Comunicado de prensa
Chilpancingo, Guerrero, 05 de Octubre de 2017.- Ante las respuestas emitidas en materia de seguridad por parte del Gobierno Federal como la Fiscalía General del Estado manifestamos nuestra preocupación al ver la facilidad con la que estas instancias creadas con la finalidad de procurar justicia, así como garantizar nuestra integridad física, se deslindan sin más, haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales, de la fuerte violencia que de manera particular el municipio de Chilapa enfrenta desde hace una década.
En el 2017 la violencia ha rebasado las cifras de años pasados, en tan sólo 10 meses se han cometido más de 200 homicidios dolosos que han quedado en la impunidad, además de incrementarse el desplazamiento forzado que se refleja en las casa vacías de Chilapa así como de las comunidades donde el miedo y el terror es infundida por grupos de la delincuencia organizada, tal es el caso de Tetitlán de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepozcuahutla, que en tres días se desplazaron aproximadamente 530 familias bajo el desamparo de las autoridades municipales y estatales.
Es inaceptable la negligencia con que actúan la Secretaria de Gobernación y la Fiscalía General del Estado al dejar toda la responsabilidad a policías municipales manifestando que ellos son los encargados de la prevención del delito, cuando esta etapa ha sido rebasada y los niveles de violencia requieren la participación de las autoridades federales.
Es necesario que el Gobierno Federal cumpla con sus atribuciones en cuanto a política criminal y persecución del crimen organizado a quien las propias autoridades acusan de ser responsables de la mayor parte de la violencia sucedida en la región de Chilapa. A la Fiscalía General del Estatal le corresponde la investigación de los delitos, la detención de los presuntos responsables y llevarlos ante el Poder Judicial. Si no se persigue a los responsables de los crímenes, se perpetúa la impunidad dejando en indefensión a la población que en su mayoría está compuesta por campesinos e indígenas marginados y en extrema pobreza.
La actitud de estos organismos forma parte de una estrategia perversa que pretende abonar el débil terreno en que esta cimentada la militarización del estado de Guerrero y por ende lo que se busca es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, como organismos civiles que promueven y defienden derechos humanos consideramos que ese es un camino equivocado para revertir la violencia e inseguridad.
Las familias que sufren por el desplazamiento forzado, las ejecuciones y la desaparición viven en total vulnerabilidad, pues el trauma que estos acontecimientos dejan es sumamente grave y que no están siendo atendidos de acuerdo a los estándares internacionales que protege derechos humanos, debido a la carencia de leyes que deberían ser promovidas con prioridad para dar una mejor atención a las víctimas, por ejemplo; no existe una ley estatal de declaración de ausencia, no se ha reglamentado la ley número 694, de victimas del estado libre y soberano de Guerrero, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas carece del presupuesto para garantizar la atención de las mismas, ya que el presupuesto actual no ha sido administrada de manera adecuada.
Por lo anterior, para nosotros es muy importante que las autoridades se hagan responsables de las tareas que les corresponde como encargados de construir un ambiente de protección a la vida, la integridad la libertad y el bienestar social. Por ello exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales:
- Que cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales en materia de Seguridad Publica para proteger la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de la población de la región de Chilapa.
- Que la secretaria de Seguridad Pública del Estado ponga en marcha estrategias para disminuir la violencia en Chilapa.
- Que cumplan con sus atribuciones de persecución del delito en lo que les corresponda tanto del fuero común como federal para terminar con la impunidad con que actúan los delincuentes en esta zona.
- Que la Fiscalía General del Estado de seguimiento a la investigación a los casos de desaparición de personas y homicidios.
- Que se garantice el libre tránsito de la ciudadanía
- Que se garantice un transporte público seguro
- Que los poderes judiciales y estatales impartan justicia apegada a los derechos humanos y
- Que se aplique y fortalezca el marco legal para la atención de víctimas de desaparición, desplazamiento y homicidios.
CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DRECHOS HUMANOS “JOSE MA. MORELOS Y PAVON” AC
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA TLACHINOLLAN
COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD
