Jesús Martín del Campo*
Durante los primeros meses de 1971 se gestó, en las instituciones educativas del Distrito Federal, un movimiento estudiantil en solidaridad con los universitarios de Nuevo León, entidad donde el gobierno federal maniobró para imponerles una ley orgánica que significaba un retroceso para la vida universitaria. El gobierno destituyó a un rector para imponerles a un militar, al coronel Treviño Garza, lo que favoreció que la inconformidad creciera y se desbordará el marco local.
Es entonces que se pronuncian en solidaridad con aquel movimiento los Comités de Lucha de la mayor parte de escuelas del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y surge la propuesta de hacer una gran manifestación en la Ciudad de México.
Ese mismo año regresaban de un exilio aberrante e ilegal, impuesto por el gobierno de entonces, los últimos dirigentes estudiantiles que habían estado presos desde 1968. Además, no habían pasado ni tres años de la masacre del 2 de octubre de 1968, crimen de Estado reprobado nacional e internacionalmente, por lo que volver a ganar la calle con una manifestación pacífica era una idea y una necesidad para el estudiantado. Nadie pensaba o creía que el gobierno encabezado por Luis Echeverría respondería como lo hizo a la movilización del 10 de junio.
Esa tarde, se reunieron más de 10 mil personas para participar en la manifestación que inició en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli, en el Casco de Santo Tomás, y se dirigía a la Avenida de los Maestros, en donde en dos ocasiones fue interceptada por granaderos quienes, finalmente, dejaron libre el paso a un costado de la Escuela Normal. La marcha continuó hacia la calzada México-Tacuba (prolongación de San Cosme), en donde se encontraban parapetados centenares, quizás más de mil halcones dispuestos a reprimir y a detener de cualquier forma a los estudiantes.
Por eso, la manifestación fue cercada, centenares de estudiantes fueron baleados, decenas de ellos muertos por las balas disparadas por los halcones, grupo paramilitar patrocinado y cobijado por el gobierno de Echeverría. Los periodistas, nacionales y extranjeros, que cubrían la marcha también fueron agredidos; a muchos de ellos, además de golpearlos, les quitaron sus cámaras y sus rollos fotográficos para que no quedara huella de la masacre. Sin embargo, algunos reporteros gráficos, corriendo muchos riesgos, evadieron a los policías y paramilitares, salvando las imágenes (testimonios fotográficos inobjetables) de las acciones criminales que el gobierno de Echeverría ordenó aquella tarde.
Entre los fotógrafos están Armando Salgado, Héctor García, Roberto Sánchez, Rodrigo Mora, Enrique Bordes Mangel y Antonio Reyes Zurita quienes, poniendo en riesgo su vida, captaron para la memoria e historia colectiva parte importante de las imágenes testimonios de aquellos trágicos y lamentables sucesos.
Mi vivencia
Tanto mi hermano Edmundo como yo decidimos participar en la manifestación. Él llegó temprano y se incorporó al grupo de los estudiantes de la Escuela de Economía del Politécnico, contingente que encabezaba la marcha. Yo llegué por la Avenida San Cosme y apenas había pasado Melchor Ocampo (hoy Circuito Interior) cuando me percaté de la presencia de grupos de gente extraña; se trataba de muchos jóvenes que no eran estudiantes.
Caminé una cuadra más y llegué a la esquina de Lauro Aguirre; ahí, comenzaron a obstruirnos el paso a quienes queríamos encontrarnos con la marcha que suponíamos ya había avanzado unas cuadras del punto de partida.
Escuché, entonces, gritos confusos, algo parecido a "Che Guevara" pero de manera distinta a nuestras consignas y, de pronto, los ataques de los grupos de choque contra los que sí éramos estudiantes. De manera organizada, como pelotones o comandos, nos agredían a golpes y patadas, algunos llevaban varas de bambú y otros armas.
Comenzaron los primeros disparos. Con un amigo corrimos hacia la puerta de un edificio donde un señor nos dio alojo. Por lo visto, el señor pintaba bodegones y paisajes para su venta, su oficio era pintor de cuadros. Nos dijo que no nos convenía salir porque la balacera se había incrementado en intensidad, a juzgar por los ruidos que llegaban de la calle. Isidoro, el amigo con el que entré en ese departamento dijo que podría tratarse de tanquetas o de bazucas con lo que estaban disparando.
Mi angustia crecía, no sé si habían pasado treinta o cuarenta minutos o más, pero ya no aguanté estar encerrado y me salí. Me dirigí al costado de la Normal. La confusión y el caos reinaba no sabía hacia dónde ir. Me topaba con compañeros que decían que había ya muchos muertos, otros querían contraatacar a los policías y a los halcones (en ese momento no sabíamos que así se llamaban) y algunos más querían salir del cerco y buscar información. Pude ver a un joven muerto en las puertas de la Normal.
Me fui hacia el Hospital Rubén Leñero y los médicos me dijeron que había muchos heridos y que los grupos de choque se habían llevado a algunos de ellos. Como para entonces tenía la corazonada de que a mi hermano le podría haber sucedido algo, le pregunté a un médico si entre los heridos alguien tenia las señas de mi hermano y me dijo que no.
Después, fui enterado por unos amigos que estuvieron con él, que mi hermano Edmundo que entonces tenía veinte años, había caído en la esquina de Tláloc y de San Cosme, que había recibido un tiro de bala expansiva en el tórax, misma que le produjo la muerte. Ninguna ayuda pudo llegar, imposible bajo la metralla. Lo mismo que sucedió con Edmundo pasó con decenas de otros jóvenes, quizá mas de cien.
