sábado, 1 de mayo de 2010
Aurora Sansores, periodista de Campeche, sobre el periodismo y caso Candelaria...
Entrevista a la Periodista Aurora Sansores sobre la creación de la FENAPEM y el caso Candelaria en Campeche, la otra versión....
25 de abril 010, Ixtapan de La Sal, Edo. Méx
EL SILENCIO DE LAS GUERRILLAS
EL SILENCIO DE LAS GUERRILLAS
Índice Político/Francisco Rodríguez
HE INSISTIDO EN este espacio sobre la posibilidad de que, en el norte del país, los grupos delincuenciales estén empleando la “guerrilla de guerrillas” para hacer frente a las fuerzas federales. ¿Qué pasa, mientras tanto, con las guerrillas “de deveras”? ¿Por qué no se sabe de ellas? ¿Qué están preparando?
Vea usted la opinión del experto Jorge Lofredo, cofundador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (cedema.org) al respecto:
“Es difícil encontrar un lapso tan prolongado de silencio como el protagonizado por todas las organizaciones clandestinas revolucionarias armadas actualmente. Es un silencio que aturde y aquí aparece lo más llamativo: es coincidente. No debe suponerse por ello que se trate de inactividad política; es, eso sí, inactividad militar al que ahora se le suma otra de tipo comunicacional.
“Aquí, no obstante, parece comunicarse algo. Ya no se trata exclusivamente de no decir ni refiere a la pausa que existe entre cada párrafo o palabra; y aunque el silencio puede romperse en el próximo instante, en este caso se asemeja más a un secreto, donde lo más destacado es el proceso político que puede estar desarrollándose sin ser percibido. De inmediato surgirán las incógnitas, pero lo paradójico es que no puede ser explicado únicamente como coincidencia.
“Nunca como antes, esta coyuntura de silencio marca la pauta entre lo que ha sido expresado y lo que está por decirse. ¿Preludio de algún anuncio? En este aspecto, las ocasiones anteriores desconciertan: el Ejército Popular Revolucionario aumentó drásticamente sus comunicaciones públicas entre la desaparición de sus miembros y los ataques contra los ductos de Pemex. Tendencia Democrática Revolucionaria, antes de los explosivos colocados en diversos puntos del DF en noviembre de 2006, no registró mayor desarrollo de sus escritos. Por contraparte, aumentó su actividad cuando produjo el anuncio de la integración de una ‘Coordinación Revolucionaria’, junto al Movimiento Lucio Cabañas.
“Por tanto, entre el factor sorpresa –característico de la guerrilla– y la historia inmediata no pueden localizarse elementos concluyentes que definan qué políticas se están desarrollando entre las distintas organizaciones; sin embargo, esta actitud abre la posibilidad de la especulación periodística y la conjetura interesada. De hecho, los espacios de silencio –y esto sí puede confirmarse– provocan la aparición de esas especies en su versión más descarnada y, a veces, hasta irrisoria en sus contenidos.
“A diferencia del EPR, que tiene comprometido su accionar al desarrollo de la Comisión de Mediación, es sumamente significativo el silencio del resto, fundamentalmente de TDR y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. En estos vértices vacíos de expresión aunque no de contenido, no debe desatenderse la posibilidad de que algún sector ajeno a este ámbito de la clandestinidad revolucionaria y guerrillera decidiera llevar a cabo alguna acción militar en nombre de alguna de ellas; o también que se señale como relacionada a ellas; sin contar con la aparición de ‘nuevos grupos’ que en el futuro no volverán a manifestarse. Difícil considerar el accionar del EPR bajo otro nombre pues le plantearía un escenario desfavorable que lo obligaría a deslindarse.
“Aún en tiempos de la actuación de la Mediación, se realizaron algunas acciones –como es el caso del ERPI– lo que se presenta como un indicador de que no actúan mancomunadamente y que desvanecería la idea de un trabajo conjunto inmediatamente anterior; pero tampoco puede descartarse que en estos momentos se está produciendo una degradación constante de la arena política junto al emblemático 2010, que amplifica la intervención de organizaciones que no desarrollan sus actividades exclusivamente por la vía política, provengan y sostengan ideales revolucionarios o no.
“Un silencio en conjunto de esta especie no puede implicar otra cosa que un acuerdo de alguna especie, más no sea mínimo, que no necesariamente debe incluir en sus alcances alguna estrategia político-militar en común. Pero alcanza con que este sea estrictamente político para estar frente a un acontecimiento que a futuro podría incidir e influir en algunos escenarios. Es muy pronunciado para que sólo se trate de ‘solidaridad revolucionaria’ y demasiado conocidas las organizaciones para que todas se encuentran en una etapa de ‘acumulación de fuerzas en silencio’.
“La tradición rupturista del eperrismo podría haber encontrado un clivaje o la vuelta al mito de unidad que, precisamente, utilizó el PROCUP en 1996 cuando se reinventó como EPR.
“Quizá hoy se está procurando un retorno de aquella idea originaria.”
El emblemático 2010… pues.
Índice Flamígero: De acuerdo a la procuraduría general de justicia capitalina, los petardazos que en los últimos días han estallado en cajeros bancarios del área metropolitana del DF, podría estar ligado al grupo anarquista que ha realizado al menos seis atentados en distintos puntos de la ciudad en los últimos 365 días.
www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com
Índice Político/Francisco RodríguezHE INSISTIDO EN este espacio sobre la posibilidad de que, en el norte del país, los grupos delincuenciales estén empleando la “guerrilla de guerrillas” para hacer frente a las fuerzas federales. ¿Qué pasa, mientras tanto, con las guerrillas “de deveras”? ¿Por qué no se sabe de ellas? ¿Qué están preparando?
Vea usted la opinión del experto Jorge Lofredo, cofundador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (cedema.org) al respecto:
“Es difícil encontrar un lapso tan prolongado de silencio como el protagonizado por todas las organizaciones clandestinas revolucionarias armadas actualmente. Es un silencio que aturde y aquí aparece lo más llamativo: es coincidente. No debe suponerse por ello que se trate de inactividad política; es, eso sí, inactividad militar al que ahora se le suma otra de tipo comunicacional.
“Aquí, no obstante, parece comunicarse algo. Ya no se trata exclusivamente de no decir ni refiere a la pausa que existe entre cada párrafo o palabra; y aunque el silencio puede romperse en el próximo instante, en este caso se asemeja más a un secreto, donde lo más destacado es el proceso político que puede estar desarrollándose sin ser percibido. De inmediato surgirán las incógnitas, pero lo paradójico es que no puede ser explicado únicamente como coincidencia.
“Nunca como antes, esta coyuntura de silencio marca la pauta entre lo que ha sido expresado y lo que está por decirse. ¿Preludio de algún anuncio? En este aspecto, las ocasiones anteriores desconciertan: el Ejército Popular Revolucionario aumentó drásticamente sus comunicaciones públicas entre la desaparición de sus miembros y los ataques contra los ductos de Pemex. Tendencia Democrática Revolucionaria, antes de los explosivos colocados en diversos puntos del DF en noviembre de 2006, no registró mayor desarrollo de sus escritos. Por contraparte, aumentó su actividad cuando produjo el anuncio de la integración de una ‘Coordinación Revolucionaria’, junto al Movimiento Lucio Cabañas.
“Por tanto, entre el factor sorpresa –característico de la guerrilla– y la historia inmediata no pueden localizarse elementos concluyentes que definan qué políticas se están desarrollando entre las distintas organizaciones; sin embargo, esta actitud abre la posibilidad de la especulación periodística y la conjetura interesada. De hecho, los espacios de silencio –y esto sí puede confirmarse– provocan la aparición de esas especies en su versión más descarnada y, a veces, hasta irrisoria en sus contenidos.
“A diferencia del EPR, que tiene comprometido su accionar al desarrollo de la Comisión de Mediación, es sumamente significativo el silencio del resto, fundamentalmente de TDR y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. En estos vértices vacíos de expresión aunque no de contenido, no debe desatenderse la posibilidad de que algún sector ajeno a este ámbito de la clandestinidad revolucionaria y guerrillera decidiera llevar a cabo alguna acción militar en nombre de alguna de ellas; o también que se señale como relacionada a ellas; sin contar con la aparición de ‘nuevos grupos’ que en el futuro no volverán a manifestarse. Difícil considerar el accionar del EPR bajo otro nombre pues le plantearía un escenario desfavorable que lo obligaría a deslindarse.
“Aún en tiempos de la actuación de la Mediación, se realizaron algunas acciones –como es el caso del ERPI– lo que se presenta como un indicador de que no actúan mancomunadamente y que desvanecería la idea de un trabajo conjunto inmediatamente anterior; pero tampoco puede descartarse que en estos momentos se está produciendo una degradación constante de la arena política junto al emblemático 2010, que amplifica la intervención de organizaciones que no desarrollan sus actividades exclusivamente por la vía política, provengan y sostengan ideales revolucionarios o no.
“Un silencio en conjunto de esta especie no puede implicar otra cosa que un acuerdo de alguna especie, más no sea mínimo, que no necesariamente debe incluir en sus alcances alguna estrategia político-militar en común. Pero alcanza con que este sea estrictamente político para estar frente a un acontecimiento que a futuro podría incidir e influir en algunos escenarios. Es muy pronunciado para que sólo se trate de ‘solidaridad revolucionaria’ y demasiado conocidas las organizaciones para que todas se encuentran en una etapa de ‘acumulación de fuerzas en silencio’.
“La tradición rupturista del eperrismo podría haber encontrado un clivaje o la vuelta al mito de unidad que, precisamente, utilizó el PROCUP en 1996 cuando se reinventó como EPR.
“Quizá hoy se está procurando un retorno de aquella idea originaria.”
El emblemático 2010… pues.
Índice Flamígero: De acuerdo a la procuraduría general de justicia capitalina, los petardazos que en los últimos días han estallado en cajeros bancarios del área metropolitana del DF, podría estar ligado al grupo anarquista que ha realizado al menos seis atentados en distintos puntos de la ciudad en los últimos 365 días.
www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com
"UNA CATÁSTROFE PARA EL PUEBLO, UN NEGOCIO PARA LOS PATRONES":COMUNICADO DEL MIR, CHILE
"UNA CATÁSTROFE PARA EL PUEBLO, UN NEGOCIO PARA LOS PATRONES"
Analizando el Programa Laboral de Piñera previo al terremoto y al cambio de mando, dábamos cuenta de cómo las promesas populistas de la derecha llevaban consigo la profundización del neoliberalismo sobre la base de la flexibilidad laboral, las privatizaciones, la reducción del gasto social y el ataque a los derechos laborales. Dicho y hecho. Tal como Piñera y sus asesores lo anunciasen, el Programa de Gobierno no se ha corrido ni un punto, y la catástrofe natural que ha significado la perdida de cientos de vidas, la destrucción de miles de hogares y un enorme daño en general para el pueblo chileno, le ha brindado una valiosa oportunidad al gobierno para adelantar medidas que en otro contexto hubiesen producido un gran rechazo y para incluir dentro de las soluciones a los afectados algunas de las acciones que tenderán a empeorar aún más las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Crear un millón de empleos entre el 2009 y el 2014 se ha presentado como una de las grandes metas al alcanzar por el gobierno de Piñera. Para esto, antes del terremoto, ya se venían delineando los caminos para alcanzarla, entre los que se contaban una mayor flexibilidad laboral y el fin a la indemnización por años de servicio a cambio del fortalecimiento del seguro de desempleo. La lógica aquí es clara: favorecer al empresariado (con mayor flexibilidad, precariedad laboral y menores costos a la hora de despedir) y utilizar los recursos del Estado para paliar los desastres del modelo (aumentando el gasto estatal en seguros de desempleo). La modificación a la indemnización por años de servicio lo que permitiría es reducir los costos de los despidos, otorgándole la facultad al empresariado para despedir trabajadores u obligar a otros a jubilarse sin mayores costos, para luego recontratarlos o contratar a otros bajo mayores condiciones de explotación.
Estas medidas, lejos de amilanarse con el terremoto, cobraron aún mayor fuerza. Los patrones, haciendo uso del artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo, diseñado por José Piñera durante el régimen militar y que permite en situaciones de catástrofe despedir a trabajadores sin pagar ni el mes de aviso ni los años de servicio, no necesitaron de las reformas anteriormente mencionadas para comenzar a deshacerse de los trabajadores, sobretodo de los más antiguos, reduciendo los costos de los despidos.
No habían pasado ni días de la catástrofe y el dolor aún golpeaba fuertemente a las familias de la región del Bio Bio, cuando Versyluys despedía a 306 trabajadores bajo el articulo 159 Nº 6, lo mismo hacia Coinfa Limitada, ASMAR, pesqueras Landes, Paños Bio Bio, Termoeléctrica Colbun en Coronel, Forestal Santa Elena, Multivoice, sólo por nombrar algunas empresas de la región del Bio Bio, una de las más devastadas y con las ciudades con mayores índices de cesantía en el país. A los empresarios se suman los alcaldes, quienes viendo una buena oportunidad para minar el poder docente, procedieron al despido inmediato de miles de profesores a contrata a lo largo del país y a la reducción de horas de otro importante número. Cientos de empleadores de todo el país deben ser agregados a esta lista, no existiendo hasta el momento una cifra oficial de despidos bajo esta causal, aunque datos de la Dirección del Trabajo indican que serían al menos 8.758 sólo en el mes de marzo, concentrándose principalmente en Santiago y Concepción.
Buena parte de estas misma empresas, aprovechándose de la cesantía existente producto de la destrucción de los puestos de trabajo o de los despidos arbitrarios realizados, contratan o recontratan mano de obra con menores sueldos y mayores jornadas de trabajo, utilizando esta situación para obligar a quienes aun mantienen su empleo a que acepten reducciones de sueldos o extensión de las jornadas. De esta forma el terremoto ha sido una perfecta excusa para que los patrones se deshagan de los pagos por años de servicio y puedan adquirir mano de obra dispuesta aceptar una mayor explotación.
Junto a la ofensiva de los patrones nos encontramos con las medidas tomadas por el gobierno. Dando cuenta de la necesidad de crear empleos y teniendo en la mira el objetivo de la flexibilidad laboral, Piñera ha anunciado la creación de 60.000 nuevos empleos para las personas afectadas por el terremoto, entregando subsidios a las empresas que contraten mano de obra, las que aprovechándose de la necesidad de empleo contratarán con el sueldo mínimo y condiciones absolutamente precarias. A su vez, Piñera ha propuesto flexibilizar los requisitos para acceder al Fondo de Cesantía Solidario, pero al mismo tiempo, a través de la Ministra del Trabajo, ha iniciado la ofensiva respecto al fin de la indemnización por años de servicio.
Siguiendo con las promesas piñeristas, analizamos en el artículo anterior que para mantener un crecimiento promedio del PIB del 6% la solución pasaba por aumentar la productividad, produciendo más con menos, lo que en la práctica nos llevaba a una reforma al Estado en donde los ejes son la reducción del gasto fiscal, en términos de gasto en programas sociales y remuneraciones y empleos en el sector público, y una privatización encubierta de las empresas estatales o con alta participación del Estado (Codelco, Enap, Enami, entre otras), bajo la modalidad de las concesiones a privados y la venta de activos.
Otra vez, dicho y hecho. Utilizando como excusa la necesidad de enfocar todos los recursos estatales hacia la reconstrucción, Piñera ha anunciado la drástica reducción de gasto social y la postergación de una gran cantidad de programas que había dejado el anterior gobierno.
Al mismo tiempo, en medio de la conmoción por la catástrofe y como supuesta medida para financiar los gastos de la reconstrucción, Piñera anunció su intención de vender el 40% de participación que Codelco posee sobre la Empresa Eléctrica Norte Grande S.A. (Eldenor), con lo cual se iniciaría el camino que tiene por meta la privatización de Codelco. Siguiendo con las privatizaciones, el gobierno evalúa vender también los activos que posee sobre Aguas Andinas, donde Corfo posee un 35% de participación, Esval, con un 30% de participación, y Essbio, con un 43,4% de participación.
Pero el terremoto no sólo ha servido para desviar la atención respecto a estas intenciones privatizadoras, sino que también ha abierto una gran puerta para el ingreso y apoderamiento del sector público por parte del sector privado. Uno de los principales mecanismos planteados para reconstruir el país es la concesión a privados, la forma principal de “privatización encubierta”. Escuelas, hospitales, cárceles, carreteras, infraestructura pública serán concesionadas a empresas privadas, las cuales, gracias a la Ley de Concesiones, no sólo podrán levantar la infraestructura destruida o dañada, sino hacerse cargo de la administración de los establecimientos, lo que significaría el fin, por ejemplo, de la educación y la salud pública.
Los virajes tácticos en la Concertación
Frente a la derrota de la Concertación en las elecciones de enero, anticipábamos que la movilización social adquiriría un papel fundamental en tanto le permitiría a este conglomerado reformularse con un rostro progresista dentro de un proceso de acumulación de fuerzas en las bases sociales dentro de un eje de movilización social por la defensa de las “conquistas” logradas durante los gobiernos concertacionistas, entrampando al mismo tiempo reformas claves para el gobierno piñerista. Renovar su imagen, acumular fuerzas y frenar los avances del enemigo, eran parte de los objetivos de la movilización social a ser impulsada por la Concertación. Por lo cual la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) y el CONFECH, entre otros, adquirirán un papel fundamental.
