Pronunciamientos solidarios en la misa celebrada a Alexis Benhumea en su tercer aniversario luctuoso. (1 de 3)
Pronunciamientos solidarios en la misa celebrada a Alexis Benhumea en su tercer aniversario luctuoso. (2 de 3)
Pronunciamientos solidarios en la misa celebrada a Alexis Benhumea en su tercer aniversario luctuoso. (3 de 3)
Acto político cultural homenaje a Alexis Benhumea en su tercer anivesario luctuoso. (1 de 7)
Acto político cultural homenaje a Alexis Benhumea en su tercer anivesario luctuoso. (2 de 7)
Acto político cultural homenaje a Alexis Benhumea en su tercer anivesario luctuoso. (3 de 7)
Acto político cultural homenaje a Alexis Benhumea en su tercer anivesario luctuoso. (4 de 7)
Acto político cultural homenaje a Alexis Benhumea en su tercer anivesario luctuoso. (5 de 7)
Acto político cultural homenaje a Alexis Benhumea en su tercer anivesario luctuoso. (6 de 7)
Acto político cultural homenaje a Alexis Benhumea en su tercer anivesario luctuoso. (7 de 7)
UN MINUTO DE SILENCIO
Nos lo empezaron a matar hacia un mes
-dijo el orador desde el templete-
y hoy murió enteramente.
¡Pido un minuto de silencio por su muerte!
Y entonces se escuchó el silencio…
millones de voces gritaban
¡justicia, justicia, justicia!
al tirano reclamaban
Se escuchó con estruendo un grito unánime:
¡Alexis, camarada, tu muerte será vengada!
y ante su tumba la larga marcha exánime,
despidió con mil aplausos a su joven camarada.
En aquel minuto todos escucharon el impacto
que destrozó su cráneo con una granada
y el ruido al caer de su joven cuerpo
moribundo ya y ensangrentado.
Escucharon la voz poderosa de su madre
que al cuerpo de su hijo abrazaba
repetía entre sollozos con el pueblo
¡no has muerto, no has muerto, Alexis camarada!
Y más estrujante fue para todos
ver llorar a aquél hombre maduro
negándose a hablar ante la tumba
y uniéndose al coro, ¡golpearemos duro!
Impactante momento, e imponente.
Una muestra del dolor nacional que ya se une
un silencio de gritos indignados
contra el viejo sistema que se pudre.
Hablaron todos los muertos asesinados
y unieron su voz a la de las mujeres violadas
convocados por aquel adolescente balaceado
y resultó una voz estruendosa, la del pueblo castigado
¡Cuántas cosas puede escuchar un pueblo atento
cuando las masas acuerdan un minuto de silencio!
Sólo el dictador no escucha nada
¡ y es porque, entre todos, es él quien está muerto!
Poesía de Refugio González, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
¡Alexis vive, la lucha sigue!
sábado, 13 de junio de 2009
Luchar contra la tortura es todo un arte
En la actualidad en México se vive una escalada represiva, cada vez son más comunes las denuncias ante los organismos gubernamentales y civiles de derechos humanos en contra de los abusos cometidos por Las Fuerzas de Seguridad de los tres niveles de gobierno.
Y si bien es cierto que existe una criminalización y judicialización de los movimeintos populares, cualquier persona, milite o no en algún movimiento social está propenso a sufrir detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, o inclusive ser ejecutado extrajudicialmente.
Es por ello que el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) una organización defensora de los derechos hmanos de la sociedad civil junto con un grupo de artistas comprometidos, conscientes de la necesidad de difundir la temática de la tortura, se han dado a la tarea de acercarse a sectores más amplios de la sociedad con el fin de divulgar las implicaciones de la tortura como una forma de prevenirla y combatirla.
El arte históricamente ha sido una herramienta con gran impacto en la transmisión de las ideas. Por lo cual, decidimos realizar una jornada artístico-cultural basada en una concepción de mirar al arte como otra forma de lucha en contra de la tortura.
La jornada cultural denominada: "Luchar contra la tortura es todo un arte" se llevará a cabo el 26 de junio (Día internacional en apoyo a los sobrevivientes de tortura según la ONU), en la Plaza Cívica de las Tres Garantías, en Iguala de la Independencia, Guerrero.
A partir de las 16:00 horas iniciaremos las actividades como son: Teatro, Música, Performance, Poesía, Cuento, Pintura, Fotografía, Grafitti, Caricatura y Documental.
"Luchar contra la tortura es todo un arte" busca sensibilizar, prevenir y denunciar la práctica de la tortura, entendida esta como una forma de ejercicio del poder y como una política de Estado con miras a contener los movimientos populares y democratizadores.
Tercer Comunicado de Fuerza Indigena Chinanteca
A todos los medios de comunicación, nacional e internacional.
A todos los medios libres y alternativos nacional e internacional.
A todos los organismos de derechos humanos no gubernamentales, nacional e internacional.
A la sociedad civil nacional e internacional.
A todos los adherentes a la otra campaña nacional e internacional.
A todos los colectivos zapatistas, nacional e internacional.
A todos los individuos simpatizantes de la lucha, nacional e internacional.
Al ejército zapatista de liberación nacional.
Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras:
La Fuerza Indígena Chinanteca Kia-nan, adherentes a la Otra Campaña en Oaxaca, México.
Les envía un saludo fraternal, combativo y solidario por las causas que nos unen y nos identifican. Nuevamente nos dirigimos a Ustedes para tenerlos informados del seguimiento del conflicto iniciado en nuestra Comunidad Chinanteca Rosario Ibarra, Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. (México), desde el día 17 de Mayo hasta el 21 del presente mes y año en curso, sobre la paralización del vivero municipal de alta tecnología que pertenece al sistema capital.
Hasta este momento únicamente se han presentado los representantes del gobierno municipal de Tuxtepec, Oaxaca, en el lugar donde nos encontramos en plantón, pidiendo dialogar con la promesa de ofrecer asesoría jurídica para encaminar los trámites legales y encontrar según ellos caminos de solución, más no la solución integral y definitiva a nuestro conflicto, argumentando que ellos no tienen facultad para responder la demanda de 400-00-00 hectáreas de tierras de nuestra Comunidad- Más sin embargo, ofrecen electrificación únicamente para la Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata de nuestra comunidad y reconocimiento como una Colonia, misma que se rechaza categóricamente por no formar parte de nuestra identidad cultural.
Manifestamos que a cinco días de iniciado el plantón en la paralización del vivero municipal de alta tecnología no ha habido voluntad de los tres niveles de gobierno tanto federal, estatal y municipal en dialogar para atender la petición de nuestra comunidad que es el Reconocimiento de nuestro territorio e identidad como comunidad Chinanteca. Y ante el ofrecimiento de las migajas de hambre, miseria y la negatividad de los gobiernos de no respetar el Juicio de Amparo interpuesto por nuestra Comunidad y cuya respuesta que se ha tenido hasta este momento es la represión mediante las amenazas de desalojo mandando a sus policías fuertemente armados realizando rondines cerca del lugar donde nos encontramos en el plantón. Así también, toman fotografías a través de la misma policía y personas vestidos de civil como una forma de intimidación y aunado a ellos creando una sicosis de miedo utilizando a la policía de otras corporaciones.
Y desde esta realidad que vivimos ahora, todas las artimañas del sistema neoliberal no nos asusta y prueba de ello es la famosa y tan difundida enfermedad de la influenza que creó el Presidente de la República de México Lic. Felipe Calderón Hinojosa, globalizando la enfermedad en todo el mundo por así convenir a los intereses del sistema capital, creando una sicosis de terror y de tapabocón que quiere decir: CALLATE Y NO DIGAS NADA, con la finalidad de desintegrar el t ejido social donde no permite que la gente se organice y se movilice para protestar en la defensa de sus derechos, ni aún con todo esto nos detiene en nuestra justa lucha, ya que en nuestro plantón participamos y permanecemos hombres, mujeres, abuelos, abuelas, jóvenes y jóvenas, niños y niñas, día y noche. Así como la desaparición de las semillas originarias como es el maíz criollo a través de la Empresa Monsanto que modifica genéticamente diversos granos básicos y patentar los mismos a cambio de la imposición de granos transgénicos con fines comerciales y que dañan la salud significando la muerte del campo y la ciudad.
Así mismo, les pedimos una vez más a todos los individuos, a la sociedad civil, a los colectivos zapatistas y adherentes a la Otra Campaña nacional e internacional y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se pronuncien y se solidaricen con nuestra lucha porque nuestra lucha de Justicia es la de Ustedes también y en contra del sistema neoliberal que nos oprime y siembra muerte, ya que si nos tocan a uno nos tocan a todos, porque la guerra de exterminio que ha iniciado el sistema capital es desaparecernos como comunidades y pueblos originarios con el objetivo de despojarnos de nuestra Madre Tierra y nuestro Territorio, ejemplos claros: Montes Azules en el Estado de Chiapas, las Minas de Ocotlán, las montañas de la Chinantla y la comunidad Chinanteca Rosario Ibarra, Comunidad San Agustín, Playa Limón, en el Estado de Oaxaca, entre otros muchos más.
Nos solidarizamos con otras luchas que se emprenden en diversas partes del mundo en la defensa de sus tierras y territorios y de sus derechos laborales.
Agradecemos también, la solidaridad de diversos grupos, colectivos e individuos tanto nacional e internacional que nos acompañan en el caminar de nuestra lucha por la vida, por la libertad; donde conjuntamente construiremos un mundo donde quepan muchos mundos y en donde algún día amanecerá la Justicia, Libertad y Democracia para todos y todas.
Y para finalizar, reiteramos una vez más, que hacemos responsables a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), así como a los empresarios de Tuxtepec, Oaxaca, nacional e internacional, todos los intentos de hostigamiento, intimidación y detención que llegue a suscitar a los habitantes de nuestra Comunidad Chinanteca Rosario Ibarra, integrantes de la Fuerza Indígena Chinanteca Kia-nan y de las personas que se solidarizan con nuestra causa, a través de sus fuerzas represivas que están al servicio del sistema capital y en contra del pueblo trabajador.
- QUE VIVAN LAS LUCHAS DIGNAS Y REBELDES DE LAS MUJERES DE MEXICO Y DEL MUNDO.
- QUE VIVAN LAS LUCHAS DE RESISTENCIAS DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD EN TODO EL MUNDO.
- NO A LA PRIVATIZACIÓN DE NUESTRA MADRE TIERRA DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD EN TODO EL PLANETA TIERRA.
- EXIGIMOS LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO.
- EXIGIMOS LA SOLUCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO DE LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, TUXTEPEC, OAXACA. ASÍ COMO EL JUICIO DE AMPARO DE LA COMUNIDAD DE PLAYA LIMÓN, MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, CHOAPAM, OAXACA. EN LA DEFENSA DE SU MADRE TIERRA Y TERRITORIO.
- ALTO A LA REPRESIÓN, HOSTIGAMIENTO Y ENCARCELAMIENTO DE LOS LUCHADORES SOCIALES DE MÉXICO Y DEL MUNDO.
Fraternalmente,
Fuerza Indígena Chinanteca Kia-nan
Desde el Plantón de la Comunidad Chinanteca Rosario Ibarra, Tuxtepec, Oaxaca (México) 21 de Mayo del 2009
A todos los medios libres y alternativos nacional e internacional.
A todos los organismos de derechos humanos no gubernamentales, nacional e internacional.
A la sociedad civil nacional e internacional.
A todos los adherentes a la otra campaña nacional e internacional.
A todos los colectivos zapatistas, nacional e internacional.
A todos los individuos simpatizantes de la lucha, nacional e internacional.
Al ejército zapatista de liberación nacional.
Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras:
La Fuerza Indígena Chinanteca Kia-nan, adherentes a la Otra Campaña en Oaxaca, México.
Les envía un saludo fraternal, combativo y solidario por las causas que nos unen y nos identifican. Nuevamente nos dirigimos a Ustedes para tenerlos informados del seguimiento del conflicto iniciado en nuestra Comunidad Chinanteca Rosario Ibarra, Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. (México), desde el día 17 de Mayo hasta el 21 del presente mes y año en curso, sobre la paralización del vivero municipal de alta tecnología que pertenece al sistema capital.
Hasta este momento únicamente se han presentado los representantes del gobierno municipal de Tuxtepec, Oaxaca, en el lugar donde nos encontramos en plantón, pidiendo dialogar con la promesa de ofrecer asesoría jurídica para encaminar los trámites legales y encontrar según ellos caminos de solución, más no la solución integral y definitiva a nuestro conflicto, argumentando que ellos no tienen facultad para responder la demanda de 400-00-00 hectáreas de tierras de nuestra Comunidad- Más sin embargo, ofrecen electrificación únicamente para la Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata de nuestra comunidad y reconocimiento como una Colonia, misma que se rechaza categóricamente por no formar parte de nuestra identidad cultural.
Manifestamos que a cinco días de iniciado el plantón en la paralización del vivero municipal de alta tecnología no ha habido voluntad de los tres niveles de gobierno tanto federal, estatal y municipal en dialogar para atender la petición de nuestra comunidad que es el Reconocimiento de nuestro territorio e identidad como comunidad Chinanteca. Y ante el ofrecimiento de las migajas de hambre, miseria y la negatividad de los gobiernos de no respetar el Juicio de Amparo interpuesto por nuestra Comunidad y cuya respuesta que se ha tenido hasta este momento es la represión mediante las amenazas de desalojo mandando a sus policías fuertemente armados realizando rondines cerca del lugar donde nos encontramos en el plantón. Así también, toman fotografías a través de la misma policía y personas vestidos de civil como una forma de intimidación y aunado a ellos creando una sicosis de miedo utilizando a la policía de otras corporaciones.
Y desde esta realidad que vivimos ahora, todas las artimañas del sistema neoliberal no nos asusta y prueba de ello es la famosa y tan difundida enfermedad de la influenza que creó el Presidente de la República de México Lic. Felipe Calderón Hinojosa, globalizando la enfermedad en todo el mundo por así convenir a los intereses del sistema capital, creando una sicosis de terror y de tapabocón que quiere decir: CALLATE Y NO DIGAS NADA, con la finalidad de desintegrar el t ejido social donde no permite que la gente se organice y se movilice para protestar en la defensa de sus derechos, ni aún con todo esto nos detiene en nuestra justa lucha, ya que en nuestro plantón participamos y permanecemos hombres, mujeres, abuelos, abuelas, jóvenes y jóvenas, niños y niñas, día y noche. Así como la desaparición de las semillas originarias como es el maíz criollo a través de la Empresa Monsanto que modifica genéticamente diversos granos básicos y patentar los mismos a cambio de la imposición de granos transgénicos con fines comerciales y que dañan la salud significando la muerte del campo y la ciudad.
Así mismo, les pedimos una vez más a todos los individuos, a la sociedad civil, a los colectivos zapatistas y adherentes a la Otra Campaña nacional e internacional y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se pronuncien y se solidaricen con nuestra lucha porque nuestra lucha de Justicia es la de Ustedes también y en contra del sistema neoliberal que nos oprime y siembra muerte, ya que si nos tocan a uno nos tocan a todos, porque la guerra de exterminio que ha iniciado el sistema capital es desaparecernos como comunidades y pueblos originarios con el objetivo de despojarnos de nuestra Madre Tierra y nuestro Territorio, ejemplos claros: Montes Azules en el Estado de Chiapas, las Minas de Ocotlán, las montañas de la Chinantla y la comunidad Chinanteca Rosario Ibarra, Comunidad San Agustín, Playa Limón, en el Estado de Oaxaca, entre otros muchos más.
Nos solidarizamos con otras luchas que se emprenden en diversas partes del mundo en la defensa de sus tierras y territorios y de sus derechos laborales.
Agradecemos también, la solidaridad de diversos grupos, colectivos e individuos tanto nacional e internacional que nos acompañan en el caminar de nuestra lucha por la vida, por la libertad; donde conjuntamente construiremos un mundo donde quepan muchos mundos y en donde algún día amanecerá la Justicia, Libertad y Democracia para todos y todas.
Y para finalizar, reiteramos una vez más, que hacemos responsables a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), así como a los empresarios de Tuxtepec, Oaxaca, nacional e internacional, todos los intentos de hostigamiento, intimidación y detención que llegue a suscitar a los habitantes de nuestra Comunidad Chinanteca Rosario Ibarra, integrantes de la Fuerza Indígena Chinanteca Kia-nan y de las personas que se solidarizan con nuestra causa, a través de sus fuerzas represivas que están al servicio del sistema capital y en contra del pueblo trabajador.
- QUE VIVAN LAS LUCHAS DIGNAS Y REBELDES DE LAS MUJERES DE MEXICO Y DEL MUNDO.
- QUE VIVAN LAS LUCHAS DE RESISTENCIAS DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD EN TODO EL MUNDO.
- NO A LA PRIVATIZACIÓN DE NUESTRA MADRE TIERRA DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD EN TODO EL PLANETA TIERRA.
- EXIGIMOS LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO.
- EXIGIMOS LA SOLUCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO DE LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, TUXTEPEC, OAXACA. ASÍ COMO EL JUICIO DE AMPARO DE LA COMUNIDAD DE PLAYA LIMÓN, MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, CHOAPAM, OAXACA. EN LA DEFENSA DE SU MADRE TIERRA Y TERRITORIO.
- ALTO A LA REPRESIÓN, HOSTIGAMIENTO Y ENCARCELAMIENTO DE LOS LUCHADORES SOCIALES DE MÉXICO Y DEL MUNDO.
Fraternalmente,
Fuerza Indígena Chinanteca Kia-nan
Desde el Plantón de la Comunidad Chinanteca Rosario Ibarra, Tuxtepec, Oaxaca (México) 21 de Mayo del 2009
Segundo Comunicado de Fuerza Indigena Chinanteca
A TOD@S L@S COLECTIVOS E INDIVIDU@S ADHERENTES A LA 6ta DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS ADHERENTES A LA 6ta DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LA RED NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN
A LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN
A LA ZEZTA INTERNACIONAL
A L@S SIMPATIZANTES DEL EZLN
DETERMINACIÓN DE PARAR EL “VIVERO MUNICIPAL” INVASOR EN TUXTEPEC OAXACA
Les informamos que hoy 17 de mayo del año en curso, l@s compañer@s de Fuerza Indígena Chinanteca Kia-Nan (FICH KIA-NAN) adherentes a la otra campaña, de la Comunidad de Rosario Ibarra, ubicada en la región Chinanteca del Estado de Oaxaca, han decidido “parar el vivero municipal” que construye la autoridad Municipal, en dicha región, sin consultar a l@s compañer@s de la comunidad. Con fines de despojo de las tierras de ésta comunidad.
