El palacio de los excesos (video)

De Jasso65 en youtube y tomado de Reporte Índigo.

El palacio de los excesos

Por Anabel Hernández tomado de reporte Índigo.

En Bosque de Antequera No. 60, Fraccionamiento La Herradura, en la Ciudad de México, la Presidencia de la República mantiene una lujosa residencia de 5,363 metros cuadrados de construcción en un terreno de 5 hectáreas de bosques y jardines. El lugar, suntuoso por dentro y por fuera, parece un palacio. De hecho, es muy similar al Petit Trianon de Versalles, que era el castillo privado de la reina María
Antonieta.

De la existencia de esta mansión y su costo para el erario, los contribuyentes poco o nada saben. Se ha mantenido casi en secreto. Y aunque es patrimonio de la
nación, son muy pocos los invitados que han tenido acceso a ella. El gobierno federal lleva 20 años manteniendo la residencia con recursos públicos sin rendir cuentas a nadie. Debe ser usada únicamente como residencia para jefes de Estado en visitas oficiales, pero en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, ha sido empleada de manera discrecional para eventos privados.

Según testimonios recabados por Reporte Índigo, la llamada Residencia Ávila Camacho (oficialmente denominada Residencia Soledad Orozco, La Herradura) ha sido aprovechada
para reuniones sociales del gabinete, eventos de recaudación de fondos para el Centro Fox, así como fiestas y reuniones organizadas por miembros del equipo del presidente Felipe Calderón. Todo a costa de los recursos públicos. Hace un año, Reporte Índigo inició una investigación sobre este palacio, su costo y el uso real que se le da.

La Presidencia se niega a informar sobre lo que gasta en la residencia, la partida presupuestal a la que se carga dicha erogación, el inventario de las obras de arte que había o hay en ella y los nombres de los usuarios de la Residencia Ávila Camacho.

Reporte Índigo obtuvo los recibos de consumo de energía eléctrica de los últimos dos años. La variación en los montos revela el intenso uso nocturno que tiene el lugar durante algunos periodos. Según la Presidencia de la República, el único mandatario extranjero que ha utilizado la casa en los últimos nueve años es Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, quien se hospedó ahí en junio de 2007. Pero esto no coincide con los gastos en servicios. Tan sólo en mayo de 2008, la
Presidencia pagó 83 mil 327 pesos por el consumo de 10,000 kilowatts de electricidad, que es equivalente a un consumo industrial. En febrero de ese mismo año, erogó 14 mil 763 pesos, 5.6 veces menos, por el mismo concepto.

La Policía Federal es testigo de lo que ocurre día y noche en la Residencia Ávila Camacho. A diferencia del resto de las instalaciones de la Presidencia de la República, que son custodiadas por el Estado Mayor Presidencial, en este caso es la Policía Federal, cuyo jefe es el inamovible secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, la responsable de vigilar el inmueble. En tiempos de crisis económica, cuando el gobierno pretende crear impuestos para combatir la pobreza y hace reiteradas promesas de austeridad, ésta es la historia de El Palacio Presidencial, una investigación especial de Reporte Índigo.

CARTONES DE LA JORNADA

Emite CNDH recomendación por caso Contralínea Inédito pronunciamiento por acoso judicial y veto publicitario

Emite CNDH recomendación por caso Contralínea

Inédito pronunciamiento por acoso judicial y veto publicitario

• Por primera vez en su historia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una Recomendación contra el gobierno federal por el veto publicitario a un medio de comunicación como represalia a su línea editorial.
• Violaron Pemex y Poder Judicial derechos humanos de los periodistas de la revista Contralínea

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una inédita recomendación que alude el acoso judicial contra un medio de comunicación como una forma de judicializar la libertad de expresión y el veto publicitario del gobierno federal como un método de castigo a los medios de comunicación por su línea editorial.

En la Recomendación 57/2009, “Sobre el caso de los señores Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza e integrantes de la revista Contralínea”, dirigida al Magistrado Celso Rodríguez González, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos, la CNDH acredita que el Poder Judicial y el Ejecutivo, a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), violaron en perjuicio de los periodistas de la revista Contralínea los siguientes derechos:

“Los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos 1°, párrafo tercero, 6°, párrafo primero, 7°, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1,2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De igual manera, lo previsto por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, ni por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus ideas o informaciones”.

El 12 de septiembre de 2008, los periodistas de Contralínea presentaron un escrito de queja ante la CNDH por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y del personal de la empresa que edita las revistas Contralínea y Fortuna, Negocios y Finanzas, en la que denuncian que de noviembre de 2004 a agosto de 2008 realizaron investigaciones y publicaciones periodísticas que involucran en irregularidades en la asignación de millonarios contratos a funcionarios de alto nivel del sector energético y la Presidencia de la República, y contratistas de Petróleos Mexicanos.

