrero a su central en París, Francia, mientras que el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Article 19 lanzaron una alerta internacional, pues consideran un atentado contra la libertad de expresión. Dichas organizaciones hicieron un llamado a las autoridades estatales para que den una pronta investigación al respecto. 

En entrevista, la representante de RSF en México, Balbina Flores Martínez, destacó que este tipo de actos son hechos intimidatorios para los medios de comunicación y periodistas por lo que destacó, deben ser investigados y aclarados por las autoridades locales, estatales y federales a fin de descartar o confirmar que haya sido una acción encaminada a detener el trabajo periodístico.

“Nuestra postura es que se investigue porque este hecho no es aislado, se da en un contexto de violencia generalizada y es entendible que los periodistas no escapen a esa situación y a cualquier agresión, o acto de intimidación, y por eso tiene que ser investigado a fondo pues sólo así se puede garantizar su trabajo”, señaló.

Flores Martínez reveló que ayer martes fue remitido el caso a la sede internacional de RSF, en París, Francia, donde la organización no gubernamental fijará un pronunciamiento y harán el llamado a las autoridades.

De igual forma, en la página de Cencos, dicha organización junto con Article 19 lanzaron una alerta en materia de libertad de expresión, en la que se informa que el lunes, la portada de La Jornada Guerrero denunciaba las diversas violaciones que hicieron durante cuatro días los militares a los derechos humanos de los habitantes de las comunidades de Las Ollas y las Palancas, municipio de Coyuca de Catalán donde agredieron y torturaron tanto a mujeres como a niños.

En la alerta, Cencos destacó que de acuerdo con las obligaciones internacionales, el Estado mexicano tiene la obligación no sólo de abstenerse de interferir en el ejercicio del derecho de la libertad de expresión, sino también de promoverlo y defenderlo, por lo que hicieron el llamado a las autoridades estatales a que se investigue el caso.

“Article 19 y Cencos hacen un llamado al procurador del Estado de Guerrero, Eduardo Murueta Urrutia y el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para iniciar una investigación efectiva y que conlleve al castigo los responsables”, exigió.

Article 19 es una organización independiente defensora de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo en la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza la libertad de expresión.

Cencos, fue la primera organización de denuncia a las agresiones contra periodistas en México y busca promover la libertad de expresión y en específico la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad de recibir información.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/18/index.php?section=politica&article=003n1pol

Federales encañonan por error al procurador Murueta Urrutia

Los agentes efectuaban revisiones a vehículos sospechosos, como el del fiscal
Federales encañonan por error al procurador Murueta Urrutia

Obligan a guaruras del funcionario a identificarse; él se esconde en su camioneta

MARGENA DE LA O 

Chilpancingo, 9 de junio. Agentes de la Policía Federal encañonaron al procurador de Justicia de la entidad, Eduardo Murueta Urrutia, en la esquina que hacen las calles Alejandro Cervantes Delgado y Valerio Trujano, cuando efectuaban operaciones cerca del centro de la ciudad; aunque sus guardias pusieron resistencia, los efectivos los obligaron a descender para que se identificaran, sólo así pudieron retirarse, sin que mediara ninguna disculpa.

Los policías, que estaban encapuchados, se transportaban en dos camionetas. Al parecer hacían un cateo en un negocio de lavado de autos que está en las orillas del río Huacapa, sin embargo, detenían a todo vehículo que les parecía sospechoso, entre ellos el del fiscal, al parecer porque iba escoltado.

Eran alrededor de las 11:30 del día cuando cruzaba esa área una Jeep Cherokee gris, blindada, la cual era escoltada por una camioneta Lobo arena, en la que iban seis personas, entre ellas el funcionario estatal.

Aparentemente los efectivos se enteraron que por ahí transitaban las dos camionetas con gente armada y las detuvieron en la esquina mencionada.

–¡Bájense, hijos de su puta madre!

Con ese grito, y encañonando con sus armas a los que tripulaban ambas camionetas, los interceptaron, pero los escoltas opusieron resistencia. Hubo un momento de tensión, hasta que los federales se impusieron y los obligaron a descender, y ya abajo se identificaron como guardias personales de Murueta Urrutia.

Los federales no les creyeron, así que los guardaespaldas fueron obligados a enseñarles la identificación del procurador, quien no se bajó de la camioneta y se ocultó. Los guaruras fueron revisados minuciosamente.