La acción consiste en la instalación de un plantón a partir de las 13:30 horas del día de hoy, en el espacio donde se construye dicho vivero municipal.
En estos momentos la situación es tensa, porque se espera que venga una reacción del mal gobierno del Estado, y l@s compañe@s están dispuestos a defender sus tierras y no permitir esta ilegal invasión gubernamental.
HACEMOS UN LLAMADO A TOD@S L@S COMPAÑER@S DE LA OTRA CAMPAÑA A ESTAR ATENTOS EN LAS PRÓXIMAS HORAS, DE LO QUE PUEDA SUCEDER EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO IBARRA.
RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO DEL ESTADO Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUXTEPEC DE CUALQUIER ACTO DE REPRESIÓN.
NO A LA REPRESIÓN NI AL DESPOJO.
LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A MIGUEL VÁZQUEZ MORENO Y LOS 7 COMPAÑEROS BASES DE APOYO DEL EZLN, DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO REBELDE “COMANDATA RAMONA”, RECLUÍDOS EN EL CERESO NÚM. 14 “EL AMATE”. QUE HAN SIDO PRESOS POR DEFENDER SUS TIERRAS, AGUAS Y TERRITORIO.
Más información:
Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, por este medio les comunicamos que la Fuerza Indígena Chinanteca Kia-nan, adherente a la Otra Campaña, denuncia y apoya públicamente la lucha emprendida por la Comunidad Chinanteca Rosario Ibarra, Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en defensa de su Madre Tierra y Territorio en contra de la Empresa Paraestatal Inmobiliaria Industrial del Papaloapan, S.A. de C.V.(INIPSA), apoyado por los tres niveles de gobierno tanto federal, estatal y municipal, en donde dicha Empresa están asociados los empresarios más ricos de Tuxtepec que pertenecen al sistema capital y la comunidad lleva resistiendo más de 20 años al no aceptar las condiciones injustas y migajas de hambre que ofrece los gobiernos neoliberales.
Y es por estas razones y ante la falta de JUSTICIA la comunidad decidió por acuerdo de Asamblea buscar apoyos jurídicos a través del Bufete Jurídico Tierra y Libertad, AC, de la Ciudad de México, quien ha interpuesto la demanda de Amparo en contra del Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, del Gobernador del Estado de Oaxaca, Lic. Ulises Ruiz Ortiz, y otras autoridades, así como la empresa señalada.
Así mismo, el Presidente Municipal de Tuxtepec, Oaxaca, el Lic. Gustavo Pacheco Villaseñor, obedece las órdenes de los empresarios de Tuxtepec, de Empresas nacionales y trasnacionales al dar permiso de instalación de un vivero municipal de alta tecnología con los recursos del gobierno federal, gobierno estatal asociados con el Gobierno de Suecia por un convenio firmado entre ambos, lo cual es ejecutado por la Empresa Agrinet de Cuernavaca, Morelos, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), violando así los derechos de Amparo interpuesto a favor de la comunidad.
Cabe mencionar que el vivero municipal inicialmente abarca una extensión de 26,400 metros cuadrados y su construcción de 2,640 metros, toda vez que se pretende ampliarlo en 400-00-00 Has., donde se cultivarán maderas preciosas como son cedro, caoba, primavera, entre otros, que supuestamente servirá para reforestar la región Chinanteca, pero más bien es para favorecer a las empresas nacionales y trasnacionales.
Y el día de hoy 17 de Mayo del 2009, en una Asamblea de la comunidad se toma el acuerdo de paralizar la Empresa donde está ubicado el Vivero Municipal, toda vez, que se encuentra dentro del terreno en conflicto de 400-00-00 Has., misma que demanda la comunidad, en donde se constató que el gobierno municipal apoya y protege a la Empresa con la policía municipal.
Por lo que manifestamos, que a casi 21 años que la comunidad tiene de existencia, hasta la fecha carece de todos los servicios como son: agua, salud, electrificación, etcétera, más sin embargo, en el vivero, el Presidente Municipal está dando todos los servicios como lo es: la electrificación, agua, seguridad a esta empresa y en la cual la comunidad muestra su total inconformidad y coraje de las actitudes de inconciencia e insensibilidad de las autoridades que por ser una comunidad Chinanteca no se les toma en cuenta y se les discrimina y violan flagrantemente sus derechos colectivos de ser comunidad originaria y esto los obliga a paralizar la obra en mención hasta en tanto no se resuelva la vía legal iniciada sobre las tierras en litigio, misma que la comunidad se encuentra en plantón definitiva a partir de esta fecha.
Y por lo anterior, hacemos un llamado de solidaridad y apoyo de lo que pueda suscitar durante el tiempo que dure este conflicto y hacemos responsables a los tres niveles de gobierno de todo tipo de atropellos, de tensión y represión en contra de la comunidad Rosario Ibarra, sus familias y sus pertenencias, así como a quienes se solidarizan con su justa lucha.
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA MADRE TIERRA Y SUS TERRITORIOS.
FUERA LAS EMPRESAS NACIONALES Y TRASNACIONALES DEL TERRITORIO CHINANTECO
ALTO A LA REPRESIÓN Y LA DETENCIÓN DE LUCHADORES SOCIALES
FUERA EL EJÉRCITO FEDERAL DE TODAS LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL PAÍS.
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!!!
VIVA ZAPATA PORQUE SU LUCHA SIGUE…
VIVA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN REBELDÍA
VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!!!
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!
“VIVIR POR LA PATRIA O MORIR POR LA LIBERTAD”
Fraternalmente
Fuerza Indígena Chinanteca Kia-nan
Dado en territorio Chinanteco el 17 de Mayo del 2009.
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS ADHERENTES A LA 6ta DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LA RED NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN
A LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN
A LA ZEZTA INTERNACIONAL
A L@S SIMPATIZANTES DEL EZLN
DETERMINACIÓN DE PARAR EL “VIVERO MUNICIPAL” INVASOR EN TUXTEPEC OAXACA
Les informamos que hoy 17 de mayo del año en curso, l@s compañer@s de Fuerza Indígena Chinanteca Kia-Nan (FICH KIA-NAN) adherentes a la otra campaña, de la Comunidad de Rosario Ibarra, ubicada en la región Chinanteca del Estado de Oaxaca, han decidido “parar el vivero municipal” que construye la autoridad Municipal, en dicha región, sin consultar a l@s compañer@s de la comunidad. Con fines de despojo de las tierras de ésta comunidad.
La acción consiste en la instalación de un plantón a partir de las 13:30 horas del día de hoy, en el espacio donde se construye dicho vivero municipal.
En estos momentos la situación es tensa, porque se espera que venga una reacción del mal gobierno del Estado, y l@s compañe@s están dispuestos a defender sus tierras y no permitir esta ilegal invasión gubernamental.
HACEMOS UN LLAMADO A TOD@S L@S COMPAÑER@S DE LA OTRA CAMPAÑA A ESTAR ATENTOS EN LAS PRÓXIMAS HORAS, DE LO QUE PUEDA SUCEDER EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO IBARRA.
RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO DEL ESTADO Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUXTEPEC DE CUALQUIER ACTO DE REPRESIÓN.
NO A LA REPRESIÓN NI AL DESPOJO.
LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A MIGUEL VÁZQUEZ MORENO Y LOS 7 COMPAÑEROS BASES DE APOYO DEL EZLN, DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO REBELDE “COMANDATA RAMONA”, RECLUÍDOS EN EL CERESO NÚM. 14 “EL AMATE”. QUE HAN SIDO PRESOS POR DEFENDER SUS TIERRAS, AGUAS Y TERRITORIO.
Más información:
Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, por este medio les comunicamos que la Fuerza Indígena Chinanteca Kia-nan, adherente a la Otra Campaña, denuncia y apoya públicamente la lucha emprendida por la Comunidad Chinanteca Rosario Ibarra, Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en defensa de su Madre Tierra y Territorio en contra de la Empresa Paraestatal Inmobiliaria Industrial del Papaloapan, S.A. de C.V.(INIPSA), apoyado por los tres niveles de gobierno tanto federal, estatal y municipal, en donde dicha Empresa están asociados los empresarios más ricos de Tuxtepec que pertenecen al sistema capital y la comunidad lleva resistiendo más de 20 años al no aceptar las condiciones injustas y migajas de hambre que ofrece los gobiernos neoliberales.
Y es por estas razones y ante la falta de JUSTICIA la comunidad decidió por acuerdo de Asamblea buscar apoyos jurídicos a través del Bufete Jurídico Tierra y Libertad, AC, de la Ciudad de México, quien ha interpuesto la demanda de Amparo en contra del Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, del Gobernador del Estado de Oaxaca, Lic. Ulises Ruiz Ortiz, y otras autoridades, así como la empresa señalada.
Así mismo, el Presidente Municipal de Tuxtepec, Oaxaca, el Lic. Gustavo Pacheco Villaseñor, obedece las órdenes de los empresarios de Tuxtepec, de Empresas nacionales y trasnacionales al dar permiso de instalación de un vivero municipal de alta tecnología con los recursos del gobierno federal, gobierno estatal asociados con el Gobierno de Suecia por un convenio firmado entre ambos, lo cual es ejecutado por la Empresa Agrinet de Cuernavaca, Morelos, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), violando así los derechos de Amparo interpuesto a favor de la comunidad.
Cabe mencionar que el vivero municipal inicialmente abarca una extensión de 26,400 metros cuadrados y su construcción de 2,640 metros, toda vez que se pretende ampliarlo en 400-00-00 Has., donde se cultivarán maderas preciosas como son cedro, caoba, primavera, entre otros, que supuestamente servirá para reforestar la región Chinanteca, pero más bien es para favorecer a las empresas nacionales y trasnacionales.
Y el día de hoy 17 de Mayo del 2009, en una Asamblea de la comunidad se toma el acuerdo de paralizar la Empresa donde está ubicado el Vivero Municipal, toda vez, que se encuentra dentro del terreno en conflicto de 400-00-00 Has., misma que demanda la comunidad, en donde se constató que el gobierno municipal apoya y protege a la Empresa con la policía municipal.
Por lo que manifestamos, que a casi 21 años que la comunidad tiene de existencia, hasta la fecha carece de todos los servicios como son: agua, salud, electrificación, etcétera, más sin embargo, en el vivero, el Presidente Municipal está dando todos los servicios como lo es: la electrificación, agua, seguridad a esta empresa y en la cual la comunidad muestra su total inconformidad y coraje de las actitudes de inconciencia e insensibilidad de las autoridades que por ser una comunidad Chinanteca no se les toma en cuenta y se les discrimina y violan flagrantemente sus derechos colectivos de ser comunidad originaria y esto los obliga a paralizar la obra en mención hasta en tanto no se resuelva la vía legal iniciada sobre las tierras en litigio, misma que la comunidad se encuentra en plantón definitiva a partir de esta fecha.
Y por lo anterior, hacemos un llamado de solidaridad y apoyo de lo que pueda suscitar durante el tiempo que dure este conflicto y hacemos responsables a los tres niveles de gobierno de todo tipo de atropellos, de tensión y represión en contra de la comunidad Rosario Ibarra, sus familias y sus pertenencias, así como a quienes se solidarizan con su justa lucha.
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA MADRE TIERRA Y SUS TERRITORIOS.
FUERA LAS EMPRESAS NACIONALES Y TRASNACIONALES DEL TERRITORIO CHINANTECO
ALTO A LA REPRESIÓN Y LA DETENCIÓN DE LUCHADORES SOCIALES
FUERA EL EJÉRCITO FEDERAL DE TODAS LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL PAÍS.
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!!!
VIVA ZAPATA PORQUE SU LUCHA SIGUE…
VIVA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN REBELDÍA
VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!!!
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!
“VIVIR POR LA PATRIA O MORIR POR LA LIBERTAD”
Fraternalmente
Fuerza Indígena Chinanteca Kia-nan
Dado en territorio Chinanteco el 17 de Mayo del 2009.
Se ahorrará 300 millones de dólares la empresa que explote la fibra óptica
Una sola firma usará red de la Comisión Federal de Electricidad
Miriam Posada García (La Jornada)
El ganador del concurso para explotar parte de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y próximo competidor de Teléfonos de México (Telmex) entrará en operación en un año y se ahorrará por lo menos 300 millones de dólares en el tendido de la red que es lo que ha invertido la paraestatal en los últimos años.
La subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández Cardoso, precisó que el par de fibras que se licitarán se adjudicarán a un solo operador, dijo que por el momento el grupo de trabajo encargado de elaborar las bases del concurso no ha definido si se restringirá la participación de empresas como el propio Telmex, pero señaló que la entrada de un tercer gran operador en la industria de las telecomunicaciones provocará que los costos para los pequeños operadores se reduzcan entre 30 y 50 por ciento.
Por separado, el subdirector de Modernización de CFE, Marco César Rodríguez, y el coordinador de CFE Telecom, Adrián González, detallaron que la inversión realizada a lo largo de 10 años sólo en el hilo de guarda –que es el cable donde va la fibra óptica y a la vez funciona como pararrayos–, asciende a 300 millones de dólares, y precisaron que para proteger al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) hasta el momento se han tomado tres medidas iniciales de seguridad que consisten en que la Comisión se reservará las especificaciones de la operación, sólo su personal podrá operar la red y los operadores de telecomunicaciones no tendrán acceso a la red eléctrica.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández, señaló que las bases para la la licitación de dos fibras ópticas estarán listas en 90 días ya que las elaboran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CFE y la Comisión Federal de Competencia.
Miriam Posada García (La Jornada)
El ganador del concurso para explotar parte de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y próximo competidor de Teléfonos de México (Telmex) entrará en operación en un año y se ahorrará por lo menos 300 millones de dólares en el tendido de la red que es lo que ha invertido la paraestatal en los últimos años.
La subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández Cardoso, precisó que el par de fibras que se licitarán se adjudicarán a un solo operador, dijo que por el momento el grupo de trabajo encargado de elaborar las bases del concurso no ha definido si se restringirá la participación de empresas como el propio Telmex, pero señaló que la entrada de un tercer gran operador en la industria de las telecomunicaciones provocará que los costos para los pequeños operadores se reduzcan entre 30 y 50 por ciento.
Por separado, el subdirector de Modernización de CFE, Marco César Rodríguez, y el coordinador de CFE Telecom, Adrián González, detallaron que la inversión realizada a lo largo de 10 años sólo en el hilo de guarda –que es el cable donde va la fibra óptica y a la vez funciona como pararrayos–, asciende a 300 millones de dólares, y precisaron que para proteger al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) hasta el momento se han tomado tres medidas iniciales de seguridad que consisten en que la Comisión se reservará las especificaciones de la operación, sólo su personal podrá operar la red y los operadores de telecomunicaciones no tendrán acceso a la red eléctrica.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández, señaló que las bases para la la licitación de dos fibras ópticas estarán listas en 90 días ya que las elaboran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CFE y la Comisión Federal de Competencia.
En 8 años de gobierno del PAN la desocupación aumentó 150%
La ola de despidos elevó en 43% el desempleo en este sexenio: Inegi
En la fase crítica de la recesión se perdieron casi un millón de empleos
Juan Antonio Zúñiga (La Jornada)
Más de 951 mil trabajadores quedaron cesantes entre junio de 2008 y marzo de 2009 a consecuencia de la recesión de la economía mexicana registrada en ese periodo, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En tanto, cifras dadas a conocer por el organismo revelaron que en los poco más de ocho años de gobiernos surgidos del Partido Acción Nacional, el universo de personas en desocupación total aumentó en 150 por ciento, respecto a la dimensión que tuvo este fenómeno al término de 2000.
La ola de despidos que sacude el ámbito laboral del país elevó en 43 por ciento el universo de desocupación desde el comienzo de esta administración, el cual afectaba a un millón 600 mil 891 habitantes en diciembre de 2006 y alcanza ahora una dimensión sin precedente de 2 millones 228 mil 659 personas.
Mientras en términos prácticos, casi un millón de trabajadores salieron de los centros productores de bienes y servicios por ajustes, despidos y recortes de personal en todo tipo de empresas formales e informales. Según los indicadores estratégicos de ocupación y empleo del Inegi, en números cerrados la población ocupada disminuyó de 43.9 millones de trabajadores en junio del año pasado a 42.9 millones en marzo de 2009.
A la par, la desocupación aceleró su expansión en ese periodo y afectó en septiembre de 2008 a 316 mil personas más que en junio; incorporó a otras 12 mil 800 en el cuarto trimestre de ese mismo año, y a 366 mil más durante el primer trimestre de 2009, según los informes oficiales. Así, en la fase más crítica de la recesión de la economía mexicana se han perdido casi un millón de empleos, mientras la desocupación incorporó a 695 mil 352 personas más en los últimos nueve meses a la ruda tarea de buscar empleo, casi con la certeza de no encontrarlo.
Por su parte, la destrucción de empleos en la economía en la fase más crítica hasta ahora de la recesión ha sido la siguiente: de junio a septiembre de 2008 se perdieron 300 mil puestos de trabajo formales e informales; de octubre a diciembre de ese año desaparecieron otros 300 mil, y entre enero y marzo de 2009 hubo más de 366 mil despidos.
Desde el comienzo de los gobiernos surgidos del Partido Acción Nacional la desocupación aumentó en un millón 373 mil personas, lo que implicó un incremento de 150 por ciento en su dimensión, hasta afectar a casi 2.3 millones de integrantes de la población económicamente activa del país.
Pero apenas en poco más de dos años de la actual administración, el crecimiento de la desocupación prácticamente ha sido el mismo que el observado en los seis de la que presidió Vicente Fox Quesada.