Hasta antes del terremoto la CUT y los gremios afines la Concertación (para este análisis incluimos al Partido Comunista dentro de la Concertación) comenzaban a mover sus fichas y un ambiente movilizador se hacía sentir. Reuniones entre personeros de la Concertación y dirigentes sindicales proclamando una “bancada social”, “convergencias para la lucha social” que tendrían expresiones en las calles el día de la mujer, el día del cambio de mando, el 28 de marzo con la conmemoración de los asesinatos de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino, anuncios de movilización por parte de la ANEF y el Colegio de Profesores anunciaban una táctica movilizadora para este año dentro de la estrategia para retornar al poder el 2014.
Sin embargo, tanto el terremoto como las configuraciones y fricciones internas dentro de la Concertación provocaron un cambio táctico en el marco de la coyuntura política de la catástrofe. Al darse cuenta del error político que significaría seguir con su plan movilizador, el que sería rechazado por todos los sectores al ir en contra de las necesidades propias de la catástrofe, los gremios manejados por la Concertación se colgaron rápidamente del “Gobierno de Unidad Nacional” proclamado por Piñera, haciéndose parte de los esfuerzos por reconstruir el país. El acuerdo entre la CUT y la Confederación de Producción y Comercio (CPC) en términos de trabajar juntos para levantar el empleo, el diálogo y acuerdo entre Lavín y el Colegio de Profesores, que pospuso el tema de la deuda histórica y calmo los ánimos movilizadores, y los acuerdos entre el mismo Lavín y el CONFECH, en donde el gremio estudiantil adoptó el compromiso de no movilizarse a cambio de todas las facilidades para desarrollar sus “trabajos voluntarios”, son ejemplos del cambio táctico adoptado por la Concertación en ese momento. Esto no sólo tenía el objetivo mediático de colocar a la CUT, al Colegio de Profesores o al Confech como entidades que eran capaces de “dejar de lado sus diferencias con el Gobierno” para enfrentar unidos los desafíos del terremoto, sino para desarrollar, en esta misma línea, una táctica de inserción política en las zonas afectadas. A través de la CUT, el Colegio de Profesores y la FECH, la reconstrucción tomo un carácter político con el claro objetivo de desarrollar bases de apoyo en esos sectores y perspectivar futuros dirigentes, utilizando de esta forma el sufrimiento del pueblo para pavimentar su retorno al poder.
Así, con los gremios enfocados en temas de reconstrucción y la Concertación con sus problemas internos, las grandiosas movilizaciones anunciadas pasaron sin pena ni gloria. Lo anterior para el caso de las movilizaciones anunciadas por la Concertación, ya que el pueblo, ese mismo pueblo devastado que veía como la CUT tomaba acuerdos con los representantes de los empresarios, comenzó a movilizarse de forma autónoma. Decenas de protestas comenzaron a levantarse en las regiones afectadas y, al mismo tiempo, el programa económico de Piñera comenzó a hacerse cada vez más notorio al igual que sus ataques a la clase trabajadora y al pueblo. Pequeños chispazos de movilizaciones comenzaron a darse y las bases controladas por estos gremios comenzaron a inquietarse, al igual que sus dirigencias quienes veían cómo se desarrollaban pequeñas movilizaciones sociales que escapaban a su control. Al mismo tiempo, el terremoto como hecho mediático fue perdiendo fuerza y la televisión volvió a llenarse de noticias sobre delincuencia y deportes.
Entendiendo esto, y viendo cumplida la primera fase de su inserción territorial a través de la “ayuda solidaria”, la Concertación y los gremios controlados por esta han comenzado un nuevo viraje táctico en el contexto del 1 de mayo. Al igual como Piñera ha al terremoto para legitimar su plan económico, los gremios concertacionistas comienzan a retomar tímidamente su estrategia movilizadora y el plan de lucha desarrollado, ahora matizado con las demandas propias de la catástrofe. La CUT se ha manifestado en contra del fin a la indemnización por años de servicio y ahora (después de mucho silencio) ha sacado la voz denunciando los despidos realizados bajo el artículo 159, retomando la agenda laboral para cambiar el Código del Trabajo y lograr un reajuste del 10% al salario mínimo, en compañía de los parlamentarios concertacionistas, en especial del PS. El Colegio de Profesores ahora saca la voz por la concesión de los establecimientos municipales, al igual que lo hace la Confusam. Y la FECH, luego de gastar la mayoría de sus recursos en hacer trabajo político en las zonas afectadas, empieza tímidamente a criticar las propuestas de Lavín para ayudar a los estudiantes afectados, obligados en parte por pequeñas articulaciones que comienzan a darse en el movimiento estudiantil de manera autónoma al CONFECH.
Así, la Concertación aun dentro de su desorden, ha aprovechado de manera oportunista el sufrimiento del pueblo chileno, primero utilizando con fines políticos la ayuda inmediata a las zonas afectadas, y luego utilizando las movilizaciones de los más afectados para retomar su estrategia de presión y de cooptación de las movilizaciones y del malestar social.
El panorama de los trabajadores
La postura adoptada por la CUT, las privatizaciones que comienzan a plantearse como parte del Programa de Reconstrucción de Piñera, los despidos injustificados y los ataques a los derechos a la clase trabajadora, han provocado la reactivación de muchos sectores que se encontraban dormidos o a la espera y la articulación de otros. Luego del terremoto y de su impacto, la calma inicial aparente comienza a desaparecer. Tanto los gremios manejados por la Concertación, aquellos que reciben su influencia, como aquellos que desarrollan sus luchas de forma autónoma, comienzan a retomar la dinámica que venían desarrollando antes de la catástrofe, aunque con el claro impacto de ella; veamos algunos casos ilustrativos de lo que está sucediendo a grandes rasgos con la lucha de los trabajadores.
Ya antes de la asunción de Piñera, la presidencia la ANEF mostraba su preocupación por un posible despido masivo de empleados públicos ligados (y no ligados también) a la Concertación y una precarización de sus condiciones laborales producto de las modificaciones que Piñera ha anunciado para el sector. La ANEF ha denunciado el despido de más de 500 funcionados públicos no vinculados a cargos políticos, lo que afecta principalmente a trabajadores a contrata y honorarios. Los trabajadores en esta condición equivalen al 60% del total, cuando por ley sólo deberían existir un 20% en esta condición y el resto ser trabajadores de planta, sin embargo, durante los gobiernos de la Concertación nunca se quiso regularizar esta situación. Frente a esta realidad, y a los posibles despidos que se produzcan al asumir nuevas autoridades en regiones y provincias, la ANEF ha anunciado acciones en la Contraloría e iniciar las movilizaciones si es que no hay soluciones. Siguiendo en la línea de los despidos en el sector público, la Asociación Nacional de Funcionarios del Consejo de la Cultura, ANFUCULTURA, se encuentran movilizados (apoyados por la ANEF) por los despidos realizados por el Ministro Luciano Cruz-Coke y las condiciones de precariedad que afectan al sector; por su parte, la Asociación Nacional de Funcionarios del Fosis se ha declarado en estado de alerta luego de que el Mideplan le pidiese al director nacional de Fosis su renuncia, pese a que el gobierno se había comprometido a mantenerlo en su cargo debido a que había sido designado mediante un concurso de Alta Dirección Pública. Despidos también amenazan a los trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, quienes han denunciado que ya van 20 despidos injustificados y se esperan unos 300, ante lo cual se encuentran en discusiones para iniciar la paralización del servicio de trenes. Siguiendo en el sector público, los trabajadores de la Empresa de Aeronáutica de Chile (ENAER), se encuentran movilizados con el objetivo de lograr un reajuste salarial de 4,5% que les corresponde en tanto trabajadores del sector público. Junto con esto, Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas ha manifestado su rechazo a las declaraciones de Andrés Allamand y de la Editorial de La Segunda que llaman a cerrar el Diario La Nación, lo que o sólo afectaría a los trabajadores de este medio sino que atacarían la libertad de expresión.
Para solucionar el problema de la infraestructura en salud destruida por el terremoto, Piñera anunció la construcción de 20 hospitales mediante el mecanismo de la concesión a privados, entre los que se cuentan los hospitales Barros Luco Trudeau y Exequiel González Cortés. Esto provocó un inmediato rechazo de la Federación Nacional de Profesionales de la Salud del Barros Luco quienes anunciaron el comienzo de las manifestaciones. De igual forma la Federación de Funcionarios de la Salud denunció un aprovechamiento del gobierno de la situación de catástrofe para privatizar la salud pública, en tanto Esteban Maturana, consejero de Salud de la CUT y miembro de la CONFUSAM, convocó a todos los trabajadores de la salud a manifestarse contra la privatización del sector y a salir a las calles el 1 de mayo.
Otros sectores que se encuentran atentos frente a las posibles privatizaciones son el Colegio de Profesores y los sindicatos del cobre. Los primeros ya han hecho público su rechazo a la concesión de establecimientos educativos como medida de reconstrucción y se han puesto en alerta frente a los avances que tiene en el legislativo la Ley de Superintendencia y Agencia de la Calidad de la Educación. Por su parte, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco (FESUC) y la Federación Minera de Chile, entre otros, ante la posible venta de la participación de Codelco en Eldenor, han seguido la línea de defender un Codelo 100% estatal, rechazando la privatización y denunciando posibles próximas privatizaciones, como la que podría suceder con el yacimiento de cobre El Abra, en donde Codelco posee un 49% de participación.
En tanto, diversos sindicatos siguen en movilizaciones o en procesos de negociación colectiva. Se han manifestado los sindicatos de Coca Cola en Rancagua, los trabajadores de termoeléctrica Patache, los trabajadores del sindicato Nº2 astillero Marco Chilena, los trabajadores de Tottus Mall, los trabajadores contratistas de Movistar, los trabajadores de la empresa contratista CLP, entre otros. Demostrando que la lucha por los derechos de los trabajadores no cesa.
Los efectos ahora visibles del Plan Económico de Piñera, expresado en despidos, privatizaciones encubiertas, y el viraje táctico de la CUT han reactivado a algunos sectores en las cercanías del 1 de mayo. Sin embargo, una serie de movilizaciones se han venido dando desde antes de este proceso. Las necesidades derivadas de la catástrofe, la ausencia de ayuda real y concreta de parte de los gobiernos, la destrucción de puestos de trabajo, el problema de vivienda y de subsistencia, los despidos abusivos realizados por los patrones, entre muchos otros factores, provocaron una oleada de protestas en las zonas más afectadas, especialmente en el Gran Concepción. A pesar del Estado de sitio imperante, los trabajadores no dudaron en salir a las calles. El acceso al Puerto de Talcahuano fue cortado por los trabajadores en San Vicente, lo mismo sucedió con el ingreso a la termoeléctrica Bocamina II en Coronel, profesores de Huelpen protestaron frente al municipio rechazando los despidos y las bajas en los sueldos, en Los Álamos los trabajadores de la forestal Santa Elena se tomaron las instalaciones cuando esta se declaró en quiebra, los profesores de Penco se movilizaron contra los descuentos salariales, pobladores y trabajadores de Dichato cortaron la ruta a Tome producto de las demoras en la construcción de medias aguas, los deudores habitaciones del Gran Concepción protestaron frente a la gobernación exigiendo la condonación de sus deudas, los trabajadores despedidos de Versyluys protestaron en San Pedro, sólo por nombrar algunas movilizaciones que se han dado y que seguirán dándose. Frente a la ineficaz ayuda gubernamental y a una dirigencia de la CUT más preocupada de obtener réditos políticos de la catástrofe, ha sido la organización y movilización independiente de pobladores y trabajadores la que se ha levantado para hacer frente a la catástrofe.
En el sector pesquero, miles de familias de pescadores artesanales han perdido sus fuentes laborales, los trabajadores de empresas pesqueras están siendo despedidos, al igual que los trabajadores portuarios. Del mismo modo, en el sector del salmón, el terremoto ha sido una perfecta excusa para realizar despidos producto del terremoto, a lo que hay que sumar el terremoto social que ha producido la aprobación de la nueva Ley de Pesca que terminó por privatizar el mar chileno. A la dura realidad de los trabajadores del salmón y a los miles de cesantes que ha dejado esta industria, hay que sumar la eliminación del Programa de Empleo para la Salmonicultura, Plan Salmón, en el que venían comprometidos $10 mil millones para generar trabajo y palear la enorme cesantía presente en la Región de los Lagos, así como un recorte del 17% del presupuesto regional, el que supuestamente irá a parar al Plan de Reconstrucción. Frente a esta situación que agrava aún más la miseria de los trabajadores sin empleo, se han anunciado movilizaciones de parte de trabajadores y sindicatos.
Otro de los sectores duramente afectados es del agro. Miles de familias de pequeños campesinos y temporeros han sido damnificadas o han visto destruidos sus bienes materiales y sus siembras. Han perdido sus frutas producto del terremoto, se han destruido los canales de regadío, el riego por goteo, han visto destruidas sus viviendas, no tiene dinero para alimentar a sus animales, puentes y caminos en mal estado, etc. Todos efectos de la catástrofe acentuados por las miserables condiciones de vida en la que se encontraba la gente del campo. Significando esto la pérdida del sustento familiar en el caso de los pequeños campesinos, la destrucción de sus fuentes de empleo y una mayor necesidad de trabajo, lo que será aprovechado por los patrones para aumentar las condiciones de explotación, de los temporeros.
El terremoto neoliberal de Piñera y su Programa Económico comienza afectar duramente al pueblo chileno, al igual que lo han hecho la catástrofe natural. Sin embargo, ha sido la ayuda solidaria de clase y la movilización activa la que comienzan a danos una luz de esperanza. Ha sido la ayuda brindada a las zonas devastadas por decenas de sindicatos de base, por estudiantes organizados, por las mismas comunidades afectadas, las que han ayudado a resolver por parte del mismo pueblo las necesidades inmediatas del pueblo afectado. Y ha sido la movilización y la presión de estos mismos afectados la que ha logrado poco a poco que las autoridades respondan y los recursos gubernamentales comiencen a llegar. Ayuda solidaria y movilización han sido los caminos para enfrentar la catástrofe natural y deben ser los mismos caminos que debemos tomar para enfrentar la catástrofe que Piñera pretende implementar para enriquecer aun más a los dueños del poder y la riqueza. Rechazar las privatizaciones, combatir el Programa Económico y el Plan Laboral de Piñera, fortalecer la organización de base de los trabajadores y la lucha autónoma por nuestros derechos son los caminos para hacer realidad en al ámbito de la lucha la consigna que los pobres y explotados del campo y la ciudad han levantado para hacer frente a la catástrofe y sus secuelas: Sólo el pueblo ayuda al pueblo.
LUCHANDO AVANZAN LOS TRABAJADORES
Danilo Neira
http://www.cedema.org/ver.php?id=3905
Analizando el Programa Laboral de Piñera previo al terremoto y al cambio de mando, dábamos cuenta de cómo las promesas populistas de la derecha llevaban consigo la profundización del neoliberalismo sobre la base de la flexibilidad laboral, las privatizaciones, la reducción del gasto social y el ataque a los derechos laborales. Dicho y hecho. Tal como Piñera y sus asesores lo anunciasen, el Programa de Gobierno no se ha corrido ni un punto, y la catástrofe natural que ha significado la perdida de cientos de vidas, la destrucción de miles de hogares y un enorme daño en general para el pueblo chileno, le ha brindado una valiosa oportunidad al gobierno para adelantar medidas que en otro contexto hubiesen producido un gran rechazo y para incluir dentro de las soluciones a los afectados algunas de las acciones que tenderán a empeorar aún más las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Crear un millón de empleos entre el 2009 y el 2014 se ha presentado como una de las grandes metas al alcanzar por el gobierno de Piñera. Para esto, antes del terremoto, ya se venían delineando los caminos para alcanzarla, entre los que se contaban una mayor flexibilidad laboral y el fin a la indemnización por años de servicio a cambio del fortalecimiento del seguro de desempleo. La lógica aquí es clara: favorecer al empresariado (con mayor flexibilidad, precariedad laboral y menores costos a la hora de despedir) y utilizar los recursos del Estado para paliar los desastres del modelo (aumentando el gasto estatal en seguros de desempleo). La modificación a la indemnización por años de servicio lo que permitiría es reducir los costos de los despidos, otorgándole la facultad al empresariado para despedir trabajadores u obligar a otros a jubilarse sin mayores costos, para luego recontratarlos o contratar a otros bajo mayores condiciones de explotación.
Estas medidas, lejos de amilanarse con el terremoto, cobraron aún mayor fuerza. Los patrones, haciendo uso del artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo, diseñado por José Piñera durante el régimen militar y que permite en situaciones de catástrofe despedir a trabajadores sin pagar ni el mes de aviso ni los años de servicio, no necesitaron de las reformas anteriormente mencionadas para comenzar a deshacerse de los trabajadores, sobretodo de los más antiguos, reduciendo los costos de los despidos.