Con motivo de la publicación del trabajo periodístico, comenzaron a recibir amenazas y acoso por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos y de los directivos y abogados de empresas del Grupo Zeta, involucradas en algunos de los reportajes publicados, consorcio de gas licuado de petróleo presidido por Jesús Alonso Zaragoza López, quien amenazó a los periodistas con presentar 80 demandas en su contra, una por cada una de sus empresas.

Así, Zaragoza López demandó a los periodistas ante el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, expediente 757/2007; el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, expediente 905/2007; el Juzgado Quinto de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, expediente 383/2008; el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, 393/2008, en todos por supuesto daño moral.

Con motivo de dichas demandas judiciales, el pasado 16 de enero el periodista Miguel Badillo fue arrestado por orden del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco. Posteriormente, emitió una orden judicial para acceder el 1 de febrero de 2009, a los archivos de la revista Contralínea.

A raíz de la revelación en Contralínea –el 15 de febrero de 2008– de los contratos que firmó Juan Camilo Mouriño con Pemex, en su dualidad de funcionario público y contratista de gobierno, el 17 de abril de 2008, el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez Fuentes, amenazó a la periodista Ana Lilia Pérez de que no permitiría que los funcionarios de Pemex otorgaran entrevistas a la revista y que por su línea editorial la paraestatal no le contrataría publicidad.

En resolución al expediente de la queja número CNDH/5/2008/4462/Q, el pasado 14 de septiembre, la CNDH resolvió: “Esta Comisión Nacional acreditó que fueron vulnerados los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y a la libertad de expresión, en agravio de Ana Lilia Pérez Mendoza, Miguel Badillo e integrantes de la revista Contralínea”.

La judicialización de la libertad de expresión

En su recomendación, la CNDH acreditó que el Poder Judicial de Guadalajara incurrió en una serie de hechos irregulares en beneficio de Jesús Zaragoza y el Grupo Zeta, tales como el acreditar la existencia de un tercer denunciado (Abraham Rodríguez Ortega) para radicar la demanda contra los periodistas en Guadalajara, donde acreditó la supuesta notificación de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez con documentos apócrifos para después llevar el juicio “en rebeldía”. Sentenció a los periodistas sin que ellos tuvieran conocimiento siquiera de que había una demanda y un juicio en su contra y, posteriormente, ordenó el arresto de los periodistas consumándose en la detención de Badillo, quien fue recluido en el Centro de Sanciones Administrativas del Distrito Federal (El torito).

La CNDH documentó que en su resolución el juez introdujo cuestiones ajenas a la litis en agravio de los periodistas, para reclamarles prestaciones que ni el mismo Zaragoza planteó.

La CNDH señala: “Se acreditó que el juzgador violó en perjuicio de los codemandados lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que señala que las sentencias deberán ser congruentes con las pretensiones deducidas oportunamente, condenando o absolviendo al demandado.

“Este mismo criterio es compartido por el Juez Décimo Tercero de lo Civil quien, al rendir el informe correspondiente a esta Comisión Nacional, señaló que en el procedimiento civil resulta aplicable el principio de congruencia y petición de parte, lo que no aconteció en el presente caso, toda vez que en la sentencia definitiva no se hizo ninguna valoración o razonamiento de índole jurisdiccional por el cual se ordenó condenar a los codemandados Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza a cumplir una prestación que nos les fue demandada”.

Por ello, la CNDH acreditó “que dichas irregularidades adjetivas vulneran las garantías a la legalidad y seguridad jurídica que debe revestir el procedimiento judicial civil instaurado en contra de los demandados Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza”.

Respecto de las irregularidades administrativas en los juicio presentados por el contratista de Pemex, Jesús Alonso Zaragoza López, en su recomendación, la CNDH destaca: “Esta Comisión Nacional acreditó que los agraviados fueron objeto de violaciones a sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que se transgredieron los artículos 14.1 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que imponen la obligación al Estado mexicano de respetar el derecho al debido proceso, a la legalidad y a la seguridad jurídica”

Aunado a las irregularidades administrativas, refiere: “Respecto del acoso judicial manifestado por los quejosos, se advierte también que, con relación al expediente 393/2008 de medios preparatorios a juicio radicado ante el Juez Décimo Tercero de lo Civil en Guadalajara, Jalisco, promovidos por Thermogas, S.A. de C.V., en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., en el que se decretó llevar a cabo una revisión a la contabilidad de la empresa editorial, esta Comisión Nacional advierte que carece del emplazamiento correspondiente por parte de la autoridad judicial a la citada empresa editorial, lo cual fue observado por el Juez Cuarto de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 604/2008, en el que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., por lo que ordenó dejar insubsistente todo lo actuado, ya que no se respetó la garantía de audiencia a favor de la empresa en contra de la cual iban dirigidos los medios preparatorios a juicio”.

