sábado, 2 de julio de 2011

Isabel Garibo: Historia de una mujer en defensa de su tierra

Gatos Pardos

Isabel Garibo: Historia de una mujer en defensa de su tierra

Hercilia Castro


Conocí a Isabel Garibo por una nota de prensa en 2008, hablaba la noticia de una familia que  iba a ser desalojada de su predio, habían ido en esa ocasión los marinos a apoyarla, y  una empresa desarrolladora  había quemado su casa, todo un conflicto en el que casi había muertos.

La historia me interesó para la radio en que estaba, radio la Nueva República, y por azares de las circunstancias Bernardo Radilla, representante de la Unión Campesina Democrática (UCD) nos contó que Isabel Garibo era amenazada de ser desalojada del predio familiar por la empresa desarrolladora Interad  SA de CV, e invitó a la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz)a acompañar a Isabel  y hacer una resistencia pacífica en el Cerro de Huamilule, el predio en disputa.

Isabel Garibo es una de once hermanos originarios de Barra de Potosí, su madre como ella describe, los dio a luz en el cerro del Huamilule, un predio de 198 hectáreas en el cual han vivido siempre, todos de origen humilde, sin más aspiración que ver a sus hijos ir a la escuela, sacar a la familia adelante, trabajar y disfrutar de las cosas más simples.


El cerro del Huamilule, es una extensión de 198 hectáreas, está al fondo de Barra de Potosí, la cual está considerada por la Comisión Nacional de la Biodiversidad (Conabio) como zona prioritaria por su gran biodiversidad y riqueza de manglares, especie protegida por la NOM. O11 de la Ley General de Vida Silvestre y una zona estudiada detalladamente por más de diez años por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la cual ha clasificado la existencia de 240 especies de aves (migratorias y marinas), 180 especies de mariposas entre ellas alguna endémicas, 214 especies de reptiles y especies de la zona.
Su gran biodiversidad la han declarado por esos motivos, pulmón prioritario, y constituye la cuarta zona más extensa de manglares en nuestro país, después de Chiapas y Tabasco. Se ubica en el municipio de Petatlán, Guerrero. 

El cerro de Huamilule, se encuentra en ese lugar prodigioso del que muchas veces uno escribirá por ser un lugar mágico, no solo por su naturaleza sino por la calidad de su gente, ya que es una comunidad pesquero ribereña artesanal, su principal actividad es la pesca y el turismo, y de los pocos lugares autosuficientes por su riqueza para que las familias sobrevivan.

En 2008 la empresa desarrolladora  Interad SA de CV, llegó a la zona con Roberto Mario Guala, apoderado legal de está, o eso, alegaba ser, el proyecto en cuestión que pensaban realizar abarcaba las 198 hectáreas de Cerro de Huamilule para un resort de lujo, tiendas comerciales, spa, torre médica, zonas de esquí, cabañas y zona de deportes acuáticos sobre el cuerpo de agua de la laguna de Barra de Potosí, todo el proyecto autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y como todos los proyectos turísticos de luxe que se han asentado a lo largo del paisaje costero nacional, siempre, sin el estudio de la Manifestación de Impacto Ambiental.

Roberto Guala, llegó de manera prepotente a asentarse en el predio del Cerro de Huamilule, siempre con el argumento de que la tierra le pertenecía y nunca estableció diálogo con los Garibo.


Isabel Garibo junto con sus hermanos, de inmediato se opusieron al despojo por parte de Interad, pero en lugar de que Guala entablara plática alguna con los dueños de Huamilule, la primer acción que hizo fue mandar quemar la casa de los Garibo. La UCD solicitó entonces el respaldo de los grupos en lucha de la región, fue en noviembre de 2008 que la Coordinadora Estatal de Trabajadores por la Educación en Guerrero (Ceteg), la Rogaz y la Red Manglar Internacional delegación Guerrero (RMI) acudieron en solidaridad con la familia a hacer un plantón simbólico al Cerro de Huamilule.

En ese mismo año, Pedro Quiroz, abogado de la empresa demanda penalmente a Isabel Garibo exigiendo la posesión del Huamilule y presentando documentos apócrifos, ahí inició la batalla de Isabel.

No satisfechos con la demanda Roberto Guala mandó derrumbar por segunda vez la casa apenas levantada de las cenizas de los Garibo, días más tarde, por tercera ocasión la derrumbaron y los Garibo la levantaban, siendo  cuatro ocasiones en que intentaron destruir la posesión de los Garibo.


El 28 y 1 de marzo de 2009 en el encuentro de la Red Manglar Internacional que celebraba su visita en Guerrero, Isabel Garibo acompañada de dos de sus hijas, se presentó a exponer su caso ante diversas organizaciones nacionales defensoras del manglar como Bios-Iguana de Colima.

Esa misma tarde, acompañamos a Isabel Garibo al Cerro de Huamilule, al final del encuentro, la RMI hizo un pronunciamiento conjunto dirigido al gobierno federal donde se exigía un alto al acoso de los Garibo.

Meses más tarde, las amenazas contra los Garibo tomaban el color de órdenes de aprehensión giradas en contra de Isabel y su esposo Eulises Damián y el litigio ya tenía número de expediente bajo la averiguación previa AZUE/PETA/047/2008 denuncia por despojo que interponen los Garibo.


El 23 de junio de éste año, Isabel Garibo fue notificada de que Luis Alejandro Espíndola López, iba a tomar posesión definitiva del Cerro de Huamilule y solicitó apoyo a las organizaciones y medios para estar atentos a lo que pudiera suceder (…).

Luis Alejandro Espíndola López al igual que Roberto Mario Guala, desde hace casi un año demandó a Isabel Garibo con el argumento de ser legítimo dueño del Huamilule, e incluso, pidió se giraran órdenes de aprehensión en contra de Isabel Garibo y Eulises Damián, la orden fue girada por el juez del  Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia en el Distrito de Azueta, Carlos Meza Román, el cual junto con Espíndola, hace días le gritó a Isabel Garibo que ella no podía hacer nada porque “nosotros ya dimos dinero, con dinero todo se compra”.


El 5 de junio pasado el dirigente nacional de la UCD, José Durán Vera, declaro ante los medios que en el conflicto del Cerro del Huamilule, que las denuncias y órdenes de aprehensión interpuestas por Luis Alejandro Espíndola López en contra de Isabel Garibo Vargas y su esposo, Eulises Damián, no pertenecen al orden civil ni penal, ya que es un conflicto agrario que se debe de resolver a través de la Secretaría de la Reforma Agraria y el Tribunal Unitario Agrario.

