Libera la CRAC a servidores tras la libertad a Tranquilino
Les regala una copia de la Ley 701 al dejarlos ir libres
Libera la CRAC a servidores tras la libertad a Tranquilino
Piden a presos $200 mil por atender sus asuntos, denuncia el dirigente
San Luis Acatlán, 29 de agosto. El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Máximo Tranquilino Santiago fue liberado ayer “por falta de elementos”, luego de más de 24 horas de haber sido detenido por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) acusado de secuestro; en tanto, los dos agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el juez Filemón Vázquez Espinoza y el secretario de Acuerdos del juzgado fueron liberados por autoridades de la CRAC, que los detuvieron por violar la ley 701.
La asamblea microrregional de la CRAC se convirtió ayer en un juicio popular en el que las autoridades comunitarias lograron que los empleados de la PGJE retenidos desde el martes reconocieran que se equivocaron al detener al dirigente porque desconocían la ley publicada el año pasado, que en su artículo 37 reconoce a la CRAC para todos los efectos y sus actuaciones legales.
Tras ser detenidos por la Comunitaria el martes, el juez Vázquez Espinosa, el agente titular del Ministerio Público Omar Sandoval León, el secretario de Acuerdos José Luis Bernabé y el agente auxiliar Napoleón Hernández fueron trasladados a la comunidad de Buena Vista, pues, a decir de los dirigentes, había temor de que la PIM irrumpiera por la madrugada al Centro de Justicia a rescatarlos y se desatara un enfrentamiento.
Ayer por la mañana, un grupo acudió por ellos para presentarlos ante el juicio popular, que, debido a lo afectado del camino por las lluvias, comenzó después de las 2 de la tarde. Durante el jucio de más de tres horas, los habitantes de las comunidades manifestaron su inconformidad por la detención de Tranquilino, y a su vez el juez y los agentes de la PGJE expusieron los motivos por los que lo arrestaron.
Los comandantes de la CRAC también detallaron el momento en que detuvieron al juez y al titular del MP, a quien le encontraron una pistola calibre 9 milímetros, la cual fue mostrada a los asistentes. El agente aseguró que la portaba para su defensa como parte de las medidas adoptadas por la dependencia ante los ataques que han recibido.
A la asamblea asistieron representantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, del Taller de Desarrollo Comunitario, del Centro de Formación Política Juan R. Escudero de Acapulco y de la CETEG, entre otras organizaciones.
En sus participaciones, el juez y el agente del Ministerio Público dijeron tener en la zona menos de un mes, por lo que no conocían a fondo el caso, al igual que otros, lo cual fue refutado por varios de los presentes, quienes dijeron que deben de analizar los casos y actualizar su base de datos porque hay algunos que ya prescribieron.
En la asamblea destacó el vacío de las autoridades del estado que fueron convocadas a pesar de que un día antes el gobierno del estado emitió un escueto comunicado en el que aseguraba que privilegiaría el diálogo.
De acuerdo con el integrante Pablo Guzmán Hernández, la procuradora Martha Elva Garzón Bernal argumentó que por agenda no podría acudir; en tanto, durante la reunión, el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, por vía telefónica le dijo que no iría, pero los citó para hoy a las 6 de la tarde en sus oficinas en Chilpancingo.
Tras varias horas frente a los campesinos, el juez Vázquez Espinoza firmó el auto de libertad para Tranquilino Santiago, quien se incorporó a la asamblea pasadas las 5 de la tarde. Frente a los detenidos por la CRAC, reprochó que en su estancia en el penal varios reclusos le expusieron que se les ha pedido hasta 200 mil pesos para atender su caso.
Los retenidos fueron liberados y la asamblea les regaló una copia de la ley 701.
En conferencia de prensa por la mañana, los integrantes de la CRAC reprocharon que el gobernador Ángel Aguirre haya hecho acuerdos con ellos para no cumplirlos y precisaron que la detención de los servidores públicos del estado no fue como intercambio, sino porque violaron la ley.
Pablo Guzmán aseguró que sólo les depositaron 100 mil pesos de los 500 mil mensuales que les darían y que les dijeron que eran los únicos que tendrían porque no saben comprobar; también les dijeron que no les darían las 200 armas pactadas porque no cuentan con una licencia colectiva.
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