De acuerdo con los informes del Inegi, durante los seis años de gobierno de Vicente Fox, unas 685 mil 500 personas se sumaron a la desocupación, la cual pasó de 915 mil 500 a un millón 601 mil durante ese sexenio. Entre el cuarto trimestre de 2006 y el primero de 2009, el periodo que corresponde a la administración gubernamental en curso, se han incorporado 687 mil 700 personas a esta condición.
Según los informes del organismo, 53 por ciento de los casi 2.3 millones de personas en desocupación total perdieron o terminaron su empleo, mientras 27.5 por ciento renunciaron o lo dejaron, lo que significa que por tres habitantes en desocupación que perdieron su empleo, hubo uno que renunció al suyo.
En la fase crítica de la recesión se perdieron casi un millón de empleos
Juan Antonio Zúñiga (La Jornada)
Más de 951 mil trabajadores quedaron cesantes entre junio de 2008 y marzo de 2009 a consecuencia de la recesión de la economía mexicana registrada en ese periodo, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En tanto, cifras dadas a conocer por el organismo revelaron que en los poco más de ocho años de gobiernos surgidos del Partido Acción Nacional, el universo de personas en desocupación total aumentó en 150 por ciento, respecto a la dimensión que tuvo este fenómeno al término de 2000.
La ola de despidos que sacude el ámbito laboral del país elevó en 43 por ciento el universo de desocupación desde el comienzo de esta administración, el cual afectaba a un millón 600 mil 891 habitantes en diciembre de 2006 y alcanza ahora una dimensión sin precedente de 2 millones 228 mil 659 personas.
Mientras en términos prácticos, casi un millón de trabajadores salieron de los centros productores de bienes y servicios por ajustes, despidos y recortes de personal en todo tipo de empresas formales e informales. Según los indicadores estratégicos de ocupación y empleo del Inegi, en números cerrados la población ocupada disminuyó de 43.9 millones de trabajadores en junio del año pasado a 42.9 millones en marzo de 2009.
A la par, la desocupación aceleró su expansión en ese periodo y afectó en septiembre de 2008 a 316 mil personas más que en junio; incorporó a otras 12 mil 800 en el cuarto trimestre de ese mismo año, y a 366 mil más durante el primer trimestre de 2009, según los informes oficiales. Así, en la fase más crítica de la recesión de la economía mexicana se han perdido casi un millón de empleos, mientras la desocupación incorporó a 695 mil 352 personas más en los últimos nueve meses a la ruda tarea de buscar empleo, casi con la certeza de no encontrarlo.
Por su parte, la destrucción de empleos en la economía en la fase más crítica hasta ahora de la recesión ha sido la siguiente: de junio a septiembre de 2008 se perdieron 300 mil puestos de trabajo formales e informales; de octubre a diciembre de ese año desaparecieron otros 300 mil, y entre enero y marzo de 2009 hubo más de 366 mil despidos.
Desde el comienzo de los gobiernos surgidos del Partido Acción Nacional la desocupación aumentó en un millón 373 mil personas, lo que implicó un incremento de 150 por ciento en su dimensión, hasta afectar a casi 2.3 millones de integrantes de la población económicamente activa del país.
Pero apenas en poco más de dos años de la actual administración, el crecimiento de la desocupación prácticamente ha sido el mismo que el observado en los seis de la que presidió Vicente Fox Quesada.
De acuerdo con los informes del Inegi, durante los seis años de gobierno de Vicente Fox, unas 685 mil 500 personas se sumaron a la desocupación, la cual pasó de 915 mil 500 a un millón 601 mil durante ese sexenio. Entre el cuarto trimestre de 2006 y el primero de 2009, el periodo que corresponde a la administración gubernamental en curso, se han incorporado 687 mil 700 personas a esta condición.
Según los informes del organismo, 53 por ciento de los casi 2.3 millones de personas en desocupación total perdieron o terminaron su empleo, mientras 27.5 por ciento renunciaron o lo dejaron, lo que significa que por tres habitantes en desocupación que perdieron su empleo, hubo uno que renunció al suyo.
Rechazar operación de minera canadiense en sus poblados, pacto indígena en Chiapas
“En ningún momento daremos lugar a que destruyan nuestras tierras”, advierten
Si entra a fuerza nos veremos obligados a tomar otras medidas, señalan en Chicomuselo
Hermann Bellinghausen
Enviado (La Jornada)
San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de mayo. Las comunidades de la Sierra Madre, en el municipio de Chicomuselo, rechazan la presencia en sus tierras de la voraz minera canadiense Backfire Exploration, a la cual los gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero concesionaron –de 2005 a la fecha– 2 mil 352 hectáreas sólo en ese municipio.
La mayoría de los habitantes de las comunidades Huanacaste, El Terronal, Loma Bonita y Cuatro Caminos, en coordinación con las autoridades municipales y el consejo de vigilancia de la colonia Monte Sinaí, refrendaron su “inconformidad”, ya expresada anteriormente, “en cuanto a la explotación de las minas” en sus tierras.
Hoy dieron a conocer que, reunidos en asamblea el pasado día 14 en Cuatro Caminos, definieron que “por ningún momento daremos lugar a la empresa minera para que destruya nuestras tierras. Porque el lugar donde se ubica la mina es zona cafetalera y de manantiales donde las cuatro comunidades tenemos el agua potable; manifestamos que no destruyan los terrenos donde trabajamos, porque de allí sostenemos nuestras familias y, además, no queremos contaminaciones a nuestra salud, y los árboles, y animales, y cultivos”.
Así, advierten que “si la empresa minera llegara a las comunidades a negociar, no lo permitiremos, y en caso de que entrara a la fuerza nos obligaremos a tomar otras medidas, porque tenemos derecho a defender las tierras, patrimonio nuestro y de nuestros hijos y como ejidatarios. Las tierras que poseemos son ejidales, donde pagamos impuestos prediales, donde nadie de afuera venga a destruir lo que es nuestro”.
Ríos convertidos en basureros
Las mineras canadienses como Blackfire extraen agua en cantidades estratosféricas (incluso la cabecera municipal carece de suministro suficiente, aunque las montañas de la región son ricas en el líquido); la restante la contaminan, como ya ocurre con los ríos Tachinula y Yayahuita, y en consecuencia el Grijalva desde antes del cañón del Sumidero (que, promovido hoy por el gobierno como “maravilla del mundo”, más parece un basurero).
El filósofo Heráclito, además de saber algo de ríos, escribió en uno de sus Fragmentos: “Los buscadores de oro cavan muy hondo en la tierra y hallan muy poco”. Que se los digan a estas comunidades. Arsénico, cianuro, plomo, mercurio y ácido sulfúrico invaden aire, suelo y agua para que los buscadores obtengan oro, plata, barita o lo que haya, y se lo lleven en las narices de los verdaderos dueños de esas tierras. La plaga minera a cielo abierto se extiende por Chiapas, en particular en la sierra fronteriza: Comalapa, Motozintla, Mazapa de Madero, Chicomuselo.
La resistencia de los pueblos, especialmente los indígenas, se extiende a las regiones selva, altos, norte y Sierra Madre. El pasado 8 de marzo, mujeres de esas zonas se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez contra las trasnacionales mineras Linear Gold y Blackfire, “que sólo ofrecen algunos empleos mal pagados y de muy alto riesgo”, pero “pretenden saquear nuestros recursos dejando a cambio graves padecimientos de salud, agotamiento de las reservas y fuentes de agua, así como devastación completa de montañas”.
Las inundaciones, deslaves y sepultamientos provocados por los huracanes Mitch y Stan demuestran que esa devastación genera otras, y las producirá más en el futuro si la aniquilación de tierras y montañas en la Sierra Madre sigue como va.
Si entra a fuerza nos veremos obligados a tomar otras medidas, señalan en Chicomuselo
Hermann Bellinghausen
Enviado (La Jornada)
San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de mayo. Las comunidades de la Sierra Madre, en el municipio de Chicomuselo, rechazan la presencia en sus tierras de la voraz minera canadiense Backfire Exploration, a la cual los gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero concesionaron –de 2005 a la fecha– 2 mil 352 hectáreas sólo en ese municipio.
La mayoría de los habitantes de las comunidades Huanacaste, El Terronal, Loma Bonita y Cuatro Caminos, en coordinación con las autoridades municipales y el consejo de vigilancia de la colonia Monte Sinaí, refrendaron su “inconformidad”, ya expresada anteriormente, “en cuanto a la explotación de las minas” en sus tierras.
Hoy dieron a conocer que, reunidos en asamblea el pasado día 14 en Cuatro Caminos, definieron que “por ningún momento daremos lugar a la empresa minera para que destruya nuestras tierras. Porque el lugar donde se ubica la mina es zona cafetalera y de manantiales donde las cuatro comunidades tenemos el agua potable; manifestamos que no destruyan los terrenos donde trabajamos, porque de allí sostenemos nuestras familias y, además, no queremos contaminaciones a nuestra salud, y los árboles, y animales, y cultivos”.
Así, advierten que “si la empresa minera llegara a las comunidades a negociar, no lo permitiremos, y en caso de que entrara a la fuerza nos obligaremos a tomar otras medidas, porque tenemos derecho a defender las tierras, patrimonio nuestro y de nuestros hijos y como ejidatarios. Las tierras que poseemos son ejidales, donde pagamos impuestos prediales, donde nadie de afuera venga a destruir lo que es nuestro”.
Ríos convertidos en basureros
Las mineras canadienses como Blackfire extraen agua en cantidades estratosféricas (incluso la cabecera municipal carece de suministro suficiente, aunque las montañas de la región son ricas en el líquido); la restante la contaminan, como ya ocurre con los ríos Tachinula y Yayahuita, y en consecuencia el Grijalva desde antes del cañón del Sumidero (que, promovido hoy por el gobierno como “maravilla del mundo”, más parece un basurero).
El filósofo Heráclito, además de saber algo de ríos, escribió en uno de sus Fragmentos: “Los buscadores de oro cavan muy hondo en la tierra y hallan muy poco”. Que se los digan a estas comunidades. Arsénico, cianuro, plomo, mercurio y ácido sulfúrico invaden aire, suelo y agua para que los buscadores obtengan oro, plata, barita o lo que haya, y se lo lleven en las narices de los verdaderos dueños de esas tierras. La plaga minera a cielo abierto se extiende por Chiapas, en particular en la sierra fronteriza: Comalapa, Motozintla, Mazapa de Madero, Chicomuselo.
La resistencia de los pueblos, especialmente los indígenas, se extiende a las regiones selva, altos, norte y Sierra Madre. El pasado 8 de marzo, mujeres de esas zonas se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez contra las trasnacionales mineras Linear Gold y Blackfire, “que sólo ofrecen algunos empleos mal pagados y de muy alto riesgo”, pero “pretenden saquear nuestros recursos dejando a cambio graves padecimientos de salud, agotamiento de las reservas y fuentes de agua, así como devastación completa de montañas”.
Las inundaciones, deslaves y sepultamientos provocados por los huracanes Mitch y Stan demuestran que esa devastación genera otras, y las producirá más en el futuro si la aniquilación de tierras y montañas en la Sierra Madre sigue como va.
Busca el gobierno “salida perversa” a la problemática con el EPR: González Ruiz
Lamenta comisión mediadora que manden a barandilla de la PGR el tema de los desaparecidos
Busca el Estado preservar etapa de guerra sucia contra movimientos sociales, señala López y Rivas
Fabiola Martínez y Gabriel León (La Jornada)
El gobierno federal no ha mostrado ninguna evidencia de tener voluntad política equivalente a la tregua del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y sólo se mantiene en un estado declarativo respecto de la investigación para dar con los eperristas desaparecidos hace dos años, señalaron miembros de la comisión de mediación.
Asimismo, lamentaron que la única estrategia oficial sea enviar el caso a la barandilla de la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que ha dilatado por décadas la indagatoria sobre delitos de lesa humanidad de Luis Echeverría, por ejemplo.
“Las declaraciones del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez (en el sentido de que cualquier asunto relacionado con los eperristas desaparecidos debe ser conducida por la vía jurisdiccional), ponen en evidencia que se busca una salida perversa a la problemática con el EPR”, dijo Enrique González Ruiz, integrante del grupo mediador.
El escritor Carlos Montemayor –quien fungió como vocero de la comisión– confirmó que hasta el momento no ha recibido información de ninguna de las partes –EPR y gobierno federal–, de ahí que deberán esperar para retomar el análisis del tema.
Lamentó que los funcionarios sólo abunden en declaraciones, no sólo para este caso, sino para muchos otros de interés nacional. “La amplitud de las declaraciones, no coincide con la amplitud operativa”, comentó.
Este domingo se cumplen dos años de que los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron vistos por última vez en la capital de Oaxaca. Semanas después, el grupo guerrillero detonó bombas en instalaciones de Pemex como medida de presión para exigir al gobierno la presentación con vida de sus compañeros, en cuya desaparición aseguran que intervinieron elementos policiales y militares.
Casi un año después, el EPR propuso a un grupo de personajes (Montemayor, Rosario Ibarra, Samuel Ruiz, González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas y Juan de Dios Hernández) para que fungieran como mediadores con el gobierno federal, con el único fin de hallar a los desaparecidos. Sin embargo, el mes pasado, casi un año después de iniciada su tarea –y sin resultados acerca de la indagatoria de la PGR–, la comisión de mediación dio por concluida su misión ante la “falta de voluntad política de las autoridades”.
El subsecretario Gutiérrez informó (La Jornada, 20 de mayo de 2009) que continúa la investigación tanto para hallar a los eperristas como para dar con los responsables de los atentados en Pemex.
Al respecto, López y Rivas dijo que tales afirmaciones sólo confirman la percepción de que el gobierno federal asume actitudes de “estadolatría” en las que invoca el estado de derecho pero en realidad hay un “Estado represivo, burócrata y cómplice”, con la intención de preservar la etapa de guerra sucia contra los movimientos sociales y de criminalización de las protestas.
Para González Ruiz, “la declaración de Gerónimo Gutiérrez ratifica mi opinión de que no hay voluntad política para hallar a los desaparecidos, porque repite mecánicamente lo que vienen diciendo desde hace dos años. No hay una sola aportación real que sea equivalente a la tregua del EPR. El gobierno sólo busca la vía de presentar huesos y asumir así una salida perversa”.
Doble discurso oficial: ONG
La Red Todos los Derechos para Todos y el Observatorio Eclesial señalaron que el gobierno federal no depura los mecanismos “para la identificación de riesgos” que puedan amenazar la seguridad nacional, lo que en realidad hace es mantener un doble discurso para justificar su política de criminalización de la protesta social mediante acciones de hostigamiento a dirigentes y representantes sociales que reivindican y exigen de forma pacífica el respeto a los derechos humanos.
Luego del señalamiento del gobierno federal, por conducto del subsecretario Gerónimo Gutiérrez, la Red indicó que este supuesto trabajo de depuración y detección de grupos armados “en muchos casos lo que en realidad significa seguimiento y hostigamiento a movimientos sociales”.
Las agrupaciones civiles –afirmó– buscan reivindicar y exigir el respeto a sus derechos humanos y la defensa pacífica de sus causas, “pero en muchos casos se les descalifica y se les niega una solución con acusaciones –a veces más abiertas o veladas– de que pudieran estar implicadas con grupos armados”, afirmó Édgar Cortés, presidente de la organización no gubernamental.
“Un caso muy concreto es el de la Organización Indígena de Pueblos Mixtecos de la Zona de la Montaña de Guerrero, que son señalados por supuestas relaciones con grupos armados sin que haya evidencia de tal cosa”, dijo.
Busca el Estado preservar etapa de guerra sucia contra movimientos sociales, señala López y Rivas
Fabiola Martínez y Gabriel León (La Jornada)
El gobierno federal no ha mostrado ninguna evidencia de tener voluntad política equivalente a la tregua del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y sólo se mantiene en un estado declarativo respecto de la investigación para dar con los eperristas desaparecidos hace dos años, señalaron miembros de la comisión de mediación.
Asimismo, lamentaron que la única estrategia oficial sea enviar el caso a la barandilla de la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que ha dilatado por décadas la indagatoria sobre delitos de lesa humanidad de Luis Echeverría, por ejemplo.
“Las declaraciones del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez (en el sentido de que cualquier asunto relacionado con los eperristas desaparecidos debe ser conducida por la vía jurisdiccional), ponen en evidencia que se busca una salida perversa a la problemática con el EPR”, dijo Enrique González Ruiz, integrante del grupo mediador.
El escritor Carlos Montemayor –quien fungió como vocero de la comisión– confirmó que hasta el momento no ha recibido información de ninguna de las partes –EPR y gobierno federal–, de ahí que deberán esperar para retomar el análisis del tema.
Lamentó que los funcionarios sólo abunden en declaraciones, no sólo para este caso, sino para muchos otros de interés nacional. “La amplitud de las declaraciones, no coincide con la amplitud operativa”, comentó.
Este domingo se cumplen dos años de que los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron vistos por última vez en la capital de Oaxaca. Semanas después, el grupo guerrillero detonó bombas en instalaciones de Pemex como medida de presión para exigir al gobierno la presentación con vida de sus compañeros, en cuya desaparición aseguran que intervinieron elementos policiales y militares.
Casi un año después, el EPR propuso a un grupo de personajes (Montemayor, Rosario Ibarra, Samuel Ruiz, González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas y Juan de Dios Hernández) para que fungieran como mediadores con el gobierno federal, con el único fin de hallar a los desaparecidos. Sin embargo, el mes pasado, casi un año después de iniciada su tarea –y sin resultados acerca de la indagatoria de la PGR–, la comisión de mediación dio por concluida su misión ante la “falta de voluntad política de las autoridades”.
El subsecretario Gutiérrez informó (La Jornada, 20 de mayo de 2009) que continúa la investigación tanto para hallar a los eperristas como para dar con los responsables de los atentados en Pemex.