Dentro de sus indagatorias, la CNDH documentó que posterior a la demanda de Guadalajara, la familia Zaragoza presentó nuevas demandas contra los periodistas en otras entidades. Una de ellas es la que se promovió contra Badillo –juicio ordinario civil 348/2009– ante el Juzgado Tercero de lo Civil en Mazatlán, Sinaloa, el cual se encuentra en trámite, y en el que se solicita la reparación de daño moral e indemnización, entre otras, por la publicación de una fotografía de Miguel Zaragoza Fuentes.

En este sentido, destaca el organismo de derechos humanos: “No pasa inadvertido para esta Comisión Nacional que las diversas demandas promovidas por particulares y empresas ligadas a un mismo grupo empresarial y aceptadas por distintas instancias judiciales, aunado a las irregularidades administrativas detectadas, pueden constituir un medio indirecto para coartar la libertad de expresión, como consecuencia del trabajo periodístico de los quejosos. Lo anterior cobra relevancia ante las amenazas señaladas por los quejosos, emitidas por parte de los abogados de las empresas demandantes en contra de Agustín Miguel Badillo Cruz y Ana Lilia Pérez Mendoza, en el sentido de que promoverían hasta 80 demandas, una por cada una de las empresa del corporativo “Grupo Zeta”, lo cual fortalece la convicción de este organismo nacional respecto de la presión que se está ejerciendo en contra de los agraviados”.

En este sentido, refiere la CNDH, “en la declaración conjunta emitida por el Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos de fecha 18 de diciembre de 2003, señalaron que ‘los trabajadores de los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo”.

Por ello, la CNDH resolvió que “el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 136 y 148, fracción XXXII de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado de Jalisco, lleve a cabo una investigación respecto de la tramitación del expediente 905/2007, relativo al juicio civil promovido por Multigas, S.A. de C.V. en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., Agustín Miguel Badillo Cruz y Ana Lilia Pérez Mendoza (…) radicado ante el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, y en su caso, se emitan las medidas disciplinarias que correspondan”.

Discrecionalidad en asignación de publicidad

El uso direccional que hace el Poder Ejecutivo de las partidas presupuestales destinadas a la publicidad como método de premio o castigo para los medios de comunicación por su línea editorial es por primera vez motivo de una recomendación de la CNDH, ya que constituye una violación a los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de libertad de expresión.

En su Recomendación 57/2009, la CNDH acreditó que el gobierno de Felipe Calderón, a través de Petróleos Mexicanos, vetó a la revista Contralínea como castigo por ventilar supuestos actos irregulares y asuntos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel de su gobierno (incluido el fallecido Juan Camilo Mouriño; el hoy presidente nacional del PAN, José César Nava Vázquez, y el mismo Felipe Calderón).

Al respecto, “del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, con relación a los agravios atribuibles a funcionarios de Petróleos Mexicanos, esta Comisión Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión, en agravio de los señores Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza y periodistas de la revista Contralínea”.

La CNDH detalla que derivado de la queja presentada por Contralínea, el gerente Corporativo de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez Fuentes, rindió un informe, en el cual, dice la CNDH, “fue posible acreditar que Petróleos Mexicanos no cuenta con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de publicidad oficial”.

Detalla que “del análisis realizado a los informes rendidos por la paraestatal a esta Comisión Nacional, no se desprenden otros elementos o criterios objetivos y definidos que justifiquen la suspensión en la contratación de la publicidad oficial con la revista Contralínea. De hecho, de la información obtenida se observa que la contratación de publicidad en los últimos 2 años otorgada a diversas revistas cuyo perfil de lectores es parecido al de Contralínea, de acuerdo con los datos públicos del Padrón Nacional de Medios Impresos Certificados de la Secretaría de Gobernación, no ha disminuido.

“En este sentido, en la información proporcionada a esta Comisión Nacional, no se deduce que la suspensión en la contratación de publicidad oficial a la revista Contralínea tenga como justificación legal una disminución general en la contratación de publicidad a todos los medios de comunicación con un formato similar al de la revista Contralínea, o que dicha suspensión obedezca a la observancia de otros criterios como serían los de cobertura, circulación o periodicidad”.

Por ello, dictaminó la CNDH, “se desprende que la suspensión en la contratación de publicidad con la revista Contralínea puede ser consecuencia de su línea editorial, si se considera, como ha quedado acreditado ante esta Comisión Nacional, a partir de las evidencias e información que se allegó, que dicha suspensión no se genera a partir de algún impedimento legal o característica específica de la publicación, como podría ser el perfil de audiencia, la cobertura geográfica, el tiraje o circulación de la revista, o de una reducción en general de la contratación de publicidad por parte de la paraestatal con revistas similares”.

Así que, “sí es posible acreditar plenamente la falta de procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios por parte de Petróleos Mexicanos en la contratación de publicidad oficial, lo que puede alentar a sus funcionarios a utilizar discrecionalmente los recursos públicos dirigidos a la comunicación social de la paraestatal para premiar o castigar a los medios de comunicación por su línea editorial, lo cual vulnera los derechos a la igualdad, a la seguridad jurídica y por supuesto a la libertad de expresión en agravio de los periodistas y directivos de los medios de comunicación, en este caso de la revista Contralínea”.