No habían pasado ni días de la catástrofe y el dolor aún golpeaba fuertemente a las familias de la región del Bio Bio, cuando Versyluys despedía a 306 trabajadores bajo el articulo 159 Nº 6, lo mismo hacia Coinfa Limitada, ASMAR, pesqueras Landes, Paños Bio Bio, Termoeléctrica Colbun en Coronel, Forestal Santa Elena, Multivoice, sólo por nombrar algunas empresas de la región del Bio Bio, una de las más devastadas y con las ciudades con mayores índices de cesantía en el país. A los empresarios se suman los alcaldes, quienes viendo una buena oportunidad para minar el poder docente, procedieron al despido inmediato de miles de profesores a contrata a lo largo del país y a la reducción de horas de otro importante número. Cientos de empleadores de todo el país deben ser agregados a esta lista, no existiendo hasta el momento una cifra oficial de despidos bajo esta causal, aunque datos de la Dirección del Trabajo indican que serían al menos 8.758 sólo en el mes de marzo, concentrándose principalmente en Santiago y Concepción.
Buena parte de estas misma empresas, aprovechándose de la cesantía existente producto de la destrucción de los puestos de trabajo o de los despidos arbitrarios realizados, contratan o recontratan mano de obra con menores sueldos y mayores jornadas de trabajo, utilizando esta situación para obligar a quienes aun mantienen su empleo a que acepten reducciones de sueldos o extensión de las jornadas. De esta forma el terremoto ha sido una perfecta excusa para que los patrones se deshagan de los pagos por años de servicio y puedan adquirir mano de obra dispuesta aceptar una mayor explotación.
Junto a la ofensiva de los patrones nos encontramos con las medidas tomadas por el gobierno. Dando cuenta de la necesidad de crear empleos y teniendo en la mira el objetivo de la flexibilidad laboral, Piñera ha anunciado la creación de 60.000 nuevos empleos para las personas afectadas por el terremoto, entregando subsidios a las empresas que contraten mano de obra, las que aprovechándose de la necesidad de empleo contratarán con el sueldo mínimo y condiciones absolutamente precarias. A su vez, Piñera ha propuesto flexibilizar los requisitos para acceder al Fondo de Cesantía Solidario, pero al mismo tiempo, a través de la Ministra del Trabajo, ha iniciado la ofensiva respecto al fin de la indemnización por años de servicio.
Siguiendo con las promesas piñeristas, analizamos en el artículo anterior que para mantener un crecimiento promedio del PIB del 6% la solución pasaba por aumentar la productividad, produciendo más con menos, lo que en la práctica nos llevaba a una reforma al Estado en donde los ejes son la reducción del gasto fiscal, en términos de gasto en programas sociales y remuneraciones y empleos en el sector público, y una privatización encubierta de las empresas estatales o con alta participación del Estado (Codelco, Enap, Enami, entre otras), bajo la modalidad de las concesiones a privados y la venta de activos.
Otra vez, dicho y hecho. Utilizando como excusa la necesidad de enfocar todos los recursos estatales hacia la reconstrucción, Piñera ha anunciado la drástica reducción de gasto social y la postergación de una gran cantidad de programas que había dejado el anterior gobierno.
Al mismo tiempo, en medio de la conmoción por la catástrofe y como supuesta medida para financiar los gastos de la reconstrucción, Piñera anunció su intención de vender el 40% de participación que Codelco posee sobre la Empresa Eléctrica Norte Grande S.A. (Eldenor), con lo cual se iniciaría el camino que tiene por meta la privatización de Codelco. Siguiendo con las privatizaciones, el gobierno evalúa vender también los activos que posee sobre Aguas Andinas, donde Corfo posee un 35% de participación, Esval, con un 30% de participación, y Essbio, con un 43,4% de participación.
Pero el terremoto no sólo ha servido para desviar la atención respecto a estas intenciones privatizadoras, sino que también ha abierto una gran puerta para el ingreso y apoderamiento del sector público por parte del sector privado. Uno de los principales mecanismos planteados para reconstruir el país es la concesión a privados, la forma principal de “privatización encubierta”. Escuelas, hospitales, cárceles, carreteras, infraestructura pública serán concesionadas a empresas privadas, las cuales, gracias a la Ley de Concesiones, no sólo podrán levantar la infraestructura destruida o dañada, sino hacerse cargo de la administración de los establecimientos, lo que significaría el fin, por ejemplo, de la educación y la salud pública.
Los virajes tácticos en la Concertación
Frente a la derrota de la Concertación en las elecciones de enero, anticipábamos que la movilización social adquiriría un papel fundamental en tanto le permitiría a este conglomerado reformularse con un rostro progresista dentro de un proceso de acumulación de fuerzas en las bases sociales dentro de un eje de movilización social por la defensa de las “conquistas” logradas durante los gobiernos concertacionistas, entrampando al mismo tiempo reformas claves para el gobierno piñerista. Renovar su imagen, acumular fuerzas y frenar los avances del enemigo, eran parte de los objetivos de la movilización social a ser impulsada por la Concertación. Por lo cual la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) y el CONFECH, entre otros, adquirirán un papel fundamental.
Hasta antes del terremoto la CUT y los gremios afines la Concertación (para este análisis incluimos al Partido Comunista dentro de la Concertación) comenzaban a mover sus fichas y un ambiente movilizador se hacía sentir. Reuniones entre personeros de la Concertación y dirigentes sindicales proclamando una “bancada social”, “convergencias para la lucha social” que tendrían expresiones en las calles el día de la mujer, el día del cambio de mando, el 28 de marzo con la conmemoración de los asesinatos de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino, anuncios de movilización por parte de la ANEF y el Colegio de Profesores anunciaban una táctica movilizadora para este año dentro de la estrategia para retornar al poder el 2014.
Sin embargo, tanto el terremoto como las configuraciones y fricciones internas dentro de la Concertación provocaron un cambio táctico en el marco de la coyuntura política de la catástrofe. Al darse cuenta del error político que significaría seguir con su plan movilizador, el que sería rechazado por todos los sectores al ir en contra de las necesidades propias de la catástrofe, los gremios manejados por la Concertación se colgaron rápidamente del “Gobierno de Unidad Nacional” proclamado por Piñera, haciéndose parte de los esfuerzos por reconstruir el país. El acuerdo entre la CUT y la Confederación de Producción y Comercio (CPC) en términos de trabajar juntos para levantar el empleo, el diálogo y acuerdo entre Lavín y el Colegio de Profesores, que pospuso el tema de la deuda histórica y calmo los ánimos movilizadores, y los acuerdos entre el mismo Lavín y el CONFECH, en donde el gremio estudiantil adoptó el compromiso de no movilizarse a cambio de todas las facilidades para desarrollar sus “trabajos voluntarios”, son ejemplos del cambio táctico adoptado por la Concertación en ese momento. Esto no sólo tenía el objetivo mediático de colocar a la CUT, al Colegio de Profesores o al Confech como entidades que eran capaces de “dejar de lado sus diferencias con el Gobierno” para enfrentar unidos los desafíos del terremoto, sino para desarrollar, en esta misma línea, una táctica de inserción política en las zonas afectadas. A través de la CUT, el Colegio de Profesores y la FECH, la reconstrucción tomo un carácter político con el claro objetivo de desarrollar bases de apoyo en esos sectores y perspectivar futuros dirigentes, utilizando de esta forma el sufrimiento del pueblo para pavimentar su retorno al poder.
Así, con los gremios enfocados en temas de reconstrucción y la Concertación con sus problemas internos, las grandiosas movilizaciones anunciadas pasaron sin pena ni gloria. Lo anterior para el caso de las movilizaciones anunciadas por la Concertación, ya que el pueblo, ese mismo pueblo devastado que veía como la CUT tomaba acuerdos con los representantes de los empresarios, comenzó a movilizarse de forma autónoma. Decenas de protestas comenzaron a levantarse en las regiones afectadas y, al mismo tiempo, el programa económico de Piñera comenzó a hacerse cada vez más notorio al igual que sus ataques a la clase trabajadora y al pueblo. Pequeños chispazos de movilizaciones comenzaron a darse y las bases controladas por estos gremios comenzaron a inquietarse, al igual que sus dirigencias quienes veían cómo se desarrollaban pequeñas movilizaciones sociales que escapaban a su control. Al mismo tiempo, el terremoto como hecho mediático fue perdiendo fuerza y la televisión volvió a llenarse de noticias sobre delincuencia y deportes.
Entendiendo esto, y viendo cumplida la primera fase de su inserción territorial a través de la “ayuda solidaria”, la Concertación y los gremios controlados por esta han comenzado un nuevo viraje táctico en el contexto del 1 de mayo. Al igual como Piñera ha al terremoto para legitimar su plan económico, los gremios concertacionistas comienzan a retomar tímidamente su estrategia movilizadora y el plan de lucha desarrollado, ahora matizado con las demandas propias de la catástrofe. La CUT se ha manifestado en contra del fin a la indemnización por años de servicio y ahora (después de mucho silencio) ha sacado la voz denunciando los despidos realizados bajo el artículo 159, retomando la agenda laboral para cambiar el Código del Trabajo y lograr un reajuste del 10% al salario mínimo, en compañía de los parlamentarios concertacionistas, en especial del PS. El Colegio de Profesores ahora saca la voz por la concesión de los establecimientos municipales, al igual que lo hace la Confusam. Y la FECH, luego de gastar la mayoría de sus recursos en hacer trabajo político en las zonas afectadas, empieza tímidamente a criticar las propuestas de Lavín para ayudar a los estudiantes afectados, obligados en parte por pequeñas articulaciones que comienzan a darse en el movimiento estudiantil de manera autónoma al CONFECH.
Así, la Concertación aun dentro de su desorden, ha aprovechado de manera oportunista el sufrimiento del pueblo chileno, primero utilizando con fines políticos la ayuda inmediata a las zonas afectadas, y luego utilizando las movilizaciones de los más afectados para retomar su estrategia de presión y de cooptación de las movilizaciones y del malestar social.
El panorama de los trabajadores
La postura adoptada por la CUT, las privatizaciones que comienzan a plantearse como parte del Programa de Reconstrucción de Piñera, los despidos injustificados y los ataques a los derechos a la clase trabajadora, han provocado la reactivación de muchos sectores que se encontraban dormidos o a la espera y la articulación de otros. Luego del terremoto y de su impacto, la calma inicial aparente comienza a desaparecer. Tanto los gremios manejados por la Concertación, aquellos que reciben su influencia, como aquellos que desarrollan sus luchas de forma autónoma, comienzan a retomar la dinámica que venían desarrollando antes de la catástrofe, aunque con el claro impacto de ella; veamos algunos casos ilustrativos de lo que está sucediendo a grandes rasgos con la lucha de los trabajadores.
Ya antes de la asunción de Piñera, la presidencia la ANEF mostraba su preocupación por un posible despido masivo de empleados públicos ligados (y no ligados también) a la Concertación y una precarización de sus condiciones laborales producto de las modificaciones que Piñera ha anunciado para el sector. La ANEF ha denunciado el despido de más de 500 funcionados públicos no vinculados a cargos políticos, lo que afecta principalmente a trabajadores a contrata y honorarios. Los trabajadores en esta condición equivalen al 60% del total, cuando por ley sólo deberían existir un 20% en esta condición y el resto ser trabajadores de planta, sin embargo, durante los gobiernos de la Concertación nunca se quiso regularizar esta situación. Frente a esta realidad, y a los posibles despidos que se produzcan al asumir nuevas autoridades en regiones y provincias, la ANEF ha anunciado acciones en la Contraloría e iniciar las movilizaciones si es que no hay soluciones. Siguiendo en la línea de los despidos en el sector público, la Asociación Nacional de Funcionarios del Consejo de la Cultura, ANFUCULTURA, se encuentran movilizados (apoyados por la ANEF) por los despidos realizados por el Ministro Luciano Cruz-Coke y las condiciones de precariedad que afectan al sector; por su parte, la Asociación Nacional de Funcionarios del Fosis se ha declarado en estado de alerta luego de que el Mideplan le pidiese al director nacional de Fosis su renuncia, pese a que el gobierno se había comprometido a mantenerlo en su cargo debido a que había sido designado mediante un concurso de Alta Dirección Pública. Despidos también amenazan a los trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, quienes han denunciado que ya van 20 despidos injustificados y se esperan unos 300, ante lo cual se encuentran en discusiones para iniciar la paralización del servicio de trenes. Siguiendo en el sector público, los trabajadores de la Empresa de Aeronáutica de Chile (ENAER), se encuentran movilizados con el objetivo de lograr un reajuste salarial de 4,5% que les corresponde en tanto trabajadores del sector público. Junto con esto, Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas ha manifestado su rechazo a las declaraciones de Andrés Allamand y de la Editorial de La Segunda que llaman a cerrar el Diario La Nación, lo que o sólo afectaría a los trabajadores de este medio sino que atacarían la libertad de expresión.
Para solucionar el problema de la infraestructura en salud destruida por el terremoto, Piñera anunció la construcción de 20 hospitales mediante el mecanismo de la concesión a privados, entre los que se cuentan los hospitales Barros Luco Trudeau y Exequiel González Cortés. Esto provocó un inmediato rechazo de la Federación Nacional de Profesionales de la Salud del Barros Luco quienes anunciaron el comienzo de las manifestaciones. De igual forma la Federación de Funcionarios de la Salud denunció un aprovechamiento del gobierno de la situación de catástrofe para privatizar la salud pública, en tanto Esteban Maturana, consejero de Salud de la CUT y miembro de la CONFUSAM, convocó a todos los trabajadores de la salud a manifestarse contra la privatización del sector y a salir a las calles el 1 de mayo.
Otros sectores que se encuentran atentos frente a las posibles privatizaciones son el Colegio de Profesores y los sindicatos del cobre. Los primeros ya han hecho público su rechazo a la concesión de establecimientos educativos como medida de reconstrucción y se han puesto en alerta frente a los avances que tiene en el legislativo la Ley de Superintendencia y Agencia de la Calidad de la Educación. Por su parte, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco (FESUC) y la Federación Minera de Chile, entre otros, ante la posible venta de la participación de Codelco en Eldenor, han seguido la línea de defender un Codelo 100% estatal, rechazando la privatización y denunciando posibles próximas privatizaciones, como la que podría suceder con el yacimiento de cobre El Abra, en donde Codelco posee un 49% de participación.
En tanto, diversos sindicatos siguen en movilizaciones o en procesos de negociación colectiva. Se han manifestado los sindicatos de Coca Cola en Rancagua, los trabajadores de termoeléctrica Patache, los trabajadores del sindicato Nº2 astillero Marco Chilena, los trabajadores de Tottus Mall, los trabajadores contratistas de Movistar, los trabajadores de la empresa contratista CLP, entre otros. Demostrando que la lucha por los derechos de los trabajadores no cesa.
Los efectos ahora visibles del Plan Económico de Piñera, expresado en despidos, privatizaciones encubiertas, y el viraje táctico de la CUT han reactivado a algunos sectores en las cercanías del 1 de mayo. Sin embargo, una serie de movilizaciones se han venido dando desde antes de este proceso. Las necesidades derivadas de la catástrofe, la ausencia de ayuda real y concreta de parte de los gobiernos, la destrucción de puestos de trabajo, el problema de vivienda y de subsistencia, los despidos abusivos realizados por los patrones, entre muchos otros factores, provocaron una oleada de protestas en las zonas más afectadas, especialmente en el Gran Concepción. A pesar del Estado de sitio imperante, los trabajadores no dudaron en salir a las calles. El acceso al Puerto de Talcahuano fue cortado por los trabajadores en San Vicente, lo mismo sucedió con el ingreso a la termoeléctrica Bocamina II en Coronel, profesores de Huelpen protestaron frente al municipio rechazando los despidos y las bajas en los sueldos, en Los Álamos los trabajadores de la forestal Santa Elena se tomaron las instalaciones cuando esta se declaró en quiebra, los profesores de Penco se movilizaron contra los descuentos salariales, pobladores y trabajadores de Dichato cortaron la ruta a Tome producto de las demoras en la construcción de medias aguas, los deudores habitaciones del Gran Concepción protestaron frente a la gobernación exigiendo la condonación de sus deudas, los trabajadores despedidos de Versyluys protestaron en San Pedro, sólo por nombrar algunas movilizaciones que se han dado y que seguirán dándose. Frente a la ineficaz ayuda gubernamental y a una dirigencia de la CUT más preocupada de obtener réditos políticos de la catástrofe, ha sido la organización y movilización independiente de pobladores y trabajadores la que se ha levantado para hacer frente a la catástrofe.
En el sector pesquero, miles de familias de pescadores artesanales han perdido sus fuentes laborales, los trabajadores de empresas pesqueras están siendo despedidos, al igual que los trabajadores portuarios. Del mismo modo, en el sector del salmón, el terremoto ha sido una perfecta excusa para realizar despidos producto del terremoto, a lo que hay que sumar el terremoto social que ha producido la aprobación de la nueva Ley de Pesca que terminó por privatizar el mar chileno. A la dura realidad de los trabajadores del salmón y a los miles de cesantes que ha dejado esta industria, hay que sumar la eliminación del Programa de Empleo para la Salmonicultura, Plan Salmón, en el que venían comprometidos $10 mil millones para generar trabajo y palear la enorme cesantía presente en la Región de los Lagos, así como un recorte del 17% del presupuesto regional, el que supuestamente irá a parar al Plan de Reconstrucción. Frente a esta situación que agrava aún más la miseria de los trabajadores sin empleo, se han anunciado movilizaciones de parte de trabajadores y sindicatos.