Al otro día, el gobierno de Luis Echeverría, con todo cinismo, difundió la versión de que lo sucedido en San Cosme fue un enfrentamiento entre jóvenes de distintas corrientes ideológicas y no hubo muertos.
Días después en una parodia de investigación, la Procuraduría General de la República destacó el hecho que se habían producido daños en un negocio donde vendían pollos rostizados y que el dueño exigía la reparación del daño por cristales rotos. Más adelante, con grotesco cinismo, el procurador Julio Sánchez Vargas dijo que la investigación del 10 de junio había concluido ya que el dueño de la pollería retiraba las acusaciones por los daños.
La investigación
Durante muchos años los sucesivos gobiernos priistas no llevaron a cabo ninguna investigación de la masacre del 10 de junio, como tampoco lo habían hecho del 2 de octubre. Querían que ambos acontecimientos cayeran en el olvido.
La difusión de las masacres del 2 de octubre y del 10 de junio, se llevó a cabo por activistas estudiantiles e intelectuales en todo el país y a nivel internacional. Puede decirse que no hubo escuela o sindicato donde no se exhibieran los materiales fotográficos y fílmicos de los lamentables sucesos. Las reuniones o las asambleas siempre terminaban condenando el autoritarismo de un régimen criminal y se exigía la investigación de los hechos y el castigo a los responsables. La autoridad siempre se negó a realizar investigaciones, y quiso encubrir la verdad con el velo del tiempo y del olvido.
Recuerdo que los movimientos estudiantiles exigían el cese de la represión y la libertad de los presos políticos y, paradójicamente, el gobierno federal con todo su aparato nos contestó con más represión, con muerte y con más presos políticos.
Pero su estrategia falló, porque el 30 de septiembre de 1998, el Comité del 68 presentó una denuncia exigiendo una investigación de los hechos del 2 de octubre. La Procuraduría General de la República archivó el caso alegando prescripción.
En 1999, el propio Comité promueve un amparo contra la decisión del fiscal federal. Por fin, un juez determina que debe investigarse antes que decretar los delitos prescritos. En ese contexto, el gobierno federal encabezado por Vicente Fox decidió crear la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
El 10 de junio de 2002, ante la Fiscalía Especial fue presentada la primera denuncia de hechos de la masacre del 10 de junio de 1971. Fue la de Jesús Martín del Campo. Más adelante, hicieron lo mismo Raúl Álvarez Garín, Pablo Gómez y Oscar Luis Argüelles, entre otros compañeros víctimas y ofendidos.
En todas las denuncias, dicha masacre es considerada como un crimen de Estado, ya que son responsables de la misma los más altos funcionarios del gobierno de aquel entonces.
En efecto, de acuerdo a las pruebas existentes y a la jerarquía de sus funciones los principales responsables son:
1. Luis Echeverría Álvarez, Presidente de la República.
2. Alfonso Martínez Domínguez, Jefe del Departamento del Distrito Federal.
3. Julio Sánchez Vargas, Procurador General de la República.
4. Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación.
5. Fernando Gutiérrez Barrios, Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación.
6. Capitán Luis de la Barreda, Director Federal de Seguridad.
7. General Hermenegildo Cuenca Díaz, Secretario de la Defensa Nacional.
8. Rogelio Flores Curiel, Jefe de la Policía del Distrito Federal.
9. Coronel Manuel Díaz Escobar, Subdirector de Servicios Generales del D. D. F.
10. Miguel Nazar Haro, Subdirector Federal de Seguridad.
11. Los más de mil integrantes del grupo Halcones.
La Suprema Corte cómplice y encubridora de Luis Echeverría
En julio de 2004, la Fiscalía Especial solicitó a un juez que obsequiara orden de aprehensión en contra de LEA, por considerarlo responsable de la masacre del 10 de junio de 1971. El juez, sin leer el voluminoso expediente, la negó alegando prescripción.
La Fiscalía se inconformó y presentó un pliego de agravios ante la Suprema Corte, la cual atrajo el caso por su importancia y trascendencia. En dos sesiones públicas de la Sala a la que se turnó el asunto, la mayoría de los ministros rechazaron las propuestas de los ponentes y el caso fue turnado a un tercero. Lo que revela lo complejo y difícil del tema, pero también manifiesta la mentalidad arcaica dominante en el medio judicial. La Suprema Corte de la Nación se convirtió en cómplice y encubridora de Luis Echeverría Álvarez, al dar un fallo no favorable a la justicia por la que tanto hemos peleado desde hace treinta y cuatro años.
La Corte no superó el reto de romper con las ataduras que le han impuesto los personeros del poder político al seguir bajo su influencia. Ojalá los ministros hubieran elaborado sus conclusiones haciendo un análisis exhaustivo e integral del asunto, pensando en que todos los ciudadanos sabemos que México es todavía territorio de impunidad en relación a los crímenes de Estado cometidos en 1968 y 1971.
Por otra parte, es muy criticable que el gobierno federal haya creado una fiscalía para ir a fondo y al mismo tiempo obstaculice su trabajo. También es criticable que haya negociado con dirigentes priistas el perdón a Echeverría a cambio de componendas políticas.
Quiero decir que aún resuena en mi mente el eco de las balas disparadas aquel 10 de junio contra los estudiantes; que permanecen en mi recuerdo las imágenes de los cuerpos yacentes de quienes cayeron asesinados entonces.
La memoria y nuestro espíritu de lucha por la justicia no prescriben. Si se cierra una puerta abriremos otra hasta lograr justicia y castigo a los culpables y seguiremos gritando: ¡¡10 de junio no se olvida!!
* Fundador del Partido de la Revolución Democrática. Denunciante de la masacre del 10 de junio ante la Procuraduría General de la República.
http://ierd.prd.org.mx/coy128/jmc1.htm
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