Al respecto, López y Rivas dijo que tales afirmaciones sólo confirman la percepción de que el gobierno federal asume actitudes de “estadolatría” en las que invoca el estado de derecho pero en realidad hay un “Estado represivo, burócrata y cómplice”, con la intención de preservar la etapa de guerra sucia contra los movimientos sociales y de criminalización de las protestas.
Para González Ruiz, “la declaración de Gerónimo Gutiérrez ratifica mi opinión de que no hay voluntad política para hallar a los desaparecidos, porque repite mecánicamente lo que vienen diciendo desde hace dos años. No hay una sola aportación real que sea equivalente a la tregua del EPR. El gobierno sólo busca la vía de presentar huesos y asumir así una salida perversa”.
Doble discurso oficial: ONG
La Red Todos los Derechos para Todos y el Observatorio Eclesial señalaron que el gobierno federal no depura los mecanismos “para la identificación de riesgos” que puedan amenazar la seguridad nacional, lo que en realidad hace es mantener un doble discurso para justificar su política de criminalización de la protesta social mediante acciones de hostigamiento a dirigentes y representantes sociales que reivindican y exigen de forma pacífica el respeto a los derechos humanos.
Luego del señalamiento del gobierno federal, por conducto del subsecretario Gerónimo Gutiérrez, la Red indicó que este supuesto trabajo de depuración y detección de grupos armados “en muchos casos lo que en realidad significa seguimiento y hostigamiento a movimientos sociales”.
Las agrupaciones civiles –afirmó– buscan reivindicar y exigir el respeto a sus derechos humanos y la defensa pacífica de sus causas, “pero en muchos casos se les descalifica y se les niega una solución con acusaciones –a veces más abiertas o veladas– de que pudieran estar implicadas con grupos armados”, afirmó Édgar Cortés, presidente de la organización no gubernamental.
“Un caso muy concreto es el de la Organización Indígena de Pueblos Mixtecos de la Zona de la Montaña de Guerrero, que son señalados por supuestas relaciones con grupos armados sin que haya evidencia de tal cosa”, dijo.
Denuncian que pretenden reabrir Pasta de Conchos por medio de prestanombres
Rogelio Montemayor asegura que busca adquirir una parte de las instalaciones
Leopoldo Ramos
Corresponsal La Jornada
Saltillo, Coah., 20 de mayo. Viudas de los mineros que murieron hace tres años en el yacimiento Pasta de Conchos impidieron que unas 40 personas, encabezadas por Edilberto Montemayor –hijo del ex director general de Pemex y ex gobernador de Coahuila Rogelio Montemayor Seguy–, ingresaran a la carbonera donde pretenden construir una barda de concreto.
María Teresa Contreras Rodríguez, cuyo esposo falleció en los hechos ocurridos el 19 de febrero de 2006, informó que el ex gobernador se reunió hace 10 días con algunos deudos para informarles su interés por adquirir la planta lavadora de carbón que Industrial Minera México, empresa filial de Grupo México, tiene en Pasta de Conchos.
Dijo que el martes por la tarde, familiares de los mineros desaparecidos montaron un campamento afuera de Pasta de Conchos y que este miércoles, a las 10 horas, Edilberto Montemayor arribó al sitio acompañado de unos 40 trabajadores.
“Llegó el hijo de Montemayor y el abogado Heriberto Fuentes, iban con 40 trabajadores y pretendían ingresar a la mina para construir una barda de concreto y delimitar las instalaciones de la (planta) lavadora de lo que es Pasta de Conchos, pero la gente se opuso, hubo un enfrentamiento y por un momento pudieron pasar, pero luego fuimos nosotros y los sacamos de ahí”, explicó.
Propuesta de buena vecindad
Por la noche, la organización civil Familia Pasta de Conchos, que agrupa a deudos de los mineros caídos y activistas sociales, confirmó que Rogelio Montemayor tuvo encuentros con algunas viudas, a quienes ofreció “platicar sobre una propuesta de buena vecindad”. El organismo dijo tener constancia grabada de esa reunión con el ex gobernador coahuilense.
Según el documento, el ex gobernador dijo a los deudos que “estaba en tratos con la empresa para comprar la lavadora. Sostuvo que la idea de platicar con nosotros es porque no quería problemas y que nos iba a ayudar con el rescate (de los cuerpos de 63 mineros que siguen atrapados en la cantera).
En la compra de la planta lavadora de carbón, habría dicho, estaba involucrada “una gran inversión suya y de accionistas gringos”, y les mencionó que Fernando Acosta, coordinador del movimiento La Otra Obrera –el cual representa a algunos familiares de los carboneros muertos– “le había pedido una cantidad de dinero de manera personal”, así como 2 por ciento de las utilidades de la planta lavadora, a cambio de cesar en la demanda de recuperación de los cadáveres.
Ante esto, Montemayor aseguró a las viudas que no accedería a las demandas de Acosta y les mencionó que de no llegar a un acuerdo con los deudos integrados en Familia Pasta de Conchos, cesaría en su intento por adquirir la planta lavadora de carbón.
Agregó que según Montemayor, la compra de la planta lavadora de Minera México la realizaría por medio de la empresa Signum, propiedad de su familia, en la que tiene socios estadunidenses.
Sin embargo, el organismo consideró que Montemayor “actúa como prestanombre de los dueños de la mina. Les está ofreciendo a algunos deudos dinero a cambio de que no haya problema, pero en realidad lo que quieren es reiniciar la producción en Pasta de Conchos, aun cuando dentro de la mina se encuentran sepultados los trabajadores”.
Recordó que en 2007, la Secretaría de Economía del gobierno federal suspendió de manera provisional la concesión que Grupo México e Industrial Minera México tenían en Pasta de Conchos, y ante esto “la misma ley nos ampara para que mientras la suspensión esté vigente, no se pueda realizar ningún tipo de negocio o de compra-venta de las instalaciones y mucho menos que se puedan reanudar los trabajos de producción”.
El comunicado señala que “la única opción que tiene Industrial Minera México de reutilizar su planta lavadora es reiniciar de manera inmediata las labores de rescate” de los 63 cadáveres atrapados en medio del filón.
Advirtió que los parientes de los carboneros muertos montarán guardias para evitar de nuevo el ingreso de los Montemayor.
Leopoldo Ramos
Corresponsal La Jornada
Saltillo, Coah., 20 de mayo. Viudas de los mineros que murieron hace tres años en el yacimiento Pasta de Conchos impidieron que unas 40 personas, encabezadas por Edilberto Montemayor –hijo del ex director general de Pemex y ex gobernador de Coahuila Rogelio Montemayor Seguy–, ingresaran a la carbonera donde pretenden construir una barda de concreto.
María Teresa Contreras Rodríguez, cuyo esposo falleció en los hechos ocurridos el 19 de febrero de 2006, informó que el ex gobernador se reunió hace 10 días con algunos deudos para informarles su interés por adquirir la planta lavadora de carbón que Industrial Minera México, empresa filial de Grupo México, tiene en Pasta de Conchos.
Dijo que el martes por la tarde, familiares de los mineros desaparecidos montaron un campamento afuera de Pasta de Conchos y que este miércoles, a las 10 horas, Edilberto Montemayor arribó al sitio acompañado de unos 40 trabajadores.
“Llegó el hijo de Montemayor y el abogado Heriberto Fuentes, iban con 40 trabajadores y pretendían ingresar a la mina para construir una barda de concreto y delimitar las instalaciones de la (planta) lavadora de lo que es Pasta de Conchos, pero la gente se opuso, hubo un enfrentamiento y por un momento pudieron pasar, pero luego fuimos nosotros y los sacamos de ahí”, explicó.
Propuesta de buena vecindad
Por la noche, la organización civil Familia Pasta de Conchos, que agrupa a deudos de los mineros caídos y activistas sociales, confirmó que Rogelio Montemayor tuvo encuentros con algunas viudas, a quienes ofreció “platicar sobre una propuesta de buena vecindad”. El organismo dijo tener constancia grabada de esa reunión con el ex gobernador coahuilense.
Según el documento, el ex gobernador dijo a los deudos que “estaba en tratos con la empresa para comprar la lavadora. Sostuvo que la idea de platicar con nosotros es porque no quería problemas y que nos iba a ayudar con el rescate (de los cuerpos de 63 mineros que siguen atrapados en la cantera).
En la compra de la planta lavadora de carbón, habría dicho, estaba involucrada “una gran inversión suya y de accionistas gringos”, y les mencionó que Fernando Acosta, coordinador del movimiento La Otra Obrera –el cual representa a algunos familiares de los carboneros muertos– “le había pedido una cantidad de dinero de manera personal”, así como 2 por ciento de las utilidades de la planta lavadora, a cambio de cesar en la demanda de recuperación de los cadáveres.
Ante esto, Montemayor aseguró a las viudas que no accedería a las demandas de Acosta y les mencionó que de no llegar a un acuerdo con los deudos integrados en Familia Pasta de Conchos, cesaría en su intento por adquirir la planta lavadora de carbón.
Agregó que según Montemayor, la compra de la planta lavadora de Minera México la realizaría por medio de la empresa Signum, propiedad de su familia, en la que tiene socios estadunidenses.
Sin embargo, el organismo consideró que Montemayor “actúa como prestanombre de los dueños de la mina. Les está ofreciendo a algunos deudos dinero a cambio de que no haya problema, pero en realidad lo que quieren es reiniciar la producción en Pasta de Conchos, aun cuando dentro de la mina se encuentran sepultados los trabajadores”.
Recordó que en 2007, la Secretaría de Economía del gobierno federal suspendió de manera provisional la concesión que Grupo México e Industrial Minera México tenían en Pasta de Conchos, y ante esto “la misma ley nos ampara para que mientras la suspensión esté vigente, no se pueda realizar ningún tipo de negocio o de compra-venta de las instalaciones y mucho menos que se puedan reanudar los trabajos de producción”.
El comunicado señala que “la única opción que tiene Industrial Minera México de reutilizar su planta lavadora es reiniciar de manera inmediata las labores de rescate” de los 63 cadáveres atrapados en medio del filón.
Advirtió que los parientes de los carboneros muertos montarán guardias para evitar de nuevo el ingreso de los Montemayor.
Peligrosa contaminación en Atotonilco de Tula
Por Pablo Vargas González / Desde Abajo
Ante la contingencia de salud que sigue padeciendo el país, cuya causa inicial de la influenza de origen porcino se puso la mirada en una empresa transnacional de producción de cerdos, de las más grandes de Latinoamérica, que por su magnitud es una verdaera “ciudad de cerdos” y su impacto en el entorno genera muchos perjuicios que afectan la salud de la población en varias comunidades de Perote, estado de Veracruz; la gente de diversas poblaciones ha puesto atención en localidades donde se generan focos de contaminación.
En Hidalgo no es la excepción de que en varios pueblos pongan cuidado de empresas contaminantes. Hay muchos, pero hoy voy a tratar el caso del municipio de Atotonilco de Tula, situado en el suroeste del Valle del Mezquital, asolado por factores contaminantes desde hace décadas y que las autoridades del ramo no han puesto atención sería y efectiva ante las demandas de la población cada vez más angustiantes.
En ese municipio se ha convivido con la producción de cal, siendo el principal agente la empresa denominada “Caleras Beltrán” S.A. de C.V. Desde el 3 de abril de este año, los pobladores de varias comunidades habían tramitado una queja ante la empresa debido a que el uso de “coque”, utilizado como combustible ocasionaba grandes molestias a la salud, ya en un nivel insoportable. La empresa “cedió” y dijo que iba a dejar de utilizar este material.
Sin embargo, Caleras Beltrán no respetó el acuerdo. Con toda razón, y ante la falta de intervención de las autoridades, ciudadanos de diferentes comunidades bloquearon el 6 de mayo las puertas de acceso a la empresa; la gente descubrió que a la empresa entró un trailer cargado con 60 toneladas de “coque”. Los vecinos inconformes principalmente de Bóvedas y Loma Bonita manifestaron que lograron conseguir una factura de un flete en el que la empresa García Munde Energía de México, con domicilio en Veracruz, envió 60 toneladas de “coque”.
El acuerdo había sido firmado en las oficinas del Cabildo, lo que dio fuerza y legalidad, pero ante la falta de respeto, los vecinos no tuvieron otra alternativa más que bloquear una vez más el acceso principal a la empresa, al haber violado los directivos el último acuerdo que se firmó en presencia del edil Julio César Ángeles Estrada y varios regidores.
Además, los vecinos señalan que dependencias federales y estatales del ramo de ecología también han sido simples expectantes y no han intervenido de manera enérgica. En palabras de los pobladores, Semarnat, Coede y Profepa, los funcionarios “solapan” a las empresas más que regularizarlas. La gente de estos pueblos desde hace años se vienen organizando y generando proceso de interlocución con autoridades y agentes contaminadores; ya están cansados de que ninguna autoridad haga algo por meter en cintura a los contaminadores.
El efecto que han tenido empresas cementeras y caleras ha sido perjudicial. Inclusive el problema trasciende el municipio de Atotonilco de Tula y del Estado de Hidalgo; es un corredor geográfico que incluye al municipio aledaño de Apasco Estado de México. Desde ahí también las comunidades se han movilizado y han hecho “plantones” para impedir que la empresa ECOLTEC s.a., filial de HOLCIM Apasco, han generado graves problemas como son: Gripes constantes, irritación de ojos, nauseas, dolor de cabeza y desmayos.
Atotonilco de Tula fue escenario de la muerte de 11 personas, a causa de gases de un pozo de Conagua. La población ha sido paciente pero el problema de contaminación en varios pueblos es casi intolerable. Ante la contingencia de salud que vive el país, es urgente que autoridades locales y federales pongan mucha atención en los factores y agentes contaminantes. Existe hartazgo de la población ante la inactividad y negligencia de los funcionarios que no han actuado. Ante ello es previsible que las protestas continúen, con mayor fuerza. No van a esperar que siga el lento envenenamiento de la población.
Ante la contingencia de salud que sigue padeciendo el país, cuya causa inicial de la influenza de origen porcino se puso la mirada en una empresa transnacional de producción de cerdos, de las más grandes de Latinoamérica, que por su magnitud es una verdaera “ciudad de cerdos” y su impacto en el entorno genera muchos perjuicios que afectan la salud de la población en varias comunidades de Perote, estado de Veracruz; la gente de diversas poblaciones ha puesto atención en localidades donde se generan focos de contaminación.
En Hidalgo no es la excepción de que en varios pueblos pongan cuidado de empresas contaminantes. Hay muchos, pero hoy voy a tratar el caso del municipio de Atotonilco de Tula, situado en el suroeste del Valle del Mezquital, asolado por factores contaminantes desde hace décadas y que las autoridades del ramo no han puesto atención sería y efectiva ante las demandas de la población cada vez más angustiantes.
En ese municipio se ha convivido con la producción de cal, siendo el principal agente la empresa denominada “Caleras Beltrán” S.A. de C.V. Desde el 3 de abril de este año, los pobladores de varias comunidades habían tramitado una queja ante la empresa debido a que el uso de “coque”, utilizado como combustible ocasionaba grandes molestias a la salud, ya en un nivel insoportable. La empresa “cedió” y dijo que iba a dejar de utilizar este material.
Sin embargo, Caleras Beltrán no respetó el acuerdo. Con toda razón, y ante la falta de intervención de las autoridades, ciudadanos de diferentes comunidades bloquearon el 6 de mayo las puertas de acceso a la empresa; la gente descubrió que a la empresa entró un trailer cargado con 60 toneladas de “coque”. Los vecinos inconformes principalmente de Bóvedas y Loma Bonita manifestaron que lograron conseguir una factura de un flete en el que la empresa García Munde Energía de México, con domicilio en Veracruz, envió 60 toneladas de “coque”.
El acuerdo había sido firmado en las oficinas del Cabildo, lo que dio fuerza y legalidad, pero ante la falta de respeto, los vecinos no tuvieron otra alternativa más que bloquear una vez más el acceso principal a la empresa, al haber violado los directivos el último acuerdo que se firmó en presencia del edil Julio César Ángeles Estrada y varios regidores.
Además, los vecinos señalan que dependencias federales y estatales del ramo de ecología también han sido simples expectantes y no han intervenido de manera enérgica. En palabras de los pobladores, Semarnat, Coede y Profepa, los funcionarios “solapan” a las empresas más que regularizarlas. La gente de estos pueblos desde hace años se vienen organizando y generando proceso de interlocución con autoridades y agentes contaminadores; ya están cansados de que ninguna autoridad haga algo por meter en cintura a los contaminadores.
El efecto que han tenido empresas cementeras y caleras ha sido perjudicial. Inclusive el problema trasciende el municipio de Atotonilco de Tula y del Estado de Hidalgo; es un corredor geográfico que incluye al municipio aledaño de Apasco Estado de México. Desde ahí también las comunidades se han movilizado y han hecho “plantones” para impedir que la empresa ECOLTEC s.a., filial de HOLCIM Apasco, han generado graves problemas como son: Gripes constantes, irritación de ojos, nauseas, dolor de cabeza y desmayos.
Atotonilco de Tula fue escenario de la muerte de 11 personas, a causa de gases de un pozo de Conagua. La población ha sido paciente pero el problema de contaminación en varios pueblos es casi intolerable. Ante la contingencia de salud que vive el país, es urgente que autoridades locales y federales pongan mucha atención en los factores y agentes contaminantes. Existe hartazgo de la población ante la inactividad y negligencia de los funcionarios que no han actuado. Ante ello es previsible que las protestas continúen, con mayor fuerza. No van a esperar que siga el lento envenenamiento de la población.
viernes, 12 de junio de 2009
Perú: nuevas protestas por la Amazonía
Perú: nuevas protestas por la Amazonía
En Lima se produjeron incidentes con manifestantes que intentaban llegar al Congreso.
La suspensión de los decretos legislativos que generaron violentos choques en los que murieron más de 50 personas entre policías e indígenas, no logró acallar las protestas en Perú.
Miles de personas salieron a las calles este jueves en los distritos amazónicos y en la capital del país, para exigir la derogación definitiva de las polémicas normas.
En Lima se vivieron momentos tensos cuando las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a estudiantes y sindicalistas que marcharon en solidaridad con el reclamo de las comunidades originarias.
El pleno del Congreso, en tanto, resolvió suspender por 120 días a siete parlamentarios opositores por protestar en el hemiciclo. Para el oficialismo se trató de una medida disciplinaria prevista en la ley; para la oposición, en cambio, fue un "ataque" a la democracia.
Primeras fisuras
Los indígenas reclaman la derogación de los decretos que fueron suspendidos por el Congreso.
Mientras el gobierno del presidente Alan García espera que la suspensión de las normas y una nueva mesa de diálogo arrojen resultados alentadores, comienzan a verse los primeros efectos políticos de este conflicto.
En la sede del Poder Ejecutivo, el mandatario cubrió la vacante dejada en el ministerio de la Mujer y Desarrollo Social por Carmen Vildoso, quien renunció a su cargo en desacuerdo con la forma en que se manejó el conflicto amazónico.
Nidia Vílchez, hasta ahora titular de Vivienda, será la sustituta de Vildoso.
Nosotros hemos pedido la renuncia del presidente del Consejo de Ministros (Yehude Simón) y por ende, de todo el gabinete
Rolando Sousa, congresista portavoz del bloque Fujimorista
Estos movimientos ministeriales no conformaron al partido Fujimorista, cuyos parlamentarios venían votando en sintonía con la gobernante Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).
"Nosotros hemos pedido la renuncia del presidente del Consejo de Ministros (Yehude Simón) y por ende, de todo el gabinete", le dijo a BBC Mundo el congresista Rolando Sousa, portavoz del bloque.
Respecto al origen del conflicto, el legislador consideró que "faltó explicación de los decretos" y aseguró que "hubo un aprovechamiento político de sectores que han alentado el miedo de los indígenas, diciéndoles que iban a perder sus tierras, que iban a envenenar sus aguas".
Desde el opositor Partido Nacionalista, liderado por Ollanta Humala, quien fuera derrotado por Alan García en los comicios presidenciales de 2006, denuncian que "el gobierno prefirió una matanza".
"Los que han perdido con este conflicto son los peruanos que han perdido la vida", afirmó el legislador nacionalista Fredy Otárola.
Los caminos del diálogo
El presidente del Consejo de Ministros convocó a una nueva ronda de diálogo, pero sin la presencia de AIDESEP.
Las nuevas manifestaciones callejeras junto al paro que se realizó este jueves cosecharon críticas del gobierno.
"A pesar de la decisión del Congreso de suspender los decretos 1.090 y 1.064, todavía hay personas que insisten en que se mantenga esta situación de desorden", afirmó la ministra de Justicia, Rosario Fernández, ante los corresponsales extranjeros acreditados en Lima.
Tras denunciar que "hay un claro interés por subvertir el orden", la funcionaria anunció que la mesa de diálogo no sólo deberá resolver la coyuntura, sino que además tendrá que "formular un plan de desarrollo sostenible de la Amazonía".
Por su parte, el congresista Otárola reclamó la apertura de la mesa de diálogo "sin la presencia de los partidos políticos y de los funcionarios del gobierno", para tratar encontrar una salida a la crisis.
Al igual con los fujimoristas, su bancada cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de excluir a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESP) de una nueva ronda de conversaciones que debe comenzar en los próximos días.
Desde las comunidades originarias también cuestionaron la exclusión de AIDESEP, que representa al 60% de los nativos y cuyo presidente Alberto Pizango se asiló en la embajada de Nicaragua en Lima.
Al líder indígena le atribuyen responsabilidades en los hechos violentos del pasado viernes y sobre sus espaldas pesa una orden de captura librada por la justicia peruana.
Expone Tlachinollan ante ONU agresiones contra defensores de derechos humanos
No se puede poner un policía por ciudadano: Torreblanca
Expone Tlachinollan ante ONU agresiones contra defensores de derechos humanos
CITLAL GILES SANCHEZ
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las agresiones y amenazas que han recibido defensores de derechos humanos en el último año, a pesar de tener medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y enfatizaron las ejecuciones de los dirigentes na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
El 11 de febrero se presentó el informe del Examen Periódico Universal, en el que participaron varias organizaciones de derechos humanos de México y este jueves fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el seguimiento que se ha dado a las recomendaciones que se emitieron luego de ese informe.
Por parte de Tlachinollan, tomó la palabra el abogado defensor Vidulfo Rosales Rosas, quien argumentó que a pesar de que México aceptó sólo cinco recomendaciones se han dado sucesos que contradicen lo acatado, pues enumeró las agresiones contra defensores de derechos humanos.
Criticó que dos días después de que México fue examinado, los dirigentes de la Organización Para el Futuro de los Pueblos mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron levantados, torturados y posteriormente ejecutados.
Además de las amenazas de muerte, persecuciones de defensores de derechos humanos impidiendo que continúen con sus labores, como los integrantes de Tlachinollan, quienes cerraron sus oficinas en el municipio de Ayutla, luego de recibir amenazas.
Reprochó que el gobierno de México no ha cumplido en su deber de prevenir, investigar y sancionar estas agresiones, pues hasta la fecha no hay ningún responsable por esas agresiones.
“No ha tenido la voluntad para brindar seguridad y garantías para el trabajo de los defensores y defensoras”, insistió.
Rosales Rosas solicitó al Consejo de Derechos Humanos que exhorte al Estado mexicano a que cumpla con estas recomendaciones, que prevenga, investigue y sancione a los responsables de las violaciones derechos humanos además de que se de seguimiento a las recomendaciones a fin de no esperar a otro análisis en cuatro años.
Finalmente pidió que se establezca un marco jurídico y un programa de gobierno de protección para los defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero.
“Clima de confianza”
Ante las amenazas de muerte que se han dado contra defensores de derechos humanos en menos de una semana, a pesar de que uno de ellos tiene medidas cautelares por la Corte Interamericana, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo recalcó que en el estado se tiene un clima de confianza y aunque argumentó que el estado vive una situación difícil, sí se dan las garantías para que cualquier ciudadano se exprese libremente.
La semana pasada uno de los dirigentes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Espiridión Lemus, junto con uno de sus hijos fue desaparecido; este lunes el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, fue amenazado de muerte al igual que el activista de Monitor Civil en la región de La Montaña, Rommel Chacan Pale.
Consultado al respecto, el jefe del Ejecutivo estatal insistió en que su respuesta ante estas demandas de los defensores de derechos humanos, es la misma, pues su gobierno busca “en términos generales” tener un clima de confianza.
Agregó que Guerrero es un estado difícil así como la situación por la que atraviesa, por tanto remarcó que “es evidente que el gobierno en sus tres órdenes no puede tener un policía detrás de cada ciudadano, eso es claro”.
Por ello, dijo que se busca generar ese clima de confianza a través de las revisiones coordinadas.
“Manifiesto mi absoluto respeto a los defensores de derechos humanos y cualquier otro ciudadano que se exprese libremente en un estado donde tiene garantizados esa participación consagrada no solamente en las leyes, sino por plena convicción de quien le toca ser titular del ejecutivo en el estado”, afirmó.
Expone Tlachinollan ante ONU agresiones contra defensores de derechos humanos
CITLAL GILES SANCHEZ
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las agresiones y amenazas que han recibido defensores de derechos humanos en el último año, a pesar de tener medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y enfatizaron las ejecuciones de los dirigentes na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
El 11 de febrero se presentó el informe del Examen Periódico Universal, en el que participaron varias organizaciones de derechos humanos de México y este jueves fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el seguimiento que se ha dado a las recomendaciones que se emitieron luego de ese informe.
Por parte de Tlachinollan, tomó la palabra el abogado defensor Vidulfo Rosales Rosas, quien argumentó que a pesar de que México aceptó sólo cinco recomendaciones se han dado sucesos que contradicen lo acatado, pues enumeró las agresiones contra defensores de derechos humanos.
Criticó que dos días después de que México fue examinado, los dirigentes de la Organización Para el Futuro de los Pueblos mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron levantados, torturados y posteriormente ejecutados.
Además de las amenazas de muerte, persecuciones de defensores de derechos humanos impidiendo que continúen con sus labores, como los integrantes de Tlachinollan, quienes cerraron sus oficinas en el municipio de Ayutla, luego de recibir amenazas.
Reprochó que el gobierno de México no ha cumplido en su deber de prevenir, investigar y sancionar estas agresiones, pues hasta la fecha no hay ningún responsable por esas agresiones.
“No ha tenido la voluntad para brindar seguridad y garantías para el trabajo de los defensores y defensoras”, insistió.
Rosales Rosas solicitó al Consejo de Derechos Humanos que exhorte al Estado mexicano a que cumpla con estas recomendaciones, que prevenga, investigue y sancione a los responsables de las violaciones derechos humanos además de que se de seguimiento a las recomendaciones a fin de no esperar a otro análisis en cuatro años.
Finalmente pidió que se establezca un marco jurídico y un programa de gobierno de protección para los defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero.
“Clima de confianza”
Ante las amenazas de muerte que se han dado contra defensores de derechos humanos en menos de una semana, a pesar de que uno de ellos tiene medidas cautelares por la Corte Interamericana, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo recalcó que en el estado se tiene un clima de confianza y aunque argumentó que el estado vive una situación difícil, sí se dan las garantías para que cualquier ciudadano se exprese libremente.
La semana pasada uno de los dirigentes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Espiridión Lemus, junto con uno de sus hijos fue desaparecido; este lunes el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, fue amenazado de muerte al igual que el activista de Monitor Civil en la región de La Montaña, Rommel Chacan Pale.
Consultado al respecto, el jefe del Ejecutivo estatal insistió en que su respuesta ante estas demandas de los defensores de derechos humanos, es la misma, pues su gobierno busca “en términos generales” tener un clima de confianza.
Agregó que Guerrero es un estado difícil así como la situación por la que atraviesa, por tanto remarcó que “es evidente que el gobierno en sus tres órdenes no puede tener un policía detrás de cada ciudadano, eso es claro”.
Por ello, dijo que se busca generar ese clima de confianza a través de las revisiones coordinadas.
“Manifiesto mi absoluto respeto a los defensores de derechos humanos y cualquier otro ciudadano que se exprese libremente en un estado donde tiene garantizados esa participación consagrada no solamente en las leyes, sino por plena convicción de quien le toca ser titular del ejecutivo en el estado”, afirmó.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/12/index.php?section=sociedad&article=005n2soc
Medina Mora ofrece impunidad
La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) denuncian que el titular ilegítimo de la PGR busca dar impunidad a los responsables de la tragedia de la guardería, que son el gobierno espurio y los dueños
MEXICO, D.F., 11 de junio (LA JORNADA).- La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) aseveraron este jueves que la declaración del procurador ilegítimo “de que nadie irá a prisión por el caso de la guardería -de Hermosillo en el que han fallecido 44 infantes-” son “un juicio a priori y busca darle impunidad a los responsables, que son el gobierno federal y los dueños de esa guardería”.
Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la red, aseveró, en entrevista, que lo declarado por el titular de la PGR indica que “se quiere favorecer la impunidad, porque desde luego que hay dos ámbitos de responsabilidad, la de los dueños de la guardería que prefirieron mantener deficiencias y violar toda la normatividad, y por otro lado están las omisiones de la autoridad”.
A su vez, el presidente del la LIMEDDH, Adrián Ramírez, sostuvo en entrevista que “el titular de la PGR está faltando negligentemente a su mandato constitucional que debe ser el de perseguir los delitos exhaustivamente y lo que debió haber dicho es que no habrá impunidad y que se buscarían a los responsables, en cambio hizo un juicio a priori”.
Con esa declaración, abundó Ramírez, el titular de la PGR da impunidad al gobierno, “que desde luego tiene responsabilidad, también a los dueños de la guardería. Debe investigar porque hay homicidios imprudenciales, aquí hay 44 niños muertos y debe haber responsables”.
Edgar Cortés insistió que lo declarado por Eduardo Medina Mora es el contraste “entre un gobierno que apuesta por la impunidad y una sociedad que reclama justicia”.
El secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos refirió que mientras el titular de la PGR se apresuraba en declarar que “nadie irá a la cárcel por el caso de la guardería –donde han muerto ya 44 niños-, con lo cual está dando impunidad a los responsables, en contraste miles de sonorenses en la calle demandaron justicia, y es ilustrativo porque Sonora no se ha distinguido por tener una sociedad movilizada”.
Cortés abundó “desde luego que hay responsables, pero el gobierno y la PGR están tratando de beneficiar a las autoridades, no podemos dejar de mirar lo que sigue siendo enorme vicio del sistema de justicia, que siempre deja una puerta de salida a los poderosos”.
Por su parte, el presidente de LIMEDDH, Ramírez insistió, “la PGR con esa apresurada declaración da impunidad a las autoridades que subrogaron los servicios, a las que otorgaron las licencias y a los dueños que violaron toda la normatividad. Hay responsabilidad del IMSS, del municipio y del ejecutivo”.
La red Todos los Derechos para Todos destacó que “las autoridades tienen responsabilidad, ellas subrogaron el servicio, pero además también es responsable la Presidencia de la República porque es la subrogación es una política diseñada por el ejecutivo y no garantizaron mecanismos que aseguraran un adecuado control”.
Ambos defensores, en entrevista por separado demandaron que la PGR investigue y sancione a los responsables de la muerte de estos 44 niños, por que, “hay toda una serie de omisiones y violaciones, tanto en la entrega de los servicios de guardería, en la supervisiones y en el acatamiento a las normas y leyes. Si hay responsables y son desde el gobierno hasta los dueños de esa guardería”.
“Con la información que dio a conocer el miércoles el procurador general de la República (Eduardo Medina Mora) advierto que de alguna manera se busca proteger a ex altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a servidores públicos federales y estatales implicados en el incendio que provocó la muerte de 44 bebes”, aseguró hoy el ex subprocurador de Justicia de Guerrero, Xavier Olea Peláez.
Agregó que “hay comisión por omisión de delitos en que incurrieron funcionarios del IMSS y de otras instancias del Estado de Sonora, al haber subrogado el permiso de operación de la guardería ABC sin cumplir con las mínimas medidas de seguridad. Y hay, sin duda, no sólo los delitos que dijo el procurador (homicidio y lesiones culposas, daño en propiedad ajena, ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de atribuciones); sino también cohecho y tráfico de influencias, porque muchos funcionarios callaron frente a las anomalías y renovaron los permisos… ¡y no creo que eso haya sido de a gratis!”.
“Estamos frente a un concurso de delitos que deben implicar sentencias de varias decenas de años de prisión para quienes resulten culpables”, puntualizó el abogado penalista.
“Todo apunta a que como siempre… sólo van a investigar por encimita. Y van a cuidarse de no tocar ni con el pétalo de un citatorio al ex titular del IMSS, Juan Molinar Horcasitas (actual secretario de Comunicaciones y Transportes), porque en esa procuraduría... ¡simplemente no saben o no quieren investigar!”, agregó Olea.
MEXICO, D.F., 11 de junio (LA JORNADA).- La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) aseveraron este jueves que la declaración del procurador ilegítimo “de que nadie irá a prisión por el caso de la guardería -de Hermosillo en el que han fallecido 44 infantes-” son “un juicio a priori y busca darle impunidad a los responsables, que son el gobierno federal y los dueños de esa guardería”.
Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la red, aseveró, en entrevista, que lo declarado por el titular de la PGR indica que “se quiere favorecer la impunidad, porque desde luego que hay dos ámbitos de responsabilidad, la de los dueños de la guardería que prefirieron mantener deficiencias y violar toda la normatividad, y por otro lado están las omisiones de la autoridad”.
A su vez, el presidente del la LIMEDDH, Adrián Ramírez, sostuvo en entrevista que “el titular de la PGR está faltando negligentemente a su mandato constitucional que debe ser el de perseguir los delitos exhaustivamente y lo que debió haber dicho es que no habrá impunidad y que se buscarían a los responsables, en cambio hizo un juicio a priori”.
Con esa declaración, abundó Ramírez, el titular de la PGR da impunidad al gobierno, “que desde luego tiene responsabilidad, también a los dueños de la guardería. Debe investigar porque hay homicidios imprudenciales, aquí hay 44 niños muertos y debe haber responsables”.
Edgar Cortés insistió que lo declarado por Eduardo Medina Mora es el contraste “entre un gobierno que apuesta por la impunidad y una sociedad que reclama justicia”.
El secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos refirió que mientras el titular de la PGR se apresuraba en declarar que “nadie irá a la cárcel por el caso de la guardería –donde han muerto ya 44 niños-, con lo cual está dando impunidad a los responsables, en contraste miles de sonorenses en la calle demandaron justicia, y es ilustrativo porque Sonora no se ha distinguido por tener una sociedad movilizada”.
Cortés abundó “desde luego que hay responsables, pero el gobierno y la PGR están tratando de beneficiar a las autoridades, no podemos dejar de mirar lo que sigue siendo enorme vicio del sistema de justicia, que siempre deja una puerta de salida a los poderosos”.
Por su parte, el presidente de LIMEDDH, Ramírez insistió, “la PGR con esa apresurada declaración da impunidad a las autoridades que subrogaron los servicios, a las que otorgaron las licencias y a los dueños que violaron toda la normatividad. Hay responsabilidad del IMSS, del municipio y del ejecutivo”.
La red Todos los Derechos para Todos destacó que “las autoridades tienen responsabilidad, ellas subrogaron el servicio, pero además también es responsable la Presidencia de la República porque es la subrogación es una política diseñada por el ejecutivo y no garantizaron mecanismos que aseguraran un adecuado control”.
Ambos defensores, en entrevista por separado demandaron que la PGR investigue y sancione a los responsables de la muerte de estos 44 niños, por que, “hay toda una serie de omisiones y violaciones, tanto en la entrega de los servicios de guardería, en la supervisiones y en el acatamiento a las normas y leyes. Si hay responsables y son desde el gobierno hasta los dueños de esa guardería”.
“Con la información que dio a conocer el miércoles el procurador general de la República (Eduardo Medina Mora) advierto que de alguna manera se busca proteger a ex altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a servidores públicos federales y estatales implicados en el incendio que provocó la muerte de 44 bebes”, aseguró hoy el ex subprocurador de Justicia de Guerrero, Xavier Olea Peláez.
Agregó que “hay comisión por omisión de delitos en que incurrieron funcionarios del IMSS y de otras instancias del Estado de Sonora, al haber subrogado el permiso de operación de la guardería ABC sin cumplir con las mínimas medidas de seguridad. Y hay, sin duda, no sólo los delitos que dijo el procurador (homicidio y lesiones culposas, daño en propiedad ajena, ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de atribuciones); sino también cohecho y tráfico de influencias, porque muchos funcionarios callaron frente a las anomalías y renovaron los permisos… ¡y no creo que eso haya sido de a gratis!”.
“Estamos frente a un concurso de delitos que deben implicar sentencias de varias decenas de años de prisión para quienes resulten culpables”, puntualizó el abogado penalista.
“Todo apunta a que como siempre… sólo van a investigar por encimita. Y van a cuidarse de no tocar ni con el pétalo de un citatorio al ex titular del IMSS, Juan Molinar Horcasitas (actual secretario de Comunicaciones y Transportes), porque en esa procuraduría... ¡simplemente no saben o no quieren investigar!”, agregó Olea.
http://www.poresto.net/republica/39671-medina-mora-ofrece-impunidad
Irrumpe el Ejército en comunidades de Petatlán y Coyuca de Catalán: Tadeco
Amedrentan a pobladores en busca de miembros del ERPI; hombres huyen de sus casas
Irrumpe el Ejército en comunidades de Petatlán y Coyuca de Catalán: Tadeco
REDACCION
Unos 200 soldados irrumpieron en la comunidad de Las Palancas, en la sierra de Petatlán, acompañados de un grupo de civiles supuestamente al servicio del ganadero Rogaciano Alba Alvarez, y tras someter a la población les preguntaban por “Ramiro”, al parecer comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
En un comunicado difundido ayer, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, y el coordinador de la Unión Campesina Democrática en Costa Grande, Bernardo Solís Radilla, citan al campesino Alvaro García Avila, quien vía telefónica les informó que el martes pasado los soldados llegaron a la comunidad casi a las 11 de la mañana en vehículos Hummer haciendo disparos.
Esta acción provocó que de las 15 casas y las 20 familias que forman el poblado, los varones huyeran a las áreas boscosas, donde se ocultan y donde son rastreados con helicópteros e “incluso ya van tres veces que los balean desde el aire”.
Los representantes de las dos organizaciones mencionaron también al menor Omar García, de 13 años, quien relató que él y otro niño de nombre César fueron detenidos, amarrados y heridos con cuchillos por los militares quienes, dijeron, aplastaron una cuatrimoto que usaban los jóvenes, robaron objetos de las casas y destruyeron otros.
Monroy y Solís demandaron el retiro de las tropas de ese lugar y alertaron sobre las violaciones a los derechos humanos en operativos que ya se han registrado en otras comunidades como La morena y Las Joyas.
Dormir con el enemigo
Por otra parte, pobladores de Las Joyas relataron que en esta comunidad, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, ha habido enfrentamientos entre el Ejército y la población el martes y el jueves.
Irrumpe el Ejército en comunidades de Petatlán y Coyuca de Catalán: Tadeco
REDACCION
Unos 200 soldados irrumpieron en la comunidad de Las Palancas, en la sierra de Petatlán, acompañados de un grupo de civiles supuestamente al servicio del ganadero Rogaciano Alba Alvarez, y tras someter a la población les preguntaban por “Ramiro”, al parecer comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
En un comunicado difundido ayer, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, y el coordinador de la Unión Campesina Democrática en Costa Grande, Bernardo Solís Radilla, citan al campesino Alvaro García Avila, quien vía telefónica les informó que el martes pasado los soldados llegaron a la comunidad casi a las 11 de la mañana en vehículos Hummer haciendo disparos.
Esta acción provocó que de las 15 casas y las 20 familias que forman el poblado, los varones huyeran a las áreas boscosas, donde se ocultan y donde son rastreados con helicópteros e “incluso ya van tres veces que los balean desde el aire”.
Los representantes de las dos organizaciones mencionaron también al menor Omar García, de 13 años, quien relató que él y otro niño de nombre César fueron detenidos, amarrados y heridos con cuchillos por los militares quienes, dijeron, aplastaron una cuatrimoto que usaban los jóvenes, robaron objetos de las casas y destruyeron otros.
Monroy y Solís demandaron el retiro de las tropas de ese lugar y alertaron sobre las violaciones a los derechos humanos en operativos que ya se han registrado en otras comunidades como La morena y Las Joyas.
Dormir con el enemigo
Por otra parte, pobladores de Las Joyas relataron que en esta comunidad, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, ha habido enfrentamientos entre el Ejército y la población el martes y el jueves.
Durante este periodo, dijeron, los militares “amedrentaron a las mujeres y maltrataron a los niños”, pero ayer ya hubo incursión de al menos tres helicópteros y los militares se quedaron a dormir en las casas, donde sólo permanecen mujeres, niños y ancianos ya que los varones tuvieron que escapar hacia el monte ante el temor de ser detenidos o asesinados.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/12/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
Rechazan vender predios para refinería
Carlos Camacho, corresponsal La Jornada
Tula de Allende, Hgo., 24 de mayo. Campesinos del ejido El Llano primera sección rechazaron la oferta de 100 pesos por metro cuadrado que les presentó el gobierno por sus tierras para construir la nueva refinería de Petróleos Mexicanos. Algunos exigen al menos 600 pesos por metro y otros aseguran que sus parcelas no están en venta. El subsecretario de Gobierno, Carlos Moreno, se reunió hoy con unos 150 labriegos y presentó la propuesta, que mejora la anterior, de 70 pesos por metro cuadrado, que tampoco satisfizo a los propietarios.
Tula de Allende, Hgo., 24 de mayo. Campesinos del ejido El Llano primera sección rechazaron la oferta de 100 pesos por metro cuadrado que les presentó el gobierno por sus tierras para construir la nueva refinería de Petróleos Mexicanos. Algunos exigen al menos 600 pesos por metro y otros aseguran que sus parcelas no están en venta. El subsecretario de Gobierno, Carlos Moreno, se reunió hoy con unos 150 labriegos y presentó la propuesta, que mejora la anterior, de 70 pesos por metro cuadrado, que tampoco satisfizo a los propietarios.
COMUNICADO URGENTE
ELEMENTOS DEL EJERCITO Y SICARIOS TOMAN LA COMUNIDAD DE LAS PALANCAS, EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE PETATLAN.
El día de hoy después de las 6 de la tarde, recibimos una llamada del Sr. Alvaro García Avila, habitante de la comunidad de Las Palancas, ubicada aproximadamente a 50 km. de Vallecitos de Zaragoza, en la parte de la Sierra del Municipio de Petatlán, quien nos informó que el pasado día martes 9 de junio de este año (antier), alrededor de 200 soldados acompañados de civiles, identificados como sicarios de Rogaciano Alba Alvarez, llegaron a esta comunidad a las 11 de la mañana, en vehículos tipo Hummer, haciendo disparos hacia el poblado, de aproximadamente 15 casas, donde habitan 20 familias.
Alvaro García comentó que los pocos varones que se encontraban en la comunidad huyeron al monte, donde se mantienen escondidos, a la intemperie y sin haber probado alimento hasta el momento. Agregó que hasta el día de hoy los han estado rastreando con helicópteros y que incluso ya van tres veces que los balean desde el aire,
A nombre de los 8 campesinos que se encuentran en el monte, Alvaro García manifestó su preocupación por el estado en que se encuentran sus esposas e hijos, pues saben que los militares y los sicarios han destrozado y saqueado viviendas, golpeado a los niños y a las mujeres de quienes tienen temor de que sean agredidas sexualmente.
El niño Omar García de 13 años narró via telefónica también que a el y a otro niño de nombre Cesar los sorprendieron los militares cuando se encontraban haciendo labores en una casa en construcción en la entrada del pueblo, que aterrados por el ruido de las balas, los motores de las hummers y la presencia de los uniformados, fueron sometidos, amarrados, tapados de la cara y heridos con cuchillos. Narró que la cuatrimoto en la que se habían trasladado a realizar sus labores, fue aplastado por una Hummer y vieron como robaban y destruían otras más. Mencionó que entre gritos e insultos, le preguntaban por “Ramiro”, al parecer el dirigente del ERPI. Alvaro García indignado y atemorizado, solicitó a nombre de sus compañeros hacer publica esta denuncia.
Demandamos al Ejército Mexicano la salida inmediata de la comunidad de Las Palancas y garantías para sus habitantes, incluso la reparación de los daños y que sean castigados los posibles excesos y violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo desde el martes pasado. Que rinda un informe de los motivos de esta acción ilegal.
Alertamos a las organizaciones sociales, organismos civiles y a los organismos oficiales de defensa de los derechos humanos de esta grave agresión a los habitantes de la comunidad de Las Palancas, misma que recientemente sufrieron también los habitantes de Las Joyas y que podría extenderse a otras más, incluyendo La Morena, donde se encuentra Javier Torres Cruz, quien ha venido siendo hostigado desde hace meses junto con su familia por elementos del ejército y sicarios del mismo Rogaciano Alba Alvarez.
Exigimos al Gobierno Estatal y Federal su inmediata intervención para garantizar el Estado de derecho, brindar protección a la ciudadanía y en espacial a los habitantes de estas comunidades de la Sierra y que si existen delitos que perseguir, se apeguen a derecho sin afectar a la población.
Chilpancingo, Gro. A 11 de junio del 2009
El día de hoy después de las 6 de la tarde, recibimos una llamada del Sr. Alvaro García Avila, habitante de la comunidad de Las Palancas, ubicada aproximadamente a 50 km. de Vallecitos de Zaragoza, en la parte de la Sierra del Municipio de Petatlán, quien nos informó que el pasado día martes 9 de junio de este año (antier), alrededor de 200 soldados acompañados de civiles, identificados como sicarios de Rogaciano Alba Alvarez, llegaron a esta comunidad a las 11 de la mañana, en vehículos tipo Hummer, haciendo disparos hacia el poblado, de aproximadamente 15 casas, donde habitan 20 familias.
Alvaro García comentó que los pocos varones que se encontraban en la comunidad huyeron al monte, donde se mantienen escondidos, a la intemperie y sin haber probado alimento hasta el momento. Agregó que hasta el día de hoy los han estado rastreando con helicópteros y que incluso ya van tres veces que los balean desde el aire,
A nombre de los 8 campesinos que se encuentran en el monte, Alvaro García manifestó su preocupación por el estado en que se encuentran sus esposas e hijos, pues saben que los militares y los sicarios han destrozado y saqueado viviendas, golpeado a los niños y a las mujeres de quienes tienen temor de que sean agredidas sexualmente.
El niño Omar García de 13 años narró via telefónica también que a el y a otro niño de nombre Cesar los sorprendieron los militares cuando se encontraban haciendo labores en una casa en construcción en la entrada del pueblo, que aterrados por el ruido de las balas, los motores de las hummers y la presencia de los uniformados, fueron sometidos, amarrados, tapados de la cara y heridos con cuchillos. Narró que la cuatrimoto en la que se habían trasladado a realizar sus labores, fue aplastado por una Hummer y vieron como robaban y destruían otras más. Mencionó que entre gritos e insultos, le preguntaban por “Ramiro”, al parecer el dirigente del ERPI. Alvaro García indignado y atemorizado, solicitó a nombre de sus compañeros hacer publica esta denuncia.
Demandamos al Ejército Mexicano la salida inmediata de la comunidad de Las Palancas y garantías para sus habitantes, incluso la reparación de los daños y que sean castigados los posibles excesos y violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo desde el martes pasado. Que rinda un informe de los motivos de esta acción ilegal.
Alertamos a las organizaciones sociales, organismos civiles y a los organismos oficiales de defensa de los derechos humanos de esta grave agresión a los habitantes de la comunidad de Las Palancas, misma que recientemente sufrieron también los habitantes de Las Joyas y que podría extenderse a otras más, incluyendo La Morena, donde se encuentra Javier Torres Cruz, quien ha venido siendo hostigado desde hace meses junto con su familia por elementos del ejército y sicarios del mismo Rogaciano Alba Alvarez.
Exigimos al Gobierno Estatal y Federal su inmediata intervención para garantizar el Estado de derecho, brindar protección a la ciudadanía y en espacial a los habitantes de estas comunidades de la Sierra y que si existen delitos que perseguir, se apeguen a derecho sin afectar a la población.
Fco, Javier Monroy Hernández.- Taller de Desarrollo Comunitario A. C.
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES DE GUERRERO
COMSG
¡¡¡PORQUE GUERRERO TIENE HISTORIA...NOS VEMOS EN 2010!!!
Chilpancingo, Gro. A 11 de junio del 2009
jueves, 11 de junio de 2009
miércoles, 10 de junio de 2009
10 de Junio No se Olvida...
10 de junio de 1971: 34 años sin justicia
Jesús Martín del Campo*
Durante los primeros meses de 1971 se gestó, en las instituciones educativas del Distrito Federal, un movimiento estudiantil en solidaridad con los universitarios de Nuevo León, entidad donde el gobierno federal maniobró para imponerles una ley orgánica que significaba un retroceso para la vida universitaria. El gobierno destituyó a un rector para imponerles a un militar, al coronel Treviño Garza, lo que favoreció que la inconformidad creciera y se desbordará el marco local.
Es entonces que se pronuncian en solidaridad con aquel movimiento los Comités de Lucha de la mayor parte de escuelas del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y surge la propuesta de hacer una gran manifestación en la Ciudad de México.
Ese mismo año regresaban de un exilio aberrante e ilegal, impuesto por el gobierno de entonces, los últimos dirigentes estudiantiles que habían estado presos desde 1968. Además, no habían pasado ni tres años de la masacre del 2 de octubre de 1968, crimen de Estado reprobado nacional e internacionalmente, por lo que volver a ganar la calle con una manifestación pacífica era una idea y una necesidad para el estudiantado. Nadie pensaba o creía que el gobierno encabezado por Luis Echeverría respondería como lo hizo a la movilización del 10 de junio.
Esa tarde, se reunieron más de 10 mil personas para participar en la manifestación que inició en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli, en el Casco de Santo Tomás, y se dirigía a la Avenida de los Maestros, en donde en dos ocasiones fue interceptada por granaderos quienes, finalmente, dejaron libre el paso a un costado de la Escuela Normal. La marcha continuó hacia la calzada México-Tacuba (prolongación de San Cosme), en donde se encontraban parapetados centenares, quizás más de mil halcones dispuestos a reprimir y a detener de cualquier forma a los estudiantes.
Por eso, la manifestación fue cercada, centenares de estudiantes fueron baleados, decenas de ellos muertos por las balas disparadas por los halcones, grupo paramilitar patrocinado y cobijado por el gobierno de Echeverría. Los periodistas, nacionales y extranjeros, que cubrían la marcha también fueron agredidos; a muchos de ellos, además de golpearlos, les quitaron sus cámaras y sus rollos fotográficos para que no quedara huella de la masacre. Sin embargo, algunos reporteros gráficos, corriendo muchos riesgos, evadieron a los policías y paramilitares, salvando las imágenes (testimonios fotográficos inobjetables) de las acciones criminales que el gobierno de Echeverría ordenó aquella tarde.
Entre los fotógrafos están Armando Salgado, Héctor García, Roberto Sánchez, Rodrigo Mora, Enrique Bordes Mangel y Antonio Reyes Zurita quienes, poniendo en riesgo su vida, captaron para la memoria e historia colectiva parte importante de las imágenes testimonios de aquellos trágicos y lamentables sucesos.
Mi vivencia
Tanto mi hermano Edmundo como yo decidimos participar en la manifestación. Él llegó temprano y se incorporó al grupo de los estudiantes de la Escuela de Economía del Politécnico, contingente que encabezaba la marcha. Yo llegué por la Avenida San Cosme y apenas había pasado Melchor Ocampo (hoy Circuito Interior) cuando me percaté de la presencia de grupos de gente extraña; se trataba de muchos jóvenes que no eran estudiantes.
Caminé una cuadra más y llegué a la esquina de Lauro Aguirre; ahí, comenzaron a obstruirnos el paso a quienes queríamos encontrarnos con la marcha que suponíamos ya había avanzado unas cuadras del punto de partida.
Escuché, entonces, gritos confusos, algo parecido a "Che Guevara" pero de manera distinta a nuestras consignas y, de pronto, los ataques de los grupos de choque contra los que sí éramos estudiantes. De manera organizada, como pelotones o comandos, nos agredían a golpes y patadas, algunos llevaban varas de bambú y otros armas.
Comenzaron los primeros disparos. Con un amigo corrimos hacia la puerta de un edificio donde un señor nos dio alojo. Por lo visto, el señor pintaba bodegones y paisajes para su venta, su oficio era pintor de cuadros. Nos dijo que no nos convenía salir porque la balacera se había incrementado en intensidad, a juzgar por los ruidos que llegaban de la calle. Isidoro, el amigo con el que entré en ese departamento dijo que podría tratarse de tanquetas o de bazucas con lo que estaban disparando.
Mi angustia crecía, no sé si habían pasado treinta o cuarenta minutos o más, pero ya no aguanté estar encerrado y me salí. Me dirigí al costado de la Normal. La confusión y el caos reinaba no sabía hacia dónde ir. Me topaba con compañeros que decían que había ya muchos muertos, otros querían contraatacar a los policías y a los halcones (en ese momento no sabíamos que así se llamaban) y algunos más querían salir del cerco y buscar información. Pude ver a un joven muerto en las puertas de la Normal.
Me fui hacia el Hospital Rubén Leñero y los médicos me dijeron que había muchos heridos y que los grupos de choque se habían llevado a algunos de ellos. Como para entonces tenía la corazonada de que a mi hermano le podría haber sucedido algo, le pregunté a un médico si entre los heridos alguien tenia las señas de mi hermano y me dijo que no.
Después, fui enterado por unos amigos que estuvieron con él, que mi hermano Edmundo que entonces tenía veinte años, había caído en la esquina de Tláloc y de San Cosme, que había recibido un tiro de bala expansiva en el tórax, misma que le produjo la muerte. Ninguna ayuda pudo llegar, imposible bajo la metralla. Lo mismo que sucedió con Edmundo pasó con decenas de otros jóvenes, quizá mas de cien.
Al otro día, el gobierno de Luis Echeverría, con todo cinismo, difundió la versión de que lo sucedido en San Cosme fue un enfrentamiento entre jóvenes de distintas corrientes ideológicas y no hubo muertos.
Días después en una parodia de investigación, la Procuraduría General de la República destacó el hecho que se habían producido daños en un negocio donde vendían pollos rostizados y que el dueño exigía la reparación del daño por cristales rotos. Más adelante, con grotesco cinismo, el procurador Julio Sánchez Vargas dijo que la investigación del 10 de junio había concluido ya que el dueño de la pollería retiraba las acusaciones por los daños.
La investigación
Durante muchos años los sucesivos gobiernos priistas no llevaron a cabo ninguna investigación de la masacre del 10 de junio, como tampoco lo habían hecho del 2 de octubre. Querían que ambos acontecimientos cayeran en el olvido.
La difusión de las masacres del 2 de octubre y del 10 de junio, se llevó a cabo por activistas estudiantiles e intelectuales en todo el país y a nivel internacional. Puede decirse que no hubo escuela o sindicato donde no se exhibieran los materiales fotográficos y fílmicos de los lamentables sucesos. Las reuniones o las asambleas siempre terminaban condenando el autoritarismo de un régimen criminal y se exigía la investigación de los hechos y el castigo a los responsables. La autoridad siempre se negó a realizar investigaciones, y quiso encubrir la verdad con el velo del tiempo y del olvido.
Recuerdo que los movimientos estudiantiles exigían el cese de la represión y la libertad de los presos políticos y, paradójicamente, el gobierno federal con todo su aparato nos contestó con más represión, con muerte y con más presos políticos.
Pero su estrategia falló, porque el 30 de septiembre de 1998, el Comité del 68 presentó una denuncia exigiendo una investigación de los hechos del 2 de octubre. La Procuraduría General de la República archivó el caso alegando prescripción.
En 1999, el propio Comité promueve un amparo contra la decisión del fiscal federal. Por fin, un juez determina que debe investigarse antes que decretar los delitos prescritos. En ese contexto, el gobierno federal encabezado por Vicente Fox decidió crear la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
El 10 de junio de 2002, ante la Fiscalía Especial fue presentada la primera denuncia de hechos de la masacre del 10 de junio de 1971. Fue la de Jesús Martín del Campo. Más adelante, hicieron lo mismo Raúl Álvarez Garín, Pablo Gómez y Oscar Luis Argüelles, entre otros compañeros víctimas y ofendidos.
En todas las denuncias, dicha masacre es considerada como un crimen de Estado, ya que son responsables de la misma los más altos funcionarios del gobierno de aquel entonces.
En efecto, de acuerdo a las pruebas existentes y a la jerarquía de sus funciones los principales responsables son:
1. Luis Echeverría Álvarez, Presidente de la República.
2. Alfonso Martínez Domínguez, Jefe del Departamento del Distrito Federal.
3. Julio Sánchez Vargas, Procurador General de la República.
4. Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación.
5. Fernando Gutiérrez Barrios, Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación.
6. Capitán Luis de la Barreda, Director Federal de Seguridad.
7. General Hermenegildo Cuenca Díaz, Secretario de la Defensa Nacional.
8. Rogelio Flores Curiel, Jefe de la Policía del Distrito Federal.
9. Coronel Manuel Díaz Escobar, Subdirector de Servicios Generales del D. D. F.
10. Miguel Nazar Haro, Subdirector Federal de Seguridad.
11. Los más de mil integrantes del grupo Halcones.
La Suprema Corte cómplice y encubridora de Luis Echeverría
En julio de 2004, la Fiscalía Especial solicitó a un juez que obsequiara orden de aprehensión en contra de LEA, por considerarlo responsable de la masacre del 10 de junio de 1971. El juez, sin leer el voluminoso expediente, la negó alegando prescripción.
La Fiscalía se inconformó y presentó un pliego de agravios ante la Suprema Corte, la cual atrajo el caso por su importancia y trascendencia. En dos sesiones públicas de la Sala a la que se turnó el asunto, la mayoría de los ministros rechazaron las propuestas de los ponentes y el caso fue turnado a un tercero. Lo que revela lo complejo y difícil del tema, pero también manifiesta la mentalidad arcaica dominante en el medio judicial. La Suprema Corte de la Nación se convirtió en cómplice y encubridora de Luis Echeverría Álvarez, al dar un fallo no favorable a la justicia por la que tanto hemos peleado desde hace treinta y cuatro años.
La Corte no superó el reto de romper con las ataduras que le han impuesto los personeros del poder político al seguir bajo su influencia. Ojalá los ministros hubieran elaborado sus conclusiones haciendo un análisis exhaustivo e integral del asunto, pensando en que todos los ciudadanos sabemos que México es todavía territorio de impunidad en relación a los crímenes de Estado cometidos en 1968 y 1971.
Por otra parte, es muy criticable que el gobierno federal haya creado una fiscalía para ir a fondo y al mismo tiempo obstaculice su trabajo. También es criticable que haya negociado con dirigentes priistas el perdón a Echeverría a cambio de componendas políticas.
Quiero decir que aún resuena en mi mente el eco de las balas disparadas aquel 10 de junio contra los estudiantes; que permanecen en mi recuerdo las imágenes de los cuerpos yacentes de quienes cayeron asesinados entonces.
La memoria y nuestro espíritu de lucha por la justicia no prescriben. Si se cierra una puerta abriremos otra hasta lograr justicia y castigo a los culpables y seguiremos gritando: ¡¡10 de junio no se olvida!!
* Fundador del Partido de la Revolución Democrática. Denunciante de la masacre del 10 de junio ante la Procuraduría General de la República.
Jesús Martín del Campo*
Durante los primeros meses de 1971 se gestó, en las instituciones educativas del Distrito Federal, un movimiento estudiantil en solidaridad con los universitarios de Nuevo León, entidad donde el gobierno federal maniobró para imponerles una ley orgánica que significaba un retroceso para la vida universitaria. El gobierno destituyó a un rector para imponerles a un militar, al coronel Treviño Garza, lo que favoreció que la inconformidad creciera y se desbordará el marco local.
Es entonces que se pronuncian en solidaridad con aquel movimiento los Comités de Lucha de la mayor parte de escuelas del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y surge la propuesta de hacer una gran manifestación en la Ciudad de México.
Ese mismo año regresaban de un exilio aberrante e ilegal, impuesto por el gobierno de entonces, los últimos dirigentes estudiantiles que habían estado presos desde 1968. Además, no habían pasado ni tres años de la masacre del 2 de octubre de 1968, crimen de Estado reprobado nacional e internacionalmente, por lo que volver a ganar la calle con una manifestación pacífica era una idea y una necesidad para el estudiantado. Nadie pensaba o creía que el gobierno encabezado por Luis Echeverría respondería como lo hizo a la movilización del 10 de junio.
Esa tarde, se reunieron más de 10 mil personas para participar en la manifestación que inició en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli, en el Casco de Santo Tomás, y se dirigía a la Avenida de los Maestros, en donde en dos ocasiones fue interceptada por granaderos quienes, finalmente, dejaron libre el paso a un costado de la Escuela Normal. La marcha continuó hacia la calzada México-Tacuba (prolongación de San Cosme), en donde se encontraban parapetados centenares, quizás más de mil halcones dispuestos a reprimir y a detener de cualquier forma a los estudiantes.
Por eso, la manifestación fue cercada, centenares de estudiantes fueron baleados, decenas de ellos muertos por las balas disparadas por los halcones, grupo paramilitar patrocinado y cobijado por el gobierno de Echeverría. Los periodistas, nacionales y extranjeros, que cubrían la marcha también fueron agredidos; a muchos de ellos, además de golpearlos, les quitaron sus cámaras y sus rollos fotográficos para que no quedara huella de la masacre. Sin embargo, algunos reporteros gráficos, corriendo muchos riesgos, evadieron a los policías y paramilitares, salvando las imágenes (testimonios fotográficos inobjetables) de las acciones criminales que el gobierno de Echeverría ordenó aquella tarde.
Entre los fotógrafos están Armando Salgado, Héctor García, Roberto Sánchez, Rodrigo Mora, Enrique Bordes Mangel y Antonio Reyes Zurita quienes, poniendo en riesgo su vida, captaron para la memoria e historia colectiva parte importante de las imágenes testimonios de aquellos trágicos y lamentables sucesos.
Mi vivencia
Tanto mi hermano Edmundo como yo decidimos participar en la manifestación. Él llegó temprano y se incorporó al grupo de los estudiantes de la Escuela de Economía del Politécnico, contingente que encabezaba la marcha. Yo llegué por la Avenida San Cosme y apenas había pasado Melchor Ocampo (hoy Circuito Interior) cuando me percaté de la presencia de grupos de gente extraña; se trataba de muchos jóvenes que no eran estudiantes.
Caminé una cuadra más y llegué a la esquina de Lauro Aguirre; ahí, comenzaron a obstruirnos el paso a quienes queríamos encontrarnos con la marcha que suponíamos ya había avanzado unas cuadras del punto de partida.
Escuché, entonces, gritos confusos, algo parecido a "Che Guevara" pero de manera distinta a nuestras consignas y, de pronto, los ataques de los grupos de choque contra los que sí éramos estudiantes. De manera organizada, como pelotones o comandos, nos agredían a golpes y patadas, algunos llevaban varas de bambú y otros armas.
Comenzaron los primeros disparos. Con un amigo corrimos hacia la puerta de un edificio donde un señor nos dio alojo. Por lo visto, el señor pintaba bodegones y paisajes para su venta, su oficio era pintor de cuadros. Nos dijo que no nos convenía salir porque la balacera se había incrementado en intensidad, a juzgar por los ruidos que llegaban de la calle. Isidoro, el amigo con el que entré en ese departamento dijo que podría tratarse de tanquetas o de bazucas con lo que estaban disparando.
Mi angustia crecía, no sé si habían pasado treinta o cuarenta minutos o más, pero ya no aguanté estar encerrado y me salí. Me dirigí al costado de la Normal. La confusión y el caos reinaba no sabía hacia dónde ir. Me topaba con compañeros que decían que había ya muchos muertos, otros querían contraatacar a los policías y a los halcones (en ese momento no sabíamos que así se llamaban) y algunos más querían salir del cerco y buscar información. Pude ver a un joven muerto en las puertas de la Normal.
Me fui hacia el Hospital Rubén Leñero y los médicos me dijeron que había muchos heridos y que los grupos de choque se habían llevado a algunos de ellos. Como para entonces tenía la corazonada de que a mi hermano le podría haber sucedido algo, le pregunté a un médico si entre los heridos alguien tenia las señas de mi hermano y me dijo que no.
Después, fui enterado por unos amigos que estuvieron con él, que mi hermano Edmundo que entonces tenía veinte años, había caído en la esquina de Tláloc y de San Cosme, que había recibido un tiro de bala expansiva en el tórax, misma que le produjo la muerte. Ninguna ayuda pudo llegar, imposible bajo la metralla. Lo mismo que sucedió con Edmundo pasó con decenas de otros jóvenes, quizá mas de cien.
Al otro día, el gobierno de Luis Echeverría, con todo cinismo, difundió la versión de que lo sucedido en San Cosme fue un enfrentamiento entre jóvenes de distintas corrientes ideológicas y no hubo muertos.
Días después en una parodia de investigación, la Procuraduría General de la República destacó el hecho que se habían producido daños en un negocio donde vendían pollos rostizados y que el dueño exigía la reparación del daño por cristales rotos. Más adelante, con grotesco cinismo, el procurador Julio Sánchez Vargas dijo que la investigación del 10 de junio había concluido ya que el dueño de la pollería retiraba las acusaciones por los daños.
La investigación
Durante muchos años los sucesivos gobiernos priistas no llevaron a cabo ninguna investigación de la masacre del 10 de junio, como tampoco lo habían hecho del 2 de octubre. Querían que ambos acontecimientos cayeran en el olvido.
La difusión de las masacres del 2 de octubre y del 10 de junio, se llevó a cabo por activistas estudiantiles e intelectuales en todo el país y a nivel internacional. Puede decirse que no hubo escuela o sindicato donde no se exhibieran los materiales fotográficos y fílmicos de los lamentables sucesos. Las reuniones o las asambleas siempre terminaban condenando el autoritarismo de un régimen criminal y se exigía la investigación de los hechos y el castigo a los responsables. La autoridad siempre se negó a realizar investigaciones, y quiso encubrir la verdad con el velo del tiempo y del olvido.
Recuerdo que los movimientos estudiantiles exigían el cese de la represión y la libertad de los presos políticos y, paradójicamente, el gobierno federal con todo su aparato nos contestó con más represión, con muerte y con más presos políticos.
Pero su estrategia falló, porque el 30 de septiembre de 1998, el Comité del 68 presentó una denuncia exigiendo una investigación de los hechos del 2 de octubre. La Procuraduría General de la República archivó el caso alegando prescripción.
En 1999, el propio Comité promueve un amparo contra la decisión del fiscal federal. Por fin, un juez determina que debe investigarse antes que decretar los delitos prescritos. En ese contexto, el gobierno federal encabezado por Vicente Fox decidió crear la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
El 10 de junio de 2002, ante la Fiscalía Especial fue presentada la primera denuncia de hechos de la masacre del 10 de junio de 1971. Fue la de Jesús Martín del Campo. Más adelante, hicieron lo mismo Raúl Álvarez Garín, Pablo Gómez y Oscar Luis Argüelles, entre otros compañeros víctimas y ofendidos.
En todas las denuncias, dicha masacre es considerada como un crimen de Estado, ya que son responsables de la misma los más altos funcionarios del gobierno de aquel entonces.
En efecto, de acuerdo a las pruebas existentes y a la jerarquía de sus funciones los principales responsables son:
1. Luis Echeverría Álvarez, Presidente de la República.
2. Alfonso Martínez Domínguez, Jefe del Departamento del Distrito Federal.
3. Julio Sánchez Vargas, Procurador General de la República.
4. Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación.
5. Fernando Gutiérrez Barrios, Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación.
6. Capitán Luis de la Barreda, Director Federal de Seguridad.
7. General Hermenegildo Cuenca Díaz, Secretario de la Defensa Nacional.
8. Rogelio Flores Curiel, Jefe de la Policía del Distrito Federal.
9. Coronel Manuel Díaz Escobar, Subdirector de Servicios Generales del D. D. F.
10. Miguel Nazar Haro, Subdirector Federal de Seguridad.
11. Los más de mil integrantes del grupo Halcones.
La Suprema Corte cómplice y encubridora de Luis Echeverría
En julio de 2004, la Fiscalía Especial solicitó a un juez que obsequiara orden de aprehensión en contra de LEA, por considerarlo responsable de la masacre del 10 de junio de 1971. El juez, sin leer el voluminoso expediente, la negó alegando prescripción.
La Fiscalía se inconformó y presentó un pliego de agravios ante la Suprema Corte, la cual atrajo el caso por su importancia y trascendencia. En dos sesiones públicas de la Sala a la que se turnó el asunto, la mayoría de los ministros rechazaron las propuestas de los ponentes y el caso fue turnado a un tercero. Lo que revela lo complejo y difícil del tema, pero también manifiesta la mentalidad arcaica dominante en el medio judicial. La Suprema Corte de la Nación se convirtió en cómplice y encubridora de Luis Echeverría Álvarez, al dar un fallo no favorable a la justicia por la que tanto hemos peleado desde hace treinta y cuatro años.
La Corte no superó el reto de romper con las ataduras que le han impuesto los personeros del poder político al seguir bajo su influencia. Ojalá los ministros hubieran elaborado sus conclusiones haciendo un análisis exhaustivo e integral del asunto, pensando en que todos los ciudadanos sabemos que México es todavía territorio de impunidad en relación a los crímenes de Estado cometidos en 1968 y 1971.
Por otra parte, es muy criticable que el gobierno federal haya creado una fiscalía para ir a fondo y al mismo tiempo obstaculice su trabajo. También es criticable que haya negociado con dirigentes priistas el perdón a Echeverría a cambio de componendas políticas.
Quiero decir que aún resuena en mi mente el eco de las balas disparadas aquel 10 de junio contra los estudiantes; que permanecen en mi recuerdo las imágenes de los cuerpos yacentes de quienes cayeron asesinados entonces.
La memoria y nuestro espíritu de lucha por la justicia no prescriben. Si se cierra una puerta abriremos otra hasta lograr justicia y castigo a los culpables y seguiremos gritando: ¡¡10 de junio no se olvida!!
* Fundador del Partido de la Revolución Democrática. Denunciante de la masacre del 10 de junio ante la Procuraduría General de la República.
http://ierd.prd.org.mx/coy128/jmc1.htm
Represión en Puebla
10 de junio. Nuevamente el 10 de junio está marcado con el flagelo de la represión. El día de hoy, en la ciudad de Puebla, fueron reprimidos brutalmente profesores que marchaban por las calles poblanas. Se reportan golpeados y detenidos. Entre los golpeados y detenidos está Eduerdo Almeida, Itzel Sánchez y Tamara San Miguel, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona e integrantes de la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad; esta última compañera también reportada como detenida.
Protestamos enérgicamente contra estos actos de autoritarismo ejercidos por órdenes del gobernador de Puebla Mario Plutarco Marín Torres, asociado con dirigentes charros del magisterio.
Demandamos la libertad de los detenidos y las detenidas,y de nuestra compañera Tamara San Miguel.
ALTO A LA REPRESIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA
PRES@S POLÍTIC@S LIBERTAD
¡CONTRA EL DESPOJO Y LA REPRESIÓN: LA SOLIDARIDAD!