Otro de los sectores duramente afectados es del agro. Miles de familias de pequeños campesinos y temporeros han sido damnificadas o han visto destruidos sus bienes materiales y sus siembras. Han perdido sus frutas producto del terremoto, se han destruido los canales de regadío, el riego por goteo, han visto destruidas sus viviendas, no tiene dinero para alimentar a sus animales, puentes y caminos en mal estado, etc. Todos efectos de la catástrofe acentuados por las miserables condiciones de vida en la que se encontraba la gente del campo. Significando esto la pérdida del sustento familiar en el caso de los pequeños campesinos, la destrucción de sus fuentes de empleo y una mayor necesidad de trabajo, lo que será aprovechado por los patrones para aumentar las condiciones de explotación, de los temporeros.
El terremoto neoliberal de Piñera y su Programa Económico comienza afectar duramente al pueblo chileno, al igual que lo han hecho la catástrofe natural. Sin embargo, ha sido la ayuda solidaria de clase y la movilización activa la que comienzan a danos una luz de esperanza. Ha sido la ayuda brindada a las zonas devastadas por decenas de sindicatos de base, por estudiantes organizados, por las mismas comunidades afectadas, las que han ayudado a resolver por parte del mismo pueblo las necesidades inmediatas del pueblo afectado. Y ha sido la movilización y la presión de estos mismos afectados la que ha logrado poco a poco que las autoridades respondan y los recursos gubernamentales comiencen a llegar. Ayuda solidaria y movilización han sido los caminos para enfrentar la catástrofe natural y deben ser los mismos caminos que debemos tomar para enfrentar la catástrofe que Piñera pretende implementar para enriquecer aun más a los dueños del poder y la riqueza. Rechazar las privatizaciones, combatir el Programa Económico y el Plan Laboral de Piñera, fortalecer la organización de base de los trabajadores y la lucha autónoma por nuestros derechos son los caminos para hacer realidad en al ámbito de la lucha la consigna que los pobres y explotados del campo y la ciudad han levantado para hacer frente a la catástrofe y sus secuelas: Sólo el pueblo ayuda al pueblo.
LUCHANDO AVANZAN LOS TRABAJADORES
Danilo Neira
http://www.cedema.org/ver.php?id=3905
PRIMERO DE MAYO: ¡POR LA UNIDAD, SOBERANÍA Y DEMOCRACIA! COMUNICADO DEL ELN, COLOMBIA
La histórica jornada que representa la conmemoración del Primero de
Mayo expresa la lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de
Chicago por su participación en la consecución de la jornada laboral de
las ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de
Mayo de 1886 que en su punto más álgido el 4 de mayo desembocara en la
Revuelta de Haymarket.
Los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo han construido la riqueza que hoy disfrutan unos pocos, incluso han levantado aquellos edificios y monumentos que hacen ver invencibles y poderosos a quienes someten a los pueblos. En el actual momento de Colombia y el mundo millones de hombres y mujeres se encuentran sin empleo y en condiciones precarias de vida.
El Sistema Capitalista no ha dado salida a esta problemática, hoy en su crisis el sistema responde a esto con una mayor sobreexplotación y represión de las voces y luchas que se levantan contra esta realidad, Colombia es un buen ejemplo de esta situación. Sin embargo la lucha inclaudicable por el cambio de civilización que requiere la humanidad y esta se materialice en el nuevo sistema económico, social y político para nuestros pueblos, no solo es necesario sino impostergable.
Colombia es un país que está sumido cada vez más en la pobreza: más de 20 millones de personas y más de 8 millones en la indigencia y en el desempleo, como resultado del Modelo económico y político impuesto y agudizado por la violencia desenfrenada del régimen uribista, que quiere imponerse por encima de los intereses de las grandes mayorías.
La política de Seguridad Democrática impuesta por el Gobierno del Terrorismo de estado y la inequidad, desfigura los problemas de las grandes mayorías nacionales haciendo más complejas y prolongadas las insatisfacciones del pueblo y los sectores medios del País.
Durante siete años el salario mínimo en Colombia ha sido definido por decreto y este mecanismo consulta los intereses de los patronos y no de los trabajadores; es decir, lo esencial en la definición del salario, no es la grave crisis económica que afecta a los trabajadores, sino que guarda celosamente el nivel de garantías en la ganancia capitalista y esa realidad se adorna con un lenguaje técnico y politiquero donde el gobierno define.
Mientras el Dane quien sigue perdiendo credibilidad, muestra la cifra de de 11.7% de desempleo en el país, la verdadera cifra de desempleo esta por el 14.9%.
Actualmente las mayorías se debaten entre la desesperanza y el esfuerzo diario por sobrevivir.
La llamada “confianza inversionista” y la instalación de las bases militares gringas, contribuyen de manera sistemática a la prolongación de la aguda crisis económica, social y política de la patria. La venta del patrimonio nacional y permisividad con que se consiente el saqueo de los recursos naturales hace parte de esta macabra práctica que sirve además al desconocimiento de las prestaciones sociales de los trabajadores generando un tipo de inestabilidad laboral y corrupción que sirve a sus intereses.
El actual régimen ha convertido a Colombia en el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical pues en estos últimos años la cifra de asesinatos a dirigentes sindicales bordea los doscientos sin muestras de esclarecer con investigaciones dichos crímenes pues han sido cometidos por los organismos de represión del estado.
Recordemos como el Das entregaba informes sobre la actividad sindical al mismo parapresidente, o como la multinacional drummond en el norte del país esta siendo investigada por el asesinato de dos lideres sindicales, o como a lo largo de estos últimos 8 años diversos sectores sindicales han soportado una feroz matanza de sus dirigentes.
La desesperanza y el sin futuro de quienes amenazan con el continuismo de la inequidad, las grandes desigualdades y la injusticia social no debe convertirse en el porvenir de los trabajadores y del pueblo colombiano en general.
Los grandes cambios, la defensa de la soberanía y la democracia de nuestra patria reclaman la activa organización y lucha de los trabajadores en el torrente popular y revolucionario nacional y de articulación continental.
El Ejército de Liberación Nacional -ELN- se dispone con todas las organizaciones y el pueblo en general para aportar en la construcción de un mundo mejor. El Capitalismo destruye a los seres humanos y al planeta, es hora de que los hombres y las mujeres de todo el planeta nos dispongamos a construir un nuevo sistema social que sea capaz de solucionar el hambre, la miseria, el desempleo y el sin sentido que nos ofrece una sociedad como la actual, a los trabajadores y trabajadoras nos queda sólo un mundo que ganar.
Por un Nuevo Gobierno de Nación paz y Equidad
Colombia para los Trabajadores…
Ni un paso atrás… liberación o Muerte
Frente de Trabajo Internacional Milton Hernández
ELN de Colombia
1 de Mayo 2010.
http://www.cedema.org/ver.php?id=3904
Los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo han construido la riqueza que hoy disfrutan unos pocos, incluso han levantado aquellos edificios y monumentos que hacen ver invencibles y poderosos a quienes someten a los pueblos. En el actual momento de Colombia y el mundo millones de hombres y mujeres se encuentran sin empleo y en condiciones precarias de vida.
El Sistema Capitalista no ha dado salida a esta problemática, hoy en su crisis el sistema responde a esto con una mayor sobreexplotación y represión de las voces y luchas que se levantan contra esta realidad, Colombia es un buen ejemplo de esta situación. Sin embargo la lucha inclaudicable por el cambio de civilización que requiere la humanidad y esta se materialice en el nuevo sistema económico, social y político para nuestros pueblos, no solo es necesario sino impostergable.
Colombia es un país que está sumido cada vez más en la pobreza: más de 20 millones de personas y más de 8 millones en la indigencia y en el desempleo, como resultado del Modelo económico y político impuesto y agudizado por la violencia desenfrenada del régimen uribista, que quiere imponerse por encima de los intereses de las grandes mayorías.
La política de Seguridad Democrática impuesta por el Gobierno del Terrorismo de estado y la inequidad, desfigura los problemas de las grandes mayorías nacionales haciendo más complejas y prolongadas las insatisfacciones del pueblo y los sectores medios del País.
Durante siete años el salario mínimo en Colombia ha sido definido por decreto y este mecanismo consulta los intereses de los patronos y no de los trabajadores; es decir, lo esencial en la definición del salario, no es la grave crisis económica que afecta a los trabajadores, sino que guarda celosamente el nivel de garantías en la ganancia capitalista y esa realidad se adorna con un lenguaje técnico y politiquero donde el gobierno define.
Mientras el Dane quien sigue perdiendo credibilidad, muestra la cifra de de 11.7% de desempleo en el país, la verdadera cifra de desempleo esta por el 14.9%.
Actualmente las mayorías se debaten entre la desesperanza y el esfuerzo diario por sobrevivir.
La llamada “confianza inversionista” y la instalación de las bases militares gringas, contribuyen de manera sistemática a la prolongación de la aguda crisis económica, social y política de la patria. La venta del patrimonio nacional y permisividad con que se consiente el saqueo de los recursos naturales hace parte de esta macabra práctica que sirve además al desconocimiento de las prestaciones sociales de los trabajadores generando un tipo de inestabilidad laboral y corrupción que sirve a sus intereses.
El actual régimen ha convertido a Colombia en el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical pues en estos últimos años la cifra de asesinatos a dirigentes sindicales bordea los doscientos sin muestras de esclarecer con investigaciones dichos crímenes pues han sido cometidos por los organismos de represión del estado.
Recordemos como el Das entregaba informes sobre la actividad sindical al mismo parapresidente, o como la multinacional drummond en el norte del país esta siendo investigada por el asesinato de dos lideres sindicales, o como a lo largo de estos últimos 8 años diversos sectores sindicales han soportado una feroz matanza de sus dirigentes.
La desesperanza y el sin futuro de quienes amenazan con el continuismo de la inequidad, las grandes desigualdades y la injusticia social no debe convertirse en el porvenir de los trabajadores y del pueblo colombiano en general.
Los grandes cambios, la defensa de la soberanía y la democracia de nuestra patria reclaman la activa organización y lucha de los trabajadores en el torrente popular y revolucionario nacional y de articulación continental.
El Ejército de Liberación Nacional -ELN- se dispone con todas las organizaciones y el pueblo en general para aportar en la construcción de un mundo mejor. El Capitalismo destruye a los seres humanos y al planeta, es hora de que los hombres y las mujeres de todo el planeta nos dispongamos a construir un nuevo sistema social que sea capaz de solucionar el hambre, la miseria, el desempleo y el sin sentido que nos ofrece una sociedad como la actual, a los trabajadores y trabajadoras nos queda sólo un mundo que ganar.
Por un Nuevo Gobierno de Nación paz y Equidad
Colombia para los Trabajadores…
Ni un paso atrás… liberación o Muerte
Frente de Trabajo Internacional Milton Hernández
ELN de Colombia
1 de Mayo 2010.
http://www.cedema.org/ver.php?id=3904
viernes, 30 de abril de 2010
Mexico, Proyecto 2030: La gran venta de un país 3era parte
Nancy Flores / Tercera parte
Al pactar México 2030, Proyecto de Gran Visión, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa acordó con las empresas mexicanas y trasnacionales la entrega total de las áreas estratégicas y los bienes de la nación. En su primera etapa, vigente desde el 1 de diciembre de 2006, las privatizaciones se dan como “asociaciones público-privadas” , “proyectos de prestación de servicios” y “obras públicas financiadas”.
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, advierte que las asociaciones de “capital público-privado” no son más que una forma de referirse a “la vergonzante privatización de los servicios públicos y de los bienes públicos, que son patrimonio de la nación”.
Cuatro documentos de trabajo desclasificados por la Presidencia –y elaborados en el marco de los talleres del “Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos”– revelan las áreas en las que se aplica o aplicará el esquema: energía, hidrocarburos, transporte, telecomunicaciones, servicios urbanos, infraestructura ambiental, hidráulica, educativa, en salud, en seguridad pública, en campo, vivienda y desarrollo urbano.
Además, detalla que se desarrollará la “vocación turística del país en materia de patrimonio cultural y patrimonio ambiental”. También, que se garantizará la certeza en la tenencia de la tierra y en la inversión privada. De acuerdo con los documentos, las reformas que “flexibilizan” los ámbitos fiscal, laboral, educativo, de pensiones, de salud son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos.
El maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que los daños industriales contra el ambiente, la violación a los derechos laborales y el despojo de los recursos a los pueblos responden a una lógica sostenida de subordinación de los derechos humanos a los derechos patrimoniales.
—La acción gubernamental privilegia los derechos de algunos grupos poderosos, con quienes establece relaciones de complicidad y bajo un discurso de prosperidad, entre comillas. Hay un énfasis en la seguridad y en la prosperidad, pero una merma en los derechos humanos de la población. Ese énfasis es resultado de las exigencias de los socios comerciales de México; por eso, el Estado deja en segundo término temas de salud, educación, vivienda, ambiente sano y condiciones laborales justas.
Los investigadores consultados coinciden en que éste es el pago de facturas que hace Calderón Hinojosa tras su controvertida llegada a la Presidencia de México. El economista e historiador Aguirre Rojas señala que la lista de privatizaciones inmediatas y futuras contiene las tareas que le competen al Estado de manera exclusiva.
—Cómo genera el desarrollo un Estado: renovando la infraestructura, creando carreteras que comuniquen al territorio nacional; desarrollando un sistema de telecomunicaciones, de correos eficaz, una red telefónica que llegue a todos. Los teléfonos, las comunicaciones, las carreteras, la electricidad, el agua son bienes fundamentales y vitales para la vida pública, por eso lo normal es que estén en manos del Estado. Lo anormal es lo que ha sucedido en los últimos 30 años.
El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM explica: “Quien controla el agua, controla la vida y la reproducción de la gente; quien controla las carreteras, controla las posibilidades de movimiento; quien controla las telecomunicaciones, controla el mundo de las ideas y las posibilidades del acceso a la información. Todas son áreas estratégicas y, sin embargo, están siendo privatizadas” .
Infraestructura
El doctor Víctor H Palacio, profesor-investigad or del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo, observa que “hay un dejo de clase, un sentimiento demasiado clasista en el documento”.
Indica que el Proyecto de Gran Visión se hizo sin pensar en las tendencias que México tenía en 2006. Esa omisión, dice, incluso fue respecto de las tendencias internacionales.
En el apartado de “Infraestructura” –que consta de 130 páginas y está contenido en el segundo capítulo del Proyecto de Gran Visión–, los empresarios y representantes de trasnacionales, políticos del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional y académicos sostienen que “México, en 2030, se distingue por tener una infraestructura básica, social y productiva accesible para todos, con calidad, precios y costos competitivos; orientada al desarrollo humano y productivo de los mexicanos y a la sustentabilidad ambiental”.
El documento agrega que “esta infraestructura sitúa a México como plataforma logística para vincular los mercados internacionales y como país con vocación turística, la cual promueve un desarrollo regional equilibrado. El país se ha convertido en el líder de América Latina en inversión/presupuest o destinado a infraestructura, y es reconocido por tener un marco jurídico que estimula y hace eficiente la inversión, y por su crecimiento a partir de mecanismos de financiamiento público-privados” .
En el marco del Proyecto de Gran Visión, la Comisión Federal de Electricidad destinará 634 mil 920 millones de pesos a la “asociación público-privada” , entre 2009 y 2018. De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo estos esquemas: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).
El sector de comunicaciones y transportes también recurre ya a esos esquemas. En 2010, las inversiones “público-privadas” comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.
Al citar como fuente el informe Asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero de México 2010, la reportera detalla que “cada kilómetro de la red carretera nacional que se construya durante 2010 mediante las asociaciones público-privadas costará en promedio 37.9 millones de pesos, monto 65 por ciento superior respecto de la misma extensión que se erija sólo con recursos públicos, de acuerdo con estadísticas de la SCT”.
El sector salud también aplica los proyectos PPS. El doctor Aguirre Rojas señala que –en el marco de las privatizaciones– el sistema ha sido abandonado y actualmente se encuentra en crisis.
Más despojo y represión
Además de los multimillonarios recursos, los proyectos de infraestructura, por ejemplo “las carreteras, se logran construir gracias a la expropiación masiva de tierras contra los campesinos”, indica Aguirre Rojas. Agrega que a eso se refiere el documento cuando aborda la certeza en la tenencia de la tierra: los programas de Procampo y Procede eliminaron la estructura del ejido, una conquista histórica de la Revolución de 1910.
Explica que, para la inmensa masa de campesinos, el ejido era la certidumbre sobre la tenencia de la tierra. No obstante, recuerda que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari “echó para atrás el artículo 27 constitucional, lo cual permitió que el ejido se pudiera fraccionar, vender y privatizar”.
En ese mismo contexto es en el cual –apunta el investigador– el documento propone crear “una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido, pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.
“Esa parte del documento tiene un destinatario y un referente obvio en el caso de San Salvador Atenco, la presa de La Parota y Santa María Ostula. Hay una cosa que el gobierno y los capitalistas no entienden: para la gente, la tierra y los recursos no son mercancías, no es una cuestión de precios, de dinero. La tierra para los capitalistas es un simple instrumento de producción, pero para la gente es el lugar donde moran sus muertos, la fuente de toda la vida, la madre; es seña de identidad”.