Por primera vez, la CNDH habla de la falta de regulación en materia de contratación de publicidad del gobierno federal. No existen, dice “procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de la publicidad oficial, que puedan garantizar la igualdad de oportunidades entre los diversos medios que buscan contratarla, entre ellos la revista Contralínea”.

Lo anterior, advierte, “deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales afectando no sólo al pluralismo informativo y el debate público, elementos ambos esenciales de una sociedad democrática, sino también vulnerando el derecho a la igualdad si se considera que ante supuestos de hecho iguales se aplican consecuencias jurídicas desiguales, sin que exista, por lo menos en el caso que nos ocupa, una suficiente justificación legal que acredite tal diferencia, como ha quedado acreditado en este documento”.

Analiza además que ello implica la no observancia a los acuerdos internacionales en materia de Libertad de Expresión signados por el Estado mexicano. Refiere incluso los señalamientos que a este respecto ha hecho la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su informe anual de 2003 señala el veto publicitario como una forma de coartar la libertad de expresión:

“El asesinato de periodistas investigadores, el cierre de un periódico por el Estado, expresiones de violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad o la negativa a permitir que salgan al aire ciertos programas de televisión, son todos ejemplos elocuentes de violaciones directas del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, detrás de estas violaciones flagrantes, existen formas indirectas más sutiles y a veces más efectivas por las que el Estado coarta la libertad de expresión. Debido a que estas violaciones indirectas son con frecuencia obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente, no dan lugar a investigaciones ni merecen una censura generalizada, como ocurre con otras violaciones más directas.”

En su recomendación 57/2009 contra Petróleos Mexicanos, la CNDH enuncia “que los derechos consagrados por los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen como criterio indiscutible la no-discriminación y, en ese sentido, resultaría una forma indirecta de coartar la libertad de expresión cualquier medida que discrimine a un medio de comunicación de recibir publicidad oficial a causa de su línea editorial o crítica hacia la administración pública”.

Asimismo, que “el Principio 13 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, que funge como criterio de interpretación de la Convención Americana, señala que la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial con el objeto de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales en función de sus líneas informativas atenta contra la libertad de expresión y debe ser prohibida por ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente, siendo el rol principal del Estado facilitar el más amplio, plural y libre debate de ideas, y que cualquier interferencia que implique restringir la libre circulación de ideas debe estar expresamente prohibida por la ley, por lo que presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

La falta de estos criterios en la contratación de publicidad, dice la CNDH, “puede generar incertidumbre jurídica en los medios que buscan contratarla, en este caso la revista Contralínea, vulnerando con esto la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad, y que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos”.

En resolución a la queja presentada por los periodistas de Contralínea, concluyó que “la falta de procedimientos y criterios claros, objetivos, transparentes y no discriminatorios por parte de Petróleos Mexicanos para la contratación de publicidad oficial, deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales para la distribución de recursos públicos con el objeto de premiar o castigar a los medios según su línea editorial, lo que afecta no sólo al pluralismo informativo y el debate público, ambos elementos esenciales de una sociedad democrática, sino también se violan los derechos humanos a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión”.

Determinó que los funcionarios de Pemex violaron “los artículos 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone la obligación a todos los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad; 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como las demás disposiciones legales analizadas en el presente capítulo, con lo que se violó, en agravio de los periodistas de la revista Contralínea, los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, derechos previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14.1, 17.1, 17.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 8.1, 11.1, 11.2, 11.3 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Así mismo, “se violaron en perjuicio de los periodistas de la revista Contralínea los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos 1°, párrafo tercero, 6°, párrafo primero, 7°, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1,2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“De igual manera, lo previsto por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, ni por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus ideas o informaciones”.

La CNDH resolvió que Juan José Suárez Coppel deberá instruir a que la paraestatal “cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos”.

La CNDH resolvió que en el ámbito de sus atribuciones, las autoridades y dependencias administrativas deberán investigar los agravios en contra de los periodistas para aplicar las sanciones conducentes y subsanar las irregularidades. Instó también a que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ponga en práctica las medidas necesarias “para evitar que en el ejercicio de un derecho pueda generarse un medio indirecto, como podría ser el acoso judicial, para atentar contra la libertad de expresión”.

Ataque armado de la OPDDIC a integrante del Frayba

San Cristóbal de las Casas, Chiapas
18 de septiembre de 2009

Boletín de prensa No 30

La organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) de corte-paramilitares, bajo cobertura del Gobierno del Estado, emboscan y agreden a miembro del Frayba y hieren de bala a ejidatario de San Sebastián Bachajón.

