comunicado de la CRAC-PC

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS

DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO

COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICÍA COMUNITARIA

Calle del trabajo s/n, barrio de San Isidro, San Luis Acatlán.

BOLETIN DE PRENSA

San Luis Acatlán, Gro. Territorio comunitario.  26  de septiembre de  2013

Al pueblo en general.

A las autoridades comunitarias.

A las organizaciones sociales y políticas fraternas.

A los medios de comunicación.

Los coordinadores regionales, consejeros, autoridades y ciudadanos en general que conformamos la CRAC PC denunciamos los actos de vandalismo que están haciendo los lideres, autoridades y ciudadanos que pertenecen a la supuesta “casa de justicia” de Santa Cruz El Rincón, encabezados por CIRINO PLACIDO VALERIO,  a quienes la asamblea  regional de nuestra institución comunitaria no los reconoce. Repudiamos sus  acciones, ya que este día han agredido a golpes con barrotes, varillas, picos, palas, y diversos objetos metálicos a nuestros policías comunitarios y población presente en esta casa de justicia, con la intención de plantarse  e imponer a sus “coordinadores” y “comandantes regionales” de Santa Cruz del Rincón, lo cual es una agresión abierta, porque no están reconocidos por la asamblea regional donde están presentes las comunidades que verdaderamente integran el sistema comunitario y que forman parte de las casas de justicia reconocidas (San Luis Acatlan, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso), mientras que la supuesta casa de Santa Cruz del Rincón cuenta con comunidades bajo su cargo que no forman parte de nuestro sistema. Es evidente que los líderes mencionados buscan intereses personales y su inconformidad es porque no los han podido hacer desde nuestra institución comunitaria.

Es sabido que las inconformidades de los pueblos se manifiestan en  nuestras asambleas regionales, no de manera agresiva como lo están haciendo ellos en estos momentos, siendo personas y familiares que manipula Cirino Placido Valerio, que esta preocupado y se desespera por tener el poder de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, por que se acerca el término de su periodo de Comisariado Ejidal de Buena Vista y no quiere enfrentar a su pueblo que lo acusa por los saqueos de los ríos de su ejido, donde vendió la grava, arena y madera; de lo cual ya existen demandas en su contra, siendo esta su principal preocupación ya que al terminar su periodo de Comisariado, el pueblo le exigirá cuentas para la reintegración del recurso que le ha robado a su propio ejido. Y su esposa, la señora Enedina Bautista, promotora de la C.D.I. tendrá que responder por los recursos que les ha robado a los grupos de mujeres, que han gestionado proyectos con ella ya que se sabe que les ha cobrado miles de pesos por meter al programa sus proyectos  productivos, los cuales no tienen  costo para la población indígena.

    

            Derivado del intento de toma de la casa de justicia por parte  de estos agresores, resultaron lesionados 5 policías comunitarios de la comunidad de Yoloxochitl, quienes fueron golpeados con piedras; también intentaron detener al consejero regional Armando Zavala Felipe y desarmar a algunos de nuestros policías. Es necesario informar que dichas personas no presentaron ninguna propuesta de dialogo o de petición, su plan es abiertamente de agresión y de desalojar a nuestras autoridades. No obstante, hasta el momento, no han logrado tomar la Casa de Justicia y se mantienen en plantón en la calle frente a la CRAC.

Atentamente

“El Respeto a Nuestros Derechos, Será Justicia”

Casa de Justicia de San Luis Acatlán

Casa de Justicia de Espino Blanco,

Casa de Justicia de Zitlaltepec

Casa de Justicia de El Paraíso.

-- 
 Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policia Comunitaria
  " EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS SERA JUSTICIA"

Anuncia Gonzalo Molina que demandarán al gobernador ante la Coidh y AI

Desaparecen 70 comunitarios que desarmó el Ejército, denuncia la Crac

Confirma el promotor en Tixtla la asistencia a la asamblea de la casa de justicia de San Luis Acatlán

Algunos de los desaparecidos pertenecen a las comunidades de El Charco y La Concordia

MARGENA DE LA O

Tixtla, 29 de agosto. La casa de justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades de Comunitarias (Crac) denunció que hay 70 policías comunitarios y habitantes de la Costa Chica que están desaparecidos desde el martes pasado, cuando el Ejército los desarmó durante el bloqueo de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura de Cruz Grande, en reclamo de la liberación de los coordinadores Nestora Salgado García y Bernardino García Francisco.

El promotor de la Crac en Tixtla, Gonzalo Molina González, en conferencia de prensa en la colonia El Fortín, adelantó que los consejeros y comisarios asistirán a la asamblea regional que está convocando la casa de justicia de San Luis Acatlán para el próximo sábado, porque analizarán la expulsión que les promovió Eliseo Villar Castillo.

Poco antes, en entrevista de la Radio Universidad, anunció que demandarán al gobernador Ángel Aguirre Rivero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y Amnistía Internacional (AI).

Durante la conciencia de prensa, Arturo Campos Herrera, consejero regional de Ayutla, se comunicó por teléfono con Molina González y dijo que son 70 los desaparecidos, que son más de 500 los desarmados el martes pasado por el Ejército en Cruz Grande, y que les preocupa dónde puedan estar sus compañeros.

Molina González agregó que todavía realizan el recuento de los desaparecidos, y hasta hoy saben que algunos son de comunidades de Ayutla como El Charco, La Concordia, y otras de Tecoanapa.

“Queremos exigirle al gobierno que los presente, no se vale que continúe haciendo lo que siempre ha hecho: los detiene y no los presenta. Si los tiene detenidos deben presentarlos, y si los van a juzgar, adelante, él (el gobernador) habla de secuestro, y también lo de compañera Nestora es un secuestro, si no presenta a los compañeros también es un secuestro ¿o será que son como acostumbra el PRI, desapariciones forzadas?”, comentó.

Adelantó que buscaron la intervención de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, porque las autoridades violaron la Constitución, al darles facultades de policía al Ejército y amedrentar a los miembros de la casa de justicia de El Paraíso, cuando están debidamente reconocidos como una institución de seguridad y justicia comunitaria.

Insistió en que acudirán a la asamblea de la Crac del próximo 31; rechazó que pueda ser una estrategia de la casa de justicia de San Luis Acatlán para entregarlos: “los pueblos son sabios, y los pueblos saben que lo que estamos haciendo, estamos defendiendo a nuestro pueblo aunque las autoridades digan que somos unos violentos. ¿No es más grave sacar a unos delincuentes y dejarlos libres?”. Recordó que el Ejército liberó a presos de la Crac en El Paraíso.

“Tenemos que hacerle ver al gobierno del estado y federal que somos una institución, y no nos están respetando”, agregó.

Aclaró que las acciones en reclamo de la liberación de sus compañeros continúan, para mañana adelantó una marcha en Tixtla. Mencionó que la familia de la coordinadora tuvo una llamada reciente con ella, pero siguen sin saber dónde está.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/08/30/index.php?section=politica&article=003n1pol

Mecatepec se deslinda de la Upoeg

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO

San Luis Acatlán, 23 de febrero. La comunidad de Mecatepec, municipio de Tecoanapa, se deslindó de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), luego de que la policía de autodefensa detuvo a un presunto delincuente y la dirigencia de la organización lo liberó sin mediar explicación alguna, informó el comisario Alfredo Nava Valente.

Acompañado del primer comandante de la policía ciudadana, Feliciano Rosario Ramírez, Nava Valente dijo que el acuerdo se tomó la noche del viernes en una reunión de principales, por lo que el sábado se presentaron a la asamblea de la CRAC para solicitar su incorporación como policía comunitaria.

El comandante, a su vez, aseguró que la dirigencia de la Upoeg “nos engañó”, ya que les hizo creer que formaban parte de la CRAC “y aquí estamos viendo que no es cierto”. Explicaron que aparte de Mecatepec también se han deslindado de la Upoeg las comunidades de Barrio Nuevo, El Guayabo y El Carrizo.

Hasta el momento, cinco comunidades de Tecoanapa se han deslindado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), informaron el comisario y el primer comandante de la policía ciudadana de Mecatepec, Alfredo Nava Valente y Feliciano Rosario Ramírez.

Abordados tras acudir a la asamblea regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), explicaron que la separación se acordó el viernes por la noche en una reunión de principales, debido que previamente el movimiento de autodefensa detuvo a un individuo que se encontraba en la lista de presuntos delincuentes y, tras entregarlo a la dirigencia de la Upoeg, fue liberado sin mediar ninguna explicación.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/24/index.php?section=politica&article=003n2pol

Tras larga discusión, la CRAC conjura diferencias con la Upoeg

“Logramos evitar el enfrentamiento”, celebra el sacerdote Campos, mediador del conflicto

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO (Enviado)

San Luis Acatlán, 23 de febrero. Se necesitaron casi siete horas para que la asamblea regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) pudiera renovar sus dirigencias y conjurar, así, el enfrentamiento armado entre los policías de la autodefensa de Ayutla y Tecoanapa, y elementos de la Policía Comunitaria.

Cuando pasadas las 4 de la tarde, y después de un largo proceso, la asamblea tomó protesta a las nuevas autoridades, entre ellas una mujer como comandante de la Policía Comunitaria, el sacerdote Mario Campos Hernández, nombrado mediador en el conflicto, no podía evitar su contento: “lo logramos –dijo–, evitamos el enfrentamiento”.