El investigador indica que “esa ley está diciendo que se debe prevenir un segundo o un tercer Atenco. Ellos están diciendo que el próximo aeropuerto no va a sufrir el tropiezo de Atenco”.
Luis Arriaga Valenzuela explica que hay una tendencia encaminada a “robustecer el aparato punitivo”. Recuerda que ya se aprobaron en 2008 las reformas al sistema de justicia, y que su aplicación será gradual.
El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez indica que este tipo de reformas, incluida la propuesta del Proyecto de Gran Visión, dejan resquicios que permiten un uso arbitrario e indebido del sistema de justicia.
Esta situación ya tiene víctimas concretas, expone: “Aquéllos que han sido acusados injustamente y cuyas motivaciones son la venganza, el castigo, la protección de intereses. El caso relevante es el de Ignacio del Valle y los 12 presos de San Salvador Atenco; el de Teresa y Alberta, a quienes por protestar contra las arbitrariedades del Estado se les imputan tipos penales que tienen un alto repudio social, como el secuestro equiparado”.
Apertura total en la energía
En su capítulo “Energía”, el Proyecto de Gran Visión busca abrir totalmente a Petróleos Mexicanos. Para ello, propone que cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”.
En ese mismo esquema entra la Comisión Federal de Electricidad, una vez que se consiguió, de facto, la fusión con Luz y Fuerza del Centro. Con ello, el poder político y los poderes fácticos buscan “erradicar” una de las “distorsiones” del mercado.
Y aunque en ese punto los documentos de “Energía” y “Economía” señalan que se habrán de abolir los “monopolios privados y públicos”, las políticas concretas revelan que el gobierno federal sólo ataca los públicos.
Aguirre Rojas dice que “tratan a los monopolios públicos y privados como si fueran lo mismo, y son absolutamente diversos. Los privados tienen el objetivo fundamental de obtener ganancia, lucro, y siguen la lógica despiadada de la acumulación de capital. Mientras que los públicos deberían, aunque no siempre lo cumplen, ser de utilidad social”.
Indica que el monopolio privado le permite a la empresa fijar altas tarifas: “Ése es el caso de Telmex en México. Telmex y Telcel son el monopolio que controla el 97 por ciento del mercado telefónico y por eso tenemos las tarifas más caras del mundo. Se tendría que atacar también al duopolio de la televisión: Televisa y TV Azteca. En cambio, si los monopolios públicos cumplen una función social, no tendríamos por qué destruirlos. Si algo ha permitido que el Estado mexicano no entre en quiebra como el Estado argentino después de 2001, son los monopolios públicos, como Pemex”.
Aguirre Rojas observa que “estas propuestas son como chistes de humor negro: se dice que hay que acabar con los monopolios privados y se acaba de aceptar la fusión de Telmex con Telcel, permitiendo con eso la constitución del cuarto operador a nivel mundial en el ámbito de las telecomunicaciones; además, se le acaba de autorizar a Televisa que compre Nextel, y con ello ofrezca el servicio de triple play”.
Al referirse a este mismo tema, Víctor H Palacio recuerda que aproximadamente el 1 por ciento de los capitales que hay en el país controla el 80 por ciento del producto interno bruto. “Cuando se hacen estos señalamientos acerca de los monopolios se está pensando en las grandes empresas monopólicas públicas, como Pemex, Luz y Fuerza del Centro (con todo el problema que tiene) y Comisión Federal de Electricidad; pero es en el sector privado donde realmente están los grandes monopolios: Telmex, las grandes compañías cementeras, acereras, químicas, farmacéuticas, automotrices. Ellas son realmente las que detentan la riqueza nacional”.
Ambos investigadores concuerdan con que el actual gobierno federal no busca acabar con los monopolios privados. Aguirre Rojas comenta: “Se declara en el papel que se quieren anular y lo que se hace es fortalecer los monopolios privados. En cambio, los que han ayudado al Estado a sobrevivir y benefician a la gente son los que se están privatizando, destruyendo. Ellos no se dan cuenta de lo peligroso de las medidas que están tomando: si Pemex llega a ser privatizado, y hacia eso estamos caminando con las políticas de Calderón, el Estado mexicano corre el riesgo de quebrar”.
Ciencia y tecnología en manos privadas
En materia de ciencia y tecnología, el proyecto plantea que el 70 por ciento de la investigación sea hecha por privados. Además, buscaría “desmantelar” los institutos de las universidades públicas y la red de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
También, pretende conseguir una reforma que incentive la educación tecnológica y la asignación de más subsidios y exenciones fiscales.
Respecto de la afirmación que hace el Proyecto de Gran Visión, de que en 2030 “México invierte el 4 por ciento de su PIB en la materia, del cual el 70 por ciento está financiado por el sector privado y el 30 por ciento por el sector público”, Vítor H Palacio opina: ese 70 por ciento sería en realidad innovación tecnológica, y ocasionaría que grupos privados sean los que estén financiando el desarrollo tecnológico del país.
Apunta que las universidades o institutos privados y las empresas privadas financiarán “lo que ellos necesitan. Buscan esta famosa relación universidad- empresa”.
Agrega que el fundamento de este plan es el Proyecto Bolognia, en el cual se establece que toda la ciencia y la tecnología debe de recaer fundamentalmente en manos privadas. “Lo que se busca es que las universidades, sobre todo las públicas, dediquen a sus alumnos a que desarrollen habilidades, capacidades y que sepan hacer cosas. En esa medida van a ser útiles y a poder insertarse en el mercado de trabajo rápidamente. Que no se les enseñe a pensar, eso no es importante. Para pensar están los grandes centros educativos de los países centrales, altamente desarrollados, que ellos se dediquen a pensar y a desarrollar la ciencia y tecnología de punta; y nosotros seguiremos maquilando”.
Palacio observa que “si el 70 por ciento va a quedar en manos privadas, y además las instancias gubernamentales como Conacyt podrían estarles financiando recursos para que hagan investigación, lo único que se hace es desbaratar el sistema de ciencia y tecnología del país. En México se han desarrollado muchas cosas, pero con muy pocos recursos”.
Recuerda que una de las maneras para combatir al narcotráfico es a través de la educación, “pero la educación a todos sus niveles. La educación superior entra en la parte de la ciencia y del desarrollo tecnológico”.
Para la elaboración de este trabajo y de la serie México 2030, Proyecto de Gran Visión se solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Calderón: gobierno clientelar
En su primer apartado denominado “Economía”, el documento señala que para 2030 “México es una sociedad libre, justa y próspera, en la que se protegen eficazmente las libertades, derechos, la vida y las propiedades de sus ciudadanos. Sus instituciones políticas aseguran la gobernabilidad y son propias de una sociedad libre. En la vida cotidiana y en las relaciones sociales impera el estado de derecho. México figura entre las 20 economías más grandes y desarrolladas del mundo, y ha conseguido erradicar la pobreza extrema”.
Víctor H Palacio, profesor-investigad or del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo, indica que “no se señala con precisión cómo se podría lograr eso, con qué mecanismos, con qué recursos. Es una serie de buenas intenciones las que están planteadas, pero nada más”.
El doctor Palacio señala que con el actual modelo neoliberal no es posible alcanzar metas como el desarrollo social y el abatimiento de la pobreza. “Al contrario, se agudizarán aún más las cosas”.
Al respecto, el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas considera que es un “discurso esquizofrénico” . “Si ellos, de una manera seria, se proponen esos objetivos no queda claro cómo los conciliarán con las políticas concretas que han estado llevando en los últimos tres años; que son las mismas políticas neoliberales que se han estado practicando en México desde el gobierno de Miguel de la Madrid, desde 1982”.
Otro punto sobresaliente del apartado “Economía” es la “erradicación de distorsiones” . Sobre éste, el documento apunta que se habrán de abolir los “monopolios privados y públicos” y “el clientelismo como método de formación de acuerdos”.
En el segundo caso, Aguirre Rojas observa: “Se dice que se quiere eliminar el carácter clientelar, pero el Estado que ha construido Calderón es verdaderamente vergonzoso: los secretarios de Estado tienen como principales meritos para ocupar los cargos en los que están ser amigos del presidente, sus familiares, sus conocidos o políticos que le fueron fieles y le ayudaron a llegar a la Presidencia”.
Ejemplifica con tres casos: el de José Ángel Córdova, secretario de Salud: “Una persona que se ha dedicado mucho más a la política, que un médico que conociera el ámbito real de la medicina, el trato con los pacientes, las enfermedades” . El del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, “que antes era director del IMSS; qué experiencia tiene en el campo de la salud o en el campo de las comunicaciones y los transportes: viene del mundo académico y que era hace muchos años de cuestiones políticas”. Y el del actual secretario de Educación, Alonso Lujambio Irazabal: “Cuándo ha trabajado en temas educativos, cuándo tuvo funciones de responsabilidad en ese ámbito, cuándo tiene un oficio creado durante décadas”. (NF)
La banalización del patrimonio
México 2030, Proyecto de Gran Visión, busca desarrollar la vocación turística del patrimonio cultural y ambiental. Para el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas, además de implicar el “saqueo” del patrimonio, hay un problema implícito más grave: el proceso de banalización y degradación de los elementos de la propia identidad nacional e identidad cultural de los mexicanos.
“Las pirámides, las ruinas, no son simplemente piedras bonitas, lugares para ir y tomarse la foto, son trazos de nuestra identidad más profunda que aluden a la raíz indígena, prehispánica que forma parte de la identidad del mexicano”.
Al banalizar el patrimonio cultural, “al convertirlo en una mercancía estilo hollywoodense” , dice, lo que buscan “es hacernos perder esos trazos de nuestra identidad prehispánica, indígena y mexicana. Esto es un complemento perfecto para que aceptemos que el capital norteamericano, español, extranjero llegue e invada, que se lleve todas nuestras riquezas y que el día de mañana desmembren México y se roben parte del territorio, como ya ocurrió en 1848”.
Respecto de la vocación turística en materia ambiental, señala que se trata “del robo de los recursos naturales”. Ésa es la nueva forma en como el capital está depredando a las sociedades no sólo en México, sino en el mundo: “Bienes comunes, como el agua, ahora se vuelven bienes expropiables, mercantilizables y negocios redituables. Pero para poder robarnos el agua, los bosques, la madera, necesitan estas leyes que permitan su privatización, su saqueo, su expropiación”. (NF)
Panista impulsa marco jurídico para asociaciones público-privadas
El 7 de diciembre pasado, el senador panista Juan Bueno Torio –quien fuera uno de los autores del documento “Economía”–, propuso la creación de un marco jurídico para la “asociación de particulares con la administració n pública federal.
El propósito, según dijo, “es mejorar la prestación de servicios, incluidos aquellos en los que se requiera construir infraestructura” . Además, detalló el también secretario de la Comisión de Fomento Industrial, con este marco “se buscan esquemas de financiamientos distintos a los que ahora consideran la Ley de Obras Públicas y Servicios y la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público”. (NF)
Contralínea 172 - 07 marzo 2010 - www.contralinea. com.mx
Atacan opositores a la presa La Parota a huevazos a un líder simpatizante en el TUA
Atacan opositores a la presa La Parota a huevazos a un líder simpatizante en el TUA
Karina Contreras
Al finalizar la audiencia en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41 para deshago de pruebas del proceso de anulación del acta de asamblea del 13 de mayo de 2009, en la que se eligió a los integrantes del comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, mujeres del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) arremetieron a huevazos contra el “espurio” secretario del Consejo de Vigilancia del comisariado, Leonor García Dorantes.
Desde las 10 de la mañana, unos 200 integrantes del Cecop llegaron al TUA, que preside la magistrada Martha Leticia Gracida Jiménez, para la audiencia de deshago de pruebas.
A la cita con la autoridad agraria no llegó el presidente del comisariado que fue nombrado por el Registro Agrario Nacional (RAN), Eustaquio García Vázquez, de quien se mostró un certificado médico que indicaba que estaba enfermo de “insolación y deshidratación”.
La audiencia para anular la elección de autoridades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec se llevó a cabo un día después de que en una asamblea de 15 minutos en la comunidad de La Concepción, comuneros de Cacahuatepec votaron a favor de la construcción de la presa La Parota y de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comience los trámites administrativos para ocupar mil 383 hectáreas.
Antes de la asamblea se colocó un cerco policiaco con más de 600 efectivos para evitar que los comuneros opositores llegaran al lugar y participaran en la asamblea.
Durante la audiencia de ayer, la parte demandada presentó a la magistrada Martha Leticia Gracida Jiménez un certificado médico para justificar la inasistencia del comisariado reconocido por el RAN, Eustaquio García Vázquez, pues según esto sufría de “insolación y deshidratación”, lo que molestó a los opositores que señalaban que estuvo todo el tiempo en la asamblea en la que aprobaron la expropiación y –de acuerdo a los testigos– se mantuvo todo el tiempo en la sombra, por lo que no pudo haber sufrido deshidratación.
La magistrada exigió al abogado de García Vázquez la presencia del doctor que extendió la receta médica para que la ratifique, y los comuneros le manifestaron a la magistrada que confían todavía en la justicia del TUA y que interpondrán el juicio de nulidad de dicha asamblea. Después de una hora de presentación de pruebas, la magistrada dio por terminada la audiencia y mientras salían los comuneros arremetieron verbalmente contra los comuneros a favor de la presa, a quienes les dijeron “vendidos”; “la tierra no es de ustedes, vendan lo que es de ustedes”; “les debería dar vergüenza quitar lo que es de los campesinos”, entre otras cosas.
Ya en la puerta de salida se empezó a escuchar un “ábranse, ábranse” cuando empezaron volar huevos que aventaban las señoras contra el secretario del Consejo de Vigilancia del Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Leonor García Dorantes, quien por unos segundos aguantó, pero ante los certeros huevazos que le dieron, sobre todo en el rostro, prefirió regresar y refugiarse en el Tribunal.
En entrevista, el abogado de los opositores, Raúl Palma Benítez, dijo que la receta médica que presentó Eustaquio García no surte efecto jurídico por ser un documento privado y carece de validez independientemente de que sea ratificado, porque la ley establece en todo caso que se ofrezcan pruebas periciales para ver la autenticidad de la firma.
Palma Benítez indicó que piden la celeridad del procedimiento porque no se debe perjudicar a la comunidades de Bienes Comunales. “Lo que queremos es una resolución pronta y expedita del Tribunal Agrario, eso es lo que queremos que resuelva, nuestra demanda conforme a derecho, la cual la interpusimos desde noviembre del año pasado y lleva medio año. Es lo que estamos pidiendo de que el juicio se agilice y que el Tribunal Agrario sea imparcial. Sigue una próxima audiencia confesional que ofreció la parte demandada y se tienen que desahogar conforme a la ley y queremos la destitución inmediata del comisariado de los Bienes Comunales”.
Sobre la asamblea que se realizó el miércoles, el abogado aseguró que es falso que se haya aprobado el proyecto porque “no se dejó a los comuneros que externaran su voluntad, sino que fue una asamblea viciada la de ayer, con presencia policiaca enorme para reprimir a los comuneros y así no puede ser válida una asamblea; hay que dejar que los comuneros manifiesten su voluntad, eso es lo que se debe hacer. Sin duda vamos a presentar una impugnación”.
Sobre los huevazos, únicamente comentó que es parte de la inconformidad de la gente porque el gobierno y la CFE les quieren imponer su voluntad a los comuneros, “pero no es una acción violenta sino que están manifestando su inconformidad”.
Por su parte, el presidente del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec –reconocido por los opositores al proyecto de La Parota–, Nemesio Valeriano Moreno, explicó que los huevazos contra Leonor García Dorantes fueron porque los comuneros no lo quieren y es una muestra de que la “gente está muy molesta con lo que está sucediendo”.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=79393
Teme el Cecop que Torreblanca dé línea en el TUA para afectarlos
Niega Eudocio Miranda expropiación comunal; “sólo se autorizaron mil 300 hectáreas”
Teme el Cecop que Torreblanca dé línea en el TUA para afectarlos
Eustaquio García no acudió a audiencia porque se reporta enfermo; opositores protestan
FRANCISCA MEZA, CINDY PACHECO Y OSSIEL PACHECO ( )
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) informó que será hasta el lunes cuando interpongan un juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA).
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, anunció: “se va a presentar la demanda y estamos seguros de que será a favor, a menos de que haya una consigna de parte del gobernador (Zeferino Torreblanca) hacia la magistrada y que ella se aparte de los principios de libertad y de independencia; ahí sí se podrían complicar las cosas”.
En tanto, Eudocio Miranda Casiano, secretario del comisariado ejidal de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, detalló que la expropiación de las mil 300 hectáreas de tierra aprobada en la asamblea del miércoles será para llevar a cabo “trabajos iniciales” como caminos y brechas, pero con miras a la construcción de la presa; aseguró que luego de esa asamblea en la que se registraron irregularidades, se convocará a otras para hablar a los comuneros.
En entrevista, consideró que hay mucha confusión entre los comuneros, pues dijo que la asamblea de ayer no se trató para una expropiación comunal pues el comunal se compone de 37 mil hectáreas y las aprobadas sólo fueron mil 300, para los trabajos iniciales.
Confió que los pobladores recapaciten y que comprendan la situación porque de alguna manera la región de los Bienes Comunales deberá tener algún cambio para salir adelante.
