sábado, 11 de julio de 2009

Incomoda a Vicario que se lleve a la Corte el caso Aguas Blancas

El secretario de Finanzas del sexenio figueroísta considera que el asunto ya se atendió
Incomoda a Vicario que se lleve a la Corte el caso Aguas Blancas

Nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo delito, afirma el diputado priísta

LAURA REYES 

El presidente de la mesa directiva y coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local, Héctor Vicario Castrejón, consideró innecesario que el caso de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas sea llevado ante la Coste Interamericana, pues sostuvo que ese asunto ya fue atendido judicial y legalmente en Guerrero.

Ante la declaración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien dijo que está de acuerdo en que ese tribunal juzgue la masacre –ocurrida el 28 de junio de 1995– Vicario, quien fue secretario de Finanzas en ese sexenio de Rubén Figueroa, precisó que todo se debe basar en la legalidad.

Agregó: “cuando se va a esta corte es porque el asunto no ha sido atendido, y el asunto al que se hace referencia ya está jurídicamente atendido. Yo creo que es un asunto concluido, la propia ley establece que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo delito”.

De hecho, pidió analizar todas las facultades que tiene la Corte Interamericana para poder juzgar y proceder, que recalcó es cuando un asunto no ha sido atendido por las leyes locales: “este es un asunto debidamente sancionado”.

El PRI no tiene prisa electoral

En cuanto a la lista que surgió de posibles aspirantes del PRD a la gubernatura, en la que están incluidos dos de sus diputados locales, el priísta prefirió no opinar sobre las determinaciones y tiempos del partido del sol azteca, pero dejó en claro que en el PRI no hay ninguna prisa, por lo que esperarán el llamado que emita la presidenta Beatriz Paredes.

“Falta ver lo de la reforma, las fechas de elección, a partir de ahí ver las fechas que tienen los partidos. No tenemos prisa, el triunfo electoral que se tuvo en el estado de nuestros candidatos nos obliga a actuar con responsabilidad y paciencia para definir quien será el abanderado del PRI”, apuntó.

Sofío se mantiene como diputado

En el caso del virtual diputado federal por el distrito 5, Sofío Ramírez Hernández, quién fue inhabilitado por la Contraloría del estado por un adeudo de 15 millones de pesos, el coordinador de los diputados priístas, afirmó que no perderá su espacio, sino que reviró es el titular de esa dependencia, Carlos Arturo Barcenas, quien se excedió en sus funciones, por lo que promoverán un juicio político en su contra.

Agregó: “no son sus facultades, se excedió en sus responsabilidades. Él (Ramírez Hernández) fue electo por el pueblo y esto no ocurre en el entorno de la elección, sino como una acción premeditada para tratar de disminuir electoralmente a nuestro candidato”.

Incluso, dijo que no sólo la fracción del PRI promoverá el juicio político contra el contralor, sino por igual se esta cabildeando al interior del PRD, con el apoyo del coordinador y presidente de la Comisión de Gobierno, Armando Chavarría Barrera.



 

Ofrecimiento de SG, para evitar juicio: Tita Radilla

No se puede reparar lo irreparable
Ofrecimiento de SG, para evitar juicio: Tita Radilla

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal) 

Atoyac, 10 de julio. Después de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ofreció a la familia Radilla Martínez “reparar los daños” y terminar con las investigaciones del caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, su hija, Tita Radilla Martínez, dijo que los familiares sospechan que el ofrecimiento puede ser por presiones del Ejército y funcionarios en la epoca de la guerra sucia, para que el gobierno federal cierre el caso lo antes posible y no permitir que continúe su curso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fue presentado el martes pasado.

Consultada vía telefónica, Radilla Martínez reprochó a Gómez Mont su postura de esquivar la responsabilidad del Estado mexicano con el argumento de que el delito ocurrió hace 35 años, “cuando era otro México, diferente al actual”.

Reveló que la intención del gobierno federal de reparar los daños a los familiares se dio desde antes de que el caso fuera llevado a la Corte Interamericana, pero que la posición de los familiares ha sido siempre no aceptar dinero, sino esclarecer los hechos, “lo que representa una carga muy pesada para quienes gobiernan actualmente”; sospechan que como las estructuras de gobierno siguen intactas desde los 70, hay intención de funcionarios de la época por cerrar el caso, antes de que las investigaciones del organismo internacional sigan.

Sin embargo, sostuvo que la familia continuará con el desahogo de pruebas, “porque estamos seguros que el caso Radilla es un precedente que demostrará que se pueden esclarecer delitos del pasado y dejar al descubierto la política sistemática y de exterminio que practicó el gobierno”.

–Si el gobierno les dijera el paradero del cuerpo de su padre, ¿qué harían?

–Sabemos que no se puede reparar lo irreparable, lo importante y necesario es esclarecer lo ocurrido durante la guerra sucia, para que esa política del estado se termine y no vuelva jamás.

Denunció que continúa el acecho de agentes de Gobernación, el cual “es parte de la política de presión y hostigamiento sobre nosotros, ya hasta nos acostumbramos a vivir con vigilancia”.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/11/index.php?section=sociedad&article=006n3soc

Presenta la Rogaz la maqueta del proyecto del parque ecológico de Las Salinas

Presenta la Rogaz la maqueta del proyecto del parque ecológico de Las Salinas



Integrantes de la Red de Organismos y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz) presentaron ayer la maqueta del proyecto de parque ecológico en las inmediaciones de la laguna Las Salinas, durante la sesión extraordinaria de la Comisión Municipal de Ecología, la cual se llevó a cabo en la sala de cabildo del Palacio Municipal.
Debido a lo extenso de los puntos a tratar en dicha reunión, la explicación de la maqueta a los ahí presentes por parte de la tesorera de la Rogaz, María de Lourdes Armenta Solís fue breve; pero al final dio a conocer que ésta fue hecha por estudiantes de Arquitectura del Instituto Tecnológico de la Costa Grande.
Armenta dijo que la principal actividad económica de Zihuatanejo es el turismo y la bahía de este puerto es el mayor atractivo para los visitantes; agregó que los mangles que están alrededor de la laguna, “constituyen el único filtro limpiador natural que aún conserva la bahía; mantenerlos sanos es apostar por un Zihuatanejo más limpio, por lo que un parque ecológico en este lugar tiene un enorme potencial turístico para nuestro municipio”.
Agregó que la laguna “es el único lugar por donde sale el agua hacia el mar después de una fuerte lluvia, en el centro de Zihuatanejo cada vez sufrimos inundaciones más graves, por lo que conservar despejado este cuerpo de agua disminuye el riesgo de daños causados por contingencias ambientales como son los huracanes, además no limpiar ni preservar la laguna es atentar contra el futuro económico de Zihuatanejo”.
Respecto al proyecto del parque ecológico, Armenta Solís aseguró que éste “pretende dar a Zihuatanejo un espacio libre, abierto y popular; que preserve, promueva y regule los usos sociales que se realizan aquí, tales como actividades de pescadores, comerciantes, deportistas y área de espectáculos; necesitamos una zona recreativa para los habitantes de este municipio con senderos para caminar, árboles y jardines, estacionamiento, concha acústica, centro de convenciones, área de juegos infantiles, ciclopista e instalaciones deportivas”.
A pregunta expresa en el sentido de que el terreno actualmente pertenece al gobierno del estado, la ambientalista recordó que “en 1999 el gobierno estatal publicó en el periódico oficial del estado el decreto expropiatorio de la laguna Las Salinas a favor de la Protur y como Protur es una dependencia del estado y el estado somos todos los mexicanos, legalmente la laguna es un bien público, por lo tanto la laguna es propiedad del pueblo de Zihuatanejo y no vemos ningún inconveniente en que el gobernador done este terreno para que tengamos un parque, es cuestión de buena voluntad”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).


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Ríos Piter pidió apoyo a Figueroa: Leyva Mena

Ríos Piter pidió apoyo a Figueroa: Leyva Mena



Noé Aguirre Orozco
Zihuatanejo
El dirigente estatal del PRI, Marco Antonio Leyva Mena, reveló ayer en Zihuatanejo que Armando Ríos Piter, antes de su nominación a la diputación federal por el PRD, fue a ver al ex gobernador Rubén Figueroa “para tocarle la puerta y pedirle su apoyo”.
Entrevistado anoche después de entregar reconocimientos a miembros de la estructura electoral de su partido en el municipio, dijo respecto a las declaraciones de priístas que señalaron a Figueroa Alcocer como un cacique que vino a este distrito a imponer a su candidato Cervando Ayala, que respeta la postura de quienes lo hicieron. 
Como se recordará, priístas de La Unión, Petatlán y Zihuatanejo decidieron, pocos días antes de la elección, respaldar la candidatura de Armando Ríos Piter, alegando que había llegado Figueroa Alcocer a imponer a Cervando Ayala como candidato en el distrito 03, cuando era natural que la candidatura fuera para el dirigente municipal del PRI, Eric Fernández Ballesteros.
De lo anterior, Leyva Mena dijo que habría que ver si no fue una estrategia de Ríos Piter con ganas de tener un alto impacto en esa situación, y agregó: “lo cierto es que el señor Ríos Piter antes de su nominación fue a ver al señor Figueroa, para tocarle la puerta y también para pedirle su apoyo; pero el señor Figueroa, siempre con su militancia, respondió que le iba a ser leal a su partido”.
Agregó que el mensaje que le deja la pasada elección es de mucho ánimo pero también que no hay competencias fáciles, que todos tienen que empezar a arreglar lo que sigue con una muy buena organización y sin simulaciones, caminar sin mentiras para poder ganar, con buenos candidatos, oferta política y presidentes municipales.
Sobre el PRD aseguró que lo que viene es una gran división a su interior, provocada por la posible salida de Andrés Manuel López Obrador, “una división en la que se va a ver afectado el estado de Guerrero en la lucha de élites políticas y un advenedizo que es el señor Ríos Piter con una ambición desmedida por tratar de ser el candidato a la gubernatura, desplazando al perredismo tradicional e histórico que ya le está recriminando que nunca ha sido del PRD”.
Sobre las críticas políticas que vaticinan que con los triunfos del PRI volverán las fracturas y peleas por el poder y la candidatura a la gubernatura, contestó: “yo lo que creo es que esa es una versión de la oposición obviamente”. 


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Reporte sobre la lucha antinarco o cesará ayuda a México, plantea EU

Hillary Clinton hizo la demanda a Calderón para mantener recursos de la Iniciativa Mérida
Reporte sobre la lucha antinarco o cesará ayuda a México, plantea EU

Una delegación viajó a Washington para “aclarar dudas”, señalan funcionarios nacionales
Gustavo Castillo García
 

El gobierno de Estados Unidos ha exigido a su par de México un reporte íntegro sobre la actuación de las fuerzas federales en la lucha contra el crimen organizado en la administración del presidente Felipe Calderón, a fin de que no se cancele la entrega de recursos comprometidos en la Iniciativa Mérida por presuntas violaciones a los derechos humanos, revelaron fuentes del Consejo de Seguridad Nacional.