La asamblea había sido convocada para comenzar a las 9 de la mañana en el auditorio del barrio de San Isidro, pero no comenzaba porque los 16 coordinadores de la CRAC se encontraban reunidos en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, tratando de llegar a acuerdos que evitaran la confrontación.

Mientras, en el auditorio, ubicado a unos metros de la casa de Justicia, empezaban a congregarse, armados, los dos cuerpos de policías. El objetivo del encuentro era la elección de los cuatro coordinadores y cuatro comandantes regionales de la Policía Comunitaria, que sustituirían a los electos hace tres años, pero desde antes corrían las versiones de que los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (que encabeza a la autodefensa civil armada de Ayutla y Tecoanapa), llegarían para tratar de imponer a sus candidatos y, de esa manera, hacerse del control de la CRAC.

Pero las cosas no resultaron tan sencillas. Alrededor de las 10:30 de la mañana, de la Casa de Justicia, donde se congregaban policías comunitarios para comer, salió el sacerdote Mario Campos –señalado por algunos miembros de la CRAC de ser uno de los promotores de la autodefensa– para hablar con los simpatizantes de la Upoeg que estaban en el auditorio.

Arturo Campos, dirigente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFM) e integrante de la CRAC, señaló que los de la Upoeg habían llegado armados y encapuchados al auditorio y que amenazaron con detener a algunos comandantes comunitarios; por ello, los coordinadores le habían pedido al sacerdote que hablara con ellos, pues sólo si lograba garantías, podría desarrollarse la asamblea, si no se tendría que suspender.

El clérigo habló durante media hora con ellos, en un corrillo en la cancha del auditorio. Al término, dijo que sí habría condiciones para efectuar la asamblea y fue a la casa de justicia a comunicar el resultado de su gestión.

Un poco más tarde salieron los coordinadores. Pablo Guzmán Hernández anunció el inicio de la asamblea y advirtió que la situación era “delicada”, y otro de los consejeros, Geladio Donera Quintero, pidió a los comandantes de la Policía Comunitaria “tener muchísimo cuidado” y controlar a sus elementos para evitar una confrontación.

Al dar inicio a la asamblea, el sacerdote Campos Hernández reiteró el llamado a los asistentes a mantener la mesura. La cancha estaba llena, pues no sólo estaban las autoridades que habían sido convocadas a elegir a los nuevos dirigentes, sino también policías y simpatizantes de ambos bandos. El coordinador saliente Pablo Guzmán hizo un llamado a la unidad: expresó que ha habido una legítima inconformidad en un sector de la Crac y dijo que esta agrupación nunca ha condenado la autodefensa civil armada, ya que, recordó, ellos mismos comenzaron así cuando se creó la Policía Comunitaria.

Durante la asamblea resaltaron varias irregularidades, como la desaparición de una hoja de la lista de asistentes, el registro de personas que no estaban presentes, y varios que sí asistían, que no estaban registrados, según denunció el presidente de la mesa de debates, Apolonio Cruz Rosas.

Al final, después de una larga discusión en la que hubo varios retrasos por falta de organización para contar los votos, fueron electos cuatro coordinadores: Raúl de Jesús Cabrera, Tiburcio Lorenzo, Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández, quienes son desde ahora las nuevas autoridades; así como los comandantes de la Comunitaria Miguel Morales, Vicente González, Tomás Maceda y Paula Silva Florentino.

Al término de la asamblea, Villar Castillo y Adelaida Hernández, quienes hablaron en nombre de las nuevas autoridades, aseguraron que la división “ya quedó superada”. Villar Castillo dijo que el conflicto con la autodefensa de Ayutla y Tecoanapa se organizaba en que ellos querían colocar a sus propuestas como nuevas autoridades. Sin embargo, dijo, de todos los que propusieron, ninguno fue votado por la asamblea.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/24/index.php?section=politica&article=003n1pol

Entrega el gobernador 1.5 mdp a la organización, mil 200 uniformes y 4 camionetas

Propone Ángel Aguirre a la CRAC funcionar como una policía auxiliar

Presenta planteamiento de una propuesta de decreto para legalizar la institución; consejera pide respeto

MARGENA DE LA O

San Luis Acatlán, 21 de enero. El encuentro entre los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el gobernador Ángel Aguirre Rivero se resume en el planteamiento de la propuesta de un decreto para formalizar la Policía Comunitaria, y la entrega de equipo y uniformes, y un millón y medio de pesos que el gobierno estatal ofreció depositar a una cuenta bancaria de la organización.

El gobernador planteó que la Policía Comunitaria, después de 17 años de autonomía, funcione como Policía Auxiliar de las corporaciones policiacas oficiales. La propuesta, dijo, es que la CRAC “coadyuve y auxilie en la prevención y operación de los delitos; para que la Policía Comunitaria pueda lograr su regularización y no contravenga el marco constitucional y legal vigente, tendrá carácter de auxiliar de seguridad pública, y será permanentemente capacitada”.