El día de hoy aproximadamente a las 12 del día, Ricardo Lagunes Gasca, integrante de este Centro de Derechos Humanos, fue atacado por un grupo de personas armadas, integrantes de la OPDDIC, mientras se dirigía a la zona baja de Tila. Los hechos ocurrieron cuando Ricardo se detuvo en el Ejido Jotolá, Municipio de Chilón, para informar sobre el proceso jurídico que realiza como abogado del Centro en la defensa de los ejidatarios presos de San Sebastian Bachajón, ya que estos últimos sostenían ahí una reunión de trabajo con los ejidatarios de Jotolá, ambos adherentes a La Otra Campaña.

Al terminar de informar la situación de los presos, Ricardo intentó salir del Ejido a bordo de la camioneta de este Centro, sin embargo aproximadamente 40 metros adelante le cerraron el camino con piedras y un tronco que le impedía transitar, obligado a detenerse fue emboscado y golpeado por un grupo de aproximadamente 60 personas que se encontraban armadas con palos, piedras, machetes y armas de fuego, todos ellos integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) quienes entre golpes lo bajaron del vehículo del cual le quitaron las llaves, para intentar llevárselo con rumbo desconocido.

Sin embargo y pese a los intentos de Ricardo por dialogar con los integrantes de la OPDDIC, las agresiones continuaron poniendo en riesgo la vida e integridad física de nuestro compañero, por ese motivo un grupo de ejidatarios de La Otra Campaña intervinieron en su rescate, momento en que los integrantes de la OPDDIC se distrajeron, lo cuál fue aprovechado por Ricardo para liberarse de sus captores, dejando abandonadas todas sus pertenencias dentro del vehículo detenido.

Tras la intervención de los ejidatarios de la Otra Campaña, los integrantes de la OPDDIC reaccionaron disparando armas de fuego por lo que resultó herido de bala en el muslo de la pierna izquierda el Señor Carmen Aguilar Gómez 2°, habitante del Ejido de San Sebastián Bachajón. Tras esta agresión con arma de fuego, los ejidatarios adherentes a la Otra Campaña se dispersaron para evitar la confrontación con la gente de la OPDDIC, sin embargo estos últimos rodearon las casas de los ejidatarios amenazándolos con entrar a sacarlos y tomar la casa ejidal por la fuerza.

Hasta las 4 de la tarde de este viernes, integrantes de este Centro recibieron información de los ejidatarios que permanecían resguardados en sus casas en el Ejido de Jotolá, quienes manifestaron ser testigos de que aproximadamente 20 personas de la OPDDIC realizaban rondines portando armas de distintos calibres, además de haber tomado posesión de la casa ejidal.


Antecedentes:

Previo a la agresión, antes del medio día, los ejidatarios de Jotolá fueron testigos de que elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se habían entrevistado con integrantes de la OPDDIC; ahí, según varios testimonios, pudieron escuchar que los ejidatarios aseguraban que iban a entrar a la casa ejidal para destruir el letrero y agredir a los adherentes de la Otra Campaña. Momentos después, cuando Ricardo abordó el vehículo, hombres y mujeres de la OPDDIC bloquearon el paso pese a que nuestro compañero se identificó como integrante de este Centro de Derechos Humanos.

Por la mañana, mientras los ejidatarios de Jotolá y Bachajón se reunían en la casa ejidal, los miembros de la OPDDIC se reunieron 40 metros debajo de la casa ejidal donde hizo presencia la patrulla de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y los elementos policiacos mantuvieron un diálogo con los integrantes de la OPDICC. Los hechos sucedieron después de haber sido colocado un letrero en la casa ejidal de Jotolá, mismo que la semana pasada había sido robado por los miembros de la OPDDIC.

El pasado 20 de agosto ejidatarios de Jotolá y Bachajón, adherentes a La Otra Campaña, denunciaron públicamente mediante conferencia de prensa el clima de hostigamiento y amenazas por parte de miembros de la OPDDIC pertenecientes a ese ejido, en ese entonces se dio a conocer que estas personas anteriormente habían sido expulsados de la comunidad de Monte Líbano y que contaban con ordenes de aprehensión por los delitos de homicidio y violación.

En esa ocasión además denunciaron al Subsecretario General de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, por el engaño al no acudir el día anterior a una reunión con los ejidatarios que se llevaría a cabo en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en donde se fijaría plazo en que el gobierno del estado debería poner en libertad a dos, de los ocho indígenas tseltales quienes permanecen privados de su libertad en el CERSS No. 14 "El Amate" acusados de asociación delictuosa y robo con violencia, hechos falsos que han sido descubiertos por este Centro.

Ese día por la noche se recibió la llamada de los ejidatarios de Jotolá para denunciar que estaban siendo hostigados por elementos de la PEP y que habían rondines cerca de la casa de los pobladores y en particular cerca de la casa del comisariado ejidal, Pascual Sánchez Pérez; desde entonces los elementos de la PEP han mantenido patrullajes permanentes.