Huevazos
en el TUA
El presidente del comisariado ejidal de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, nombrado por la Procuraduría Agraria (PA), Eustaquio García Vázquez, no asistió a la audiencia en el TUA para el desahogo de pruebas en el proceso interpuesto contra el comisariado, con el argumento de que estaba enfermo. Esto inconformó a los opositores, quienes lo señalaron de haber estado sano un día antes para la asamblea a la que convocaron para aprobar la expropiación de las tierras.
Ayer por la mañana, se llevó a cabo una de las audiencias del proceso que los comuneros, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), interpusieron por el nombramiento del comisariado ejidal, sin embargo, a éste faltaron seis integrantes del comisariado y del consejo de vigilancia.
El abogado de la parte acusada, Atilano Lagunas Hernández, mostró ante la magistrada un justificante médico de la Secretaría de Salud estatal en el que se exponía que el presidente del comisariado estaba enfermo de insolación y deshidratación.
Lo anterior fue refutado por la parte acusadora con el argumento de que un día antes lo habían visto y que en esa misma fecha se había emitido el justificante además de que conocían la firma de Oscar Acevedo Delgado, el médico, y que esa no era.
Al respecto la magistrada dio tres días a la parte acusada para llevar al lugar al médico para que legitimara el certificado.
El proceso continúo; durante la comparecencia la magistrada recibió en varias ocasiones llamada telefónicas, lo que inconformó a los comuneros presentes quienes ironizaban sobre si estaba pidiendo permiso a alguien.
Al final sólo se fijó una nueva fecha de audiencia para el viernes 11 de mayo en la que se desahogarán las confesiones de la parte demandada.
Uno de los acusados salió por un momento del lugar a sacar unas copias y entonces fue recibido con huevos lanzados por los inconformes quienes lo acusaron de traidor.
Canacintra apoya la presa
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) aplaudió la asamblea en la comunidad La Concepción, pero urgió al gobierno del estado a instalar un operativo de vigilancia para evitar que los opositores impidan la construcción de la presa.
El presidente de la cámara, Pascual Romero García, desestimó que la convención fuera “amañada” y adelantó que un grupo de empresarios iniciará un diálogo con el gobierno de Zeferino Torreblaca Galindo para incluirse en el proyecto que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Pese a que no estuvo en la asamblea del miércoles, afirmó que “los verdaderos dueños de las tierras” fueron los que votaron en favor de la obra, mientras que los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) “no son nada ahí, ni tienen que hacer nada”.
Confió que los gobiernos los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada en su totalidad apoyen el desarrollo de la hidroeléctrica y consideró conveniente que los trabajos comiencen a la brevedad, a fin de no permitir a los “rijosos” que intenten una maniobra que detenga la edificación, aunque, expresó, aún no haya fecha para que inicie.
Agregó: “La gente que se opone son enemigos de Guerrero, de la inversión y de todo lo bueno que puede traerse para el estado y es decirles que se retiren que ahí no tienen nada que hacer. Que no intenten reactivar el conflicto”.
Añorve: seré observante
El alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños, afirmó que hay tranquilidad en la zona de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, un día después de que se realizó la asamblea en la que se aprobó la expropiación de las tierras para la construcción de la presa La Parota. El munícipe anunció que va a respetar las voces que se manifiestan en torno al proyecto.
Reconoció hay “un debate, como se da cuando se toma este tipo de decisiones”, entre los que están a favor o en contra de la presa. Aclaró que el ayuntamiento será observador y justificó la participación de los policías municipales, “para evitar incidentes que lamentar”.
Subrayó que nadie puede estar contra el desarrollo de Acapulco, siempre y cuando se respete la voluntad de los dueños de la tierra; en este sentido, precisó que será observante de las decisiones en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y no va a politizar el tema.
Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Vicente Trujillo Sandoval dio a conocer que la asamblea de los comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuetepec, transcurrió en calma, aunque reconoció que hubo algunas discrepancias entre los simpatizantes y opositores al proyecto La Parota.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/04/30/index.php?section=regiones&article=009n1reg
Fue una simulación para una decisión ya tomada, señalan observadores civiles
Fue una simulación para una decisión ya tomada, señalan observadores civiles
Daniel Velázquez
El vocero de la misión civil de observación La Parota, Enrique Pineda, consideró que la asamblea fue “ilegítima” por la excesiva seguridad y que se trató de una simulación para formalizar una decisión ya tomada.
En declaraciones, después de una marcha que organizaron los opositores a la presa de La Concepción a Aguacaliente, Enrique Pineda dijo que los integrantes de la misión civil de observación van a elaborar un informe documentado de los hechos ocurridos en la sexta asamblea hecha por el gobierno del estado para aprobar la construcción de la presa.
Añadió que ese informe será difundido de manera nacional e internacional a diferentes organismos de defensa de los derechos humanos, especialmente a la ONU.
Enrique Pineda señaló que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mandata a los gobiernos “que los pueblos indios tienen derecho a una consulta que va mucho más allá de este tipo de asambleas protegidas por los policías y su presencia refleja que no hay condiciones para dar una discusión abierta, transparente, confiable sobre el proyecto y donde los opositores puedan manifestar su opinión”.
A pregunta expresa sobre la asamblea en La Concepción, Pineda indicó que “la presencia de la policía la hace ilegítima y podría considerarse como una simulación, sólo un formalismo donde en realidad la decisión está ya tomada y se monta un procedimiento en el que pudimos ver gente que venía de otros lados, de Acapulco, de otros lados que no eran de las comunidades afectadas por el proyecto, podríamos considerarlo como un montaje”.
Sobre la presencia de la policía estatal y municipal, el vocero de la misión civil de observación aseguró que se trató de “una abierta provocación” a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) por la excesiva vigilancia y destacó que los opositores no respondieron a esa provocación.
Señaló que la presencia policiaca es un “obstáculo” para que se lleve un adecuado proceso de consulta.
Los integrantes de la Misión civil de observación La Parota no entraron al encerrado sitio donde se llevó a cabo la asamblea, sino que permanecieron del lado de los opositores, tomando fotografías, video y grabando los testimonios de los comuneros.
Enrique Pineda mencionó que entre las organizaciones que participaron en la misión de civil de observación estuvieron la Liga Mexicana de Derechos Humanos, Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México (Afadem), Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), Coalición para el Hábitat internacional, Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse (FIAN, por sus siglas en inglés).
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=79317
Daniel Velázquez
El vocero de la misión civil de observación La Parota, Enrique Pineda, consideró que la asamblea fue “ilegítima” por la excesiva seguridad y que se trató de una simulación para formalizar una decisión ya tomada.
En declaraciones, después de una marcha que organizaron los opositores a la presa de La Concepción a Aguacaliente, Enrique Pineda dijo que los integrantes de la misión civil de observación van a elaborar un informe documentado de los hechos ocurridos en la sexta asamblea hecha por el gobierno del estado para aprobar la construcción de la presa.
Añadió que ese informe será difundido de manera nacional e internacional a diferentes organismos de defensa de los derechos humanos, especialmente a la ONU.
Enrique Pineda señaló que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mandata a los gobiernos “que los pueblos indios tienen derecho a una consulta que va mucho más allá de este tipo de asambleas protegidas por los policías y su presencia refleja que no hay condiciones para dar una discusión abierta, transparente, confiable sobre el proyecto y donde los opositores puedan manifestar su opinión”.
A pregunta expresa sobre la asamblea en La Concepción, Pineda indicó que “la presencia de la policía la hace ilegítima y podría considerarse como una simulación, sólo un formalismo donde en realidad la decisión está ya tomada y se monta un procedimiento en el que pudimos ver gente que venía de otros lados, de Acapulco, de otros lados que no eran de las comunidades afectadas por el proyecto, podríamos considerarlo como un montaje”.
Sobre la presencia de la policía estatal y municipal, el vocero de la misión civil de observación aseguró que se trató de “una abierta provocación” a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) por la excesiva vigilancia y destacó que los opositores no respondieron a esa provocación.
Señaló que la presencia policiaca es un “obstáculo” para que se lleve un adecuado proceso de consulta.
Los integrantes de la Misión civil de observación La Parota no entraron al encerrado sitio donde se llevó a cabo la asamblea, sino que permanecieron del lado de los opositores, tomando fotografías, video y grabando los testimonios de los comuneros.
Enrique Pineda mencionó que entre las organizaciones que participaron en la misión de civil de observación estuvieron la Liga Mexicana de Derechos Humanos, Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México (Afadem), Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), Coalición para el Hábitat internacional, Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse (FIAN, por sus siglas en inglés).
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=79317
jueves, 29 de abril de 2010
SANTÍSIMA MUERTE
SANTÍSIMA MUERTE
Por el Profr. y Lic. MIGUEL TREVIÑO RÁBAGO.
LA FILA de camionetas con las luces encendidas se detuvo en la orilla de la carretera. Era la medianoche y rápido descendieron un grupo de hombres con armas de grueso calibre y penetraron en un pequeño pero bonito altar dedicado a la Santa Muerte. Afuera quedaron otros vigilando y con los motores encedidos. La singular escena ya era vista muy natural por muchas personas que viven entre Reynosa y Río Bravo.
ALUMBRADOS SÓLO por las velas encendidas, los hombres que habían decidido jugarse su vida en acciones fuera de la ley, no se arrodillaron a pedir a la "flaquita" ni amor, ni dinero. Eso ya lo tenían. Cerraron los ojos y solicitaron suerte y protección. A lo lejos sólo se observaban las ventanitas iluminadas y las sombras de los fugaces visitantes. Muy devotos ellos, dejaron una botella de tequila, cigarros y bolsitas de algo que parecía mariguana. Hicieron promesas, besaron las imágenes de oro que les colgaban de sus cuellos e hicieron la señal de la cruz. Se pusieron de pie y salieron rápido, abordaron sus vehículos y se perdieron en la oscuridad de la noche. Algunos de ellos no iban a ver el amanecer....
EN EL DÍA, muchos hombres y mujeres, también se detenían en el pequeño pero hermoso altar. Desconocían quién o quiénes lo habían mandado edificar, pero un día vieron a un grupo de albañiles levantando el adoratorio a la "niña blanca". Los materiales no faltaron y eran de primera. El pago a los trabajadores no falló. Y al correrse la voz de lo milagrosa que era "la Santísima" muchas personas acudieron a rendirle adoración por los favores recibidos y a pedirle amor, suerte, dinero, salud, protección, trabajo, etc. Un pueblo agradecido es el nuestro, que tiene amor para Dios, para todos los santos reales o inventados, nacionales y extranjeros, para la Virgen María, y para la "chiquita" también. Noble pueblo el nuestro, que entrega su fe, mientras otros saquean la Patria y se burlan del pueblo humilde y trabajador.
MIENTRAS EN la tele los cínicos nos invitan a "vivir la vida cotidina" (sic) con toda normalidad y nos quieren adormecer con el ya clásico "no pasa nada", las caravanas de la muerte avanzan sigilosamente por todos los rumbos de Tamaulipas y Nuevo León. Alegres y coloridos los espots bien pagados en televisa, teveazteca y multimedios, repiten machaconamente que "para vivir Mejor" los gobiernos de todos los colores y de todos los niveles, "están trabajando". Y las fantasías pagadas se repiten cada 5 minutos. Nos tienen atrapados en nuestros hogares, llenos de miedo, de angustia, de horror, porque apenas escuchamos una sirena ó la voladura de una llanta, casi nos lanzamos al suelo no vaya a ser que nos toque una de las tantas balas que "se les pierden" a los que traen armas de todos los calibres.
MILES DE soldados y policías acompañan en sus giras a los funcionarios que cobran sueldos fabulosos que son de nuestros impuestos. Ellos viajan en vehículos blindados, usan chalecos antibalas, traen escoltas y ayudantes, armas largas, lo último en tecnología de comunicaciones, guaruras entrenados en el extranjero, perros adiestrados para el ataque, los cuidan desde el cielo con helicópteros artillados, etc; etc. Ahora sí, que como dijo López Obrador, a nosotros que nos lleve el diablo. Sus casas y familias están resguardadas las 24 horas por gente armada, sus cuentas bancarias repletas de pesos y dólares, sus amantes viven como "reinas" y sus tarjetas de crédito las pagamos nosotros, los del infeliciaje. ¡¡ Que chulada de pelaos!! como decimos los norteños.
NUESTRO PUEBLO no tiene ni una resortera. Quiere creer que su fe en Dios lo salvará de las balas perdidas. Como las que mataron a los estudiantes del Tec de Monterrey, o las que mataron a dos niños en Nuevo Laredo, o las que alcanzaron a una mujer en San Jerónimo en Monterrey, etc; etc. El mamotreto ese llamado Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene documentados mil abusos y muchas muertes, pero hay un pequeño problema, nadie le hace caso, ni la respeta, ni acata sus "recomendaciones". A los que andamos a pié, no nos queda más remedio que echarnos a correr ó tirarnos al piso. Y si corremos, dicen que somos "sicarios". ¿Qué hacemos entonces ? ¿ Nos ponemos de tiro al blanco? Creo que ni Dios Padre como dicen los creyentes, los salva. Y luego vienen los metafísicos, que les gusta tragarse el cuento de no ser pesimistas y que todo va mejorar pronto. Y lo digo con todo respeto: Ni el más grande metafísico detiene una bala.
NADA TIENE nuestro pueblo a su favor, más que la fe, porque ya no cree ni en sacerdotes o "pastores" que hoy protagonizan uno de los más grandes escándalos de abusos de menores en todo el mundo. Nos han trastocado la vida a todos. Madres y padres de familia salen rezando de sus hogares rumbo a las escuelas y no se retiran hasta verlos entrar en ellas. Los permisos de las fiestas están restringidos, lo mismo que las idas a los cines. Los acompañan hasta la entrada y los esperan a la salida. Ahora todo mundo depende de un teléfono celular que cada niño, joven, mamá ó papá trae en la mano y que cuando suena, les pone los nervios de punta. Los negocios ó cierran o quiebran y las calles para las 6 o 7 de la tarde se empiezan a quedar desiertas. Nos tienen secuestrados en nuestros propios hogares rodeados de rejas, perros, alarmas, luces, alambres de puas, picos, bates de beisbol, machetes y hasta piedras.
LA GENTE sólo tiene la opción "divina". Las iglesias son refugio de desesperados, mientras afuera el gobierno reparte garrotazos a diestra y siniestra. El "comandante" máximo repite una y otra vez que va ganando "la guerra" y la sociedad civil se abre paso con información a través de las redes sociales porque los medios no tienen nada que informar. Eso sí, tienen mucho que vender. Así, las iglesias súbitamente han elevado sus membresías. Se llame como se llame la religión -y hay cientos- ya tienen clientela. Dios mismo está asombrado de que ahora se le busque con tanto ahínco. Y ya parece que lo oigo decir con una sonrisa maquavélica: ¿ Ahora si me buscan porque me necesitan ? ¿ Ya recordaron que me tenían en un rincón de adorno ?....
AL AMANECER, llegó maquinaria pesada y se colocó frente al Altar de la "Santísima Muerte" entre Reynosa y Río Bravo. Aparecieron funcionarios gritando que eran órdenes del Presidente Municipal y del Gobernador y con singular ferocidad dieron la orden de destruír el pequeño y hermoso templo. ¡¡ Qué los señores delincuentes no tengan ni dónde rezar !! La señora Santa Muerte está fuera de la ley en Tamaulipas. Tampoco se permite que el pueblo adore a la "niña blanca" porque Gobernación lo desaprueba. No importa que unos 2 o 3 millones de mexicanos le tengan fe a la "flaquita" los altares están prohibidos. Esas oraciones "no tienen validez legal". Y los altares de Reynosa y Nuevo Laredo fueron arrasados con maquinaria comprada con dinero del pueblo creyente. Para los "genios" del gobierno, tumbar altares de la "niña blanca" también es combatir el narcotráfico. Pobres ilusos.
LO CIERTO es que se empieza a percibir un hartazgo en la población. El gobierno se ha convertido en protagonista de la nota roja todos los días. La conducción del país es errática y el señor de Los Pinos se empeña en "convencernos" de que la crisis económica ya pasó, que los empleos llueven por miles, que Obama es amigo de los indocumentados a los que les sacó con mentiras el voto, que las víctimas inocentes muertas en los tiroteos "son los menos" y que 22 mil 700 cadáveres son su "obra maestra". ¿ Que hacer ante un gobierno que no tiene estrategia ni rumbo ? Al paso que vamos, tendremos unos 50 mil mexicanos muertos al final del sexenio en una guerra civil que ya nos alteró la vida y nos salpicó de sangre a todos.
¿ Acaso es éste el Gobierno de la "Santísima Muerte" ?....
CUALQUIER COMENTARIO, relacionado con ésta columna, le agradecemos hacerlo llegar a nuestros correos electrónicos. Y lo invitamos a que nos escuche todos los jueves a las 10 de la noche en la radio por internet en nuestro programa "El Observador Político" en la dirección: www.lanuevarepublica.org/
Cd. Reynosa, Tamaulipas; Abril 28 de 2010. Feliz Día del Niño el 30.
PUBLICADO POR: TONATIUH MALDONADO.
Por el Profr. y Lic. MIGUEL TREVIÑO RÁBAGO.