De acuerdo con las fuentes consultadas, enviados del gobierno mexicano han señalado a sus contrapartes que no se debe hablar de detenciones ilegales, tortura y desaparición forzada en el combate a cárteles de la droga, pues en los dos casos en que se han confirmado violaciones a las garantías individuales (Sinaloa y Tamaulipas), se ha procesado penalmente a soldados.

Los funcionarios consultados indicaron que la notificación de que será necesario que el gobierno de Calderón envíe a Estados Unidos un informe, fue realizada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, luego de que el zar antidrogas de ese país, R. Gil Kerlikowske, señaló que su nación investigaría presuntos abusos de militares mexicanos, ante un reporte del diario The Washington Post, donde se afirma que “el Ejército Mexicano ha efectuado desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en persecución de narcotraficantes”.

El Post reportó que estos abusos de militares mexicanos involucrados en la lucha antinarcóticos impulsada por el gobierno de Calderón, se propagan en diversas partes del país, desde las ciudades fronterizas hasta los campos de cultivo, y que han ocurrido sucesos en lugares como Puerto las Ollas, en Guerrero, donde una víctima cuenta cómo los soldados lo torturaron y golpearon, y también a su sobrino de 13 años, o casos en Tijuana y Ciudad Juárez, donde detenidos fueron torturados para obtener confesiones, o el caso de dos niñas violadas sexualmente por soldados, así como varias redadas y cateos ilegales.

Explicaciones mexicanas

De acuerdo con funcionarios mexicanos, el presidente Calderón envió a Estados Unidos una delegación que tiene el propósito de aclarar las dudas de Washington sobre el combate al narcotráfico y otros grupos del crimen organizado.

Las fuentes explicaron que uno de los puntos principales a tratar por los enviados es que el Ejército Mexicano no lleva a cabo prácticas violatorias de derechos humanos, a pesar de que se desarrolla un combate decidido a los grupos criminales, y que las protestas que han surgido en sitios como Tijuana, Baja California, y Monterrey, Nuevo León, y otras siete ciudades, han sido financiadas por criminales.

Agregaron que el Ejército actúa contra el crimen organizado debido a que muchas corporaciones policiales han sido sometidas, lo que ha permitido a los cárteles de la droga trasladar cargamentos de droga o distribuir enervantes, y quienes se han encargado de detener a los criminales son las fuerzas federales.

Los funcionarios señalaron que la estrategia generada desde Los Pinos ha considerado que es necesaria la participación castrense contra la delincuencia organizada, ante la necesidad de crear nuevas y mejores corporaciones policiacas, como es el caso de Chihuahua, donde se está capacitando a elementos para revertir la infiltración de delincuentes en los cuerpos locales.

Otra explicación que los funcionarios mexicanos dieron a sus contrapartes estadunidenses radica en los casos en que se ha detectado que militares han violado las garantías de los ciudadanos.

Las fuentes consultadas señalaron que en el caso ocurrido en marzo de este año en Tamaulipas, la justicia militar inició la averiguación previa GN/LAREDO/02/09, por la presunta participación de personal militar en la desaparición de tres civiles, y se determinó ejercitar acción penal contra un jefe, tres oficiales y ocho elementos de tropa por su probable responsabilidad, en agravio de los civiles Miguel Ángel Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente.

El otro caso ocurrió en junio de 2007, cuando militares abrieron fuego contra integrantes de una familia, la mayoría mujeres y niños, y mataron a cinco personas tras disparar por no haber detenido la marcha del vehículo en que viajaban cuando los soldados les ordenaron detenerse para una revisión, en el ejido Los Alamillos, Sinaloa. La justicia militar ejercitó acción penal contra tres oficiales y 16 soldados, pertenecientes al 24 regimiento de caballería motorizado.

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/11/index.php?section=politica&article=003n1pol

SATIRICOSAS

SATIRICOSAS

MANÚ DORNBIERER 

El PRI nunca se fue y el Ejército tampoco

Calderón no podría estar en el puesto que detenta si no fuera por el PRI, por Elba Esther Gordillo y desde luego por el Ejército Mexicano dentro del que corrió a arropar su ilegitimidad. Esta última razón explica la actitud de su secretario de Gobernación en Costa Rica esta semana.

Frente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 7 de julio Fernando Gómez Mont, dijo lo siguiente: “Es incorrecto que se juzgue a México por hechos que sucedieron años atrás, ya que el México de hoy es distinto al de ayer”. Se refería al caso de Rosendo Radilla Pacheco que desapareció a manos de militares en la guerra sucia de los setentas en Guerrero por escribir y cantar corridos contra el gobierno del momento, y cuyos familiares promovieron su caso ante esa Corte exigiendo justicia. El secretario de Gobernación de Calderón reconoció los hechos de la desaparición de Rosendo, pero por su boca el Estado Mexicano se negó a aceptar el caso en el contexto de la guerra sucia; es decir, sobre las otras miles de desapariciones, así como torturas y ejecuciones extrajudiciales Gómez Mont sólo fue a promover el Fuero Militar que permite vergonzosamente que México y en especial algunas regiones de algunos estados, como Guerrero, hayan sido y SEAN “cotos de caza” del Ejército.

Fernando Gómez Mont no se refirió prácticamente al caso Radilla. Se basó en el informe que entregó hace poco Felipe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el que defendió su criticada postura de utilizar al Ejército en su lucha contra el narco.

Esto significa que como Calderón sacó indebidamente al Ejército de sus cuárteles para librar su guerra que ha costado 13 mil ejecuciones sin investigacion, los mexicanos humildes deben soportar lo que al Ejército se le dé la gana como sucedía cuando un primitivo y sanguinario priísta, Rubén Figueroa Figueroa, durante la guerra sucia diezmó mediante genocidio a la clase campesina de Guerrero.

Dice Gómez Mont que México no es el mismo. Ese no es argumento para evadir hacer justicia respecto a un crimen imprescriptible como es la desaparición forzada. Pero además es una mentira. México sigue siendo el mismo. ¿Ah, no? Le ruego personalmente al secretario de Gobernación, sin mandarme al carajo, como lo hizo con los defensores de Derechos Humanos de la familia Radilla durante la emisión del noticiero matutino de Carlos Puig en W Radio el pasado jueves, tenga la paciencia de leer el siguiente COMUNICADO URGENTE y se fije especialmente en la fecha, 2009, que no 1970.

ZIHUATANEJO, A 6 DE JULIO DEL 2009

Por medio de ésta, comunicamos la irrupción de nueva cuenta de elementos del Ejército en la comunidad de Puerto Las Ollas. Aproximadamente a las 2:00 pm de este día, fuimos enterados por pobladores de la comunidad de Puerto Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán en la sierra de Tierra Caliente que, de nueva cuenta, 2 comandos iban entrando a dicho lugar. Debido a los problemas de recepción de señal vía celular fue cortada la comunicación quedando en incertidumbre la condición a la integridad física de los pobladores de Puerto Las Ollas, en su mayoría mujeres y niños que el pasado mes en fechas 9 al 13 de junio fueron atacados por más de 500 soldados en dicha comunidad, así como Las Palancas, población aledaña a 15 minutos de Puerto Las Ollas, donde también sufrieron daño en su persona por elementos castrenses.

ANTECEDENTES

Derivado de la información brindada por habitantes de la comunidad del Puerto Las Ollas y Las Palancas (municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero) respecto a una incursión militar en la zona, el día 13 de junio se realizó una Misión de Observación Civil, (MCO) en la que participaron: Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Red Manglar Internacional Sección México (RMIM), Frente Cívico de Chilapa, Centro de Derechos Humanos Morelos y Pavón, Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), y la Unión Campesina Democrática (UCD); también se sumaron corresponsales de diferentes medios de comunicación. Quedando la misión integrada por 22 personas La MCO se llevó a cabo a bordo de 5 vehículos, 4 camionetas tipo pick up y una camioneta tipo Suburban con el objetivo de constatar la presencia de elementos del Ejército Mexicano en las siguientes comunidades: Puerto Las Ollas y Las Palancas, así como verificar las condiciones de seguridad y estado de salud de los habitantes.

Aproximadamente a 36 km del tramo Vallecitos-Camalote se encontraron 2 VEHICULOS del Ejército, 1 tipo Dodge Ram doble rodada y otro Dodge Ram Charger pick up con 17 elementos (LOS 17 IBAN EN LOS DOS VEHICULOS) cada uno; un militar preguntó cuantos integraban la misión “¿Cuántos son los que van para la sierra?”, respondiendo la MCO que éramos entre 17 y 20 personas.

Minutos más tarde, a casi 1 km de la comunidad Puerto Las Ollas se encontraron 11 vehículos tipo Humvee del Ejército, de los cuales 4 iban con ametralladora montada arriba(de artillería) con los siguientes números: 0840142, 0840146, 0840150, 0840149, 0840144, 0840147, 0840242, 0840243, 0840145, 0840031, 0840148 con aproximadamente 15 soldados en cada vehiculo que llevaban pasamontañas e iban camuflados. En uno de ellos, un militar iba video grabando a los integrantes de la MCO.

Se arribó al Puerto Las Ollas a las 14:40 horas, y agrupándose en torno a los integrantes de la MCO mujeres y menores de edad (en su mayoría niños), que al ver llegar la caravana comenzaron al mismo tiempo a denunciar y relatar los actos vividos desde el pasado martes 9 hasta este día 13 del presente.

Minutos más tarde se llevó a cabo una entrevista colectiva, en la cual estuvieron diversos medios de prensa, participando 12 mujeres y 22 menores, quienes de manera individual fueron dando la descripción de los hechos a la MCO. No se encontró la presencia de los varones en el Puerto Las Ollas puesto que huyeron a esconderse por temor a los soldados. En la supervisión a las viviendas afectadas se hallaron destrozos, como testimoniales de saqueo a varias de estas. La encargada de la tienda CONASUPO, mujer de aproximadamente 30 años y en estado de embarazo relata como fue que saquearon y revolvieron la mercancía guardada en dicha tienda, con lujo de violencia, y dejando pérdidas al dañar cajas con víveres, a su vez, le gritaron, ofendieron, y agredieron físicamente empujandola violentamente entre ellos y contra las paredes de madera de la tienda. Una habitante reportó que a su hijo Omar García, de 14 años de edad, fue torturado el día martes 9 en que arriban los soldados dándole toques eléctricos en el cuerpo, vendado de ojos, tapado de la cabeza con bolsa de plástico, golpes en diversas partes del cuerpo, amenazas de castración, dejándolo en estado convulsivo por la tortura efectuada, cabe enfatizar el joven aún herido huyó al monte con los demás hombres por temor a seguir siendo herido y torturado.

En la tercera casa relataron que pernoctaron durante los 4 días militares, destrozando y revisando muebles y cajas de ropa y llevándose objetos de uso personal (joyas, cosméticos, etc). Se encontró una cuatrimoto destrozada, la cual fue arrollada con las camionetas doble rodada propiedad del Ejército. Se recabó la denuncia de civiles armados y encapuchados jugando pelota con los militares sin ser de la comunidad. A pesar de encontrarse armados no fueron molestados por los militares. Los habitantes dijeron que iban con los militares para señalar gente.