A inicios de este mes una fuente oficial nos hizo saber que lo denunciado en la conferencia de prensa, del pasado 20 de agosto, incomodó al Subsecretario General de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, por lo que ordenó enviar a elementos de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal Preventiva al Ejido Jotolá para detener al Comisariado Ejidal de Jotolá, Pascual Sánchez Pérez, y a quien fue el vocero de Jotolá, profesor Ricardo Sánchez, durante la conferencia de prensa.

Este Centro de Derechos Humanos repudia esta agresión, que se da en un contexto de hostilidad y señalamiento por parte de diversos actores y medios de comunicación a la labor de defensa de derechos humanos, y señala la promoción que el gobierno del estado ha hecho, incluido el gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, en contra del trabajo de defensa y acompañamiento que realiza este Centro.

Lista de agresores de la OPDDIC que fueron identificados en Jotolá:
1. Agustín Hernández Santis ? (portaba y disparó una escopeta).
2. Guadalupe Cruz Méndez ? (portaba rifle calibre 22 y pistola, disparó e hirió a Carmen Aguilar).
3. Medardo Cruz Méndez ? (portaba rifle calibre 22).
4. Miguel Gómez Hernández ? (portaba rifle calibre 22 de 16 tiros semi-automática).
5. Manuel Moreno Pérez ? (portaba machete y palo).
6. Daniel Moreno Pérez ? (portaba pistola).
7. Rogelio Cruz Méndez ? (portaba escopeta).
8. Eva Guzmán Hernández.
9. Ernestina Guzmán Hernández.
10. Margarita Miranda Pérez.
11. María Sánchez Sánchez.
12. Ofelia Cruz Jiménez.
13. María Hernández López.
14. María Elena Gómez López.
15. Ema María Sánchez Gómez.
16. Juana Sánchez Gómez.
17. Juan Cruz Méndez ? (portaba pistola).
18. Leandro Méndez Hernández.

México: el ejército recibe órdenes del gobierno para actuar contra la población

Pedro Echeverría V., en Mujeresporlademocracia.

1. El ejército, se dice, es el pueblo armado, y hay mucho de verdad porque más del 95 por ciento de sus soldados vienen de las masas de campesinos miserables. Ninguno de esos soldados ingresó a esa institución por convicciones o "amor patrio" sino por falta de trabajo y de ingresos. Pero al ingresar a esa institución armada –como puede verse en la película Cara de Guerra del inolvidable Kubrick- debe olvidar sus pensamientos y sentimientos como campesino para adoptar el que le imponen por la fuerza brutal. ¿Pueden acaso escuchar los llamados ilusos de los luchadores sociales de no reprimir a sus hermanos campesinos, a su pueblo? ¿Se olvida acaso que los soldados sufren un profundo proceso de "lavado de cerebro", que tienen que obedecer órdenes para no ser acusados de traidores? ¿Qué comerá su familia sin sus salarios?

2. Al ejército federal mexicano –garantía para la estabilidad y la supervivencia del sistema capitalista en el país- se le otorgó un carácter casi sagrado, intocable, desde su creación después del desarme del ejército de la dictadura porfiriana en Teoloyucan en 1915. Desde entonces fue la garantía del orden y la paz capitalista después de una revolución y una constitución (1910/17) que garantizaba y hacía inviolable la propiedad privada. Cientos de miles de miembros del ejército se hicieron respetar en los "desfiles patrios" y cuando acudían a auxiliar a la población en caso de ciclones o temblores; pero en la medida en que se convirtió en fuerza de represión contra las luchas del pueblo, invadió ciudades y estados, así como al perseguir y asesinar a inocentes, perdió totalmente el respeto. Se le cayó la máscara y enseñó su verdadera cara.

3. Nadie olvida las terribles represiones que han estado a su cargo: los maestros othonistas, los ferrocarrileros vallejistas, los estudiantes de 1966/68, lo campesinos de diversos estados. El gobierno poco a poco se fue acostumbrando a usar al ejército para auxiliar a la policía o ya, más claro, para intimidar y garantizar la toma de cualquier plaza, ciudad o poblado rural, como ha podido verse de manera permanente en Guerrero, en Chiapas a partir del EZLN y en Oaxaca con la lucha de los profesores y la APPO. Si antes decir ejército significaba amenaza y terror, hoy pronunciar ese nombre significa protesta y repudio. ¡Qué maravilloso hubiese sido que el ejército sirviera solamente para defender al país contra cualquier invasión extranjera, tal como se escribió en la constitución y mientras tanto se dedique a la solidaridad social!

4. El ejército –con un gigantesco presupuesto público y altísimos salarios de sus jefes- sólo sirve para apoyar a cualquier gobierno constituido aunque esté destrozando y llevando al desplome al país. Los ejércitos no defienden a la "patria" como dicen, sino que desde que se integró sólo a defendido al presidente en turno cuando el pueblo, demostrando con dignidad su descontento, se ha rebelado. ¿Puede ser de otra manera? Se han hecho muchas propuestas para democratizarlo, es decir, para abrir su estructura y funcionamiento al análisis y a la crítica social. Por ejemplo: ¿Para qué sirve el ejército si México es un país de paz y nadie lo ha amenazado nunca? ¿No basta acaso una policía eficiente para controlar la situación interna de la nación? ¿Qué hacen los 500 o 700 mil efectivos diariamente para justificar sus salarios?

5. El director del centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Luis Arriaga, dijo que ante los hechos contundentes en Ciudad Juárez: alta incidencia de delitos, 'espectacularidad' en las acciones, la crueldad de los delitos y el incremento de las fuerzas policíacas y militares; las propuestas del gobierno han sido ineficaces, apenas se sintetizan en el aumento de las penas punitivas y la intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad que corresponden a las autoridades civiles. El gobierno mexicano sigue una "estrategia equivocada" en el combate y seguimiento del narcotráfico y el secuestro. La confrontación de 45 mil militares diseminados en el país contra las organizaciones delictivas esta generando "mayor violencia contra la violencia" y sextuplicó de 2006 a 2008 el numero de quejas y violaciones en contra de los castrenses.

6. En México han surgido miles de denuncias que se hacen ante derechos humanos. Sólo desde México se han registrado denuncias de abusos, allanamientos, cateos de viviendas sin orden judicial, violaciones y torturas; así como ejecuciones perpetradas por militares, dijo Arriaga refiriéndose al caso de un hombre que en Sinaloa fue asesinado por el Ejército. Han documentado en un reporte 120 casos de abusos, entre los que destacan ataques con arma de fuego; cateos arbitrarios; torturas y la agresión a grupos vulnerables: niños y mujeres en las entidades de Guerrero; Tamaulipas; Chiapas; Michoacán; Chihuahua; Sinaloa y Nuevo León. Los militares –al decir del Agustín Pro- se han movido bajo una "lógica bélica" y parecen dispuestos a morir o matar. ¿Quién les da las órdenes para su actuación indiscrimina en los lugares que ocupan?

7. Por eso, cuando el derechista secretario de Gobernación -ante la exigencia de los diputados para que sean investigadas las violaciones a los derechos humanos y los excesos cometidos por integrantes del Ejército Mexicano- tal como lo han expuesto organizaciones como Human Rights Watch (HRW), el funcionario defendió a los militares y dijo que algunos reportes sobre presuntos abusos abren espacios para la difamación de la institución castrense. Señaló que ni está en su interés (del gobierno) tolerar abusos, pero tampoco someter a los soldados, marinos y policías de México al escarnio injustificado, que muchas veces puede obedecer a los fines e intereses de quienes combaten, sostuvo el funcionario. Incluso se le exigió que se supriman los operativos y retenes militares en el país.

8. Señala el gobierno que se difama a la institución castrense, pero las distintas organizaciones de Derechos Humanos han demostrado lo contrario. Lo que sucede es que el ejército, en lugar de demostrarle a los distintos gobiernos que los llamados delitos no se combaten con la fuerza bruta sino mediante la justicia y la equidad, se lanzan de la manera más violenta a defender gobiernos injustos. ¿Cómo acabar con la delincuencia y el narcotráfico? Pues con la distribución equitativa de la riqueza, acabando con el desempleo y los ingresos miserables y, al mismo tiempo, obligando a los millonarios y gobiernos a alejarse de los negocios que tienen con los grandes capos de la droga. El ejército puede limpiar su nombre como institución pero necesita separarse de esa ideología de fuerza, de represión y poder que le han inculcado.

Plagio de TVAzteka

Tomado de gendelgado en youtube. Son dos videos que discrepan entre sí, por lo que representan en la realidad de un México que pareciera no existe para los poderosos y que preferirían debajo del tapete. La segunda parte es fecalandia, de otra forma no podria explicarse como felipe ve el país color de rosa y con ello pretenda vendernos esa falsa imagen a los mexicanos. Lo triste es que muchos paisanos lo creen asi :(

Plagio descarado de la televisora del Ajusco d eun video realizado por Pablo Álvarez y Circo Volador, el cual fue presentado en septiembre de 2008.

En México necesitamos organizaciones sociales de lucha no partidos electoreros

Pedro Echeverría V., en APIAVirtual.

1. El gobierno de facto de Felipe Calderón, por medio de su secretario de Gobernación, planteó hoy ante los legisladores la discusión, para su instrumentación, del plebiscito, el referéndum, la reelección de diputados y alcaldes, así como la reducción del número de parlamentarios. No dio argumentos, pero se observó que ante el descalabro electoral del gobierno y su partido en julio pasado y los problemas de ingobernabilidad que se han manifestado en los últimos años, Calderón busca estrechar alianzas con los partidos, en particular con el PRI. Sin embargo todo ese tipo de propuestas, como su misma organización, giran alrededor de los partidos políticos, de las organizaciones gubernamentales, nada tienen que ver con la sociedad civil a no ser la legitimación de las propuestas. Con ellas gobierno y partidos seguirán dominando los negocios políticos.