LA FILA de camionetas con las luces encendidas se detuvo en la orilla de la carretera. Era la medianoche y rápido descendieron un grupo de hombres con armas de grueso calibre y penetraron en un pequeño pero bonito altar dedicado a la Santa Muerte. Afuera quedaron otros vigilando y con los motores encedidos. La singular escena ya era vista muy natural por muchas personas que viven entre Reynosa y Río Bravo.
ALUMBRADOS SÓLO por las velas encendidas, los hombres que habían decidido jugarse su vida en acciones fuera de la ley, no se arrodillaron a pedir a la "flaquita" ni amor, ni dinero. Eso ya lo tenían. Cerraron los ojos y solicitaron suerte y protección. A lo lejos sólo se observaban las ventanitas iluminadas y las sombras de los fugaces visitantes. Muy devotos ellos, dejaron una botella de tequila, cigarros y bolsitas de algo que parecía mariguana. Hicieron promesas, besaron las imágenes de oro que les colgaban de sus cuellos e hicieron la señal de la cruz. Se pusieron de pie y salieron rápido, abordaron sus vehículos y se perdieron en la oscuridad de la noche. Algunos de ellos no iban a ver el amanecer....
EN EL DÍA, muchos hombres y mujeres, también se detenían en el pequeño pero hermoso altar. Desconocían quién o quiénes lo habían mandado edificar, pero un día vieron a un grupo de albañiles levantando el adoratorio a la "niña blanca". Los materiales no faltaron y eran de primera. El pago a los trabajadores no falló. Y al correrse la voz de lo milagrosa que era "la Santísima" muchas personas acudieron a rendirle adoración por los favores recibidos y a pedirle amor, suerte, dinero, salud, protección, trabajo, etc. Un pueblo agradecido es el nuestro, que tiene amor para Dios, para todos los santos reales o inventados, nacionales y extranjeros, para la Virgen María, y para la "chiquita" también. Noble pueblo el nuestro, que entrega su fe, mientras otros saquean la Patria y se burlan del pueblo humilde y trabajador.
MIENTRAS EN la tele los cínicos nos invitan a "vivir la vida cotidina" (sic) con toda normalidad y nos quieren adormecer con el ya clásico "no pasa nada", las caravanas de la muerte avanzan sigilosamente por todos los rumbos de Tamaulipas y Nuevo León. Alegres y coloridos los espots bien pagados en televisa, teveazteca y multimedios, repiten machaconamente que "para vivir Mejor" los gobiernos de todos los colores y de todos los niveles, "están trabajando". Y las fantasías pagadas se repiten cada 5 minutos. Nos tienen atrapados en nuestros hogares, llenos de miedo, de angustia, de horror, porque apenas escuchamos una sirena ó la voladura de una llanta, casi nos lanzamos al suelo no vaya a ser que nos toque una de las tantas balas que "se les pierden" a los que traen armas de todos los calibres.
MILES DE soldados y policías acompañan en sus giras a los funcionarios que cobran sueldos fabulosos que son de nuestros impuestos. Ellos viajan en vehículos blindados, usan chalecos antibalas, traen escoltas y ayudantes, armas largas, lo último en tecnología de comunicaciones, guaruras entrenados en el extranjero, perros adiestrados para el ataque, los cuidan desde el cielo con helicópteros artillados, etc; etc. Ahora sí, que como dijo López Obrador, a nosotros que nos lleve el diablo. Sus casas y familias están resguardadas las 24 horas por gente armada, sus cuentas bancarias repletas de pesos y dólares, sus amantes viven como "reinas" y sus tarjetas de crédito las pagamos nosotros, los del infeliciaje. ¡¡ Que chulada de pelaos!! como decimos los norteños.
NUESTRO PUEBLO no tiene ni una resortera. Quiere creer que su fe en Dios lo salvará de las balas perdidas. Como las que mataron a los estudiantes del Tec de Monterrey, o las que mataron a dos niños en Nuevo Laredo, o las que alcanzaron a una mujer en San Jerónimo en Monterrey, etc; etc. El mamotreto ese llamado Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene documentados mil abusos y muchas muertes, pero hay un pequeño problema, nadie le hace caso, ni la respeta, ni acata sus "recomendaciones". A los que andamos a pié, no nos queda más remedio que echarnos a correr ó tirarnos al piso. Y si corremos, dicen que somos "sicarios". ¿Qué hacemos entonces ? ¿ Nos ponemos de tiro al blanco? Creo que ni Dios Padre como dicen los creyentes, los salva. Y luego vienen los metafísicos, que les gusta tragarse el cuento de no ser pesimistas y que todo va mejorar pronto. Y lo digo con todo respeto: Ni el más grande metafísico detiene una bala.
NADA TIENE nuestro pueblo a su favor, más que la fe, porque ya no cree ni en sacerdotes o "pastores" que hoy protagonizan uno de los más grandes escándalos de abusos de menores en todo el mundo. Nos han trastocado la vida a todos. Madres y padres de familia salen rezando de sus hogares rumbo a las escuelas y no se retiran hasta verlos entrar en ellas. Los permisos de las fiestas están restringidos, lo mismo que las idas a los cines. Los acompañan hasta la entrada y los esperan a la salida. Ahora todo mundo depende de un teléfono celular que cada niño, joven, mamá ó papá trae en la mano y que cuando suena, les pone los nervios de punta. Los negocios ó cierran o quiebran y las calles para las 6 o 7 de la tarde se empiezan a quedar desiertas. Nos tienen secuestrados en nuestros propios hogares rodeados de rejas, perros, alarmas, luces, alambres de puas, picos, bates de beisbol, machetes y hasta piedras.
LA GENTE sólo tiene la opción "divina". Las iglesias son refugio de desesperados, mientras afuera el gobierno reparte garrotazos a diestra y siniestra. El "comandante" máximo repite una y otra vez que va ganando "la guerra" y la sociedad civil se abre paso con información a través de las redes sociales porque los medios no tienen nada que informar. Eso sí, tienen mucho que vender. Así, las iglesias súbitamente han elevado sus membresías. Se llame como se llame la religión -y hay cientos- ya tienen clientela. Dios mismo está asombrado de que ahora se le busque con tanto ahínco. Y ya parece que lo oigo decir con una sonrisa maquavélica: ¿ Ahora si me buscan porque me necesitan ? ¿ Ya recordaron que me tenían en un rincón de adorno ?....
AL AMANECER, llegó maquinaria pesada y se colocó frente al Altar de la "Santísima Muerte" entre Reynosa y Río Bravo. Aparecieron funcionarios gritando que eran órdenes del Presidente Municipal y del Gobernador y con singular ferocidad dieron la orden de destruír el pequeño y hermoso templo. ¡¡ Qué los señores delincuentes no tengan ni dónde rezar !! La señora Santa Muerte está fuera de la ley en Tamaulipas. Tampoco se permite que el pueblo adore a la "niña blanca" porque Gobernación lo desaprueba. No importa que unos 2 o 3 millones de mexicanos le tengan fe a la "flaquita" los altares están prohibidos. Esas oraciones "no tienen validez legal". Y los altares de Reynosa y Nuevo Laredo fueron arrasados con maquinaria comprada con dinero del pueblo creyente. Para los "genios" del gobierno, tumbar altares de la "niña blanca" también es combatir el narcotráfico. Pobres ilusos.
LO CIERTO es que se empieza a percibir un hartazgo en la población. El gobierno se ha convertido en protagonista de la nota roja todos los días. La conducción del país es errática y el señor de Los Pinos se empeña en "convencernos" de que la crisis económica ya pasó, que los empleos llueven por miles, que Obama es amigo de los indocumentados a los que les sacó con mentiras el voto, que las víctimas inocentes muertas en los tiroteos "son los menos" y que 22 mil 700 cadáveres son su "obra maestra". ¿ Que hacer ante un gobierno que no tiene estrategia ni rumbo ? Al paso que vamos, tendremos unos 50 mil mexicanos muertos al final del sexenio en una guerra civil que ya nos alteró la vida y nos salpicó de sangre a todos.
¿ Acaso es éste el Gobierno de la "Santísima Muerte" ?....
CUALQUIER COMENTARIO, relacionado con ésta columna, le agradecemos hacerlo llegar a nuestros correos electrónicos. Y lo invitamos a que nos escuche todos los jueves a las 10 de la noche en la radio por internet en nuestro programa "El Observador Político" en la dirección: www.lanuevarepublica.org/
Cd. Reynosa, Tamaulipas; Abril 28 de 2010. Feliz Día del Niño el 30.
PUBLICADO POR: TONATIUH MALDONADO.
Con un cerco de 600 policías impone Zeferino la aprobación de la presa La Parota
Con un cerco de 600 policías impone Zeferino la aprobación de la presa La Parota
Mariana Labastida
En una asamblea de 15 minutos en la comunidad de la Concepción, en un área cercada con malla y custodiada por policías, habitantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec votaron a favor de la construcción de la presa La Parota y de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comience con los trámites administrativos para ocupar mil 383 hectáreas.
En la reunión, el secretario privado del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, César Bajos Valverde, habló de las obras que lleva a cabo el gobierno del estado en diferentes comunidades, las cuales comenzó a recorrer desde hace cinco meses, y aseguró a los pobladores que en caso de realizarse el proyecto les pagarán muy bien sus tierras.
A las 8 de la mañana ya se encontraban ocupadas la mitad de las 450 sillas colocadas bajo un toldo blanco en la explanada del terreno que, según se dijo, está destinado a la construcción de una escuela de nivel medio superior –Conalep– y ya habían sido repartidos entre los asistentes botes con agua.
Para ingresar al área donde se realizaría la asamblea los comuneros tenían que cruzar un pasillo de malla ciclónica, de dos metros de ancho por ocho de largo –similar a los que se usan en los ranchos para encerrar a los animales–, y donde fueron ubicados varios jóvenes en mesas con los nombres de las 47 comunidades que integran los Bienes Comunales. Allí los asistentes tenían que registrarse.
Siguiendo el camino que se ampliaba hasta llegar a la explanada en uno de los cerros, atrás de la casa del secretario del comisariado, Eudocio Miranda, quedó la gente encerrada por la malla que rodeaba el lugar y los policías preventivos y antimotines, estatales y municipales, que custodiaban las entradas y los alrededores.
Ya dentro del área de la asamblea se encontraba el secretario privado del gobernador, César Bajos Valverde, quien llegó muy temprano, según dijo, invitado por los comuneros para dar un informe de las obras que hace el gobierno del estado en las diferentes comunidades. Acompañando al funcionario había empleados de la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, quienes grabaron en video la asamblea.
El que fue nombrado presidente del comisariado por el Registro Nacional Agrario, Eustaquio García Vázquez, también se encontraba ya dentro del enrejado y se le veía ir y venir entre los pobladores que habían llegado.
Pasadas las 9 de la mañana se acercó a Bajos Valverde para informarle que había enviado tres camionetas a Apalani, ya que la gente no había llegado porque estaba del otro lado del río.
El comisario de Apanhuac –quien no quiso dar su nombre pero se presentó con tal cargo ante Bajos Valverde–, afirmó que había llevado a 120 personas, pero que sólo le habían “dado” para 70, lo que repitió de nuevo ante García Vázquez, quien al ver que el comisario conversaba con esta reportera lo retiró del lugar.
Faltando 20 minutos para las 10 de la mañana, hora de la cita de la asamblea, García Vázquez y Bajos Valverde se veían desesperados porque aún no llegaba el representante de la Procuraduría Agraria.
Las sillas que colocaron ya se encontraban llenas y un grupo de hombres trasladaron más para acomodar a quienes estaban de pie, asimismo comenzaron a llegar con más botes con agua y refrescos para los asistentes.
Un empleado del gobierno del estado y ex guardaespaldas del gobernador –de quien sólo se supo que se apellida Lomelí– y estaba a cargo de la seguridad, iba de un lado a otro y al principio consultaba las decisiones con Bajos Valverde, después lo hizo a un lado y le pedía que se colocara debajo del toldo para su protección.
Atrás del toldo, los policías estatales comenzaron a prepararse al ver a integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop); “vienen muchas mujeres, a esas no las podemos golpear, si fueran puros hombres nos agarramos a chingadazos”, dijo uno de los efectivos al ver el grupo ubicado en otro de los cerros aledaños a donde se iba a realizar la asamblea.
Antes de las 10 de la mañana, una comisión encabezada por Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, se acercó a la malla y por dentro se acercaron el director de la Policía Investigadora Ministerial, Valentín Díaz Reyes, y el director de la Policía Preventiva, Manuel Paz Espinoza, que impidieron que se acercaran a Bajos Valverde, mientras ellos comentaron que los del Cecop habían solicitado entrar pero que primero se retirara la policía, pero se negaron. “La seguridad la pidieron los del comisariado y nos vamos a quedar”.
Minutos después de las 10 de la mañana, Bajos Valverde, García Vázquez, el secretario del comisariado, Eudocio Miranda Casiano, y los demás integrantes del comisariado se encaminaron a la tarima que había sido colocada, donde ya se había puesto también una mesa y sillas para iniciar la asamblea.
En el presidium estaban, de izquierda a derecha, el suplente del presidente del comisariado, Jacobo Alfonso Salado; el segundo secretario del Consejo de Vigilancia, Leonor García Dorantes; el primer secretario Anselmo García Moreno; el presidente del Consejo de Vigilancia, Eleno Dorantes Valeriano; el notario público número 4, Eduardo Arturo Nozari Morlet; Bajos Valverde; García Vázquez; Miranda Casiano; el tesorero del comisariado, Eloín Navidad Flores y el subdelegado jurídico de la Procuraduría Agraria, Jesús González García.
A las 10 de la mañana con siete minutos, Eustaquio García tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. ¡No tenga miedo! se escuchó entre la gente decirle al comisariado luego de que éste empezó a tartamudear y cedió la palabra a Eudocio Miranda, quien comenzó a leer que de acuerdo con la segunda convocatoria se encontraban en el predio donde se construirá el Conalep, en la colonia La Ceiba, y se procedía a desahogar la orden del día empezando con el pase lista.
Después de hojear los documentos que traía, dijo que había una asistencia de mil 200 comuneros, aunque en la asamblea, según el conteo de Gobernación estatal, había un promedio de 700 personas, incluidos los transportistas que trasladaron a los comuneros y que acudieron a manifestar su respaldo al gobernador Torreblanca Galindo para la construcción de la presa.
Miranda Casiano precisó que los acuerdos que se tomen serán validos para los “presentes, ausentes y disidentes” y a las 10:15 inició de manera formal la asamblea, siendo el primer paso la instalación de la mesa de debates, la cual propuso un comunero que fueran ellos mismos y sin más pidió que levantaran la mano quienes estuviera a favor, lo cual hizo la gente sin hacer preguntas y sugerencias al respecto.
Después de ello se anunció la intervención de Bajos Valverde, quien daría un informe de las obras solicitadas por la comunidad al gobierno del estado.
Allí explicó que “a raíz” de la visita que hizo Torreblanca Galindo en septiembre, cuando inauguró un tramo carretero San Pedro Cacahuatepec-Aguacaliente, se hicieron obras solicitadas, las cuales enlistaría en orden alfabético.
Primero nombró a “Aguascalientes” –en lugar de decir Aguacaliente–, donde se terminó un salón de la escuela secundaria y se tiene planeada la construcción de un comedor; en Apalani dijo que se ayudó al comisario a pagar deudas de la comisaría y él se comprometió con los habitantes de esa comunidad, así como de Barrio Nuevo de los Muertos, Cruces de Cacahuatepec, Campanario y Progreso para reactivar el proyecto de red de agua potable, el cual tiene un costo de 17 millones de pesos, 10 que pondría el gobierno federal y 7 el estado.
Agregó que en Barrio Nuevo de los Muertos, Cacahuatepec, Parotas y Pochotlaxco el apoyo del gobierno del estado fue para la construcción y reparación de iglesias; en El Cantón se apoyó en la compra de muebles para la comisaría, así como en San Isidro, Espinalillo y Progreso Cacahuatepec, donde se les consiguió una vivienda para la instalación de la comisaria.
Detalló que a las mujeres de El Campanario, Guamuchitos y San José Cacahuatepec se les entregaron máquinas de coser, así como uniformes a equipos de futbol de algunas comunidades.
Bajos Valverde resaltó la introducción de la energía eléctrica en Arroyo Verde y que el gobernador intervino para pedir los pagos de los adeudos que la CFE tenía con los habitantes de Los Mallos, quedando pendiente “de Las Parotas para arriba” y les aseguró que dichos pagos se harán.
Enlistó otras peticiones todavía pendientes como caminos y servicios médicos, e indicó que están viendo la manera de resolverlas.
Bajos Valverde dijo que le falta visitar 12 comunidades, entre ellas La Concepción, donde se realizaba la asamblea, y concluyó que “voy a seguir caminando aquí con ustedes”.
En entrevista, Bajos Valverde indicó que solamente han escuchado a los pobladores y atendiendo sus peticiones dentro del presupuesto que “no es tan grande”, pero que “mientras no se haga la presa hay que seguir invirtiendo” , lo cual fue a informar y se deslindó de ser promotor de La Parota, aun cuando habitantes de San Isidro el Gallinero lo señalaron como la persona que les aseguró que estaban ahí porque les dijeron que les pagarán las tierras que sean utilizadas incluso para el paso de carreteras, “así dijo el Güero –señalando al secretario– si ellos dijeran que no van a pagar las tierras entonces para qué el apoyo”, dijo Antonia Valente Flores.