Red Contra la Represión y por la Solidaridad
Correo electrónico: redcontralarepresion@gmail.com
Blog: http://contralarepresion.wordpress.com
Teléfono: 55 78 07 75 y 55 78 47 11
Dirección: Dr. Carmona y Valle # 32, colonia Doctores, Del. Cuauhtémoc, México D. F. C.P. 06720
Protestamos enérgicamente contra estos actos de autoritarismo ejercidos por órdenes del gobernador de Puebla Mario Plutarco Marín Torres, asociado con dirigentes charros del magisterio.
Demandamos la libertad de los detenidos y las detenidas,y de nuestra compañera Tamara San Miguel.
ALTO A LA REPRESIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA
PRES@S POLÍTIC@S LIBERTAD
¡CONTRA EL DESPOJO Y LA REPRESIÓN: LA SOLIDARIDAD!
Red Contra la Represión y por la Solidaridad
Correo electrónico: redcontralarepresion@gmail.com
Blog: http://contralarepresion.wordpress.com
Teléfono: 55 78 07 75 y 55 78 47 11
Dirección: Dr. Carmona y Valle # 32, colonia Doctores, Del. Cuauhtémoc, México D. F. C.P. 06720
¿Qué dirá AMLO en Guerrero?,¿Qué todo lo que se nesecita es amor?...
En un Estado tan convulsionado y lleno de violencia como Guerrero, donde hasta al procurador de justicia y guaruras bajan de la camioneta diciendo-"¡Bájense hijos de su puta madre!"-, se encuentra próximo el regreso de Andrés Manuel López Obrador, ex-candidato a la presidencia de la república por el PRD.
La pregunta que no deja de girar en la cabeza es ¿Qué dirá Amlo en Guerrero?: ¿Qué dices a un estado de cabeza en el que la represión y la narcoguerrilla se funden?, ¿Qué le dices a las viudas de Manuel Ponce y Rául Lucas?, ¿A las viudas de los masacrados en el Charco a 11 años de pedir justicia sin respuesta y a los de Aguas Blancas?,¿Qué le dices a los niños que en el parlamento infantil señalan que todo siembra viene de una cosecha atrás y hasta la familia es causante del caos?.
Guerrero ha sido siempre un estado marginado, con demasiada historia en torno a la lucha social y levantamientos armados, parte de la consumación de la independencia, estar al sur no le ha favorecido en nada a pesar de su amplia riqueza en todos los sentidos.
¿Dirá que votemos por los candidatos del PRD para diputados?,¿Cuándo bien se sabe el PRD esta podrido a nivel nacional, y, que en lo regional le pertenece a las huestes caciquiles?.Observando un poco no hallamos discurso para las masas y tampoco abogamos por el nulo voto, pero al ser guerrerenses miramos un estado destrozado y humillado donde aquellos que levantan la voz son asesinados, desaparecidos, detenidos, hostigados, amenazados, encarcelados o reprimidos, y sí les va bien, les compran la conciencia y la dignidad para dejarles vivos.
El movimiento de la resistencia civil pacifica que surge a raíz del fraude de 2006 hizo algo productivo, movilizar a aquellos ciudadanos que por años estuvieron sentados frente a un televisor mientras en Guerrero la protesta social diaria es y los indigenas del Camalote ya estaban tiempo ha, reclamando por la esterilización forzada que les ha minado su convivencia, a esos que en 2006 dejaron de ser los inútiles de Bertoloucci y empezaron a leer y despertar es lo favorable de la RCP. Pero en Guerrero, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota(CECOP), estaba en pleno crecimiento y el gobierno estatal, reprimiéndolos con la campaña llevada a cabo de la CNC de decir que las tierras erán estériles; En ese mismo año, se llevaba a cabo en Tlapa un foro llamado "DEFENDIENDO EL TERRITORIO", donde participabamos activistas de todo el estado exponiendo nuestras movilizaciones y fallas, las atrocidades del PROCEDE, y previendo con compañeros de Chiapas y D.F, el fraude electoral asi como la víspera de reunión en 2006 sobre nuestras aguas, llevado entre las trasnacionales como Nestle, Monsanto o Coca-Cola, avalados por el sexenio de Fox.
A 3 años del fraude y del movimiento Amlista-ciudadano las cosas no parecen cambiar en el sur, al contrario, con la entrada de la ultra-derecha lo único real es la salida de closet de Zeferino Torreblanca Galindo, cómo buen sicario mas del sistema servil en el poder, consecuencia de arreglos entre las mafias(cosa nada nueva que nos diga un líder).De 2006 a 2009 la criminalización de la lucha social raya en lo absurdo, al punto que hasta por teléfono amenzan y extorsionan-"Sabemos bien tus pasos"-, las calles convertidas en pequeños Irak´s con la supuesta "lucha contra el crimén organizado"(...) donde las noches se han vuelto no de ronda más sí, de pesadilla, con un toque de queda anterior al del causado por la Influenza.
¿Qué dirá AMLO en Guerrero?, ¿Qué todo lo que se nesecita es amor?,¿Qué votemos?, ¿Por quién?: En lo electoral, tampoco las cosas andan bien, el congreso del edo nos representa con un grupo cobijado por las huestes figueroistas, renejuaristas , Agurreriveristas y Chavarristas, sin excluir el grupo Zeferinista. Es soto voce de los bajos mundos que Ríos Píter sale de la nada y viene con padrino oscuro(dicen acuerdo entre Figueroa-Zeferino), que Waltón Aburto el de Convergencia es magnate de la gasolina y prestanombres, David Jímenez Rumbo senador perredista es protegido de Figueroa, Zeferino se pasea de la mano de Juárez Cisneros en festines,Medrano Baza queda como presidente del PRD por "acuerdos de la dirigencia nacional",Chavarría Barrera hijo putativo de Figueroa y represor de la CETEG,¿Por quién va a pedir AMLO votemos cuándo los partidos de izquierda son color ocre y no tienen diferencia con el PRIAN?.
Finalizando,¿Va a pedir esperemos a 2012?,¿Será que Guerrero aguante?:Respecto a los movimientos armados, con la aparición del ERPI el gobierno zeferinista guardó silencio aún señalando Omar Guerrero"Comandante Ramiro", qué este cubre y protege a caciques como Rogaciano Alba Álvarez (ex-presidente de Petatlan de corte priísta y autor intelectual del crimén de Digna Ochoa)quién también esta ligado con el cártel del Chapo Guzmán; Entretanto, gente de la Montaña externa su simpatía al movimiento guerrillero, que al parecer, tiene mas credibilidad que el PRD o el mismo gobierno.
¿Qué dirá AMLO en Chilpo?,esperemos algo congruente y convincente, porque a estas alturas el guerrerense no aguanta...
¿Organización social y unidad?Eso, las condiciones lo hacen, y como dijo Cortés en el aniversario luctuoso del Charco, "¡O el País cambiia o desaparecemos!"...
Hercilia Castro
hscb_78@yahoo.com.mx
Federales encañonan por error al procurador Murueta Urrutia
Los agentes efectuaban revisiones a vehículos sospechosos, como el del fiscal
Federales encañonan por error al procurador Murueta Urrutia
Obligan a guaruras del funcionario a identificarse; él se esconde en su camioneta
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 9 de junio. Agentes de la Policía Federal encañonaron al procurador de Justicia de la entidad, Eduardo Murueta Urrutia, en la esquina que hacen las calles Alejandro Cervantes Delgado y Valerio Trujano, cuando efectuaban operaciones cerca del centro de la ciudad; aunque sus guardias pusieron resistencia, los efectivos los obligaron a descender para que se identificaran, sólo así pudieron retirarse, sin que mediara ninguna disculpa.
Los policías, que estaban encapuchados, se transportaban en dos camionetas. Al parecer hacían un cateo en un negocio de lavado de autos que está en las orillas del río Huacapa, sin embargo, detenían a todo vehículo que les parecía sospechoso, entre ellos el del fiscal, al parecer porque iba escoltado.
Eran alrededor de las 11:30 del día cuando cruzaba esa área una Jeep Cherokee gris, blindada, la cual era escoltada por una camioneta Lobo arena, en la que iban seis personas, entre ellas el funcionario estatal.
Aparentemente los efectivos se enteraron que por ahí transitaban las dos camionetas con gente armada y las detuvieron en la esquina mencionada.
–¡Bájense, hijos de su puta madre!
Con ese grito, y encañonando con sus armas a los que tripulaban ambas camionetas, los interceptaron, pero los escoltas opusieron resistencia. Hubo un momento de tensión, hasta que los federales se impusieron y los obligaron a descender, y ya abajo se identificaron como guardias personales de Murueta Urrutia.
Los federales no les creyeron, así que los guardaespaldas fueron obligados a enseñarles la identificación del procurador, quien no se bajó de la camioneta y se ocultó. Los guaruras fueron revisados minuciosamente.
Con los ánimos más calmados, los agentes federales leyeron la credencial del fiscal guerrerense y sólo después de eso les permitieron retirarse; en ningún momento ofrecieron una disculpa por el altercado, incluso continuaron con la misma dinámica, pues en varios puntos de la ciudad repitieron sus acciones, motivadas por las recientes ejecuciones y enfrentamientos entre narcotraficantes, policías y militares.
Se conoció que el percance ocurrió después de que el procurador dejó su oficina por la parte trasera, para evadir la marcha que llegó a las instalaciones, encabezada por Martha Elba Garzón Bernal, recientemente destituida por él del cargo de visitadora general de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
Antes, la ex funcionaria realizó una caminata con compañeros y amigos para exigirle al procurador le ofreciera una disculpa pública, ya que la acusó de falta de probidad en la comparecencia del 29 de abril en el Congreso local.
Federales encañonan por error al procurador Murueta Urrutia
Obligan a guaruras del funcionario a identificarse; él se esconde en su camioneta
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 9 de junio. Agentes de la Policía Federal encañonaron al procurador de Justicia de la entidad, Eduardo Murueta Urrutia, en la esquina que hacen las calles Alejandro Cervantes Delgado y Valerio Trujano, cuando efectuaban operaciones cerca del centro de la ciudad; aunque sus guardias pusieron resistencia, los efectivos los obligaron a descender para que se identificaran, sólo así pudieron retirarse, sin que mediara ninguna disculpa.
Los policías, que estaban encapuchados, se transportaban en dos camionetas. Al parecer hacían un cateo en un negocio de lavado de autos que está en las orillas del río Huacapa, sin embargo, detenían a todo vehículo que les parecía sospechoso, entre ellos el del fiscal, al parecer porque iba escoltado.
Eran alrededor de las 11:30 del día cuando cruzaba esa área una Jeep Cherokee gris, blindada, la cual era escoltada por una camioneta Lobo arena, en la que iban seis personas, entre ellas el funcionario estatal.
Aparentemente los efectivos se enteraron que por ahí transitaban las dos camionetas con gente armada y las detuvieron en la esquina mencionada.
–¡Bájense, hijos de su puta madre!
Con ese grito, y encañonando con sus armas a los que tripulaban ambas camionetas, los interceptaron, pero los escoltas opusieron resistencia. Hubo un momento de tensión, hasta que los federales se impusieron y los obligaron a descender, y ya abajo se identificaron como guardias personales de Murueta Urrutia.
Los federales no les creyeron, así que los guardaespaldas fueron obligados a enseñarles la identificación del procurador, quien no se bajó de la camioneta y se ocultó. Los guaruras fueron revisados minuciosamente.
Con los ánimos más calmados, los agentes federales leyeron la credencial del fiscal guerrerense y sólo después de eso les permitieron retirarse; en ningún momento ofrecieron una disculpa por el altercado, incluso continuaron con la misma dinámica, pues en varios puntos de la ciudad repitieron sus acciones, motivadas por las recientes ejecuciones y enfrentamientos entre narcotraficantes, policías y militares.
Se conoció que el percance ocurrió después de que el procurador dejó su oficina por la parte trasera, para evadir la marcha que llegó a las instalaciones, encabezada por Martha Elba Garzón Bernal, recientemente destituida por él del cargo de visitadora general de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
Antes, la ex funcionaria realizó una caminata con compañeros y amigos para exigirle al procurador le ofreciera una disculpa pública, ya que la acusó de falta de probidad en la comparecencia del 29 de abril en el Congreso local.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/10/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
Niegan licencia ambiental para proyecto hidroeléctrico Urrá II
Niegan licencia ambiental para proyecto hidroeléctrico Urrá II
El anuncio fue hecho por el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
"El principal argumento del Ministerio de Ambiente es contundente: los Parques Nacionales Naturales, como el Paramillo, no pueden ser tocados, lo dice la Constitución, lo ha reiterado en varias oportunidades la honorable Corte Constitucional. Además, ya existe solución para frenar las crecientes del Río Sinú, porque Urrá I está ampliando su capacidad", aseguró el ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos Costa Posada, en un comunicado.
Recuerda el ministerio que la empresa Urrá solicitó en junio de 2008 licencia ambiental para la presa y embalse del "proyecto hidroeléctrico Río Sinú" con el que se pretende generar 350 MW (megavatios) de energía y controlar inundaciones ocasionadas por el río.
El proyecto estaría localizado en jurisdicción de Tierralta, departamento de Córdoba, en el Parque Nacional Natural Paramillo. El área propuesta a anegar corresponde a 54.000 hectáreas aproximadamente, lo que representa cerca del 12% del parque, precisa el informe.
Dice el informe del Ministerio que un parágrafo incluido en el Acuerdo que creó el Parque Nacional Natural Paramillo en 1977, expedido por el extinto Inderena, se dispuso que quedarían exentas del régimen de Parque las áreas a ser inundadas por los embalses para el desarrollo hidroeléctrico del Río Sinú, sin delimitar de qué zonas se trataba y anunciando que se reglamentaría posteriormente su manejo, lo que nunca se realizó.
Dice que años después, la Constitución de 1991 consagró la protección de los Parques Nacionales Naturales, hecho que en repetidas ocasiones ha defendido la Corte Constitucional.
Mediante pronunciamiento de 2008 ratificado en junio de 2009, el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha sido firme en declarar que no se podrá iniciar trámite de licenciamiento ambiental al proyecto. "Esto significa que ni siquiera podrá adelantar estudios para una futura petición de licencia debido a la ubicación propuesta en el Parque Nacional Natural Paramillo, que para esta cartera es de preferente y prioritaria defensa y conservación" , dice el boletín de prensa.
Durante el segundo trimestre de 2009, se iniciaron obras en el proyecto Urra I, con el objeto de mejorar el control de inundaciones y disminuir los riesgos y posibles afectaciones socio-económicas sobre las poblaciones asentadas aguas abajo.
Estas obras permitirán aumentar la capacidad del embalse en aproximadamente 150 millones de metros cúbicos e incrementar la capacidad útil de almacenamiento en un 13% sobre la actual conservando el mismo nivel de seguridad y generando un aumento en la capacidad de amortiguación de crecientes, aún si se presentan para un período de retorno de cien años, ya que será retenida en su totalidad, con una alta probabilidad de descargar el volumen adicional aguas abajo del proyecto, de manera gradual, revela el informe.
El ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial recuerda que con el proyecto de El Quimbo se inundarán 8.000 hectáreas para producir cerca de 400 MW. Mientras que el proyecto Urrá II pretendía inundar 54 mil hectáreas sólo para 350 MW.
El anuncio fue hecho por el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
"El principal argumento del Ministerio de Ambiente es contundente: los Parques Nacionales Naturales, como el Paramillo, no pueden ser tocados, lo dice la Constitución, lo ha reiterado en varias oportunidades la honorable Corte Constitucional. Además, ya existe solución para frenar las crecientes del Río Sinú, porque Urrá I está ampliando su capacidad", aseguró el ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos Costa Posada, en un comunicado.
Recuerda el ministerio que la empresa Urrá solicitó en junio de 2008 licencia ambiental para la presa y embalse del "proyecto hidroeléctrico Río Sinú" con el que se pretende generar 350 MW (megavatios) de energía y controlar inundaciones ocasionadas por el río.
El proyecto estaría localizado en jurisdicción de Tierralta, departamento de Córdoba, en el Parque Nacional Natural Paramillo. El área propuesta a anegar corresponde a 54.000 hectáreas aproximadamente, lo que representa cerca del 12% del parque, precisa el informe.
Dice el informe del Ministerio que un parágrafo incluido en el Acuerdo que creó el Parque Nacional Natural Paramillo en 1977, expedido por el extinto Inderena, se dispuso que quedarían exentas del régimen de Parque las áreas a ser inundadas por los embalses para el desarrollo hidroeléctrico del Río Sinú, sin delimitar de qué zonas se trataba y anunciando que se reglamentaría posteriormente su manejo, lo que nunca se realizó.
Dice que años después, la Constitución de 1991 consagró la protección de los Parques Nacionales Naturales, hecho que en repetidas ocasiones ha defendido la Corte Constitucional.
Mediante pronunciamiento de 2008 ratificado en junio de 2009, el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha sido firme en declarar que no se podrá iniciar trámite de licenciamiento ambiental al proyecto. "Esto significa que ni siquiera podrá adelantar estudios para una futura petición de licencia debido a la ubicación propuesta en el Parque Nacional Natural Paramillo, que para esta cartera es de preferente y prioritaria defensa y conservación" , dice el boletín de prensa.
Durante el segundo trimestre de 2009, se iniciaron obras en el proyecto Urra I, con el objeto de mejorar el control de inundaciones y disminuir los riesgos y posibles afectaciones socio-económicas sobre las poblaciones asentadas aguas abajo.
Estas obras permitirán aumentar la capacidad del embalse en aproximadamente 150 millones de metros cúbicos e incrementar la capacidad útil de almacenamiento en un 13% sobre la actual conservando el mismo nivel de seguridad y generando un aumento en la capacidad de amortiguación de crecientes, aún si se presentan para un período de retorno de cien años, ya que será retenida en su totalidad, con una alta probabilidad de descargar el volumen adicional aguas abajo del proyecto, de manera gradual, revela el informe.
El ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial recuerda que con el proyecto de El Quimbo se inundarán 8.000 hectáreas para producir cerca de 400 MW. Mientras que el proyecto Urrá II pretendía inundar 54 mil hectáreas sólo para 350 MW.
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