Y éste 30 de junio Espíndola López, iba a tomar posesión definitiva del Huamilule, los Garibo se reunieron desde antes de las 8 de la mañana, todos los hermanos, primos, sobrinos, compadres y Solís Radilla de la UCD, con machetes y piedras en mano, estaban en espera de Espíndola López y la fuerza pública, para sacar la casta, como en anteriores veces Isabel había advertido que ya no respondería por lo que sucediera.
Alrededor de las 10 de la mañana, llegaron “los contrarios” a tomar posesión junto con la policía municipal preventiva del municipio de Petatlán, el abogado de Espíndola, José Luis Delgado, el juez Carlos Meza Román, y María Cabañillas quién se iba a quedar como huertera en cuanto desalojaran a los Garibo.


Sin embargo, el abogado de Isabel Garibo, logró sacar un amparo de suspensión para anular cualquier procedimiento de desalojo, durante diez minutos, la conversación entre los Garibo y los contrarios subió de tono e Isabel retó al abogado quién asegura, desde hace años la amenazó con quedarse con el predio.
 “Vuélveme a amenazar de muerte como lo hiciste aquella vez que fuiste a mi puesto, vuélvelo a hacer aquí delante de todos”, lo retó Garibo.

 Ante el amparo otorgado por el Juzgado Cuarto de Distrito de Guerrero, Espíndola y sus acompañantes tuvieron que retirarse, pero las órdenes de aprehensión giradas contra Isabel y Eulises siguen vigentes, ya que el amparo que obtuvieron contra estas órdenes, ya se venció y tienen que renovarlo, sin saber como, pues sus recursos se han ido en el litigio eterno por la defensa de su tierra y con un futuro incierto por la corrupción mostrada durante todo el proceso.


“Ahora tenemos que ir a firmar al Cereso cada viernes, como si fuéramos unos delincuentes”, dice Isabel.
Con un sin número de anomalías, ese mismo día declara en el cerro de Huamilule Bernardo Solís Radilla, “en estos momentos la UCD está en una reunión con la PGR para que se tomen cartas en el asunto y se investigue a todo aquel que presente falsos documentos, documentos apócrifos, ya que aquí, está comprobado que la familia Garibo tiene la posesión del cerro desde 1961”.


Relata Isabel que José Luis Delgado fue hace más de 10 años a su puesto a decirle que se iba a quedar con el predio de cualquier forma y que la amenazó, al poco tiempo, se quieren adueñar del predio, y al no poder, acusan a sus dos hermanos menores de 18 y 21 años de haber matado a una familia, actualmente fueron trasladados del Cereso de Iguala a las Islas Marías, sin la oportunidad de tener un proceso limpio, condenados a más de 38 años de prisión y la familia Garibo sin acceso a un defensor de oficio por no tener dinero.


-Isabel, tu historia merece un reportaje, no una nota…

-¡Una novela, todo un libro! Porque han sido tantas veces que nos han querido quitar el cerro
-Sí, así es…

-Pero quiero que sepan que no nos van a quitar nuestro patrimonio, la familia Garibo se va a defender, y no nos vamos a rajar, vamos a defender como sea…


Con procesos legales viciados, una administración jurídica corrupta, autoridades que jamás han mediado en el conflicto, se han violado las garantías y derechos principales a la familia Garibo, victima de la ambición de inversionistas depredadores y hombres corruptos al frente de la ley.

Derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad, derecho a la alimentación, derecho a un medio ambiente sano, derecho a una vida digna, derecho al agua, son unos cuantos de los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales que contempla el PIDESC y a los Garibo les están siendo negados…

Queda entonces el seguir con la denuncia del atropello de garantías y derechos  esenciales a los Garibo, mientras, Isabel Garibo y sus once hermanos, esperan por fin les den el título de posesión que desde 1996 solicitaron y que la SRA no tomó en cuenta al hacer la medición de la colonia agrícola ganadera donde se ubica el Cerro de Huamilule, esperan aún justicia y respeto, esperan el nuevo ataque de un sistema corrupto, y siguen con la incertidumbre de que en cualquier momento los aprehenderán…


Fotos* Hercilia Castro*
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CARTONES DE LA JORNADA



Marchan normalistas de Ayotzinapa en la capital

Protestan por la falta de plazas

Marchan normalistas de Ayotzinapa en la capital

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 1º de julio. Estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa marcharon encapuchados por las principales calles de la capital para protestar por el escaso número de plazas que van a concursar para este año, pues mientras la Federación está enviando 58 puestos para los de nuevo ingreso, sólo en Ayotzinapa este año van a egresar más de 120 normalistas.
El contingente de unos 100 normalistas salió del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, donde desde el pasado miércoles se lleva a cabo el registro para los aspirantes a una plaza, caminaron por la avenida Ruffo Figueroa y se dirigieron a las oficinas de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG).
Entrevistado al respecto, el vocero del movimiento, Marcelino Flores, dijo que la marcha es para manifestarse contra las 58 plazas que se van a dar a través del examen de oposición, cuando sólo de la normal de Ayotzinapa son 122 los que van a egresar este año.
Los estudiantes llevaban la cara tapada con bolsas de plástico y otros de papel debido a que “nos da vergüenza de que el nuevo gobernador a poco tiempo de haber llegado nos esté fallando, esté incumpliendo con los acuerdos que hizo con la Normal Rural de Ayotzinapa, además de que estamos en contra de que se siga privatizando la educación”, destacó el normalista.
El vocero rechazó que estén en contra del examen de oposición, aunque dijo que no están de acuerdo con la cantidad insuficiente de plazas que están dando para los egresados.
Marcelino Flores dijo que en el transcurso de la marcha iban a hacer varias paradas en diversas oficinas de Educación.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/02/index.php?section=sociedad&article=004n2soc

Totomixtlahuaca se opone a las mineras

La explotación minera, un signo de esclavitud del país que no se debe permitir, señala Tlachinollan en el foro En defensa del territorio

Totomixtlahuaca se opone a las mineras

SERGIO FERRER (Corresponsal)
Tlapa, 1º de julio. La entrada de empresas mineras a La Montaña “representaría un signo de esclavitud del país, una subyugación que no se debe permitir”, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Por su parte, comuneros de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, ratificaron su negativa contra la instalación de mineras en su territorio.
Durante el primer día de actividades del foro En Defensa del Territorio, organizado por Tlachinollan con motivo de su 17 aniversario, comuneros expusieron su postura ante la entrada de empresas mineras. Representantes del núcleo agrario de Totomixtlahuaca relataron que se dieron cuenta que unas personas se llevaba sacos con piedras, por lo que se reunieron para saber qué ocurría, y al enterarse que se realizaban labores de exploración decidieron reunirse en asamblea comunal para evitar “que se acabe el agua porque ahí nace… ¿dónde sembraremos si ponen las minas?”, cuestionaron, y advirtieron que si personas de las empresas mineras vuelven a entrar serán sacadas con piedras y palos.
Rosales Sierra indicó que el rechazo a la entrada de mineras por parte de comuneros de Totomixtlahuaca, “es un parteaguas, la etapa legal”, ya que dicho núcleo agrario registró su asamblea ante el Registro Agrario Nacional (RAN), en conformidad con la ley agraria para efectos jurídicos, otras asambleas registradas ante el RAN que se oponen a la minería en su territorio son las de Tierra Colorada, Iliatenco y San Miguel el Progreso.
Roberto Gamboa, del área educativa de Tlachinollan, informó que el gobierno federal otorgó concesiones a empresas mineras que abarcan 200 mil hectáreas, sin preguntar a los pueblos. Aseveró que existen 42 vetas en La Montaña, y precisó que hay lugares donde comuneros desconocen que existan vetas, como el caso de Temalacalzingo.
En el municipio de Acatepec, cuyo núcleo agrario recientemente recibió certificados de Área Natural Protegida por la Conanp, existen concesiones para seis vetas ubicadas en esa zona. Gamboa precisó que “con la reformas hechas al artículo 27 constitucional, el gobierno quitó derechos a campesinos; ahora las tierras puedan ser rentadas”.
En caso de que mineras entren a La Montaña, se originarían hasta 50 mil toneladas de basura de roca, se ocuparían cuatro toneladas de cianuro, material altamente tóxico y se gastarían 36 millones de litros de agua. Gamboa explicó que el negocio de la minería es redituable sólo para las empresas. En Carrizalillo, de la mina Los Filos, las mineras obtuvieron una ganancia de 250 millones de dólares.
En otro tema, campesinos de Paso de la Reina, Oaxaca, hablaron sobre la lucha que mantienen contra la instalación de una presa hidroeléctrica que afectaría su comunidad.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/02/index.php?section=sociedad&article=008n1soc

Comunicado del PDPR-EPR

AL PUEBLO DE MÉXICO
A TODAS LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A TODAS LAS ORGANIZACIONES POPULARES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!


La masacre de Aguas Blancas que arrojó el asesinato de 17 campesinos indefensos de la Organización Campesina de la Sierra Sur del estado de Guerrero (OCSS), cuyo único “delito” fue el pedir la solución al cumplimiento de la entrega de apoyos agrícolas, ha significado desde el Estado: el aniquilamiento de toda aquella expresión del pueblo que se atreva a protestar o manifestarse para exigir sus derechos ciudadanos; la fabricación de delitos para justificar la política de represión, porque Aguas Blancas es parte de las masacres que se dieron en el país como la de Acteal en Chiapas, Agua Fría en Oaxaca y El Charco en Guerrero.

Para el Estado mexicano, Aguas Blancas es la continuidad de la impunidad hacia los autores materiales e intelectuales que hoy se siguen desempeñando en el aparato represivo; la creación de figuras político-jurídicas inoperantes que sólo fungen como medida cosmética al régimen; la burla descarnada y descarada hacia los familiares de las víctimas a quienes prometieron resarcirles un daño irreparable: la pérdida de sus seres queridos con una “ayuda humanitaria” que nunca llegó, becas que dejaron de pagarse, pensiones suspendidas, dádivas selectivas que terminaron por romper los lazos fraternales que los unían.

Y por desgracia, un modus vivendi para vivales y leguleyos que medran con el dolor de las víctimas por la ausencia forzada de los seres queridos, que siguen padeciendo viudas y huérfanos.

Pero Aguas Blancas también ha significado la continuidad de la resistencia y la voluntad popular de combatir, porque este es un pueblo que a pesar de ser reprimido no ha sido doblegado y a pesar de la brutalidad y la intención perversa del Estado de paralizarlo y aniquilarlo, ha venido respondiendo combativamente, generando variadas formas de lucha y exigiendo la solución de viejas y nuevas demandas que gobiernos priístas y panistas se niegan a resolver.

El estado de sitio que anula de facto derechos constitucionales, los operativos policiaco-militares que violan sistemáticamente derechos humanos, las detenciones arbitrarias que han llenado las cárceles de inocentes y presuntos delincuentes, las ejecuciones extrajudiciales, los miles de desaparecidos por motivos políticos y sociales son una expresión del recrudecimiento de la represión que el Estado mexicano ha decidido implementar, un indicativo de las medidas pro fascistas que este gobierno está empeñado en imponer violentamente. En pocas palabras una agresión policiaco-militar permanente contra todo el pueblo.

Las manifestaciones de rechazo y condena al gobierno antipopular por sus medidas represivas tienen diferentes expresiones, desde la rabia contenida hasta la acción política de masas, desde la impotencia ahogada hasta el grito desgarrador de condena política, desde la resistencia civil pacífica hasta la lucha de resistencia popular combativa; todas son producto del descontento popular, ambas condenan la desigualdad social, exigen el fin de la política militarista y de la supuesta lucha en contra de la delincuencia organizada que desangra y consume las vidas de miles de jóvenes. Nos enfrentamos a políticas neo maltusianas para el control de la población.

Si doloroso resulta asimilar el crecimiento del número de víctimas de la política militarista de Felipe Calderón Hinojosa, más doloroso es acompañar las manifestaciones de resistencia civil pacífica que vuelven a recorrer caminos con resultados inciertos por la necedad de este gobierno; cierto que no debemos dejar caer esta expresión de lucha, todos debemos remontar el dolor, la impotencia contenida, la rabia prolongada con acciones políticas de masas que no sólo desenmascaren al gobierno sino que lo obliguen a resolver las necesidades, las demandas populares y dar por terminada su política militarista.

Recurramos a la memoria histórica, analicemos pacientemente la realidad nacional y asimilemos las experiencias vividas en las diferentes etapas de la lucha de clases en el país para reducir los costos en vidas humanas en la lucha popular y evitar la frustración, el desánimo, la desesperanza, la fragmentación, la contención de la voluntad popular de combatir. Se trata que todos asimilemos la necesidad histórica de combinar todas las formas de lucha para evitar quedar reducidos a una sola que limite la iniciativa y la creatividad popular, son tiempos de impulsar y generalizar la resistencia popular combativa.

El hecho de que el jefe del Ejecutivo se sentara en Chapultepec para un diálogo, con la parte del pueblo que hoy exige el fin de su política militarista, significa un logro del pueblo en resistencia, de las víctimas y los directamente agraviados que hoy desenmascaran, una vez más, el carácter represivo de este gobierno. Desnudaron al jefe del Ejecutivo exponiéndolo en su verdadera dimensión, en un encuentro en donde las respuestas a las exigencias populares estaban prefabricadas para no dar solución e intentar desactivar esta expresión de resistencia y descontento popular, para vanagloriase con el gobierno norteamericano de que aun el panismo mantiene el control político y económico en el país.

La política militarista está sentando sus reales y lo que priistas y panistas no se atrevieron a realizar, hoy lo instrumentan desde la izquierda institucionalizada con su política de “tolerancia cero”. Al formalizar un estado de sitio en todo el país se tiene ya como resultado, mayor generalización de la corrupción e impunidad; un avasallamiento policiaco militar de la población y un desbrozamiento del camino para facilitar las pretensiones de la ultraderecha de imponer y consolidar un Estado policiaco militar en el país. Con los operativos policiaco-militares implantados por la Conago los cuerpos represivos ven en cada ciudadano un presunto delincuente.

Toda aquella persona de izquierda que olvide que el principal problema del país es la miseria y la desigualdad social y no la delincuencia, que plantee como objetivo prioritario la seguridad pública como condición necesaria para el desarrollo actúa bajo el fetiche legitimador de los intereses oligárquicos y convalida las pretensiones de la ultraderecha. En consecuencia los pasos que va dando son en dirección contraria a la izquierda.

¡Hermanas, hermanos, camaradas!

Aguas Blancas para nosotros significa la respuesta del pueblo contra la represión; una forma de lucha necesaria ante la criminalización del descontento popular; una respuesta de autodefensa de las masas contra los crímenes de Estado; una respuesta organizada a la represión generalizada; una propuesta revolucionaria para ser frente a la represión del Estado y, una acción política de masas como parte de la autodefensa popular, persistencia en la lucha revolucionaria y compromiso que hoy refrendamos.


¡ESTAMOS PRESENTES!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITE CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 47.
República mexicana, a 28 de junio del 2011.

NI DEMOCRÁTICA, NI DE UN GOBIERNO DE IZQUIERDA, LA POLÍTICA LABORAL DEL DF: LÓPEZ CÁNDIDO

Junio 30, 2011

La política laboral que se ejerce en la ciudad de México pone en duda el carácter democrático o de izquierda del Gobierno del Distrito Federal (GDF), pues en la práctica no hay diferencia entre la política laboral del DF y la del gobierno federal, afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), José Arturo López Cándido al respaldar diversas denuncias que sobre injusticia laboral, ínfimas percepciones laborales, falta de seguridad social, contratación por outsorcings, inseguridad laboral y la carga de una política social en la ciudad que crece a costa de los derechos de los trabajadores, emitieron diversos sindicatos independientes del gobierno la Ciudad de México.

En conferencia de prensa y acompañado de los representantes sindicales del Metro, de la Unión de Juristas del México, del Instituto de Educación Media Superior del DF (IEMS), de la Universidad de la Ciudad de México (UACM) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el diputado López Candido manifestó que es preocupante la situación laboral que enfrentan miles de trabajadores en el Distrito Federal, donde por intereses económicos y de querer mantener el control sindical, el gobierno ha metido las manos para no dejar avanzar a los sindicatos en su liberalización del yugo patronal.

Por eso dijo, persisten injusticias como las que padecen todos los sindicatos independientes del GDF, además de que no se deja florecer a cientos o miles de sindicatos que podrían estar surgiendo en un régimen auténticamente democrático.

El legislador por el Partido del Trabajo (PT), dijo que cuando hay problemas con estas características, que permean de manera cotidiana, "nosotros estamos dudando que sea un gobierno democrático o de izquierda".

Más aún, agregó, cuando hay recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tanto al GDF como a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), en materia de laudos y tomas de nota y éstas han sido letra muerta para el gobierno de la ciudad de México, quien ha hecho caso omiso de las mismas porque no quiere avanzar en este proceso.

En su oportunidad, Melania Hernández, secretaria de Organización de la UACM, habló de la disminución gradual del presupuesto en la institución que ha empezado a generar un cambio en las condiciones de los trabajadores, quienes recibieron además el aumento salarial más bajo en todo el país.

Denunció que a partir de la actual rectora, Esther Orozco, la violación al Contrato Colectivo de Trabajo ha sido sistemática y pese a que desde 2009 el sindicato tuvo elecciones que pasaron por un proceso en el que participó el 80 por ciento de trabajadores, la JLCA retuvo la toma de nota , "lo que se ha traducido en una suspensión administrativa ya que durante este período no hay representación legal de los trabajadores, además de que la administración de la UACM tiene retenidas las cuotas sindicales desde el mes de septiembre, lo que en la práctica significa el
ahogamiento de la instancia sindical"

Agregó que esta actitud por parte de la Universidad, con el apoyo del GDF, ha facilitado además mantener desarticulada y desactivada a la comunidad universitaria y ha facilitado además, el escenario para una serie de cambios que tienen que ver con modificar la propuesta educativa que dio origen a la UACM.

Melania Hernández denunció también que en el caso del personal académico la universidad solo paga alrededor del 20 por ciento de lo que corresponde de cuota al ISSSTE lo que tiene un impacto negativo tanto en las prestaciones como en el momento de la jubilación de los trabajadores.

En el mismo sentido se pronunció Raúl Pérez Ríos, secretario general del sindicato del IEMS, quien afirmó que padecen contrataciones ilegales, como la contratación por honorarios de los docentes del sistema semiescolarizado del IEMS a quienes se les contrata por semana, hora y mes y no se les da estabilidad laboral. En el caso de los trabajadores de intendencia está la subcontratación por outsorcing, perciben salarios de miseria y trabajan en condiciones inseguras, además de que no se les garantiza la seguridad social.

Asimismo, dijo, a los trabajadores se les da de alta y baja cada día para evitar las cuotas al IMSS, situación, que no es supervisada ni por la Secretaría del Trabajo local ni por las autoridades del Instituto, lo que deja a los trabajadores en la indefensión.

Lamentó asimismo que el gobierno capitalino recabe firmas para exigir mayores recursos federales para la educación básica cuando la educación media y superior que es la que tiene a su cargo en la ciudad, está en condiciones lamentables. Criticó también el hecho de que no se haya concluido la construcción de más preparatorias en la ciudad, así como el impulso a una programas de becas para beneficiar a estudiantes en escuelas particulares, cuando la UACM y las preparatorias capitalinas necesitan esos recursos.

Pérez Ríos dijo que es incongruente que el GDF presuma de su política social, cuando los programas de ayuda más importantes que encabeza en la ciudad, se mantienen gracias al sacrificio de la clase trabajadora, a quien mantiene en condiciones de verdadera injusticia.

Por su parte, Sergio Ortíz Gutiérrez, del sindicato independiente del Metro, denunció la falta de democracia interna y el favoritismo del gobierno capitalino al sindicato nacional que dirige Fernando Espino, situación que tapa toda oportunidad de actuar a favor de los agremiados.

Asimismo, Pablo Franco, presidente colegiado de la Unión de Juristas de México, habló de los problemas que enfrentan en la JLCA donde su titular responde a los intereses patronales en lugar de defender los derechos de los trabajadores. De ahí que todos los trabajadores de la ciudad padezcan juicios larguísimos, los más largos de todo el país, pues cuando se presenta una demanda, la ley dice que en 15 días debe estar la primera audiencia, y en la Junta se tienen hasta en 3 meses. Asimismo los juicios no deben durar más de un año y en la Junta llegan a dudar hasta 10. Además de que la autoridad se dedica a desparecer expedientes.

Finalmente Gerardo Sixto Buendía, del sindicato de la procuraduría capitalina habló también del problema que enfrentan con la toma de nota desde el 2003, la situación que enfrentan los peritos, los bajos salarios, el que no se respeta el pago de horas extras, se ponen horarios indiscriminados y que más de la tercera parte del comisionado de la policía judicial están como escoltas, como mandaderos de funcionarios o fiscales y no

Detienen a activista de la OPIM que tiene protección de la Coidh

Rafael Rodríguez Dircio fue trasladado al penal de Ayutla, denuncia Tlachinollan

Detienen a activista de la OPIM que tiene protección de la Coidh

El defensor de derechos indígenas es acusado de asesinar a un informante del Ejército
REDACCIÓN
Aunque cuenta con medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el defensor de los derechos indígenas e integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, Rafael Rodríguez Dircio, fue detenido por policías ministeriales e ingresado en el penal de Ayutla de los Libres, denunció el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan.
En un comunicado, el organismo relató que la detención ocurrió el miércoles 29 de junio en “un retén ilegal” de la Policía Investigadora Ministerial, acusado del asesinato de un informante del ejército, con las mismas pruebas cuya falsedad ya fue demostrada, con la que habían sido encarcelados otros cinco dirigentes de la OPIM, entre ellos Raúl Hernández, calificado como preso de conciencia por Amnistía Internacional.
El centro de derechos humanos informó que Rodríguez Dircio fue puesto a disposición del juez mixto de primera instancia con sede en Ayutla, Inocente Garduño Magallón, pero estimó que si la orden de captura fue “gestada dolosamente” por la administración de Zeferino Torreblanca, corresponde al gobierno de Ángel Aguirre Rivero y a la administración del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Garnelo, determinar la liberación del dirigente indígena.
Con esta detención, consideró Tlachinollan en su comunicado, se demuestra que “la persecución contra los defensores indígenas no ha cesado, pues ocurre a escasos tres días que tuvo lugar la audiencia de supervisión de las medidas provisionales dictadas por la Corte de Interamericana de Derechos Humanos a favor de 107 defensores y defensoras de derechos humanos de Guerrero”.
Además, precisa, la acusación se basa en las mismas pruebas falsas con las que fueron acusados los otros integrantes de la OPIM, quienes en su momento fueron amparados pro la justicia federal.
“Los principales testigos que sostienen la causa penal fueron destruidos en el proceso anterior que se le siguió a Raúl Hernández Abundio, evidenciando que sus declaraciones son totalmente falsas. Por ello a la fecha las acusaciones contra Rafael Rodrìguez Dircio resultan insostenibles y el Juez debe dejarlo en absoluta libertad”, señaló el centro de derechos humanos.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/02/index.php?section=politica&article=003n1pol

Irrumpen militares en La Laguna, el pueblo asolado por la violencia

Los soldados hostigaron a mujeres y niñas y catearon las casas, denuncia vecina

Irrumpen militares en La Laguna, el pueblo asolado por la violencia

En el poblado de Coyuca de Catalán habitan 4 familias; las otras se fueron a Puerto las Ollas
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 1º de julio. Militares del 40 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, incursionaron en la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, donde catearon las viviendas que actualmente está deshabitadas, debido a que sus habitantes huyeron por temor a la violencia que desde hace varios meses se ha recrudecido en esa zona.
Durante las nueve horas que estuvieron en la Laguna, uno de los soldados apuntó con un rifle a una niña de siete años. Los militares, según relataron los pocos pobladores que ahí viven, fueron a buscar a unas personas que supuestamente ahí se estaban escondiendo.
En declaraciones telefónicas, Leticia Santana Villa, integrante de una de las cuatro familias que se quedaron en la Laguna, relató que desde las 8 de la mañana escucharon cuando llegaron en tres camiones los soldados, “eran como 30 militares del 40 Batallón de Infantería, que se bajaron con sus armas apuntándonos para amedrentarnos, y me preguntaron dónde estaban mis hermanos, y les dije que ya los habían matado, que no había nadie”.
Leticia dijo que en La Laguna ya no vive nadie, pues todos huyeron desde el 22 de abril y se refugiaron en la comunidad cercana de Puerto las Ollas.
En La Laguna sólo habita Leticia junto con sus tres hermanas Rubicela, Juventina y Mayra de apenas siete años así como su cuñada Neida Díaz, y sus cuatro hijos (uno recién nacido), y su prima Liduvina Villa, y sus tres hijos menores de edad, que se quedaron para no perder el ciclo escolar.
Leticia agregó que los soldados argumentaron que una persona había denunciado que en esa comunidad se estaban ocultando algunas personas, “pero eso es mentira; esa gente son los talamontes y la gente mala que mató a mi papá (Rubén Santana Alonso), a mi hermano Sergio Santana, y a mi esposo Jorge Delgado, en este año”.
Detalló que los militares estuvieron hasta las 5 de la tarde y durante ese tiempo catearon las casas e intimidaron a las mujeres.
“Nos esculcaron todo, dizque buscando a mis hermanos, y a la gente que estaba escondida; otros soldados se fueron a las otras casas abandonadas, nadie vive aquí solo nosotras, mis hermanas, y otra cuñada que me acompaña”, dijo.
La señora Juventina Villa Mojica tomó el teléfono para denunciar que los militares amedrentaron a sus hijas, incluso dijo que a la más pequeña la apuntaron con uno de sus rifles.

Solicitan la intervención de instancias internacionales
Por su parte, Bertoldo Martínez Cruz, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), para que intervengan e investiguen los 15 crímenes cometidos en los últimos meses en el poblado de La Laguna, y otras comunidades aledañas por parte de talamontes y gente ligada al narcotráfico.
El pasado miércoles, el alcalde de Coyuca de Catalán, Elí Camacho Goicochea, anunció que propondrá a la Procuraduría General de Justicia del Estado que los ciudadanos que huyeron de la comunidad de La Laguna a Puerto Las Ollas sean trasladados a la cabecera municipal, donde se les construirán casas y se les dotará de tierras para que puedan sembrar.

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viernes, 1 de julio de 2011

Se sumarán feministas a la Marcha de las Putas

El 29 de julio, se reivindicará el “No es no”

Se sumarán feministas a la Marcha de las Putas

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 30 de junio. Con el fin de contrarrestar la inequidad de género que persiste en el estado y las agresiones físicas, verbales y sexuales contra las mujeres, organizaciones feministas de Chilpancingo se unirán a la movilización mundial La Marcha de las Putas.
En entrevista, Muriel Salinas Díaz, una de las organizadoras de La Marcha de las Putas en Chilpancingo, comentó que esta movilización nació en Toronto, Canadá, luego de que un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública dijo que las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser agredidas en la calle.
“Esto generó un enorme descontento entre las universitarias y mujeres canadienses y en respuesta organizaron la marcha de las putas, con el objetivo de reivindicar el derecho de vestirnos como queramos, con la libertad que queramos y no se utilice eso como una justificación o pretexto de la violencia sexual contra las mujeres”, manifestó.
La Marcha de las Putas es un movimiento que ha dado la vuelta al mundo, pues ha habido movilizaciones en diversos países como Holanda, Francia, en América Latina y el pasado 12 de junio se hizo la primera marcha en el Distrito Federal, que aglutinó a más de 5 mil personas entre mujeres y hombres.
“Con estas marchas se pretende reivindicar el ‘No es no’ cuando una mujer dice no, es no, independientemente de cómo vaya vestida o cómo se conduzca y si en ese momento la mujer decide que no quiere tener relaciones sexuales, que no quiere que la toquen, o no quiero que alguien me diga algo inapropiado, es no, porque es un derecho que tenemos todas las mujeres”, agregó.
Salinas Díaz señaló que las mujeres “nos vistamos como nos vistamos” tienen derechos a una vida libre de violencia en la vía pública y en todas partes.
En México se van a hacer marchas en Cancún, Morelia, Cuernavaca y aquí en Chilpancingo.
La marcha se llevará a cabo el 29 de julio a las 12 del día, partirá del monumento a las Banderas y concluirá en el Zócalo donde se hará un mitin para exigir equidad de género y se termine con tanta violencia hacia la mujer.

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Soto: Aguas Blancas, El Charco y guerra sucia, casos de la Comisión

La instancia, con libertad para investigar a funcionarios o políticos vigentes, asegura

Soto: Aguas Blancas, El Charco y guerra sucia, casos de la Comisión

La propuesta del Congreso excluye a las víctimas de desapariciones forzadas, reclama Tadeco
RODOLFO VALADEZ LUVIANO Y
 CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
El diputado local Faustino Soto Ramos dijo que la Comisión de la Verdad, cuya creación propuso al Congreso local, se avocará a tres asuntos esenciales: la matanza de Aguas Blancas en 1995, la de El Charco en 1998 y las desapariciones forzadas durante la guerra sucia de los años setenta.
En Tecpan, indicó que el organismo tendrá todas las libertades para que en sus indagatorias haga los señalamientos con base en los argumentos y las pruebas que reúna a cualquier persona, sea funcionario o no, incluidos funcionarios o políticos vigentes.
“Una de las facultades que tendrá la comisión, será entregar una lista apegada a la realidad con los nombres de las victimas, los desaparecidos y los muertos de aquellos sucesos para pedir el resarcimiento de los daños a los familiares”, apuntó.
Aunque dijo que aún no cabildea con el resto de los diputados locales la aprobación de la iniciativa, la cual, indicó, se encuentra en la Comisión de Gobierno para ser analizada, consideró que debe ser aprobada “porque es una buena oportunidad para que podamos, de una vez por todas, hacer frente al compromiso que existe por parte de las autoridades hacia la población guerrerense”.
Ambigua, la propuesta de diputados: Tadeco
En Chilpancingo, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, cuestionó el planteamiento de la integración de la Comisión de la Verdad, hecha este miércoles por diputados del Congreso local, pues hay muchas ambigüedades, entre ellas el que sólo se enfoque a las víctimas de la guerra sucia y las masacres de Aguas Blancas y El Charco, dejando de lado a las víctimas de desaparición forzada de los últimos años.
Monroy Hernández criticó que al igual que el gobierno de Zeferino Torreblanca, el actual gobierno, encabezado por Ángel Aguirre Rivero “sigue sin hacer nada por atender nuestro reclamo de justicia y también lo ignora”.
Y aunque se ha hablado mucho de la creación de una Comisión de la Verdad, dijo que se está manejando con muchas ambigüedades, ya que sólo se habla de las víctimas de la guerra sucia, las masacres de Aguas Blancas y El Charco, “dejando de lado los casos de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales de carácter social, que son los casos que nosotros reclamamos”.
Además criticó que se esté planteando que dicha comisión investigará y sancionará, cuando una Comisión de la Verdad, sólo busca la verdad, una verdad y que serviría sobre todo para dar con el paradero de los desaparecidos y será dijo, otra instancia quien se encargue de los castigos.
Aunque cuestionó si existen las instancias y el marco jurídico apropiados para castigar a los verdaderos culpables, aún cuando sean funcionarios estatales o si la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado están en condiciones de asumir ese compromiso.
“Nos preocupa también la premura con la que se pretende crear este organismo, que nos da idea más de la necesidad oficial por cumplir un compromiso político formal que buscar la verdad para que se haga justicia”, dijo.
Monroy Hernández avizoró que es un “aparato del Estado más”, el cual mediatizará la lucha por la verdad y la justicia, que no agregará información verdadera, ni conseguirá enjuiciar, ni sancionar a nadie.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/01/index.php?section=politica&article=003n1pol

Diputados sirven a intereses particulares al aprobar los PPS: Fundación Lucio Vive

Las posturas en contra no cambiarán el proceso, reconocen

Diputados sirven a intereses particulares al aprobar los PPS: Fundación Lucio Vive

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)
Atoyac, 30 de junio. El presidente del Consejo Directivo de la Fundación Lucio Vive AC, Cuauhtémoc Contreras Javier, criticó la decisión unánime de los diputados locales de aprobar la Ley de Asociaciones Públicas-Privadas (conocida como PPS), y lamentó que “muchos legisladores que se dicen de izquierda votaron con la derecha porque sirven a muchos intereses particulares”.
La medida, tomada fast track por los legisladores locales, incluyendo a la mayoría de los que dicen defender los intereses de los más necesitados, dijo, ha dado como respuesta, en unos incertidumbre, mientras otros, los más aferrados, consideran a la privatización de los servicios públicos como la única manera de sacar de la situación de atraso, pobreza y marginación a Guerrero.
Consideró que las privatizaciones por lo general, y más aún cuando se trata de servicios, han afectado a la gran mayoría de la población que son los pobres, “en muy poco o nada han salido beneficiados con todas las privatizaciones que se han dado en el país y en el estado, y por el contrario pocas han sido las empresas que han incrementado sus capitales superlativamente”.
Expuso que con los PPS, “según argumentan sus defensores, habrá servicios de calidad, eficientes y eficaces, el problema con ello es que generalmente, debido a la corrupción e intereses que arriba existen, las empresas de siempre son las que ganan las licitaciones, tabulan precios muy por arriba de lo aceptable y los servicios son de pésima calidad”.
Por ello, agregó, este tipo de acciones han provocado que un gran número de ciudadanos han dejado de tener confianza en sus representantes, lo que hace que se alejen de la participación política y reculen en la apatía, y añadió “nuestro llamado es a que la ciudadanía despierte, se concientice, se comunique, se organice y participe como tal y bajo cualquier forma haga valer sus derechos para mejorar su calidad de vida”.
Asentó: “lo hecho, hecho está y nuestra opinión de desacuerdo en nada va a cambiar el curso de este proceso. Nuestra postura no impedirá ni posibilitará la realización de las privatizaciones de los servicios públicos, pues la decisión fue tomada por la mayoría de los diputados, que a muchos intereses sirven, menos a los de la mayoría”.


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Protestan policías de Zihuatanejo

Protestan policías de Zihuatanejo

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 29 de junio. Unos 250 policías municipales se inconformaron hoy en la mañana por la exigencia de mejores prestaciones y seguridad médica en su trabajo, debido a que se consideran desprotegidos.
Desde las 8 de la mañana, los policías municipales cerraron las puertas de la Dirección de Seguridad Pública para manifestar su inconformidad, porque alegan no tienen garantías en caso de enfermedad y la aseguradora no ha cambiado las cláusulas del seguro de vida que les dan por 300 mil pesos.
Manifestaron que no tenían ninguna seguridad en caso de enfermedad, ya que no les son otorgados los medicamentos y en una situación de enfermedad crónica, el centro de salud no les surte medicamentos por lo que deben cubrir los gastos médicos por su cuenta.
Pasadas las 9 de la mañana, los policías lograron un acuerdo con el coordinador administrativo de seguridad pública municipal, David Luna Bravo, quién aceptó el ayuntamiento retrasa el reembolso de facturas por gastos médicos que realizan los inconformes y que pueden pasar hasta varios meses para el pago.
También, acordó que en ese momento hablaría con el tesorero municipal e iría por los impermeables faltantes que pedían los elementos policiacos y que según serían entregados el próximo viernes. Los quejosos, criticaron que hace menos de dos meses que realizaron un paro laboral con la demanda del pago de cuatro meses retroactivos que les debía la administración municipal y de uniformes, aún no les han cumplido con lo prometido.
Expresaron que desde hace dos años no tienen aumento salarial ya que a la quincena ganan 3 mil 387 pesos, un salario que no les alcanza para sus necesidades. Denunciaron que las tarjetas otorgadas para despensas no fueron equitativas y que el Subsidio de Seguridad Municipal, que les sería dado cada 15 días, solo lo recibieron dos quincenas y después fue cancelado.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/06/30/index.php?section=sociedad&article=005n3soc

Insta embajadora de la UE a actuar contra el cambio climático

Insta embajadora de la UE a actuar contra el cambio climático

HERCILIA CASTRO, CORRESPONSAL
Zihuatanejo, 29 de junio. La embajadora de la Unión Europea en México (UE), Marie Anne Coninsx, aseguró que las autoridades locales juegan un papel muy importante para llevar acciones contra el cambio climático y revertir las emisiones de hidrocarburos. El encuentro del 9 Congreso Nacional 2001, de gobiernos locales para la sustentabilidad de México-Iclei, realizado en un hotel de Ixtapa fue inaugurado por el alcalde Alejandro Bravo Abarca. Estuvo además la coordinadora del programa de cambio climático del Instituto Nacional de Ecología (Ine), Julia Martínez Fernández. Coninsx expresó que la amenaza general para México es el aumento de las temperaturas del cambio climático y que es algo en que deben de trabajar en conjunto los gobiernos y tomar medidas, y la ciudadanía debe implementar una educación ambiental y la reducción del gasto de agua y energía. Aconsejó que la educación se enfoque a los niños, ya que ellos enfrentarán el futuro, y puso de ejemplo los planes de educación ambiental en Europa dirigidos a la niñez. “Los riesgos no son a las generaciones actuales, sino a las generaciones futuras por el impacto negativo ya que hay menos recursos y tenemos que tomar las medidas necesarias”, dijo Coninsx. Informó que la Unión Europea destinó 100 millones de euros para combatir la deforestación en Europa y reducir las emisiones de hidrocarburos. Dijo que ella es originaria de Bélgica, un país donde no hay mucho sol como en México, pero que aplican la utilización de la energía solar, y comparó que en México, en lugares como Baja California, no hay casi plantas de energía eólica y sucede en todo el país, ya que no hay implementación de tecnologías. Sobre la experiencia de los gobiernos locales, dijo que son ellos los que pueden incidir en el cambio de sus comunidades ya que son los responsables de su lugar, por lo que deben de trabajar en conjunto con la población.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/06/30/index.php?section=sociedad&article=005n4soc