Con los ánimos más calmados, los agentes federales leyeron la credencial del fiscal guerrerense y sólo después de eso les permitieron retirarse; en ningún momento ofrecieron una disculpa por el altercado, incluso continuaron con la misma dinámica, pues en varios puntos de la ciudad repitieron sus acciones, motivadas por las recientes ejecuciones y enfrentamientos entre narcotraficantes, policías y militares.

Se conoció que el percance ocurrió después de que el procurador dejó su oficina por la parte trasera, para evadir la marcha que llegó a las instalaciones, encabezada por Martha Elba Garzón Bernal, recientemente destituida por él del cargo de visitadora general de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).

Antes, la ex funcionaria realizó una caminata con compañeros y amigos para exigirle al procurador le ofreciera una disculpa pública, ya que la acusó de falta de probidad en la comparecencia del 29 de abril en el Congreso local.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/10/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

El gobierno no dará protección al ecologista Javier Torres, responde Israel Soberanis

El gobierno no dará protección al ecologista Javier Torres, responde Israel Soberanis



Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El gobierno estatal no puede otorgar medidas cautelares a ciudadanos en particular, porque “están garantizadas las libertades y las garantías individuales de todos los ciudadanos”, dijo ayer el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos del gobierno estatal, Israel Soberanis Nogueda.
Agregó que Javier Torres Cruz, para quien reclaman esas medidas organizaciones sociales de derechos humanos, no ha sido formalmente ni directamente acusado por la desaparición del dirigente del PRD de Petatlán, Alvaro Rosas Martínez.
El funcionario estatal aseguró que de parte del gobierno estatal hay interés por esclarecer la desaparición del dirigente perredista Rosas Martínez, pero reconoció que no hay avances en las investigaciones.
Dirigentes de organizaciones sociales, como Javier Monrroy, del Taller de Desarrollo Comunitario; Luis Muñoz Vázquez de la CETEG, y Hercilia Castro, de la Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz), mediante un comunicado expresaron que les “indigna la posición del procurador Eduardo Murueta de salir al paso de las presiones de los diputados y dirigentes perredistas en su propia oficina mediante la infamia de inculpar a Javier Torres Cruz (de la desaparición de Alvaro Rosas), incluso señalándolo como vendedor de lotes de madera, cuando cualquiera sabe que esto no es labor propia de un ecologista”.
Y ante los señalamientos en contra del campesino ecologista Torres Cruz, formulados por la propia procuraduría General de Justicia del estado en un memorándum interno, los dirigentes de las tres agrupaciones demandaron “que sean extendidas las medidas cautelares necesarias a Torres Cruz y se garantice la seguridad física e integridad moral de él y su familia”.
Sin embargo ayer el subsecretario para Asuntos Políticos del gobierno estatal dijo para todos los guerrerenses están garantizadas sus libertades y sus garantías individuales, y “en esto se incluye a todos los luchadores sociales a quienes en Guerrero no se les limita, sino todo lo contrario, se les respeta y se les alienta en su trabajo, puesto que esto es en beneficio de la sociedad, sobre todo de los más desprotegidos”.
Además, el subsecretario dijo que hasta donde tiene conocimiento no existe ninguna acusación formal o directa en contra del dirigente ecologista de Petatlán, Javier Torres Cruz, por el secuestro del dirigente del PRD de Petatlán, Alvaro Rosas Martínez.
En cuanto a la desaparición del dirigente Rosas Martínez, aseguró que de parte del gobierno estatal hay interés por aclarar el caso, incluso dijo que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se reunió el miércoles de la semana pasada en Zihuatanejo con la mamá, el papá y el hermano de Alvaro Rosas.
Informó que en esa reunión “el gobernador les dio su punto de vista, su aliento y se solidarizó con ellos por la pena por la que están atravesando en estos días, y les ofreció todo el apoyo del gobierno a través de sus áreas responsables para avanzar en las investigaciones y lograr localizar a su familiar”.
Sin embargo dijo que hasta ayer no tenía conocimiento de los avances de las investigaciones, aunque señaló que si los hubiera no se darían a conocer, “por ministerio de ley y por cuestiones de logística”.
Indicó que en este sentido las autoridades no pueden informar, “imagínese que digan ya tenemos dos líneas de investigación y está en este sentido y estamos saliendo ahorita para ir por los responsables, simplemente se caerían todas esas líneas de investigación. No se pueden difundir, está prohibido”. 