En esta comunidad un hombre, de 30 años de edad, que sufre secuelas de un derrame cerebral desde hace 2 años, reporta tortura y golpes (piquetes de agujas debajo de las uñas de los dedos de la mano, golpes con ambas palmas de mano en sus oídos, le cubrieron rostro con bolsa de plástico, golpes en las sienes, costillas, amenazas de toques eléctricos en pezones). Un civil de aproximadamente 50 años, fue perseguido en las afueras del poblado, en repetidas ocasiones siendo balaceado logrando huir ileso, posteriormente, al regresar al lugar rescató 6 casquillos de arma calibre 7.62 mm.

En voz del pastor y secretario del Consejo de Administración Ejidal, Modesto Rauda Wences, atestiguó que su hermano fue herido y balaceado teniendo que huir.

Cabe remarcar que en las dos comunidades se constató el hecho de la ausencia de casi todos los hombres ante la llegada de elementos del Ejército.

Con base en las observaciones y testimonios de los habitantes de las comunidades La Palancas y Puerto las Ollas, consideramos que el Ejército incurrió en actos anticonstitucionales y violó los derechos humanos de los habitantes de dichos lugares.

Se cometieron actos de tortura: amenazas–. Disparos con armas de fuego de alto poder hacia las comunidades y las personas; amenazas de muerte y torturas amenazas apuntando con arma de fuego y preparando el arma para disparar. Humillaciones: ofensas y discriminación a las mujeres y menores. Toques eléctricos en el abdomen a hombres y adolescentes, Impedir tomar alimentos a los habitantes de las comunidades. Impedir que entraran a sus casas a cambiarse. Los soldados robaron alimentos y dinero y pertenencias de uso personal.

Ante lo expuesto, de nueva cuenta exigimos al Gobierno federal, al Congreso de La Unión, la CNDH, así como las diversas instancias y organismos internacionales, a todos los medios de prensa, Organizaciones No Gubernamentales, Movimientos Sociales, Colectivos, Intelectuales, la Comunidad Artística, y a ciudadanos en general estar atentos ante el clima de inseguridad creado por la militarización en el Estado de Guerrero y en el cual, la negligencia de y cobijo a tales violaciones en los Derechos Humanos es solapada por Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador del estado.

Y exigimos, regrese el Ejército a sus cuarteles y se respeten los Derechos Humanos y las Garantías Civiles de los Guerrerenses.

Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG) RMI-Hercilia Castro Tadeco-Javier Monroy CETEG-Luis Muñoz

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/11/index.php?section=opinion&article=002o1pol

Minimiza Torreblanca los abusos del Ejército en Puerto las Ollas

“Soy un izquierdista revolucionario medio soñador”, dice a prestadores de servicios
Minimiza Torreblanca los abusos del Ejército en Puerto las Ollas

Se debe reconocer la labor de los soldados, que están “atentos” al desarrollo del estado

Por recortes, cerrarán oficinas centrales de gobierno y cancelan 500 plazas de policía

LAURA REYES Y CORRESPONSALIA

Pese a que los abusos del Ejército en Puerto las Ollas son investigados por el gobierno de Estados Unidos, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo los minimizó al considerarlos “meros trascendidos” a los que no responderá “para no caer en dimes y diretes”, además de insistir en su defensa al decir que el trabajo de los militares en el estado se enfoca en el combate al narcotráfico, lo que ha sido señalado por las organizaciones sociales como un pretexto para militarizar y reprimir zonas específicas del estado.

Entrevistado al finalizar el acto del Día del Abogado, en Acapulco, el gobernador dijo que no responderá a esos “trascendidos en los medios de comunicación” porque sería una actitud irresponsable y de falta de seriedad; sin embargo, reiteró que su administración hará todo lo posible para garantizar los derechos humanos de la población.

“No podemos caer en dimes y diretes, me parece poco serio”, sostuvo Torreblanca brevemente.

Cuando fue cuestionado sobre que esas violaciones a los derechos humanos fueron publicadas como nota principal en el influyente periódico estadunidense The Washington Post, que destacó los abusos militares en Puerto las Ollas, el mandatario dio por terminada la entrevista; incluso, de acuerdo con información que dio a conocer La Jornada, esas faltas podrían ser causante de que Estados Unidos suspenda la asignación de millones de dólares para la Iniciativa Mérida.

Los “trascendidos” referidos por el mandatario son declaraciones de los habitantes de esa comunidad, ubicada en Coyuca de Catalán, quienes denunciaron a La Jornada Guerrero un nuevo ingreso de convoyes militares entre el pasado martes y miércoles para obligarlos a firmar un documento en el que se que retractaban de las acusaciones por los cuatro días de sitio que sufrieron. En ese periodo los soldados torturaron física y sicológicamente a la población, robaron y destruyeron viviendas y enseres.

Un soñador que defiende militares

En Taxco, el mandatario se reunió con prestadores de servicios turísticos. Ahí, cambió el tono de su discurso y se definió “un izquierdista revolucionario medio soñador, que está dispuesto a revolucionar el estado”.

En la ciudad colonial la defensa al cuerpo castrense fue más recalcitrante, porque avaló su actuación en el estado, y demandó que se reconozca la labor de los soldados, “esperaría que reconociéramos la labor positiva que el Ejército tiene en Guerrero”.

Aunque en otro momento habló de castigar abusos de cualquier corporación, insistió en que se debe reconocer al Ejército porque es “garante de la soberanía”.

A pesar de las constantes denuncias por atropellos, Torreblanca Galindo ve “un Ejército atento al desarrollo de la entidad, al combate a la siembra de estupefacientes, al apoyo de los desastres naturales y al apoyo de la alfabetización, claro que lo avalo”.

Cancelan 500 plazas de policía

Asimismo, el gobernador anunció que con el recorte presupuestal de mil 908 millones de pesos, el gobierno del estado tendrá que reducir sus gastos, así como eliminar 500 plazas de policías programadas para este año.

Adelantó que cerrarán las oficinas centrales de gobierno durante 15 días, aunque no precisó la fecha; también habrá ahorros adicionales en el uso de líneas telefónicas, viáticos y modificaciones en las nóminas.

Además, calificó de solidaria la decisión de los diputados locales, de hacer un recorte de 20 por ciento en su salario, por la crisis”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/11/index.php?section=sociedad&article=006n1soc

 


viernes, 10 de julio de 2009

Mexico Accused of Torture in Drug War

Mexico Accused of Torture in Drug War

Army Using Brutality To Fight Trafficking, Rights Groups Say

Washington Post Foreign Service
Thursday, July 9, 2009

PUERTO LAS OLLAS, Mexico -- The Mexican army has carried out forced disappearances, acts of torture and illegal raids in pursuit of drug traffickers, according to documents and interviews with victims, their families, political leaders and human rights monitors।

From the violent border cities where drugs are brought into the United States to the remote highland regions where poppies and marijuana are harvested, residents and human rights groups describe an increasingly brutal war in which the government, led by the army, is using harsh measures to battle the cartels that continue to terrorize much of the country.

In Puerto Las Ollas, a mountain village of 50 people in the southern state of Guerrero, residents recounted how soldiers seeking information last month stuck needles under the fingernails of a disabled 37-year-old farmer, jabbed a knife into the back of his 13-year-old nephew, fired on a pastor, and stole food, milk, clothing and medication।

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/08/AR2009070804197.html?hpid=topnews

Critican que Zeferino celebra que está en la Coidh el caso Radilla y defiende al Ejército

Critican que Zeferino celebra que está en la Coidh el caso Radilla y defiende al Ejército


El coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) en Acapulco, Raymundo Díaz Taboada, consideró como una “inconsistencia” las declaraciones del gobernador Zeferino Torreblanca acerca de que celebra que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva el caso del papá de Tita Radilla y por otra parte apruebe la presencia de los militares si hay muchas quejas.
Consultado al respecto sostuvo que “hay una inconsistencia en sus declaraciones de que quiere que se resuelva el caso que sucedió hace 30 años, cuando la situación de las quejas en contra de militares en la actualidad son más frecuentes y hacen acciones de policías que no le corresponden”, argumentó.
El miércoles en declaraciones el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, celebró que los crímenes del pasado se resuelvan en instancias internacionales, como la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco –dirigente campesino en Atoyac, papá de la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Afadem, Tita Radilla–; sin embargo defendió que aún siga la presencia militar en Guerrero.
Dijo que de nada sirve que México firme los tratados internacionales si no se van a respetar, pues dijo que las leyes se tienen que adecuar de manera que se lleven a la práctica y los soldados sean juzgados por las autoridades civiles, que ya no se patrulle las calles al menos que sean “circunstancias especiales” o hechos que ameriten su presencia.
“No es válido que se firmen tratados internacionales y no se comprometan con el pueblo a respetar sus derechos, México ha firmado muchos convenios y tiene la obligación de acatar las resoluciones y no desviar la atención con el fuero militar” argumentó.
Recordó que cuando desaparecieron los dos dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, días antes el Ejército realizó varias operaciones en casas en el municipio de Ayutla; como lo hace ahora en la comunidad de Puerto Las Ollas, Costa Grande, violando los derechos humanos de los indígenas.
Finalmente abundó que el Ejército no debe realizar acciones de policías como lo hace, pues para eso están las corporaciones policiales preventivas que deben de prevenir el delito y los militares deben permanecer para otro tipo de casos de seguridad nacional। (Aurora Harrison).

http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=62336

Preocupan a la Casa Blanca los abusos de militares; difunden en EU un caso de la sierra de Guerrero

Preocupan a la Casa Blanca los abusos de militares; difunden en EU un caso de la sierra de Guerrero


Jesús Esquivel / Agencia Proceso

Washington

La Casa Blanca y el Congreso federal de Estados Unidos expresaron su “preocupación” por las miles de denuncias sobre tortura y violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, informó en su edición de este jueves el diario estadounidense The Washington Post.
En una audiencia celebrada en el Capitolio, para analizar el crecimiento de las redes de operación de los cárteles de la droga en México, Gil Kerlikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas de la Casa Blanca, afirmó que habló con el gobierno de México “y sé que las acusaciones están siendo analizadas con mucha seriedad”.
De acuerdo con el artículo de primera plana de The Washington Post –especialista en temas de la Casa Blanca y cuyo reportaje sobre el Watergate llevó en 1970 a la caída del presidente Richard Nixon– el Ejército mexicano, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, ha instrumentado la desaparición forzada de personas, así como actos de tortura y redadas ilegales, acciones que juntas recopilan más de 2 mil demandas, mismas que ya investiga la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En entrevista con el diario estadunidense, el secretario de Gobernación mexicano, Fernando Gómez Mont, reconoció que las Fuerzas Armadas no están actuando de manera apropiada, pero los casos de violaciones a las garantías individuales, dijo, “son esporádicos”.
Añadió: “Honestamente, el gobierno (de Felipe Calderón) cree que no existen incentivos para el abuso”.
Fechado en Puerto Las Ollas, un pueblo de la sierra del estado de Guerrero y del municipio de Coyuca de Catalán, el artículo de The Washington Post menciona que, debido a los actos de tortura en los que incurre el Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos podría detener los fondos que comprometió para financiar la instrumentación de la llamada Iniciativa Mérida.
“Funcionarios del gobierno de Estados Unidos –prosigue– advirtieron que las acusaciones de abusos podrían llevar al Congreso federal a detener más de 100 millones de dólares en asistencia antinarcóticos al gobierno de México”.
Por separado, miembros del Congreso federal señalaron que el gobierno del presidente Barack Obama debe tomar acciones urgentes ante las acusaciones que pesan sobre el Ejército mexicano.
Edophus Tonos, representante demócrata por el estado de Nueva York y presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, manifestó que “al tiempo que continúan los esfuerzos de México para afrontar la amenaza de las drogas, nosotros debemos ser muy claros de que son intolerables los abusos cometidos por el Estado (mexicano), y quisiera conocer más sobre los hechos relacionados con este artículo (del Washington Post)”.
Por su parte, el congresista republicano por el estado de California, Darrell Issa, señaló: “Aquí en el Congreso vamos a solicitar que se haga un seguimiento exhaustivo a la investigación sobre estas acusaciones contra el Ejército mexicano. No debe haber excusas sobre el mal uso del dinero de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, y mucho menos cuando se trata de acusaciones de violación a los derechos humanos en México”.
El diario destaca que la CNDH tiene documentados 26 casos de abuso y tortura cometidos por las Fuerzas Armadas mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, 17 de los cuales involucran tortura, como asfixia con bolsas de plástico colocadas en la cabeza de las personas, y toques eléctricos aplicados en los genitales de presuntos sospechosos de narcotráfico.
Al respecto, Gómez Mont señaló que el Ejército mexicano investiga 15 casos de abusos a los derechos humanos, de entre los cuales se han presentado cargos formales contra un oficial y cuatro soldados.