Aguirre Rivero llegó a la bodega La Luz de La Montaña, ubicada a la salida de la cabecera municipal de San Luis Acatlán, acompañado de una comitiva extensa de sus funcionarios, media hora antes de lo acordado (12 de la tarde), a la que además de los coordinadores de la CRAC, asistieron los consejeros Bruno y Cirino Plácido Valerio, dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que lidera el levantamiento armado de Ayutla y Tecoanapa.

Al acto con las características a cualquiera de una gira del gobernador –la mesa de debate entre la CRAC y el mandatario para dejar clara la relación con el gobierno sólo fue una buena intención–, también asistió un grupo de policías comunitarios de la zona mixteca de Ayutla recién incorporado, a quienes no le permitieron dar su discurso, según denunció Arturo Campos Herrera, promotor en ese municipio. Tampoco le permitieron participar a Eugenio Jiménez, coordinador de la Policía de Huamuxtitlán, que aunque funciona como un sistema de justicia independiente, está hermanada a la CRAC.

La consejera Felícitas Martínez Solano, antes leyó la postura de la Coordinadora, y exigió al gobernador el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado mexicano y la Constitución, y la observancia y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También pidió respeto al sistema de seguridad, justicia y reducación de la CRAC, el desistimiento de la acción penal y la persecución de la PGJE contra integrantes de la organización, la cancelación de concesiones minera, respeto a su mando único (pueblo organizado y su Asamblea Regional), y la no militarización de la zona.

Aguirre Rivero reconoció a la CRAC su compromiso que, aseguró, se evidencia en los bajos índices delictivo en las regiones de su influencia, y que los policías comunitarios están alejados de “vicios y prácticas” de los policías oficiales. Entregó a los coordinadores cuatro camionetas, con mil 200 uniformes –sólo son unos 800 policías comunitarios, “pero traje de más por los que se sumen”–, y un millón y medio de pesos, que dijo depositaría a la cuenta de la CRAC. Las 200 armas AR-15 que les prometió antes, no las entregó.

Al principio, en medio y al final de su intervención que el encuentro, y entrega del equipo no eran “a la luz de los recientes acontecimientos”, pero antes no lo hizo.

Escena polémica

Al gobernador lo flaqueaban Pablo Guzmán, uno de los coordinadores de la CRAC, y el alcalde Alejandro Contreras, quien a su derecha tenía a Cirino Plácido Valerio.

“¡Bruuno!”, soltó el gobernador al ver atravesar el perímetro del acto, al dirigente de la Upoeg, quien hizo una mueca que parecía una sonrisa.

Para cuando Bruno Plácido Valerio llegó al centro del templete, lugar que ocupó el gobernador, éste ya estaba de pie y con la mano extendida. El dirigente de la Upoeg saludó de apretón de mano al gobernador y al alcalde. A excepción de Felicitas Martínez, no saludó a nadie de la CRAC.

“¡Es orgulloso!”, se leyó en los labios de Pablo Guzmán cuando susurró al oído izquierdo del gobernador. Ambos rieron.

La pugna entre la CRAC y la Upoeg de pronto fue notoria, pero no evidente. Apenas ayer (domingo), los integrantes de la Upoeg impidieron una asamblea de la CRAC en la que informarían del levantamiento de Ayutla; la coordinadora acusó al gobierno estatal de estar detrás. A quien no se vio por el lugar del encuentro fue al asesor jurídico de la Coordinadora, Valentín Hernández.

Después, en momentos de su discurso, el gobernador soltó frases como “yo no quiero ser motivo de fractura y división”, “quiero ser el instrumento que pueda limar cualquier aspereza”, y “aquí, ustedes (integrantes de la CRAC y Upoeg) son los mismos. Los protagonismos a un lado”.

En el camino a San Luis Acatlán, los habitantes de Ayutla y Tecoanapa mantienen tres puestos de revisión y control en su perímetro de influencia.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/22/index.php?section=politica&article=003n1pol

Les regala una copia de la Ley 701 al dejarlos ir libres

Libera la CRAC a servidores tras la libertad a Tranquilino

Piden a presos $200 mil por atender sus asuntos, denuncia el dirigente

FRANCISCA MEZA CARRANZA ( Enviada)

San Luis Acatlán, 29 de agosto. El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Máximo Tranquilino Santiago fue liberado ayer “por falta de elementos”, luego de más de 24 horas de haber sido detenido por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) acusado de secuestro; en tanto, los dos agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el juez Filemón Vázquez Espinoza y el secretario de Acuerdos del juzgado fueron liberados por autoridades de la CRAC, que los detuvieron por violar la ley 701.