http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=58479

Culpa PGJE a Javier Torres de la desaparición de Alvaro Rosas

Diferencias por negocios ilícitos y de armas, el móvil de la investigación ministerial
Culpa PGJE a Javier Torres de la desaparición de Alvaro Rosas

Minutos después el fiscal se desdice y asegura que sólo interrogan a ecologistas

MARLEN CASTRO 

CHILPANCINGO, 7 DE MAYO. Una de las líneas de investigación que sigue la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) sobre la desaparición de Alvaro Rosas Martínez, integrante del equipo de campaña del candidato a diputado federal del PRD por el distrito 3, Armando Ríos Piter, involucra como sospechoso al ecologista Javier Torres Cruz, quien en diciembre pasado fue encontrado con severas huellas de tortura tras 10 días de desaparecido.

Lo anterior, de acuerdo con una tarjeta informativa que de manera casual observaron algunos perredistas y reporteros durante una reunión del procurador Eduardo Murueta con familiares de Rosas Martínez, dirigentes y diputados del sol azteca, la cual se llevó a cabo esta mañana.

Ese documento afirma que Rosas Martínez, Torres Cruz y Neftali Rosas Cruz, este último detenido hace días por posesión ilegal de armas de fuego, los tres son integrantes de la Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y además familiares, “desde hace años trabajan juntos en el negocio de enervantes, armas y cartuchos”.

Agregó: “por los negocios sucios se comenzaron a tener desconfianza” y que hace como cuatro años fue asesinado el hermano de Javier, a quien conocían como Chemo y que los Torres Cruz achacaron esta muerte a Alvaro Rosas.

En la misma reunión, Bertoldo Martínez Cruz, integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, reprochó al procurador esta desviación de la investigación, pues cuestionó la premura con la que le pasaron esta tarjeta a Murueta, misma que fue copiada por los perredistas; incluso, le tomaron una fotografía.

Martínez le dijo al procurador que era inadmisible que se acusara a Javier Torres Cruz. “Eso está muy cabrón; este muchacho (Torres) es perseguido, no sale de la sierra, si esa información tiene usted anda muy lejos de la realidad”.

Entrevistado poco después, Murueta respondió de manera muy accidentada sobre el particular.

Dijo que no se investigaba a Torres Cruz por la desaparición de Alvaro Rosas, que sólo se comentó que “tenían relación porque son familiares”, pero en ese momento el fiscal desconocía que su tarjeta informativa había sido leída.

Se le preguntó que tenía que ver ahí Neftali Rosas y sólo refirió que son familiares, que fue detenido y que “lo entrevistaron para ver qué datos podía otorgar” y que fue quien les dijo que Torres le había pedido ayuda a Alvaro Rosas, pero el fiscal ya no quiso decir qué tipo de ayuda o qué tenía que ver eso con la desaparición.

En tanto, el diputado del PRD, Sebastián de la Rosa, recriminó esta línea de investigación y expresó su rechazo. Reveló que a dos días de la desaparición de Alvaro Rosas, la Procuraduría ya estaba siguiendo esa línea de investigación, según se lo contó el mismo procurador en una conversación telefónica.

En esa charla el fiscal le informó que detrás de la desaparición había un negocio de la compra de un lote de madera a Javier Torres Cruz, el que Alvaro Rosas se había negado a pagar, “pero eso es un absurdo, primero porque los Torres Cruz no se dedican a la venta de madera y segundo, porque Alvaro Rosas, tampoco”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/05/08/index.php?section=politica&article=003n1pol

 