Se tambalea la iniciativa Mérida

Como parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos comprometió mil 400 millones de dólares para apoyar a los gobiernos de México y de Centroamérica en la lucha contra el narcotráfico.
De esos mil 400 millones, el desembolso de aproximadamente 100 millones de dólares para México está condicionado a que el Departamento de Estado certifique que las fuerzas militares o policiales mexicanas que se benefician con la Iniciativa Mérida no están involucradas en casos de violaciones a los derechos humanos, de lo contrario, el financiamiento se suspende.
“Los requerimientos incluyen el proceso judicial de presuntos violadores de los derechos humanos. Se prohíbe obtener declaraciones de presuntos sospechosos bajo tortura y se requiere que el gobierno (mexicano) lleve a cabo consultas regulares con grupos independientes que defienden los derechos humanos”, menciona The Washington Post.
En lo que se refiere a Puerto las Ollas, una población con aproximadamente 50 habitantes, el rotativo destaca que el pasado 9 de junio arribó al pueblo un grupo de soldados mexicanos, quienes disparando su rifles de alto poder, intimidaron a la población y detuvieron a un campesino incapacitado de 37 años de edad, de nombre Jaime César Acosta.
A ese hombre, continúa, a quien golpearon y torturaron metiéndole agujas debajo de las uñas, también lo amenazaron con violarlo y matarlo si no les daba información relacionada con el narcotráfico en la entidad.
Y destaca: “Las fuerzas de seguridad mexicanas desde hace mucho tiempo tienen un dudoso historial respecto de los derechos humanos, pero las crecientes acusaciones de abusos parecen ser un respuesta directa al salvajismo desatado por los cárteles del narcotráfico, después de que el presidente Felipe Calderón pusiera al Ejército a cargo de la guerra contra las drogas”.

http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=62332

Indagará EU abusos de militares mexicanos en la lucha antinarco

El Ejército ha violado derechos humanos, torturado y desaparecido gente: Washington Post
Indagará EU abusos de militares mexicanos en la lucha antinarco

Si se prueban, el Congreso de ese país podría congelar millones de dólares de la Iniciativa Mérida


David Brooks
Corresponsal

Washington, 9 de julio. El zar antinarcóticos, el Departamento de Estado y legisladores expresaron preocupación por las cada vez más numerosas acusaciones de abusos contra derechos humanos –incluidas tortura, desapariciones y violaciones sexuales– cometidos por militares en la lucha antinarco en México.

“Las acusaciones son muy serias”, declaró a la prensa el director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca, conocido como zar antinarcóticos, R. Gil Kerlikowske, quien añadió: “Abordé el tema con el gobierno de México y he hablado con el Departamento de Estado”.

Otros altos funcionarios del gobierno de Barack Obama y legisladores demócratas y republicanos también subrayaron que lo reportado es “muy serio”, y se investigará. El gobierno de México podría perder millones de dólares en asistencia estadunidense a la lucha antinarcóticos, si se confirma un extenso patrón de abusos contra derechos humanos bajo las condiciones de la Iniciativa Mérida.

A la vez, altos funcionarios de la Casa Blanca reiteraron hoy su confianza en que el gobierno de Felipe Calderón no sólo está enfrentando a los poderosos y violentos cárteles de una manera sin precedente, sino también avanzando en consolidar las instituciones gubernamentales, controlando cada vez más las amenazas de la corrupción y los abusos contra derechos humanos.

El nuevo secretario asistente de Seguridad Interna encargado de asuntos fronterizos –zar de la frontera–, Alan Bersin, dijo a reporteros que se toma muy en serio estas acusaciones, pero “tenemos que asegurar que existan pruebas… se tienen que conseguir”, y advirtió que “no hay que brincar a conclusiones”. Indicó que algo positivo es que estas cosas “no se están ocultando”, y que México –como lo ha hecho Estados Unidos en otros momentos– está desarrollando las instituciones necesarias para enfrentar estos problemas.

Lo que detonó estas declaraciones fue un amplio reportaje publicado hoy como nota principal del Washington Post, donde se afirma que “el Ejército Mexicano ha llevado a cabo desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en persecución de narcotraficantes”. El Post reporta que estos abusos de militares mexicanos involucrados en la lucha antinarcóticos impulsada por el gobierno de Calderón, se propagan en diversas partes del país, desde las ciudades fronterizas hasta los campos de cultivo.

El reportaje narra sucesos en lugares como Puerto las Ollas, en Guerrero, donde una víctima cuenta cómo los soldados lo torturaron y golpearon, y también a su sobrino de 13 años de edad, o casos en Tijuana y Ciudad Juárez, donde detenidos fueron torturados para obtener confesiones, o el caso de dos niñas violadas sexualmente por soldados, así como varias redadas y cateos ilegales.

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Edolphus Towns, afirmó hoy en una reunión sobre esfuerzos estadunidenses para enfrentar a los cárteles mexicanos, que mientras se elogia el esfuerzo del gobierno de México al confrontar la amenaza del crimen organizado y su violencia, “hay una nota de primera plana en el Washington Post de hoy con el título ‘México acusado de tortura en la guerra contra la droga’. Tenemos que dejar en claro que los abusos desde el Estado son igualmente intolerables. Buscaré entender más sobre los hechos en relación con este reportaje, al proceder la investigación de este comité”.

El Post señala que el gobierno mexicano reconoce que han ocurrido abusos, pero sostiene que los casos son aislados y hasta indica que los propios narcotraficantes podrían estar acusando al Ejército de tortura y otras violaciones, como parte de su propaganda contra el gobierno.

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, declaró al Post que existen abusos. “Sé que las fuerzas armadas no están actuando de manera inapropiada, aunque sí ha habido algunos casos. El gobierno honestamente cree eso. No hay incentivos para el abuso”.

El diario señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice tener más de 2 mil quejas sobre el Ejército, unas 140 mensuales durante este año, y que ese organismo ha logrado confirmar 26 casos de abuso, incluida tortura.

Funcionarios estadunidenses afirmaron al Washington Post, como lo hicieron hoy en una audiencia ante el Congreso, que están confiados en que el presidente Felipe Calderón está llevando a cabo una lucha sin precedente contra el narcotráfico, y que dentro de ello está impulsando medidas que mejorarán la efectividad y honestidad, como también el respeto de derechos humanos entre las fuerzas de seguridad.

Voceros del Departamento de Estado declararon a La Jornada que siempre “tomamos muy seriamente toda denuncia de tortura” u otros abusos contra derechos humanos, y “de manera constante discutimos nuestras preocupaciones con nuestras contrapartes mexicanas”. Subrayaron que el presidente Calderón está enfrentando de manera “valiente”, a los cárteles mexicanos, y que en todo ese esfuerzo también se comparte una preocupación de ambos gobiernos por el respeto a las garantías en esta lucha.

Sin embargo, algunos funcionarios estadunidenses indicaron al Post que las acusaciones sobre abusos y la impunidad podrían llevar a que el Congreso de este país congele millones de dólares en asistencia antinarcóticos para México.

Las condiciones de la Iniciativa Mérida, el plan de asistencia antidrogas con un presupuesto total de 1.4 mil millones de dólares, lanzado en 2007, establecen que un 15 por ciento de los fondos no pueden ser entregados hasta que el Departamento de Estado informe al Congreso que México ha avanzado en materia de respeto a los derechos humanos, incluyendo la fiscalización de los acusados de violaciones, la prohibición del uso de declaraciones extraídas por tortura y consultas constantes con agrupaciones de derechos humanos.

Poco más de 90 millones de dólares asignados a México por medio de la Iniciativa Mérida no podrán ser liberados sin que el Congreso acepte las conclusiones del informe del Departamento de Estado; otros 24 millones también están sujetos a estas condiciones en el presupuesto suplementario promulgado por Obama a fines del mes pasado.

Ese informe será entregado al Congreso próximamente, según informaron voceros del Departamento de Estado a La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/10/index.php?section=politica&article=003n1pol

Soldados intentaron obligar a gente de Puerto Las Ollas a negar abusos

Toman video y fotografías a los pobladores, denuncian
Soldados intentaron obligar a gente de Puerto Las Ollas a negar abusos

CITLAL GILES 

Habitantes de Puerto Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán denunciaron que los dos convoys de militares que ingresaron al pueblo al mando del comandante Mendoza, intentaron obligarlos a firmar un documento en el que negaban todo hecho de agresión y hostigamiento a manos de las fuerzas castrenses durante los cinco días que permanecieron en la comunidad. 

Este miércoles, el representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Bertoldo Martínez Cruz, así como la representante de la Red de Manglar Internacional, Hercilia Castro Balderas, subieron a la comunidad de Las Ollas a levantar los testimonios de los habitantes, y en esa ocasión, reveló Castro Balderas, encontraron a los hombres de la comunidad, quienes bajaron de los cerros donde se esconden cuando llegan los militares.

Castro informó que el lunes y martes cuando entraron por segunda y tercera ocasión a la comunidad, los militares les hicieron saber a los habitantes que no creían las declaraciones que habían vertido a la prensa, a las organizaciones y a la Comisión de Defensa Derechos Humanos (Coddehum) sobre las diversas agresiones que recibieron por parte de los soldados cuando entraron por primera vez los días del 9 al 15 de junio de este año.

De hecho, reveló que el representante del Consejo de Vigilancia del Ejido del Río Frío, Modesto Rauda Wences, denunció que los soldados los querían obligar a firmar un documento donde negaban que el Ejército había atacado del 9 al 13 de junio. 

Asimismo, dijo que los habitantes denunciaron que los militares estuvieron todo el tiempo tomando video y fotografías a todas las casas, a los niños y a las mujeres así como a tres hombres, entre ellos el niño Omar García que fue uno de los que torturaron los militares en la primera incursión.

“Las mujeres están preocupadas por este hecho y temen por su seguridad”, comentó Castro Balderas.

Denunció que los soldados cuestionaron a los habitantes sobre cómo le hacen para mandar traer tanto a gente de la Coddehum como a la prensa, y en tono de burla les preguntaron que si creían que lo que pasaba en su comunidad era tan importante como para trascender más allá de Las Ollas.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/10/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

Acude al DIF la madre del niño torturado en un taller mecánico de Acapulco

Se evaluará su situación para ver si le entregan la custodia
Acude al DIF la madre del niño torturado en un taller mecánico de Acapulco

HECTOR BRISEÑO 

Autoridades del DIF municipal dieron a conocer que la madre del niño que fue torturado en el taller mecánico de la colonia Vista Alegre se presentó a sus oficinas.

Al respecto, la procuradora de Defensa del Menor y la Familia del DIF municipal, Leticia Román Maurel, explicó que la madre del niño acudió a las instalaciones del DIF municipal en la colonia Hogar Moderno, la tarde del martes, acompañada por un familar, después de enterarse en los medios de comunicación de la localización de su hijo, “lo que hicimos nosotros fue remitirla al Ministerio Público para que presente su declaración, y en tanto la autoridad no decrete otra cosa, la mamá no va a poder ver al niño”, y aclaró que para ello suceda, tendrá que transcurrir un periodo de observación y evaluación de la actitud del niño y la madre.

Román Maurel detalló que el niño permanecerá en uno de los albergues del organismo, en tanto no se esclarezcan los motivos que lo llevaron a escaparse de su casa, aunque adelantó que “si el niño de 11 años escapó de su hogar, de acuerdo al primer análisis que hemos efectuado, es por el maltrato y descuido que sufría”.

La funcionaria explicó que según los primeros reportes de sus investigaciones, el infante escapó de su casa –ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio– por el maltrato que sufría por parte de su padrastro, así como por el descuido de su madre, por lo que “no sería conveniente que regrese a su casa si provenía de un núcleo familiar con este tipo de problemas y poco propicio”.

Leticia Román adelantó que el niño permanecerá bajo el cuidado del DIF, donde los médicos y sicólogos de la institución seguirán la evolución del menor, quien recibirá pláticas, cursos y los cuidados correspondientes.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/09/index.php?section=sociedad&article=007n2soc

Aguas Blancas debe ir a la Corte Interamericana: Torreblanca

Celebra el gobernador que el caso de Rosendo Radilla haya llegado a esa instancia
Aguas Blancas debe ir a la Corte Interamericana: Torreblanca

Debe conocerse la verdad histórica del periodo del ex gobernador Figueroa, afirma

El Ejecutivo valorará si la PGJE atrae investigación por abusos militares en Puerto las Ollas

MARGENA DE LA O 

Chilpancingo, 8 de julio. Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzara el juicio por el caso Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido durante la guerra sucia, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo dijo estar de acuerdo en que la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas sea juzgado en el mismo tribunal.

Se informó ayer que el Estado mexicano es juzgado por la Corte Interamericana por la desaparición forzada de Radilla Pacheco, quien fue detenido en un retén militar en Acapulco, el 25 de agosto de 1974, y visto por última vez en el ex cuartel de Atoyac.

Al respecto, el gobernador celebró el proceso, consideró oportuno que sean las vías legales e institucionales que permitan conocer las verdades de una época –en este caso, la guerra sucia– de la que deben sentirse “muy avergonzados” los guerrerenses y mexicanos en general.

Dijo que es conveniente que las instancias internacionales determinen el grado de responsabilidad y culpabilidad del gobierno de ese entonces, no sólo por el caso de Rosendo Radilla, sino por todo periodo que marcó al estado.

“Qué bueno que Tita (Radilla, hija de Ronsendo Radilla) haya persistido en el caso de su padre y otro casos”, opinó el Ejecutivo, luego de que ayer ella denunciara que la investigación por la desaparición fueron parciales, ya que las hicieron soldados, acusados de detener a Radilla Pacheco.

A propósito del tema, Torreblanca indicó estar de acuerdo que casos como el de la masacre de Aguas Blancas –ocurrida el 28 de junio de 1995, durante el gobierno del priísta Rubén Figueroa Alcocer– también se resuelvan en esas instancias, “que se conozca la verdad histórica de lo que se vivió y sucedió; insisto, tenemos esta gran ventaja para ventilar los temas que seguramente podrán marcar esta etapa de la historia, sobre todo de los jóvenes, que no vivieron ni entendieron esa parte”.

En la conferencia que ofreció en las oficinas centrales de gobierno, otro de los temas de los que se le preguntaron fue la incursión –por tercera ocasión– del Ejército en la comunidad serrana Puerto las Ollas, que para habitantes y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) es sospechosa, el mandatario estatal aseguró que será vigilante del actuar de las fuerzas militares, pero evadió precisar si la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se hará responsable de las investigaciones de los atropellos perpetrados por los soldados.

El gobernador aseguró que si se constatan nuevas tropelías de los militares, seguirá denunciando, pues sostuvo que ninguna corporación debe abusar o violentar el estado de derecho y los derechos individuales de los ciudadanos.

No obstante, también se manifestó porque los soldados actúen en el estado para combatir la delincuencia organizada.

Adelantó que si hay algún caso de violación a las garantías en el que la PGJE deba actuar, según las recomendaciones de la Coddehum, su gobierno tendrá que valorar si procede o no, “nosotros también tenemos derecho a opinar”.

Los militares antier y ayer estuvieron en Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, pero a diferencia de las irrupciones del mes pasado, cuando iban en busca de grupos guerrilleros, esta ocasión, aparentemente, investigarían los daños que habían causado los del batallón 40.

“Estaremos atentos para que a aquél que viole los derechos de los habitantes se le aplique la ley, trátese de quien se trate”, insistió Torreblanca.


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miércoles, 8 de julio de 2009

La PGJE debe investigar tropelías de soldados, no el Ejército, señala Alarcón

Es sospechosa la presencia de militares en la sierra, advierte
La PGJE debe investigar tropelías de soldados, no el Ejército, señala Alarcón

MARGENA DE LA O 

Chilpancingo, 7 de julio. El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, llamó al gobierno estatal para que, mediante sus oficinas de procuración de justicia, levante las denuncias de agresiones contra habitantes de Puerto las Ollas, y no los militares –como hicieron ayer–, porque la presencia de los soldados en la sierra es sinónimo de sospecha de violación a las garantías.

Los habitantes y la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) denunciaron la presencia de militares en esa comunidad serrana de Coyuca de Catalán, que a diferencia de las irrupciones del mes pasado, cuando iban en busca de grupos guerrilleros, esta ocasión, aparentemente, investigarían los daños que habían causado los del batallón 40.

Los soldados que recogieron datos de los habitantes de Puerto las Ollas, con sus nombres y referencias, eran integrantes de los batallones 19, 40 y 56.

Entrevistado en su oficina al respecto, Alarcón se apresuró a decir que está programada otra visita con organismos y organizaciones sociales a la comunidad, para conocer detalles de esta reciente incursión, así como la del mes pasado.

Recordó que el PRD también pidió al organismo la investigación de las agresiones, además de que la Coddehum ha exigido medidas cautelares para los pobladores.

Consideró que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debe investigar las torturas, vejaciones, robos y destrucción que padecieron los pobladores por el sitio de militares durante cuatro días en las comunidades serranas, principalmente Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, de la región de Tierra Caliente, ubicado entre los límites con la Costa Grande.

Aunque no se conocía de más violaciones con esta nueva incursión, insistió en que es sospechosa la presencia militar en Puerto las Ollas: “aunque actuaran de buena fe, hay ciertas dudas sobre la participación de Ejército investigando a sus propios elementos”.

El ombudsman opinó que los militares se adjudican las investigaciones posiblemente para castigar a quienes cometieron los atropellos, no obstante, consideró que eso no es válido, porque si hay elementos civiles debe ser la autoridad correspondiente la que determine y castigue.

Enfatizó que la Coddehum está en espera de que los organismos y organizaciones sociales que visitarán la sierra le indiquen el día, pero consideró que debe ser pronto.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/08/index.php?section=sociedad&article=008n2soc


 

Anuncia ONG un taller para que las familias de La Morena, sierra de Petatlán, conozcan sus derechos

Anuncia ONG un taller para que las familias de La Morena, sierra de Petatlán, conozcan sus derechos