2. Los partidos políticos –sean de derecha, centro o de izquierda- están ya muy desprestigiados en México. El PRI nació en 1929, el PAN en 1939 y el PRD en 1989, pero después de tantas décadas de consumir varios billones de pesos del presupuesto público en gigantescos salarios, subsidios, prebendas y privilegios, la situación del país y del 70 por ciento de sus habitantes ha empeorado en lo económico y político. Ningún partido lucha o se solidariza con las batallas de los pueblos por sus tierras, sus salarios o para extirpar la explotación y la miseria. Desde hace mucho se constituyeron en partidos de Estado aliados a los distintos poderes cuya única preocupación ha sido brincar de un cargo a otro para obtener salarios y privilegios. Aislados del pueblo, son una partidocracia al servicio de la clase capitalista

3. Para ser fuertes frente a los derechistas PRI/PAN, los socialdemócratas (o centro izquierda mexicana), que llevan ya 32 años gozando también de las mieles del poder, han vuelto a plantear la “unidad” proponiendo la fundación de un nuevo partido. Le han llamado “nuevo partido”, pero en realidad lo que buscan es que el PRD, Convergencia y PT se reunifiquen en una sola dirigencia aunque tengan que cambiar de denominación. O sea, más de lo mismo, pero revolcado. Se busca repetir la misma estrategia que lleva más de 50 años practicándose. Pero ellos llaman a toda la izquierda a unificarse tras ellos, tras su programa exclusivamente electoral, sabiendo que no faltarán desesperados que ahora sí quieran entrarle a las diputaciones y demás cargos que les aseguren ingresos económicos y privilegios.

4. Lo que México necesita, sin embargo, es la unidad e integración del movimiento social, de grandes movimientos de masas que se conviertan en una fuerza real frente al poder del Estado y del empresariado. Urge la unidad de las organizaciones indígenas, campesinas, obreras, estudiantiles, ciudadanas que con su fuerza y sus grandes luchas en las calles, los campos y las fábricas impidan que los distintos gobiernos y empresarios sigan imponiendo sus políticas de miseria y de opresión. Las personas integrantes de estos movimientos podrán participar y votar por el partido político que deseen, pero como organización mantendrán independencia para garantizar la unidad y la fuerza de la organización. Los electricistas, telefonistas, mineros, trabajadores universitarios, los del IMSS y demás organismos políticos/sociales.

5. El problema de las organizaciones sociales y sindicales es el terrible gremialismo que, por falta de educación política, de manera permanente divide las luchas generales. Los dirigentes, buscando el apoyo de las bases, les plantean demandas concretas, inmediatas y economicistas, sin explicarles sus limitaciones y la necesidad de que éstas trasciendan. Sólo por medio de esas demandas logran movilizar a sus bases y éstas cuando oyen demandas generales y solidarias con otras luchas y organizaciones no las entienden y las rechazan muchas veces. En el seno de esas organizaciones deben desarrollarse los más amplios trabajos ideológicos encaminados al significado de la unidad y la solidaridad. Así vemos a profesores, electricistas y campesinos peleando exclusivamente por sus demandas concretas sin buscar la solidaridad.

6. No debe olvidarse que en la conformación de demandas debe haber un análisis de la situación general. Si los planteamientos de fondo no existen ¿Qué trascendencia tiene obtener un aumento salarial de 10 pesos si a los pocos días el capitalismo logra aumentar los precios a un promedio de 12 o 15 por ciento? ¿Qué importancia tiene eliminar a los personajes que conforman una dirigencia si luego –sin trasformar los estatutos y la conciencia de la gente- son sustituidos por otros que no tendrán las trabas necesarias para que sean distintos? La realidad es que también la lucha social en los ejidos, sindicatos, organizaciones diversas de trabajadores es un tanto difícil, pero parece haber más márgenes de participación directa e igualitaria que entre los partidos que siempre acusan mayor dependencia de los órganos de poder del Estado.

7. Los gobiernos en general, los panistas de Fox y Calderón en particular, han apoyado con mucho dinero la consolidación de las dirigencias de los partidos, pero paralelamente han reprimido con mucha brutalidad a las luchas sociales aisladas de los trabajadores. Mientras los partidos realizan gigantescas campañas electorales dilapidando mucho dinero en propaganda televisiva y radiofónica, las batallas de los campesinos, sindicatos y organizaciones sociales son bloqueadas y reprimidas por dar lugar a las protestas masivas. No hay duda que los partidos se han integrado plenamente al Estado y contribuyen a conformar la paz social necesaria para continuar con el despojo y la explotación; por el contrario, las organizaciones sociales resultan más peligrosas al poder porque atacan a las fuerzas del capital y suelen amenazar las bases del sistema mismo.