Varada, investigación por el homicidio de activista contra la CFE

Varada, investigación por el homicidio de activista contra la CFE

JESÚS RODRÍGUEZ, CORRESPONSAL 

Tlapa, 9 de marzo. A casi dos meses del homicidio del dirigente Daniel Castro Flores, que encabezaba un movimiento de indígenas de La Montaña contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha ofrecido ningún resultado de las investigaciones, denunció Abel Bruno Arriaga, integrante del Comité de Gestoría Social, organización de la que Castro era presidente. “A la fecha no hay ningún avance, la Procuraduría no ha informado qué fue lo que pasó, cuál fue el móvil, parece que el asunto está parado”, reprochó Bruno Arriaga. Recordó que el pasado 14 de enero el cuerpo de Daniel Castro fue encontrado en una granja de pollos de su propiedad, cerca de la carretera Tlapa-Xalpatláhuac. Días después, el 25 de enero, más de 600 indígenas de La Montaña y vecinos de Tlapa marcharon en esta ciudad para exigir a las autoridades el esclarecimiento del caso y demandaron a la PGJE que no se descarte en la investigación el trabajo que Castro hacía como dirigente. Desde entonces “el asunto se fue deteniendo, parece que no hay nada todavía, incluso en las oficinas del Ministerio Público todavía está la camioneta del compañero Daniel, ahí está parada, es una de las pruebas que debiera incluir la investigación pero ahí está, no hay avances”. Por ello, comentó que solicitarán una audiencia al procurador Eduardo Murueta Urrutia, pues entre los dirigentes del movimiento hay preocupación porque las investigaciones están “muy lentas” y además, “los últimos hechos que han pasado en Guerrero con dirigentes indígenas pues enturbian el ambiente, la inseguridad es algo que nos preocupa”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/03/10/index.php?section=sociedad&article=006n3soc

 

Duda la PGJE de amenazas contra Javier Torres Cruz y sus familiares

El ecologista rechaza protección personal y denunciar a Rogaciano Alba: Murueta
Duda la PGJE de amenazas contra Javier Torres Cruz y sus familiares

Hay pruebas contra el dirigente de Tierra y Libertad, Máximo Mojica Delgado, sostiene

El luchador social estaría involucrado en tres secuestros, afirma el procurador de Justicia

CINDY PACHECO PALACIOS 

El ecologista de la sierra de Petatlán Javier Torres Cruz se ha negado a dar información y denunciar formalmente al ex alcalde priísta de Petatlán Rogaciano Alba Alvarez y al Ejército, por las amenazas de muerte hacia su persona –que ha hecho públicas–, aseguró el procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia.

Respecto al caso del luchador social Máximo Mojica Delgado indicó que está a una semana de culminar su segundo arraigo, así que la decisión en su caso está por tomarse, pero aseguró que se comprobó la participación del maestro jubilado en tres secuestros.

De Torres Cruz, indicó que fue citada a declarar la madre de éste, Martha Cruz Márquez, pero se reservó dar detalles de la información dada por la mujer y reiteró que no ha podido obtener más información de su desaparición por 10 días y del acoso que actualmente sufre del también líder ganadero Alba Alvarez y de militares.

“Nosotros abrimos una investigación. Declaró la mamá, no hemos podido obtener la declaración de él, porque pues como que se siente atemorizado no ha podido comparecer. Nosotros dijimos que iríamos a donde pudiera darnos la información con efecto de seguir adelante con la averiguación”, aseguró.

Consultado al asistir a un acto del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero, que se efectuó en la Universidad Americana de Acapulco, aclaró que la negativa del campesino de la sierra de Petatlán para dar información detiene la investigación, pero aceptó que sólo se ha limitado a la información obtenida de Cruz Márquez. “La mamá fue a declarar, nosotros vamos hacer investigaciones hacia algunas personas que pudieran haber participado, pero esto lo haremos totalmente en sigilo, porque así lo requiere la averiguación”.

De este caso, agregó que le ofrecieron darle seguridad, lo cual ha sido rechazado por el ecologista y se ha negado a colaborar con la Procuraduría de Justicia, pues incluso, afirmó, le ofrecieron acudir a donde él se encuentra para conversar.

En cuanto a Máximo Mojica, afirmó que “tenemos información, datos, de que esta persona participó en varios secuestros y por este razón está ahorita privado de la libertad, muy pronto el Ministerio Público dictará la determinación para ver qué se hace, si se consigna o se pone en libertad”.

Recordó que su segundo arraigo vence en una semana, y enseguida se resolverá dicho asunto. También omitió dar más detalles de este caso.

Por otra parte, reiteró que a nivel estatal se mantendrán los operativos conjuntos con el Ejército, para evitar enfrentamientos como el ocurrido el lunes pasado en Ciudad Altamirano y en semanas anteriores en diversas localidades del estado.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/01/28/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Hay 50 denuncias contra docentes que tomaron oficinas: Murueta

Fueron presentadas por ciudadanos y trabajadores estatales, asegura el procurador
Hay 50 denuncias contra docentes que tomaron oficinas: Murueta

No descarta la posibilidad de que se llegue a una negociación con los cetegistas

LAURA REYES

Aunque hay un pacto entre el gobierno del estado y la CETEG para frenar las movilizaciones, el procurador del estado, Eduardo Murueta Urrutia, reveló que existen más de 50 denuncias ante el Ministerio Público contra el magisterio disidente por la toma de calles y afectaciones que sufrieron edificios públicos tanto en Acapulco, Chilpancingo y en la región Centro.