Brenda Escobar

Zihuatanejo

El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, anunció aquí que este miércoles y jueves esa organización no gubernamental impartirá un taller sobre derechos humanos a los vecinos de la comunidad La Morena, ubicada en la sierra de Petatlán, con el objetivo de que conozcan sus derechos para que aprendan a defenderse cuando a ese poblado lleguen militares o cualquier corporación policiaca.
Ayer, en conferencia de prensa en la casa de huéspedes La Playa, en esta ciudad, Monroy explicó como antecedentes que La Morena, es la comunidad de origen del campesino Javier Torres Cruz, miembro de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Agregó que el 19 de septiembre de 2007, Torres Cruz, junto con su tío Isaías Torres, denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que el ex alcalde de Petatlán y ex líder ganadero, Rogaciano Alba Álvarez, envió a los sicarios que asesinaron a la abogada defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido en la ciudad de México en 2001.
Indicó que como consecuencia de esa denuncia, el 13 de noviembre de 2008 en la madrugada, “las familias de la comunidad La Morena fueron sujetas a un operativo militar al mando del mayor Rojas Arizmendi o Rojas Méndez, con unos 100 elementos del 19 Batallón de Infantería en el que entraron y catearon casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz y amenazaron a las mujeres”.
El 3 de diciembre de 2008, Javier Torres Cruz fue detenido por militares en un retén, en San Luis La Loma, municipio de Tecpan de Galeana y durante 10 días estuvo en calidad de desaparecido, hasta el 13 de ese mismo mes cuando todo golpeado logró llegar a su comunidad y hasta dos días después, sus familiares anunciaron que se había escapado y que estaba con vida.
Monroy Hernández dijo que fue en una visita a esa comunidad el 20 de diciembre del año pasado, cuando la familia Torres solicitó asesoría para la gestión de diversos servicios y apoyos gubernamentales que son necesarios en ese poblado y que en respuesta a esa petición, el Tadeco pondrá en marcha ahí el proyecto Construcción de alternativas de desarrollo comunitario y superación de la pobreza, en base a la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en comunidades indígenas, rurales y suburbanas de Guerrero.
Indicó que la intención es crear en La Morena un módulo de Desarrollo Comunitario donde se formen promotores sociales con perspectiva en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para que a su vez, orienten a los demás habitantes de esa comunidad “con este módulo pretendemos también romper el aislamiento y hotigamiento en que vive desde hace años esta comunidad, contribuir a la reintegración plena de sus habitantes, con todos sus derechos a la vida familiar, comunitaria, regional y municipal y blindar a la familia Torres de cualquier violación de sus derechos, en tanto se logra que las autoridades les extiendan las medidas cautelares reiteradamente reclamadas para ellos”.
A pregunta expresa sobre de qué le servirá a la familia Torres y a los habitantes de La Morena conocer sus derechos ante las constantes intromisiones de militares en esa comunidad, el coordinador del Tadeco manifestó que “ustedes saben que la primera forma de defendernos es saber cuáles son nuestros derechos; actualmente muchos compañeros lo están haciendo (orientar a los ciudadanos) han logrado que los ciudadanos cuando ven la presencia militar, en primer lugar no se aterroricen, y que en segundo lugar busquen establecer un diálogo con los grupos militares o policiacos que acuden y en ese diálogo recomendamos y que ya hacen en algunas comunidades es pedir identificación, preguntar los motivos por los cuales se da la presencia militar ahí, señalar que están en comunicación con organismos de defensa de derechos humanos, que no están solos”.
“Protegerse, poner a salvo su integridad es algo que a todos les hemos repetido, que no se expongan, que no se violenten, que no traten de defender cosas materiales, porque finalmente esas cosas materiales se sustituyen o finalmente no son indispensables para la vida; dejar en un momento dado si la impunidad con la que actúan los grupos no les permiten establecer diálogo y establecer una protección de sus pertenencias, por lo menos garantizar la seguridad de sus personas”.
Monroy consideró que con esta información, contribuirán a que los servicios que son necesarios en esa comunidad, “no se pidan como limosna, como favor, sino que se exijan”, y citó como ejemplo que en La Morena, hacen falta sólo nueve postes para que los habitantes de ese lugar cuenten con energía eléctrica, “el Ayuntamiento no ha hecho las gestiones para llevar la luz a La Morena porque es parte de la estrategia de que la población se canse y emigre”.
“Lo mismo pasa con el puente; han hecho puentes por todos los alrededores de las comunidades de La Morena, menos en La Morena, porque de esa manera los mantienen más aislados; hace falta un teléfono rural, en La Morena no hay porque el Ayuntamiento ha evitado que se dé, en otras palabras, queremos animar a los habitantes a que se atrevan a exigir estos derechos, creo que esa puede ser nuestra contribución”.
Estableció que “nosotros no vamos a resolverle la vida a los habitantes de La Morena, nosotros les vamos a informar, les vamos a decir qué es lo que pueden hacer a partir del conocimiento de sus derechos, si la comunidad de La Morena decide trascender sus demandas a una lucha legal y positiva para mejorar sus condiciones de vida, van a contar con nuestro apoyo”.
En esta conferencia de prensa estuvieron presentes la secretaria de la Red de Organismos y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo, Rogaz, Hercilia Castro Balderas; el dirigente municipal del PRD en Zihuatanejo, Mauricio Cancino González; la vocera del ejido El Rincón, María Angelina Camarena Oregón; el representante de la organización Crees que es un Sueño, Manuel Valle González; y la defensora del cerro El Huamilule, Isabel Garibo Vargas. 

 


http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=62196

Comienza el juicio contra México por la desaparición de Radilla

Se presentan Tita y Rosendo Radilla a dar sus testimonios en la Corte Interamericana
Comienza el juicio contra México por la desaparición de Radilla

Investigaciones fueron parciales porque se hicieron en tribunales militares, base del caso

También llevan a Costa Rica quejas por hostigamiento contra la presidenta de la Afadem

CITLAL GILES SANCHEZ


Este martes Tita y Rosendo Radilla Martínez, hijos del guerrerense desaparecido durante la guerra sucia, Rosendo Radilla Pacheco, denunciaron en una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las investigaciones sobre la desaparición forzada de su padre a manos de soldados fueron parciales, ya que las autoridades militares fueron las que hicieron las pesquisas.

Tita Radilla denunció también las amenazas de militares para que cese su lucha como presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem).

Por primera vez, el Estado mexicano será juzgado por la Corte Interamericana por un caso de desaparición forzada como la de Radilla Pacheco, quien fue detenido en un retén militar en Acapulco el 25 de agosto de 1974, y visto por última vez en el ex cuartel de Atoyac.

En la audiencia pública, celebrada en la sede la Corte Interamericana en Costa Rica, fungieron como testigos y víctimas Tita y Rosendo Radilla, éste último, testigo presencial de la detención de su padre. De igual forma, atestiguó el perito Miguel Sarre así como los abogados de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Carlos Gutiérrez Contreras, quien es director general; la directora del área Jurídica de la Comisión, María Sirvent Bravo-Ahuja, así como la abogada Mayra López Pineda.

En entrevista telefónica, López Pineda informó que durante la primera parte de la audiencia se rindieron los testimonios tanto de Tita como de Rosendo Radilla, quienes expusieron el contexto de la desaparición y detención de su padre, así como la situación familiar que sufrieron luego de la desaparición de Radilla Pacheco.

De igual forma, la abogada informó que Tita Radilla detalló las innumerables gestiones hechas ante las autoridades de justicia mexicana y la frustración que le ocasionó la impunidad y la injusticia al no encontrar eco a sus denuncias.

Además, señaló que la hija de Radilla Pacheco aprovechó para denunciar las amenazas de militares, y relató la agresión que sufrió el 24 de mayo de 2008, cuando un militar la encañonó mientras llevaban a cabo la conmemoración del Día del Desaparecido, en Atoyac.

“Este hecho fue un motivo que generó cierta incertidumbre en la Corte Interamericana, por los hostigamientos; ese día, durante la Semana del Detenido-Desaparecido, Tita se percata de que afuera de las oficinas de Afadem había un convoy militar y cuando ella sale de la oficina un militar cargó su arma y la apunta hacia Tita”, destacó López Pineda. 

En tanto, Rosendo Radilla Martínez informó a la Corte Interamericana que fue testigo presencial de la detención de su padre en un retén militar en las afueras de Acapulco.

Y relató que al momento de la detención su padre preguntó a los militares: “¿de qué se me acusa?”, a lo que los soldados respondieron “de componer corridos”. El hijo de Rosendo comentó que su padre alegó que eso no era un delito, pero que los militares le contestaron “no, pero mientras ya te chingaste”.

De igual forma, narró las diversas represiones que ha hecho el Ejército en Guerrero, así como las afectaciones que vivieron en su familia.

Radilla Martínez pidió a la Corte que ordene al Estado mexicano que se entreguen los restos de los desaparecidos y se haga justicia.

De igual forma, Tita Radilla mencionó a la Corte Interamericana que las investigaciones ante la justicia militar no fueron imparciales, ya que las hicieron las propias autoridades castrenses.

En ese sentido, detalló López Pineda, versó el testimonio del perito Miguel Sarre, sobre el sistema de justicia militar y su compatibilidad contra los estándares internacionales de derechos humanos.

“En el caso de Rosendo Radilla Pacheco las investigaciones que se dieron fue a través de un tribunal militar, el cual no es competente, porque la víctima es un civil; debió haberse juzgado con alguna autoridad civil, independientemente que estuviera involucrado un militar en este delito”, aseveró.

Durante la audiencia pública estuvieron el secretario de Gobernación, Francisco Gómez Mont; por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el procurador militar, el general Jaime Antonio López Portillo, así como el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ministro Alejandro Negrín.
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Siguen las “investigaciones” militares en Puerto las Ollas

Emite la COMS alerta por incursiones
Siguen las “investigaciones” militares en Puerto las Ollas

ROBERTO RAMIREZ Y CITLAL GILES 

Por segundo día consecutivo, dos convoyes militares se presentaron en Puerto de las Ollas, en esta ocasión con una tanqueta equipada con ametralladora, para “investigar” los atropellos de sus compañeros el mes pasado.

Sin embargo, habitantes del poblado, con los que se tuvo contacto telefónico explicaron que la actitud de los soldados más bien era socarrona que de verdadero interés por llevar a cabo una investigación seria, y aunque precisaron que su comportamiento no era amenazante, expresaron que al parecer con ellos iba gente que estuvo durante la incursión del mes pasado.

“Cuando nos preguntaban y les decíamos qué hicieron los otros, nomás se reían y decían: cómo van a creer que hicieron eso, si el gobierno ya no se vende”, relató la campesina María García.

Los soldados ingresaron al poblado alrededor de las 2 de la tarde y se retiraron un poco antes de las 7 de la noche.

En ese tiempo, los vecinos relataron que otra vez les hicieron las mismas preguntas del lunes, volvieron a tomarles fotografías, les grabaron sus testimonios y sobre todo les preguntaban insistentemente cómo le hacen para comunicarse con los periódicos, al grado de que su incursión de ayer ya aparecía publicada hoy, y les pedían que les dieran el número de La Jornada Guerrero.

–Ya lo tengo –dijo quien se identificó como coronel Mendoza, ante la negativa de los habitantes–, sólo quiero ver si es el mismo.

–Pues si ya lo tiene, con ese hábleles –le respondió una de las mujeres.

Incluso, los campesinos relataron que el militar les dijo que de todas maneras a ellos no les importaba lo que dijeran los periódicos o los defensores de los derechos humanos, e insistió en que su presencia ahí era para investigar las tropelías de sus compañeros.

“Yo pienso que nada más andan haciéndole al tarugo –expresó una de las mujeres–, porque les dice uno las cosas (que hicieron los otros) y nada más empiezan a burlarse y a reírse”.

Narró que al terminar su jornada, los soldados les pidieron a los lugareños que firmaran un documento en el que supuestamente quedaban asentadas sus denuncias, así como la relación de los daños causados por los otros, pero la gente se negó.

Por su parte, organizaciones sociales lanzaron acciones urgentes luego de la tercera incursión del Ejército en Puerto las Ollas. Exigieron a las autoridades federales y estatales el cese al hostigamiento militar y que los soldados regresen a sus cuarteles.

En la acción urgente S1-AU-021-2009, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) muestra su preocupación por las nuevas incursiones de los militares en el municipio de Coyuca de Catalán, pues temen por la integridad física y psicológica de los habitantes.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/08/index.php?section=sociedad&article=007n2soc

Denuncian vecinos de Las Ollas otra incursión militar, con el pretexto de hacer un censo

Denuncian vecinos de Las Ollas otra incursión militar, con el pretexto de hacer un censo



Zacarías Cervantes y Brenda Escobar

Chilpancingo, Zihuatanejo

Más de 100 militares de los batallones 19, 40 y 56 entraron nuevamente el lunes a la comunidad de Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán y realizaron interrogatorios a los habitantes. 
Los militares llegaron ahora con el pretexto de que iban a levantar un censo y a revisar los daños que ocasionaron sus compañeros del 40 batallón que irrumpieron en esa comunidad del 9 al 13 de junio pasado, informó ayer el director del Colectivo Contrala Tortura y la Impunidad (Ccti) Bertoldo Martínez Cruz quien la tarde de ayer martes se trasladó a esa comunidad para recabar los testimonios de la nueva incursión militar.
Los habitantes de la localidad se comunicaron vía teléfono celular desde la tarde del lunes con algunos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, así como periodistas, sin embargo por la intensidad de las lluvias que se registran en la zona se dificultó la comunicación por lo que lograron entablar brevemente un enlace con el director del Ccti, Martínez Cruz.
Consultado ayer vía telefónica Martínez Cruz confirmó la nueva incursión de los militares sin embargo, dijo que carecía de mayor información y que por ello la tarde de ayer se trasladaba a esa comunidad para recabar directamente la información.
La tarde del lunes, habitantes de Puerto las Ollas, intentaron comunicarse con algunos dirigentes de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales para denunciar una nueva incursión de los militares en su comunidad.
Sin embargo tuvieron dificultades y solamente alcanzaron a decir que los militares de los batallones 19, 40 y 56 entraron a la localidad y que interrogaron a los habitantes supuestamente para conocer qué pasó los días en que acudieron a ese lugar los militares del 40 batallón (en referencia a la irrupción militar de los días 9 al 13 de junio).
Según la denuncia que hicieron brevemente vía telefónica la tarde y noche del lunes los habitantes de Puerto las Ollas, los soldados fueron a investigar los atropellos que cometieron sus compañeros del 40 Batallón de Infantería que acudieron a esa localidad en los días del 9 al 13 de junio pasado.
El Ccti y la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) informaron ayer que los soldados llegaron aproximadamente a las 2 de la tarde y que se retiraron después de las 8 de la noche, ya cuando habían realizado el trabajo supuestamente de revisión de los daños que ocasionaron sus compañeros en la irrupción de hace tres semanas.