La asamblea microrregional de la CRAC se convirtió ayer en un juicio popular en el que las autoridades comunitarias lograron que los empleados de la PGJE retenidos desde el martes reconocieran que se equivocaron al detener al dirigente porque desconocían la ley publicada el año pasado, que en su artículo 37 reconoce a la CRAC para todos los efectos y sus actuaciones legales.

Tras ser detenidos por la Comunitaria el martes, el juez Vázquez Espinosa, el agente titular del Ministerio Público Omar Sandoval León, el secretario de Acuerdos José Luis Bernabé y el agente auxiliar Napoleón Hernández fueron trasladados a la comunidad de Buena Vista, pues, a decir de los dirigentes, había temor de que la PIM irrumpiera por la madrugada al Centro de Justicia a rescatarlos y se desatara un enfrentamiento.

Ayer por la mañana, un grupo acudió por ellos para presentarlos ante el juicio popular, que, debido a lo afectado del camino por las lluvias, comenzó después de las 2 de la tarde. Durante el jucio de más de tres horas, los habitantes de las comunidades manifestaron su inconformidad por la detención de Tranquilino, y a su vez el juez y los agentes de la PGJE expusieron los motivos por los que lo arrestaron.

Los comandantes de la CRAC también detallaron el momento en que detuvieron al juez y al titular del MP, a quien le encontraron una pistola calibre 9 milímetros, la cual fue mostrada a los asistentes. El agente aseguró que la portaba para su defensa como parte de las medidas adoptadas por la dependencia ante los ataques que han recibido.

A la asamblea asistieron representantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, del Taller de Desarrollo Comunitario, del Centro de Formación Política Juan R. Escudero de Acapulco y de la CETEG, entre otras organizaciones.

En sus participaciones, el juez y el agente del Ministerio Público dijeron tener en la zona menos de un mes, por lo que no conocían a fondo el caso, al igual que otros, lo cual fue refutado por varios de los presentes, quienes dijeron que deben de analizar los casos y actualizar su base de datos porque hay algunos que ya prescribieron.

En la asamblea destacó el vacío de las autoridades del estado que fueron convocadas a pesar de que un día antes el gobierno del estado emitió un escueto comunicado en el que aseguraba que privilegiaría el diálogo.

De acuerdo con el integrante Pablo Guzmán Hernández, la procuradora Martha Elva Garzón Bernal argumentó que por agenda no podría acudir; en tanto, durante la reunión, el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, por vía telefónica le dijo que no iría, pero los citó para hoy a las 6 de la tarde en sus oficinas en Chilpancingo.

Tras varias horas frente a los campesinos, el juez Vázquez Espinoza firmó el auto de libertad para Tranquilino Santiago, quien se incorporó a la asamblea pasadas las 5 de la tarde. Frente a los detenidos por la CRAC, reprochó que en su estancia en el penal varios reclusos le expusieron que se les ha pedido hasta 200 mil pesos para atender su caso.

Los retenidos fueron liberados y la asamblea les regaló una copia de la ley 701.

En conferencia de prensa por la mañana, los integrantes de la CRAC reprocharon que el gobernador Ángel Aguirre haya hecho acuerdos con ellos para no cumplirlos y precisaron que la detención de los servidores públicos del estado no fue como intercambio, sino porque violaron la ley.

Pablo Guzmán aseguró que sólo les depositaron 100 mil pesos de los 500 mil mensuales que les darían y que les dijeron que eran los únicos que tendrían porque no saben comprobar; también les dijeron que no les darían las 200 armas pactadas porque no cuentan con una licencia colectiva.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/08/30/index.php?section=politica&article=004n1pol

Reclama la CRAC que representantes de los tres poderes vayan a San Luis Acatlán

Detiene la Policía Comunitaria a cuatro funcionarios de la PGJE

Condiciona la liberación de los servidores públicos a la excarcelación de su dirigente

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 28 de agosto. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a uno de los 10 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Máximo Tranquilino Santiago, por el supuesto delito de privación ilegal de la libertad, y en respuesta la Policía Comunitaria aprehendió a cuatro funcionarios de la procuraduría, incluido al juez de primera instancia de San Luis Acatlán.

La Policía Comunitaria condicionó para liberar a los funcionarios estatales, que el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; la procuradora de Justicia, Martha Elba Garzón Bernal; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Garnelo; y el presidente de la Comisión de Gobierno, Faustino Soto Ramos, asistan el próximo miércoles a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, y sobre todo, que liberen a Máximo Tranquilino.

Vía telefónica, Pablo Guzmán, uno de los coordinadores de la CRAC, detalló que elementos ministeriales, detuvieron en las inmediaciones de la cabecera de San Luis Acatlán, a Tranquilino Santiago, cuando iba rumbo a la Casa de Justicia.

Máximo, explicó, fue acusado por Constantina Marín Ramírez, y su hija, originarias de la comunidad de Yoloxóchitl, que hace un par de meses fueron detenidas por el sistema comunitario por haber amenazado de muerte al comisario municipal de esa comunidad, en su pleno proceso.

Ese “caso ya se había resuelto internamente en la CRAC, a pesar de que su esposo, Silvino Encarnación, es señalado como cómplice del asesinato de un ciudadano de nombre Ricardo García Tecla”.

Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC, detalló que alrededor de las 14 horas de hoy, en cumplimiento de la Ley 701 del Estado de Guerrero, que reconoce al sistema comunitario de justicia, la Policía Comunitaria detuvo a los funcionarios por “haber ordenado la aprehensión de Tanquilino Santiago.

Ambos miembros de la CRAC aseguraron que este acción sin duda se trata de una embestida del gobernador Ángel Aguirre Rivero contra del sistema de justicia comunitario.

Los funcionarios detenidos por la Policía Comunitaria son Filomeno Vázquez Espinosa, juez mixto de primera instancia; José Luis Bernabé, secretario de acuerdos penales de primera instancia; Omar Sandoval León, agente titular del Ministerio Público (MP), y Napoleón Hernández, agente auxiliar del MP.

Los integrantes de la CRAC informaron que mañana (miércoles) a las 10 de la mañana convocaron a una asamblea urgente para definir su plan de acción.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/08/29/index.php?section=sociedad&article=006n1soc

DETIENEN A MAXIMINO TRANQUILINO SANTIAGO, Coordinador de la CRAC, Policía Comunitaria

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS

DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO.

COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA

                                                                                                             

 BOLETIN DE PRENSA

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. 28 de agosto de 2012.

A las organizaciones fraternas

A  los medios de comunicación

Al  pueblo en general.

Hoy 28 de agosto de 2012 aproximadamente las  7:30 de la mañana fue detenido por la Policía Ministerial, nuestro compañero MAXIMO TRANQUILINO SANTIAGO, Coordinador Regional  de la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán, Gro., mientras se dirigía de su domicilio a esta Casa de Justicia.

Hoy nos enteramos que la Agencia del Ministerio Publico y el Juzgado de Primera Instancia con sede en esta ciudad, le dieron curso a una averiguación previa y a la causa penal 76/2012-II, en contra de los compañeros Coordinadores Regionales Máximo Tranquilino, Pablo Guzmán, Asunción Ponce Ramos, Claudio Carrasco, los comandantes regionales Melquiades Simón Santiago, Aureliano Martínez Tomas, Andrés Panuceno Germán y Felicito Clemente Quintero, acusados de haber privado de la libertad al C. Silvino Encarnación Gabino, vecino de la comunidad de Yoloxochitl, quien se encuentra detenido en proceso de reeducación del sistema comunitario acusado de haber asesinado a un vecino de la comunidad de Yoloxochitl. Derivado de esta denuncia, el Juez de Primera Instancia libero las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros y hoy, la policía ministerial llevo a cabo la detención de nuestro compañero Máximo Tranquilino Santiago.

De manera inmediata nuestros pueblos y comunidades se han movilizado y por acuerdo de la asamblea que se ha instalado en nuestra Casa de Justicia, se ordeno la detención de los Agentes del Ministerio Publico y del C. Juez Mixto de Primera Instancia todos con sede en esta ciudad, ya que han incumplido los acuerdos de no agresión y de coordinación en materia de impartición de justicia y de seguridad con nuestro sistema comunitario, además de transgredir la Ley Numero 701 de Reconocimiento, de derechos y cultura de los pueblos y comunidades originarias del Estado de Guerrero, promulgada desde el mes de abril de 2011, en la cual se reconoce la legalidad y legitimidad de nuestras instituciones comunitarias, y en el que se establece la obligatoriedad para las dependencias del Estado de hacer valer y respetar las actuaciones de la CRAC y Policía Comunitaria.

Aproximadamente a las 14:30 horas de este día, nuestra Policía Comunitaria detuvo a las siguientes personas: FILOMENO VAZQUEZ ESPINOZA, JOSE LUIS BERNABE FERNANDEZ, OMAR SANDOVAL LEON Y NAPOLEON HERNANDEZ GARIBO, Juez Mixto de Primera Instancia, Secretario de Acuerdos penales del Juzgado Mixto de Primera Instancia, Agente Titular del Ministerio Publico y Agente Auxiliar del Ministerio Publico, respectivamente. Se les ha tomado su declaración en relación a la detención de nuestro compañero y todos manifestaron desconocer las leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios, la ley numero 701, así como los acuerdos de coordinación que desde hace años hemos mantenido con las distintas dependencias. Cabe señalar que el C. Filomeno Vázquez, se negó a dar cualquier dato o declaración incluso se opuso a que se pudieran tomar fotografías para documentar sus declaraciones. También se informa que al C. Omar Sandoval Leon, al momento de su detención se le recogió una pistola pietro beretta, calibre 9 mm. Con un cargador y 4 cartuchos útiles, con la que pretendió resistirse a la detención. Todos los detenidos se han puesto a disposición de nuestra máxima autoridad que es la asamblea regional, se encuentran bien de salud y se les informo del motivo de su detención y del procedimiento que habrá que seguir para lograr su liberación.

Ha sido acuerdo de la asamblea reunida el día de hoy, de convocar para el día de mañana miércoles 29 de agosto del año en curso, a todas las autoridades municipales y agrarias, de las comunidades, a reunirse en esta Casa de Justicia Comunitaria. Estamos convocando a que ante la asamblea regional se presenten los representantes del Gobierno del Estado: Secretario de Gobierno, Procuradora General de Justicia, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, para destrabar el presente conflicto, así como para establecer claramente la relación que habremos de seguir en lo posterior. En este mismo sentido, hacemos amplia la invitación a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales y políticas para que nos acompañen en esta asamblea regional que seguramente sentara bases para que los pueblos sigan avanzando en la construcción de este modelo organizativo de los pueblos.

Todo lo anterior lo vemos como parte de una campaña en marcha, del gobierno del estado y del gobierno federal, para hostigar y debilitar la organización de nuestros pueblos, dividir y lastimar a nuestras comunidades. Lo anterior se suma a la detención en días pasados de nuestro compañero Agustín Barrera Cosme, a las amenazas de muerte en contra de Cirino Placido Valerio, al desconocimiento como asesor de nuestro compañero Valentín Hernández; al agudizamiento del conflicto agrario entre Tilapa y Tierra Colorada que ha generado la muerte del Comisario Municipal de Tilapa el C. Crisóstomo Bruno Peñaloza; a la presencia creciente de grupos de la delincuencia organizada amafiados con el poder público, que están sembrando el terror y la inseguridad en toda la población. Todo esto lo vemos como partes de una estrategia del gobierno y las empresas mineras para debilitar a nuestros pueblos y así lograr consolidar su establecimiento en territorio comunitario para el saqueo y el despojo de nuestros recursos minerales y naturales.

Ante esto, el gobierno estatal ha respondido con incumplimiento a acuerdos alcanzados con nuestra institución comunitaria. Ha negado la dotación de 202 armas para nuestra policía comunitaria, arguyendo un sinfín de requisitos, cuando la delincuencia organizada todos los días está ampliando su poder. Nos niega armas para la defensa de nuestras comunidades y le otorga vehículos y equipamiento al ejército federal, aun cuando la SEDENA cuenta con presupuesto suficiente además de los recursos que le son asignados del ilegal Plan Mérida.

Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de cualquier otra agresión que se genere con motivo de esta lucha, ya que tenemos la información de que se están estableciendo retenes de la policía ministerial y estatal dentro del territorio comunitario. Manifestamos nuestra disposición a dialogar para generar acuerdos ante la asamblea general de nuestros pueblos.

Llamamos  a nuestros pueblos y comunidades a que se movilicen y a que demos prueba del valor y la razón que nos ha mantenido fuertes y unificados desde la constitución de nuestra Policía Comunitaria en 1995. Llamamos la atención a las organizaciones fraternas a nivel estatal, nacional e internacional a que se pronuncien en contra de esta campaña  de agresiones y a que se mantengan de pie con nuestra lucha.

“El Respeto a Nuestros Derechos, Sera Justicia”

¡Solo el Pueblo Apoya y Defiende al Pueblo!

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias

Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria

                                                                                                                                                                        

En asamblea en julio analizarán la situación de las mujeres

Se plantan 200 frente a la CRAC; exigen la libertad de 3 presuntas defraudadoras

SERGIO FERRER (Corresponsal)