Después se leyó el quinto punto de la asamblea: “analizar y en su caso aprobar lo relativo a la solicitud de anuencia que plantea la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo, ante la Secretaría de la Reforma Agraria, el trámite administrativo de explotación por causa de utilidad pública de una superficie de mil 383 hectáreas pertenecientes de la comunidad y para destinarlas a la construcción de la presa La Parota. En este punto únicamente se nos solicita que autoricemos a que inicie y el procedimiento no es que nos quiten nuestras tierras para que no nos den, sino para que nos informen de qué manera se harían los convenios”, leyó el secretario del comisariado.
Manifestó que para desahogar dicho punto levantarían la mano los que “estemos a favor”, hizo una pausa consultó y dijo que iba a leer nuevamente el punto, previo a la votación, que no se realizó hasta después de que leyó los puntos seis y siete, consistentes en autorizar que se lleve “a cabo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el trámite administrativo que consiste en la autorización material de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal, así como solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Social el dictamen de cambio de uso de suelo por causa de utilidad pública, por una superficie de mil 383 hectáreas pertenecientes de la comunidad y para destinarlas para la construcción de la presa La Parota”.
Y autorizar la ocupación previa de las hectáreas, así como “autorizar a los integrantes del comisariado suscriba el convenio de ocupación previa de la superficie citada a favor de la CFE y en su caso aprobar lo conducente”.
Eudocio Miranda dijo: “compañeros comuneros, los que estén de acuerdo con estos tres puntos para desahogar el orden del día levanten la mano, los que están de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico la Parota”; los asistentes, aunque no todos levantaron la mano, sin dar tiempo al conteo y anunció que se había aprobado los tres puntos por unanimidad.
Anunciaron que el punto 8 de la orden del día era asuntos generales, pero al no haber comentarios se dio paso al punto 9, la clausura de la asamblea y a las 10:30 de la mañana, Eustaquio García daba por concluida la reunión, 15 minutos después de haber iniciado.
El presidente del comisariado y el secretario bajaron de la tarima custodiados por policías estatales y el ex director de Tránsito municipal en el gobierno de Félix Salgado Macedonio, Víctor Manuel Cadena Macari.
Finalmente el notario Nozari Morlet y Bajos Valverde abandonaron el lugar a bordo de un Jeep color gris, mientras que Eustaquio y Eudocio lo hicieron en una camioneta blindada BMW, color blanco, propiedad de Jorge Alameda, quien se dijo transportista, ambas custodiadas por policías estatales.
Antes de retirarse, consultado sobre la utilidad que se le darán a las mil 383 hectáreas que están entregando a la CFE, Eustaquio García se limitó a decir que es para el vaso de la presa, “pero van a ser bien pagadas”.
Afirmó que ellos como integrantes del comisariado harán lo que los comuneros decidan y que después de la asamblea de ayer llevarán la petición al gobierno del estado para “decirle que nos bajen el proyecto”, porque las autoridades les piden que encabecen la solicitud.
En cuanto al Cecop, señaló: “nosotros no los molestamos, ellos nos molestan a nosotros, si ellos nos molestan vamos a hacer como el gato encerrado, vamos a sacar las uñas”.
Se registra una reportera como comunera
Según les habían informado a los integrantes del Cecop, para ingresar al área donde se realizaría la asamblea se tenía que pasar por el registro, donde se comprobaba que quienes entraban eran comuneros registrados en el padrón del Registro Nacional Agrario (RAN).
Sin embargo, quienes entraban se limitaban a escribir su nombre y a firmar, o en su caso poner su huella, para el listado de quienes asistieron y respaldar con dichas firmas el acta de asamblea que se elaboraría después para entregar a la PA y el RAN.
En ningún momento se observó que quienes estaban en las mesas de registro les solicitaran algún documento que los acreditara como comuneros o en su caso verificar que estuvieran en el padrón, como ocurrió con la reportera de El Sur, Magadalena Cisneros, quien ingresó con personas que fueron llevadas de la comunidad de San Isidro Gallinero. A ella se le pidió que se registrara, lo cual hizo bajo el nombre de Martha Ríos, firmó y le marcaron el pulgar para que colocara su huella, sin mayor requisito para poder participar en la asamblea y votar a favor de la presa La Parota.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=79367
Mariana Labastida
En una asamblea de 15 minutos en la comunidad de la Concepción, en un área cercada con malla y custodiada por policías, habitantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec votaron a favor de la construcción de la presa La Parota y de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comience con los trámites administrativos para ocupar mil 383 hectáreas.
En la reunión, el secretario privado del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, César Bajos Valverde, habló de las obras que lleva a cabo el gobierno del estado en diferentes comunidades, las cuales comenzó a recorrer desde hace cinco meses, y aseguró a los pobladores que en caso de realizarse el proyecto les pagarán muy bien sus tierras.
A las 8 de la mañana ya se encontraban ocupadas la mitad de las 450 sillas colocadas bajo un toldo blanco en la explanada del terreno que, según se dijo, está destinado a la construcción de una escuela de nivel medio superior –Conalep– y ya habían sido repartidos entre los asistentes botes con agua.
Para ingresar al área donde se realizaría la asamblea los comuneros tenían que cruzar un pasillo de malla ciclónica, de dos metros de ancho por ocho de largo –similar a los que se usan en los ranchos para encerrar a los animales–, y donde fueron ubicados varios jóvenes en mesas con los nombres de las 47 comunidades que integran los Bienes Comunales. Allí los asistentes tenían que registrarse.
Siguiendo el camino que se ampliaba hasta llegar a la explanada en uno de los cerros, atrás de la casa del secretario del comisariado, Eudocio Miranda, quedó la gente encerrada por la malla que rodeaba el lugar y los policías preventivos y antimotines, estatales y municipales, que custodiaban las entradas y los alrededores.
Ya dentro del área de la asamblea se encontraba el secretario privado del gobernador, César Bajos Valverde, quien llegó muy temprano, según dijo, invitado por los comuneros para dar un informe de las obras que hace el gobierno del estado en las diferentes comunidades. Acompañando al funcionario había empleados de la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, quienes grabaron en video la asamblea.
El que fue nombrado presidente del comisariado por el Registro Nacional Agrario, Eustaquio García Vázquez, también se encontraba ya dentro del enrejado y se le veía ir y venir entre los pobladores que habían llegado.
Pasadas las 9 de la mañana se acercó a Bajos Valverde para informarle que había enviado tres camionetas a Apalani, ya que la gente no había llegado porque estaba del otro lado del río.
El comisario de Apanhuac –quien no quiso dar su nombre pero se presentó con tal cargo ante Bajos Valverde–, afirmó que había llevado a 120 personas, pero que sólo le habían “dado” para 70, lo que repitió de nuevo ante García Vázquez, quien al ver que el comisario conversaba con esta reportera lo retiró del lugar.
Faltando 20 minutos para las 10 de la mañana, hora de la cita de la asamblea, García Vázquez y Bajos Valverde se veían desesperados porque aún no llegaba el representante de la Procuraduría Agraria.
Las sillas que colocaron ya se encontraban llenas y un grupo de hombres trasladaron más para acomodar a quienes estaban de pie, asimismo comenzaron a llegar con más botes con agua y refrescos para los asistentes.
Un empleado del gobierno del estado y ex guardaespaldas del gobernador –de quien sólo se supo que se apellida Lomelí– y estaba a cargo de la seguridad, iba de un lado a otro y al principio consultaba las decisiones con Bajos Valverde, después lo hizo a un lado y le pedía que se colocara debajo del toldo para su protección.
Atrás del toldo, los policías estatales comenzaron a prepararse al ver a integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop); “vienen muchas mujeres, a esas no las podemos golpear, si fueran puros hombres nos agarramos a chingadazos”, dijo uno de los efectivos al ver el grupo ubicado en otro de los cerros aledaños a donde se iba a realizar la asamblea.
Antes de las 10 de la mañana, una comisión encabezada por Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, se acercó a la malla y por dentro se acercaron el director de la Policía Investigadora Ministerial, Valentín Díaz Reyes, y el director de la Policía Preventiva, Manuel Paz Espinoza, que impidieron que se acercaran a Bajos Valverde, mientras ellos comentaron que los del Cecop habían solicitado entrar pero que primero se retirara la policía, pero se negaron. “La seguridad la pidieron los del comisariado y nos vamos a quedar”.
Minutos después de las 10 de la mañana, Bajos Valverde, García Vázquez, el secretario del comisariado, Eudocio Miranda Casiano, y los demás integrantes del comisariado se encaminaron a la tarima que había sido colocada, donde ya se había puesto también una mesa y sillas para iniciar la asamblea.
En el presidium estaban, de izquierda a derecha, el suplente del presidente del comisariado, Jacobo Alfonso Salado; el segundo secretario del Consejo de Vigilancia, Leonor García Dorantes; el primer secretario Anselmo García Moreno; el presidente del Consejo de Vigilancia, Eleno Dorantes Valeriano; el notario público número 4, Eduardo Arturo Nozari Morlet; Bajos Valverde; García Vázquez; Miranda Casiano; el tesorero del comisariado, Eloín Navidad Flores y el subdelegado jurídico de la Procuraduría Agraria, Jesús González García.
A las 10 de la mañana con siete minutos, Eustaquio García tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. ¡No tenga miedo! se escuchó entre la gente decirle al comisariado luego de que éste empezó a tartamudear y cedió la palabra a Eudocio Miranda, quien comenzó a leer que de acuerdo con la segunda convocatoria se encontraban en el predio donde se construirá el Conalep, en la colonia La Ceiba, y se procedía a desahogar la orden del día empezando con el pase lista.
Después de hojear los documentos que traía, dijo que había una asistencia de mil 200 comuneros, aunque en la asamblea, según el conteo de Gobernación estatal, había un promedio de 700 personas, incluidos los transportistas que trasladaron a los comuneros y que acudieron a manifestar su respaldo al gobernador Torreblanca Galindo para la construcción de la presa.
Miranda Casiano precisó que los acuerdos que se tomen serán validos para los “presentes, ausentes y disidentes” y a las 10:15 inició de manera formal la asamblea, siendo el primer paso la instalación de la mesa de debates, la cual propuso un comunero que fueran ellos mismos y sin más pidió que levantaran la mano quienes estuviera a favor, lo cual hizo la gente sin hacer preguntas y sugerencias al respecto.
Después de ello se anunció la intervención de Bajos Valverde, quien daría un informe de las obras solicitadas por la comunidad al gobierno del estado.
Allí explicó que “a raíz” de la visita que hizo Torreblanca Galindo en septiembre, cuando inauguró un tramo carretero San Pedro Cacahuatepec-Aguacaliente, se hicieron obras solicitadas, las cuales enlistaría en orden alfabético.
Primero nombró a “Aguascalientes” –en lugar de decir Aguacaliente–, donde se terminó un salón de la escuela secundaria y se tiene planeada la construcción de un comedor; en Apalani dijo que se ayudó al comisario a pagar deudas de la comisaría y él se comprometió con los habitantes de esa comunidad, así como de Barrio Nuevo de los Muertos, Cruces de Cacahuatepec, Campanario y Progreso para reactivar el proyecto de red de agua potable, el cual tiene un costo de 17 millones de pesos, 10 que pondría el gobierno federal y 7 el estado.
Agregó que en Barrio Nuevo de los Muertos, Cacahuatepec, Parotas y Pochotlaxco el apoyo del gobierno del estado fue para la construcción y reparación de iglesias; en El Cantón se apoyó en la compra de muebles para la comisaría, así como en San Isidro, Espinalillo y Progreso Cacahuatepec, donde se les consiguió una vivienda para la instalación de la comisaria.
Detalló que a las mujeres de El Campanario, Guamuchitos y San José Cacahuatepec se les entregaron máquinas de coser, así como uniformes a equipos de futbol de algunas comunidades.
Bajos Valverde resaltó la introducción de la energía eléctrica en Arroyo Verde y que el gobernador intervino para pedir los pagos de los adeudos que la CFE tenía con los habitantes de Los Mallos, quedando pendiente “de Las Parotas para arriba” y les aseguró que dichos pagos se harán.
Enlistó otras peticiones todavía pendientes como caminos y servicios médicos, e indicó que están viendo la manera de resolverlas.
Bajos Valverde dijo que le falta visitar 12 comunidades, entre ellas La Concepción, donde se realizaba la asamblea, y concluyó que “voy a seguir caminando aquí con ustedes”.
En entrevista, Bajos Valverde indicó que solamente han escuchado a los pobladores y atendiendo sus peticiones dentro del presupuesto que “no es tan grande”, pero que “mientras no se haga la presa hay que seguir invirtiendo” , lo cual fue a informar y se deslindó de ser promotor de La Parota, aun cuando habitantes de San Isidro el Gallinero lo señalaron como la persona que les aseguró que estaban ahí porque les dijeron que les pagarán las tierras que sean utilizadas incluso para el paso de carreteras, “así dijo el Güero –señalando al secretario– si ellos dijeran que no van a pagar las tierras entonces para qué el apoyo”, dijo Antonia Valente Flores.
Después se leyó el quinto punto de la asamblea: “analizar y en su caso aprobar lo relativo a la solicitud de anuencia que plantea la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo, ante la Secretaría de la Reforma Agraria, el trámite administrativo de explotación por causa de utilidad pública de una superficie de mil 383 hectáreas pertenecientes de la comunidad y para destinarlas a la construcción de la presa La Parota. En este punto únicamente se nos solicita que autoricemos a que inicie y el procedimiento no es que nos quiten nuestras tierras para que no nos den, sino para que nos informen de qué manera se harían los convenios”, leyó el secretario del comisariado.
Manifestó que para desahogar dicho punto levantarían la mano los que “estemos a favor”, hizo una pausa consultó y dijo que iba a leer nuevamente el punto, previo a la votación, que no se realizó hasta después de que leyó los puntos seis y siete, consistentes en autorizar que se lleve “a cabo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el trámite administrativo que consiste en la autorización material de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal, así como solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Social el dictamen de cambio de uso de suelo por causa de utilidad pública, por una superficie de mil 383 hectáreas pertenecientes de la comunidad y para destinarlas para la construcción de la presa La Parota”.
Y autorizar la ocupación previa de las hectáreas, así como “autorizar a los integrantes del comisariado suscriba el convenio de ocupación previa de la superficie citada a favor de la CFE y en su caso aprobar lo conducente”.
Eudocio Miranda dijo: “compañeros comuneros, los que estén de acuerdo con estos tres puntos para desahogar el orden del día levanten la mano, los que están de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico la Parota”; los asistentes, aunque no todos levantaron la mano, sin dar tiempo al conteo y anunció que se había aprobado los tres puntos por unanimidad.
Anunciaron que el punto 8 de la orden del día era asuntos generales, pero al no haber comentarios se dio paso al punto 9, la clausura de la asamblea y a las 10:30 de la mañana, Eustaquio García daba por concluida la reunión, 15 minutos después de haber iniciado.
El presidente del comisariado y el secretario bajaron de la tarima custodiados por policías estatales y el ex director de Tránsito municipal en el gobierno de Félix Salgado Macedonio, Víctor Manuel Cadena Macari.
Finalmente el notario Nozari Morlet y Bajos Valverde abandonaron el lugar a bordo de un Jeep color gris, mientras que Eustaquio y Eudocio lo hicieron en una camioneta blindada BMW, color blanco, propiedad de Jorge Alameda, quien se dijo transportista, ambas custodiadas por policías estatales.
Antes de retirarse, consultado sobre la utilidad que se le darán a las mil 383 hectáreas que están entregando a la CFE, Eustaquio García se limitó a decir que es para el vaso de la presa, “pero van a ser bien pagadas”.
Afirmó que ellos como integrantes del comisariado harán lo que los comuneros decidan y que después de la asamblea de ayer llevarán la petición al gobierno del estado para “decirle que nos bajen el proyecto”, porque las autoridades les piden que encabecen la solicitud.
En cuanto al Cecop, señaló: “nosotros no los molestamos, ellos nos molestan a nosotros, si ellos nos molestan vamos a hacer como el gato encerrado, vamos a sacar las uñas”.
Se registra una reportera como comunera
Según les habían informado a los integrantes del Cecop, para ingresar al área donde se realizaría la asamblea se tenía que pasar por el registro, donde se comprobaba que quienes entraban eran comuneros registrados en el padrón del Registro Nacional Agrario (RAN).
Sin embargo, quienes entraban se limitaban a escribir su nombre y a firmar, o en su caso poner su huella, para el listado de quienes asistieron y respaldar con dichas firmas el acta de asamblea que se elaboraría después para entregar a la PA y el RAN.
En ningún momento se observó que quienes estaban en las mesas de registro les solicitaran algún documento que los acreditara como comuneros o en su caso verificar que estuvieran en el padrón, como ocurrió con la reportera de El Sur, Magadalena Cisneros, quien ingresó con personas que fueron llevadas de la comunidad de San Isidro Gallinero. A ella se le pidió que se registrara, lo cual hizo bajo el nombre de Martha Ríos, firmó y le marcaron el pulgar para que colocara su huella, sin mayor requisito para poder participar en la asamblea y votar a favor de la presa La Parota.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=79367
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