Los soldados tomaron fotos y video de los vecinos pero ellos no se identificaron: Tadeco

En tanto, en Zihuatanejo, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, dio a conocer que unos 50 militares del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, incursionaron de nueva cuenta en la comunidad Las Ollas, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, a bordo de dos vehículos oficiales, el 0819149 y el 0819141, “la información que tenemos es que su presencia según ellos, se debió a una instrucción que según ellos, insisto, salió del gobernador; eran miembros del 19 Batallón de Infantería, y acudieron a investigar qué había hecho el 40 Batallón que estuvo hace algunas semanas por cuatro días en Las Ollas y en Las Palancas”.
“Nos informan que entrevistaron a todas las personas de la comunidad, a cada una les tomaron fotografías, les tomaron fotos a las casas-habitación, filmaron y se retiraron en el transcurso de la noche; lo que nos comentan las personas con las que hemos tenido comunicación es que hay preocupación en la comunidad, se sienten cada vez más desprotegidas porque en cualquier momento y con cualquier pretexto llegan los grupos militares de manera autoritaria y sin mayores explicaciones”.
Añadió que le informaron que “ninguno de los soldados se quiso identificar, ellos (los habitantes) no pudieron identificar ni siquiera al mando porque tuvieron el cuidado de no presentarse, mucho menos identificarse y hay malestar”. 

 


http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=62194

martes, 7 de julio de 2009

Tercera incursión militar en Puerto las Ollas, ahora “por las buenas”

Entran al pueblo dos camiones llenos de soldados; organizaciones sociales, en alerta
Tercera incursión militar en Puerto las Ollas, ahora “por las buenas”

Un coronel de apellido Mendoza dijo a vecinos que fue a constatar atropellos de junio

CITLAL GILES Y ROBERTO RAMIREZ


Por tercera ocasión, soldados irrumpieron en la comunidad Puerto Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, por lo que integrantes de organizaciones sociales lanzaron acciones urgentes a las autoridades, ante el peligro inminente en que se encuentran los habitantes. En esta ocasión, según habitantes con los que se logró hacer contacto vía telefónica, los soldados fueron a investigar qué daños habían causado los del batallón 40, que ingresaron a la comunidad el mes pasado.

La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) informó que a las 2 de la tarde entró a la comunidad un convoy de militares, por lo que se comunicaron con algunos de sus habitantes; sin embargo, por problemas de recepción de señal de los teléfonos celulares, la comunicación fue cortada, dejando en incertidumbre las condiciones e integridad física de los pobladores, en su mayoría mujeres y niños.

Lo anterior preocupó a las organizaciones sociales, ya que el mes pasado unos 500 soldados ingresaron a la comunidad y durante cuatro días agredieron y torturaron tanto a niños como a mujeres.

Por ello, la COMS –integrada por el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y la Red de Manglar Internacional– exigieron nuevamente al gobierno federal, al Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como las diversas instancias y organismos internacionales, a los movimientos sociales y a ciudadanos en general, estar atentos al clima de inseguridad creado por la militarización en Guerrero.

“No venimos a buscar problemas”

Alma Delia Ramírez López, una mujer de la comunidad, relató que ayer los soldados que llegaron eran integrantes de los batallones 19, 40 y 56, encabezados por un coronel de apellido Mendoza, y a diferencia de los anteriores, su actitud era amable y les explicaron que su presencia en el lugar era para investigar la actuación de los anteriores.

Mendoza dijo, según Ramírez López: “Yo sé que ustedes tienen miedo, pero nosotros venimos a preguntarles por las buenas (qué hicieron los otros) porque eso no se vale, uno no debe entrar a las casas, ni mucho menos robar”.

Relató que en la comunidad sólo se encontraban mujeres y niños durante las casi siete horas que estuvieron los militares, y en ese lapso, los soldados tomaron fotografías de las casas en busca de daños, de las personas, y les pidieron sus nombres, así como listas de las afectaciones hechas por los otros soldados.

“Nosotros no venimos a buscar problemas, queremos ayudar”, dijo que les explicó Mendoza. En total, relató la mujer, fueron dos camiones llenos los que se presentaron en el poblado, y se retiraron a las 8:45 de la noche aproximadamente. “Vinieron a preguntar qué daño hicieron (los otros), si habían sacado armas de las casas, y querían una lista de las cosas malas que hicieron. Nosotros les dijimos que si podían echar eso (la denuncia por los atropellos) al periódico o a la televisión, y nos dijeron que no podían”.

Durante todo el tiempo, dijo, estuvieron preguntando de casa en casa a las mujeres, pero al final no se comprometieron a nada.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/07/index.php?section=sociedad&article=012n1soc

Militarización en la Costa Grande y Tierra Caliente de Guerrero (2da. parte)

Segunda incursión del ejército mexicano en las comunidades de Puerto de las Ollas y Las Palancas en Guerrero, una muestra mas de la violación a los derechos humanos efectuada por las fuerzas castrenses bajo el cobijo del gobierno de Felipe Calderón...Necesitamos su apoyo y difusión urgente para el estado de Guerrero





mayores informes: hscb_78@yahoo.com.mx

lunes, 6 de julio de 2009

Nuevamente incursiona el ejército en la comunidad Puerto de las ollas, Guerrero

Zihuatanejo, Guerrero a 6 de Julio del 2009

COMUNICADO URGENTE

Por medio de está, comunicamos la irrupción de nueva cuenta de elementos del Ejército en la comunidad de Puerto de Las Ollas. Aproximadamente a las 2:00pm de este día, fuimos enterados por pobladores de la comunidad de Puerto de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán en la sierra de Tierra Caliente qué, de nueva cuenta 2 comandos iban entrando a dicho lugar.

Debido a los problemas de recepción de señal vía celular fue cortada la comunicación quedando en incertidumbre la condición a la integridad física de los pobladores de Puerto de Las Ollas, en su mayoría mujeres y niños que el pasado mes en fechas 9 al 13 de Junio fueron atacados por mas de 500 soldados en dicha comunidad así, como Las Palancas, población aledaña a 15 minutos de Puerto de Las Ollas donde también sufrieron daño en su persona por elementos castrenses.


ANTECEDENTES

Derivado de la información brindada por habitantes de la comunidad del Puerto de Las Ollas y Las Palancas(Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero) respecto a una incursión militar en la zona, el día 13 de junio se realizó una Misión de Observación Civil, (MCO) en la que participaron: Taller de Desarrollo Comunitario TADECO, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, Red Manglar Internacional Sección México RMIM, Frente Cívico de Chilapa, Centro de Derechos Humanos Morelos y Pavón, Centro de Derechos Humanos de La Montaña TLACHINOLLAN, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos CODDEHUM, y la Unión Campesina Democrática UCD; también se sumaron corresponsales de diferentes medios de comunicación. Quedando la misión integrada por 22 personas La MCO se llevó a cabo a bordo de 5 vehículos , 4 camionetas tipo pick up y una camioneta tipo suburban con el objetivo de constatar la presencia de elementos del ejército Mexicano en las siguientes comunidades: Puerto de las Ollas y las Palancas, así como verificar las condiciones de seguridad y estado de salud de los habitantes.

Aproximadamente a 36 km del tramo Vallecitos-Camalote se encontraron 2 VEHICULOS del ejército, 1 tipo Dodge ram doble rodada y otro Dodge ram charger pick up con 17 elementos (LOS 17 IBAN EN LOS DOS VEHICULOS) cada uno; un militar preguntó cuantos integraban la misión “¿Cuántos son los que van para la sierra?”, respondiendo la MCO que éramos entre 17 y 20 personas.

Minutos más tarde, a casi 1 km de la comunidad Puerto de las Ollas se encontraron 11 vehículos Tipo Humvee del ejército, de los cuales 4 iban con ametralladora montada arriba(de artillería) con los siguientes números: 0840142, 0840146, 0840150, 0840149, 0840144, 0840147, 0840242, 0840243, 0840145, 0840031, 0840148 con aproximadamente 15 soldados en cada vehiculo que llevaban pasamontañas e iban camuflados . En uno de ellos, un militar iba video grabando a los integrantes de la MCO.

Se arribó al Puerto de las Ollas a las 14:40 horas, y agrupándose en torno a los integrantes de la MCO mujeres y menores de edad(en su mayoría niños), que al ver llegar la caravana comenzaron al mismo tiempo a denunciar y relatar los actos vividos desde el pasado martes 9 hasta este día 13 del presente.

Minutos más tarde se llevó a cabo una entrevista colectiva en la cual estuvieron diversos medios de prensa, participando 12 mujeres y 22 menores quienes de manera individual fueron dando la descripción de los hechos a la MCO. No se encontró la presencia de los varones en el Puerto de Las Ollas puesto que huyeron a esconderse por temor a los soldados.

En la supervisión a las viviendas afectadas se hallaron destrozos, como testimoniales de saqueo a varias de estas. La encargada de la tienda CONASUPO, mujer de aproximadamente 30 años y en estado de embarazo relata como fue que saquearon y revolvieron la mercancía guardada en dicha tienda , con lujo de violencia, y dejando perdidas al dañar cajas con víveres, a su vez, le gritaron, ofendieron, y agredieron físicamente empujandola violentamente entre ellos y contra las paredes de madera de la tienda

Una habitante reportó que a su hijo Omar García de 14 años de edad, fue torturado el día Martes 9 en que arriban los soldados dándole toques eléctricos en el cuerpo, vendado de ojos, tapado de la cabeza con bolsa de plástico, golpes en diversas partes del cuerpo, amenazas de castración, dejándolo en estado convulsivo por la tortura efectuada, cabe enfatizar el joven aún herido huyó al monte con los demás hombres por temor a seguir siendo herido y torturado.

En la tercera casa relataron que pernoctaron durante los 4 días militares, destrozando y revisando muebles y cajas de ropa y llevándose objetos de uso personal (joyas, cosméticos, etc). Se encontró una cuatrimoto destrozada, la cual fue arrollada con las camionetas doble rodada propiedad del ejército.