Tlapa, 27 de junio. Unas 200 personas mantienen un plantón indefinido frente a la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en San Luis Acatlán en demanda de la libertad inmediata para tres mujeres detenidas por la Policía Comunitaria, acusadas de participar en un fraude millonario a socios de la cooperativa Chinde Etanyo. Coordinadores regionales acordaron convocar a asamblea regional de autoridades comunitarias el próximo 3 de julio a fin de dar solución a este problema.
Desde el pasado domingo, un grupo de mujeres encabezadas por los abogados Alejandro Magallón, Cristóbal Alfonso Hernández y familiares de las detenidas, protestaron frente a la Casa de Justicia de la CRAC por la libertad de las acusadas, reclamando por supuestas irregularidades en la detención y proceso de investigación de Teresita Félix Hernández, Leticia Villegas Morán y Rafaela Meza Gerónimo.
A pesar de mantener un diálogo entre una comisión de inconformes y representantes de la coordinadora, no se logró algún acuerdo, ya que, según informó la CRAC en un comunicado, “reclaman la liberación inmediata de las detenidas, argumentando con leyes oficiales y desconociendo nuestros procedimientos e instancias de decisión como institución de pueblos originarios”.
La Policía Comunitaria plantea convocar de manera urgente a una asamblea regional de autoridades comunitarias, la instancia de mayor rango dentro de este sistema de impartición de justicia, para el próximo 3 de julio en la comunidad me´phaa de Potrerillo Coapinole, donde se pretende desahogar acusaciones y defensas del caso en un juicio público. La CRAC, convocará a socios y directivos de la cooperativa, autoridades comunitarias, agrarias, familiares de las detenidas y medios de comunicación.
Las tres mujeres acusadas por el Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa ChindeEtanyo por fraude fueron detenidas en mayo. La cooperativa no demanda sanción alguna para los responsables de un fraude que “perjudica a campesinos amas de casa, comerciantes…integrantes de la institución financiera”, sino que exige la recuperación de los recursos sustraídos.
En el documento emitido con carácter de urgente por la CRAC, se asegura que reforzarán sus medidas de seguridad e insta a organizaciones sociales a estar pendientes de la situación, además alerta nuevamente de presuntos ataques de desprestigio a cargo del diario El Faro de la Costa Chica, finalizan pronunciándose por el diálogo y acuerdos entre las partes con respeto a las instancias instituidas por los pueblos.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/06/28/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

14 Años DE la POLICIA COMUNITARIA EN GUERRERO, EJEMPLO DE PUEBLO ORGANIZADO

Formando autonomías con la Policía comunitaria



Son de tarima a Sn Luis Acatlán

Asesinan a siete en ataques en San Marcos, entre ellos dos ministeriales

Reporta Seguridad Pública dos ejecutados el sábado en Tlapa y San Luis Acatlán
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La familia de un agente fue recibida a tiros cuando llegaba a una fiesta en Las Vigas

Al repeler la agresión un hermano de la víctima ultima a dos hombres, uno menor de edad

MARLEN CASTRO Y LAURA REYES 

CHILPANCINGO, 18 DE ENERO. Cinco personas murieron en un enfrentamiento armado la madrugada de este domingo en la comunidad Las Vigas, municipio de San Marcos, en medio de una fiesta de 15 años; entre las víctimas está un agente ministerial, quien en su día libre asistió a la celebración y fue recibido a balazos, informó la Policía Ministerial.

Horas después, ya en la mañana de este día, como consecuencia de ese enfrentamiento, murió otro hombre más, originario de Parral, Chihuahua, quien llegó en estado de ebriedad a la comandancia de la ministerial, ubicada en la cabecera municipal, preguntando por un comandante, a quien hirió de gravedad y éste, al repeler la agresión, lo mató de un tiró en la cabeza. 

Posteriormente, el comandante herido murió en Acapulco, luego de una cirugía.

El director de la Policía Ministerial, Erit Montúfar Mendoza, precisó que en el enfrentamiento ocurrido en la fiesta murieron el integrante de esa corporación, Elbio Ignacio Mora, de 29 años; su hermano Agustín, de 23, y su tío Francisco Ignacio Cortés, de 38 años.

“El problema se suscitó cuando nuestro elemento, que ese día estaba franco, llegó con su familia a la fiesta y fue recibido a balazos por un grupo de personas”, indicó el jefe policiaco.

De acuerdo con la versión oficial, otro familiar del policía respondió la agresión y mató a Daniel Sierra o Herrera Rendón, de 16 años, y a Gaudencio Palma Sabino, de 23, que estaban en el grupo que recibió a balazos a Ignacio Mora cuando llegó con su familia a la fiesta.

Montúfar agregó que como consencuencia de ese enfrentamiento, ocurrido en la madrugada, cerca de las 8 de la mañana de este día llegó a la comandancia de la ministerial en San Marcos un hombre alcoholizado, quien preguntó por el comandante Obdulio Flores Miranda y al tenerlo enfrente sacó su pistola y lo hirió de tres balazos.

“Pero luego de forcejear con su atacante pudo sacar su pistola para responder la agresión, matándolo de un tiro en la cabeza”, detalló.

Se pudo conocer que el hombre que llegó a la comandancia era originario de Parral, Chihuahua, y se llamaba Emmanuel Hernández Karim, según su credencial para votar.

En otros acontecimientos violentos ocurridos en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública informó en comunicados que el pasado sábado en el kilómetro 4 de la carretera Tlapa-Marquelia, en la parte alta de La Montaña, fue encontrado el cuerpo de un hombre ejecutado de dos balazos, de quien se desconoce su identidad.

En tanto, en la comunidad Yoloxochitl, municipio de San Luis Acatlán, en la Costa Chica, fue ejecutado a balazos Eloy Encarnación Gabino, de 35 años, quien recibió siete balazos.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/01/19/index.php?section=sociedad&article=005n1soc