Detalló que esas denuncias fueron presentadas durante los casi tres meses que duró ese conflicto magisterial, tanto por ciudadanos agraviados, como por trabajadores de las dependencias que fueron tomadas.

“Son de particulares y algunas dependencias gubernamentales. Son muchas y son por daños y el cierre de las vialidades”, y aclaró que ninguna de esas denuncias son por la toma que hicieron los cetegistas a las casetas de peaje en la Autopista del Sol por ser un área federal.

Aunque no dio a conocer los nombres de las dependencias estatales que interpusieron algunos de esos procedimientos judiciales, señaló sólo el caso del palacio de gobierno, donde los miembros de la CETEG se mantuvieron en plantón.

Agregó: “tenemos el caso del palacio donde muchas secretarías resultaron afectadas con el quiebre de vidrios. Son denuncias que están ahí pendientes, porque el Ministerio Público lo que debe hacer ante una denuncia es darle proceso, no puede decir no, sino darle entrada”.

Sin embargo, Murueta no descartó que sea viable negociar un acuerdo entre los afectados y cetegistas, llegando incluso al desistimiento de la propia denuncia, mientras que en el caso del cierre de vialidades es un delito que, aclaró, se sigue de oficio.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/11/26/index.php?section=sociedad&article=007n1soc

Se procesan 10 denuncias contra los cetegistas, advierte Murueta

Podrían cercar el Congreso con vallas y policías para garantizar las sesiones: Payán
Se procesan 10 denuncias contra los cetegistas, advierte Murueta

Afirma que los querellantes son particulares y dependencias, pero no da nombres

En otro tema, informa que surgió una nueva línea de investigación en el caso Lorenzo

MARLEN CASTRO

CHILPANCINGO, 16 DE OCTUBRE. El procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, advirtió que hay por lo menos unas 10 denuncias contra integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) presentadas por particulares e instituciones.

Murueta señaló que en las agencias del Ministerio Público –no precisó de dónde– están esas denuncias por privación de la libertad, bloqueo de avenidas y toma de edificios, pero omitió decir quiénes son los quejosos.

Las denuncias están en la etapa de integración, y luego se verá si proceden o no.

El fiscal admitió que en estas querellas no se puede proceder como se hace ordinariamente, porque sabe que se trata de protestas con sentido social.

Sin embargo, planteó que los maestros deberían cuidar que sus protestas no afecten a terceros, porque se abre la posibilidad de que los denuncien cuando creen que son atropelladas sus garantías individuales.

Advierte Payán represión policiaca

Al respecto, vía telefónica, el diputado del PRD, Ernesto Payán Cortinas, consideró que el Congreso tendrá que tomar una decisión para que las sesiones se reanuden.

–¿Sesionar en un lugar alterno es una posibilidad?

–Aún no se ha considerado nada, pero todo es posible.

En la entrevista, el legislador dejó entrever que están dispuestos a generar las condiciones para sacar los asuntos pendientes, y una de ellas podría ser cercar el recinto con vallas metálicas y usar la policía para impedir que los inconformes bloqueen la sede.

Recordó el desalojo de los normalistas de Ayotzinapa del 14 de noviembre del año pasado, pero aseguró que se llegó a ese extremo porque el recinto no se acordonó a tiempo para impedir la toma.

En un comunicado, el Congreso local indicó que se suspendió la sesión solemne del viernes porque no había “condiciones para salvaguardar la integridad de los invitados especiales”.

Nueva línea en el caso Lorenzo

En otro tema, el procurador indicó que en la investigación de la ejecución del ex alcalde con licencia de Ayutla, Homero Lorenzo Ríos, ya surgió una quinta línea que no fue considerada al principio, y en esa se concentran ahora “porque salieron cosas muy interesantes”. Sin embargo, se negó a indicar de qué se trata.

La Procuraduría aún descarta la posible participación de la guerrilla o de la delincuencia organizada, “aunque ninguna hemos abandonado definitivamente”.

Indicó que en el transcurso de las investigaciones “casi en todas han aparecido cosas muy interesantes y las hemos indagado y hasta que no se agoten definitivamente no las soltaremos”.

Sin embargo, señaló que en esa última línea que no había sido considerada “y que nos saltó durante la investigación”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/10/17/index.php?section=sociedad&article=007n1soc