Se recabó la denuncia de civiles armados y encapuchados jugando pelota con los militares sin ser de la comunidad. A pesar de encontrarse armados no fueron molestados por los militares. Los habitantes dijeron que iban con los militares para señalar gente.


LAS PALANCAS:

En esta comunidad un hombre de 30 años de edad la cual sufre secuelas de un derrame cerebral desde hace 2 años, reporta tortura y golpes (piquetes de agujas debajo de las uñas de los dedos de la mano, golpes con ambas palmas de mano en sus oídos, le cubrieron rostro con bolsa de plástico, golpes en las sienes, costillas, amenazas de toques eléctricos en pezones).

Un civil de aproximadamente 50 años, fue perseguido en las afueras del poblado, en repetidas ocasiones siendo balaceado logrando huir ileso, posteriormente, al regresar al lugar rescató 6 casquillos de arma calibre 7.62 mm.

En voz del pastor y secretario del Consejo de Administración Ejidal Modesto Rauda Wences atestiguó que su hermano fue herido y balaceado teniendo que huir.
Cabe remarcar que en las dos comunidades se constató el hecho de la ausencia de casi todos los hombres ante la llegada de elementos del ejército.

En base a las observaciones y testimonios de los habitantes de las comunidades La Palanca y Puerto de Ollas, consideramos que el ejército incurrió en actos anticonstitucionales y violó los derechos humanos de los habitantes de dichos lugares.

Se cometieron actos de tortura: amenazas-. Disparos con armas de fuego de alto poder hacia las comunidades y las personas; amenazas de muerte y torturas amenazas apuntando con arma de fuego y preparando el arma para disparar. Humillaciones: ofensas y discriminación a las mujeres y menores. Toques eléctricos en el abdomen a hombres y adolescentes, Impedir tomar alimentos a los habitantes de las comunidades.

Impedir que entraran a sus casas a cambiarse. Los soldados robaron alimentos y dinero y pertenencias de uso personal.

Ante lo expuesto, de nueva cuenta exigimos al Gobierno federal, al Congreso de La Unión, la CNDH, así como las diversas instancias y organismos internacionales, a todos los medios de prensa, Organizaciones No Gubernamentales, Movimientos Sociales, Colectivos, Intelectuales, la Comunidad Artística, y a ciudadanos en general estar atentos ante el clima de inseguridad creado por la militarización en el Estado de Guerrero y en el cual, la negligencia de y cobijo a tales violaciones en los Derechos Humanos es solapada por Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador del estado.

Y exigimos, regrese el Ejército a sus cuarteles y se respeten los Derechos Humanos y las Garantías Civiles de los Guerrerenses.

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES DE GUERRERO
COMSG

RMI-Hercilia Castro

TADECO-Javier Monroy

CETEG-Luis Muños

Emboscan y matan a familia de 12 perredistas cuando iba a votar

Se suman a los homicidios de otros tres militantes antes y durante la elección
Emboscan y matan a familia de 12 perredistas cuando iba a votar

Entre los asesinados está el regidor de Coahuayutla, Macario Rivera Lozano

Comando balea la casa de un activista del PRI en Atoyac; levantan a promotor

Y. VILLA, M. CASTRO, L. REYES, G. NAVA Y R. VALADEZ (Reporteras y corresponsales)


CHILPANCINGO, 5 DE JULIO. Quince perredistas asesinados, entre ellos una familia de 12 integrantes, incluyendo un regidor, así como un priísta baleado, un convergente agredido, patrullajes de hombres armados intimidando a los votantes con disparos al aire, fue parte del saldo de la jornada para elegir diputados federales.

El hecho más grave fue el de una familia de 12 perredistas asesinados en el punto conocido como rancho La Ordeñita, en la sierra de Coahuayutla, en la Costa Grande, entre las 10 y 11 de la mañana, quienes fueron emboscados por desconocidos cuando iban votar en la casilla extraordinaria de la sección 793, ubicada en la comunidad purépecha Quiringucua, informó el presidente del Secretariado Estatal (SE) del PRD, Misael Medrano Baza.

En esa emboscada fue asesinado con sus familiares el regidor perredista de Coahuayutla Macario Rivera Lozano; también se reportó que otros militantes del sol azteca resultaron heridos.

Según información proporcionada por el Secretariado Estatal del PRD, el primero en perecer fue Marcelo Rivera Martínez –hermano del representante perredista en una de las casillas de Coahuayutla–, junto a él feneció su esposa, Beatriz Romero, su suegra, Abigail Romero, así como su primo, Valente Rivera Romero.

También cayeron Pedro Rivera Lozano, Pascual Rivera Romero, Carlos Rivera Lozano, Ricardo Rivera Romero, y Remedio Romero, entre primos y sobrinos. De los dos que fallecieron por la noche aún no se tenían los nombres.

El presidente del SE del PRD sostuvo que el asunto es netamente político y derivado de la contienda, pero no señaló a ningún partido. El PRI se deslindó del caso. Ambos institutos exigieron que se investigue y castigue a los responsables.

En otro hecho, se informó que fue asesinado el taxista –quien también era militante perredista– que había trasladado minutos antes al líder del PRD en Ayahualulco, Faustino Vázquez Jiménez, quien a su vez fue muerto el sábado, después de entregar nombramientos de los representantes generales y de casilla en el distrito 6, con sede en Chilapa.

“El sábado fue secuestrado el taxista, para trasladar a los criminales que le dieron muerte al compañero Faustino Vázquez, después lo asesinaron”. El PRD confirmó que el taxista era perredista y que vivía en la misma calle del candidato del sol azteca Raymundo Casarrubias y que se presentaron las denuncias respectivas.

El delegado en Guerrero, Jesús Zambrano, agregó que en Zihuatanejo, en la comunidad San José Ixtapa, en la casilla 1638 un grupo de hombres agredió a los ciudadanos que estaban formados para votar.

Durante el cierre de la casilla 110 ubicada en El Pedregoso, Acapulco, se informó que fue privado de la vida el representante perredista Leonardo Guzmán Díaz; en un primer momento el PRD señaló que había sido asesinado por un representante del PRI.

Sin embargo, durante la reinstalación de la sesión minutos después de las 7 de la tarde, el presidente de la junta local del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Zamora Cobián, informó que de acuerdo con información policiaca, el atentado no estaba relacionado con la elección.

“Murió en una huerta, en la colonia El Pedregosos alejado de la casilla, no tiene nada que ver con la elección, fue privado de la vida con dos impactos de bala calibre 22”, defendió, pero el representante del PRD le refutó que sí era militante.

Las agresiones

El representante de Convergencia ante el IFE, Alberto Zúñiga Escamilla, denunció que mientras el convergente Yacert Morales Mojica, observaba y videogrababa las elecciones con otros dos militantes, en el distrito 4 de Acapulco, fue asaltado por hombres que iban en tres vehículos, quienes los despojaron de sus cámaras y teléfonos celulares.

El convergente fue trasladado al hospital y su partido presentó una demanda ante el Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y una queja ante el IFE.

El representante del PRI ante el IFE, Roberto Pastor Reynoso, denunció que a la 5:30 de la mañana fue baleado el operador de la ruta del distrito 3, el priísta Pedro Hernández Hernández, quien se encontraba en su camioneta, en Petatlán.

Hombres armados

El PRD denunció que en el distrito 3, con sede en Zihuatanejo, se observaron grupos armados intimidando a los electores; algunos poncharon las llantas de vehículos de seguidores del candidato perredista Armando Ríos Piter.

La presencia de grupos armados se intensificó en las casillas de las colonias El Hujal, Agua de Correa, La Parota, Infonavit, además de que se escucharon disparos al aire en comunidades de Petatlán, Coahuayutla, La Unión y Zihuatanejo.

En Tierra Caliente se reportó la presencia de hombres armados a bordo de camionetas de lujo en Arcelia, Ciudad Altamirano y Ajuchitlán; los tres del distrito 1.

Rechazan motivos políticos

Respecto al taxista de Chilapa Gabino Barrera Salazar, cuyo cuerpo fue hallado amordazado con cinta canela y su vehículo desbarrancado en la carretera Chilapa-Tlapa a la altura de Papaxtla, sus familiares aseguraron que no tenía relación directa con el PRD, sólo era simpatizante y que su muerte no tiene nada que ver con la política.

Aseguró que aún desconocen el motivo de su asesinato, y que desapareció desde el viernes.

Advirtieron que pediran que se haga justicia en el caso de Barrera Salazar.

En el PRD de Chilapa no hubo quién diera declaraciones sobre el tema.

Refutan versión de la SSP

Mientras que en el caso de Juan Sarabia Hernández, de 25 años, originario de San Miguel Totolapan, quien fue ejecutado cuando transitaba por el camino de terracería entre la comunidad El Naranjo y Chichihualco, en la región Centro del estado, el director de la Policía Ministerial, Erit Montúfar Mendoza, señaló que en ese mismo lugar una camioneta que llevaba paquetería electoral recibió tres impactos de bala y que no hubo lesionados.

De acuerdo con Montúfar, la ejecución de Sarabia y el ataque a la camioneta no tienen relación.

Sobre el asesinato, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio la versión de que Sarabia Hernández fue víctima de un asalto cuando circulaba sobre la carretera de terracería que conduce de El Naranjo a Chichihualco a bordo de una camioneta Honda modelo CRV.

Sin embargo, Montúfar refirió que de acuerdo con versiones de algunos testigos, a Sarabia se le acabó la gasolina y fue a conseguirla, pero cuando iba de regreso tres hombres lo mataron a balazos.

En tanto, el secretario de Justicia y Derechos Humanos del SE del PRD, Urbano Lucas Santamaría, afirmó que la ejecución de Sarabia no fue un asalto, como manejó en su boletín la SSP, sino que se trató de una emboscada a ese militante perredista.

En breve entrevista telefónica, sostuvo que Sarabia es miembro del PRD, y que de acuerdo al informe que tiene, fue atacado por hombres armados, por lo que relacionó el homicidio con el proceso electoral.

Asimismo, el delegado nacional Jesús Zambrano, detalló que en Zihuatanejo una militante fue golpeada y otros más resultaron con heridas leves; en La Parota, en las casillas 1604 y 1605, se vieron hombres armados, quienes circulaban en camionetas de lujo.

Ataque a domicilio 

En Atoyac, a las 3:30 de la madrugada de este domingo, un grupo armado disparó sobre la casa y el coche del militante del PRI Moisés Castro Valdez, en la calle Florida de la colonia Alvarez.

La vivienda y el vehículo tenían unos 14 disparos de pistola calibre 9 milímetros. El coche es propiedad del ex líder perredista Freddy Barrera Méndez, quien hace unas semanas renunció al PRD para sumarse a la campaña del candidato tricolor Cervando Ayala Rodríguez.

En entrevista después del ataque, Castro Valdez dijo que interpondrá una denuncia formal.

En tanto, fuentes del PRI en la región informaron que fue levantado un promotor del voto del PRI en la campaña de octubre, y actualmente activista de Ayala Rodríguez en El Paraíso en la sierra del municipio, y a quien sólo iedntifican como Nico, sin precisar mayor información.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/06/index.php?section=politica&article=003n1pol




Ponen centro de acopio de alimentos en apoyo a afectados por incendios en Santa Rosa

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