Frustran desalojo de posesionarios de cerro del Huamilule

 Frustran desalojo de posesionarios de cerro del Huamilule

Hercilia Castro

Petatlán, 30 de junio. La vecina y presunta posesionaria de cerro de Huamilule, Isabel Garibo Vargas, denunció que esta mañana iba a ser desalojada con la fuerza pública conforme a una orden de posesión que presentó Luis Alejandro Espíndola López, quien tiene un litigio contra la familia Garibo Vargas desde hace casi un año, ya que también se dice el legítimo dueño del llamado cerro de Huamilule.
Antes de las 8 de la mañana, Isabel Garibo Vargas , llegó acompañada de 20 integrantes de su familia, entre primos y hermanos y de el representante de la Unión Campesina Democrática, Bernardo Solís Radilla, para defender las 98 hectáreas de cerro que la familia Garibo dice ocupar desde 1961.
Cerca de las 10 de la mañana, llegó Luis Alejandro Espíndola López, quien desde hace casi un año, mantiene un pleito legal contra la familia Garibo, ya que alega es dueño de la propiedad y demandó a Isabel Garibo y su esposo Eulises Damián.
Espíndola López, llegó acompañado del juez segundo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de José Azueta, Carlos Meza Román ya que iban a tomar posesión formal del predio de Huamilule, e iban a desalojar a los Garibo, la acción no se llevó a cabo ya que Isabel Garibo Vargas, presentó un amparo otorgado por el Juzgado cuarto de Distrito con sede en Acapulco. Espíndola López y Meza Román, por lo que tuvieron que retirarse.

Acompañada de Solís Radilla, Isabel Garibo describe que esta no es la primera ocasión que pretenden despojar a su familia del predio, ya que desde hace cuatro años ha sufrido las amenazas de despojo e incluso, que le incendiaran su hogar , envenenamiento del agua, tala de palmeras, en esa ocasión, por parte de la empresa Interad SA de CV, la cual pretendía hacer un desarrollo turístico de lujo.

Solís Radilla, expresó que la familia ha sido reconocida por la Secretaría de la Reforma Agraria, y que la solicitud que hizo la familia en 1996 por la regularización de la tierra del cerro de Huamilule se ha tomado en cuenta, asimismo, informa que la UCD está en una reunión para que la Procuraduría General de la República tome cartas en el asunto e investigue a todas aquellas personas que presenten documentos falsos y se digan dueños del cerro de Huamilule.

Sin embargo, Garibo expresa que aun tienen pendiente las órdenes de aprehensión que el juez segundo, Carlos Meza Román, giró en contra de ella y su esposo Eulises Damián, por lo que tuvieron que sacar un amparo y ahora firman todos los viernes, libertad condicional.
“Hoy detuvimos el desalojo, pero aun queda lo del amparo que ya se nos venció, no sé cómo le haremos, hemos gastado todo en éste pleito, pero como ya viste, la familia Garibo no se va a rajar…”, dijo.



CARTONES DE LA JORNADA





Presentación del libro “10 de Junio Ganamos la calle” de Joel Ortega en la Librería Rosario Castellanos en la Ciudad de México.

Ilán Semo


Pedro Peñaloza


Joel Ortega

Nueva agresión a representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala

México, D. F., a 30 de junio de 2011

El día de ayer, aproximadamente a las 2 de la mañana un grupo conformado por 3 integrantes del MULT, Municipio de Unificación y Lucha Triqui penetraron al domicilio de Casimiro Martínez Aguilar, vocero en la ciudad de México del Municipio Autónomo de San Juan Copala.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución (MC-197-10) del 7 de octubre del 2010 había solicitado al Estado mexicano de manera oficial y por escrito, el establecimiento de medidas cautelares de protección tanto como para Casimiro como para otros 134 indígenas triquis pertenecientes al Municipio Autónomo de San Juan Copala quien forman parte de una comunidad que ha vivido una serie de actos violentos que van desde las amenazas de muerte, el secuestro, la violación de mujeres, la mutilación, el cerco, asalto y desplazamiento de una población entera y finalmente el asesinato mediante emboscadas, realizadas entre otras personas, por integrantes del Municipio de Unificación y Lucha Triqui.

En todo este periodo el Estado mexicano ha sido omiso en el establecimiento conjunto de medidas de protección lo que ha propiciado que personas para quienes se solicitó medidas cautelares de protección hayan sufrido atentados, como el caso de la emboscada realizada en contra de Jordán González en donde resultara muerta su esposa Teresa Ramírez y otro familiar.

El día de hoy se ha solicitado a la persona encargada por el Estado mexicano para la implementación de dichas medidas, Lic. Saúl Bolaños Bolaños, Subdirector de Politicas Publicas y Monitoreo de los Derechos Humanos, de la Unidad para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación la implementación de medidas de protección inmediatas y el apoyo a la víctima para el seguimiento jurídico del caso.

El asalto al domicilio de Casimiro Martínez Aguilar fue realizado, según toda la información recabada hasta este momento, por Nicolás Merino Martínez, Aurelio Martínez García y Leberano Martínez García, todos ellos integrantes del MULT, quienes durante los últimos veces habían venido amenazando de muerte a Casimiro, por medio de sus hijos y hermano. Amenazas de muerte que explícitamente se han extendido a otras personas con el fin de evitar declaren sobre de este caso.

El Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, organismo de la sociedad civil co-peticionario de las medidas de protección para las comunidades del pueblo triqui que se han organizado en Municipio Autónomo solicita al Estado mexicano la inmediata implementación de las medidas cautelares emitidas por la CIDH el pasado 7 de octubre, atender las demandas de justicia frente a los numerosos atentados y garantizar el retorno de los desplazados de San Juan Copala a su lugar de origen en condiciones de seguridad.

Solicitamos al resto de la sociedad que no permita que las agresiones contra estas comunidades indígenas y sus representantes sigan quedando en el silencio.

Atentamente

David Cilia Olmos
Foro Permanente por la Comisión de la Verdad.

Acto político cultural en el plantón del Municipio Autónomo de San Juan Copala en el Zócalo de la Ciudad de México.

Quiero que vuelvas esperanza


Tonathiu de la Cruz. Canto de esperanza, Canto de lucha.


Copala Vive!! Comentarios finales y consignas

MILITARES TORTURAN Y ASESINAN A CIVILES EN XALAPA VERACRUZ Y LOS HACEN PASAR POR SICARIOS

En el marco de la guerra contra la delincuencia organizada Joaquín Figueroa Vásquez, un honesto trabajador, torturado, asesinado, e inculpado por sus asesinos.

El pasado viernes 17 de junio en la ciudad de Jalapa Veracruz, se dio a conocer la noticia en medios de comunicación escritos y electrónicos, de la muerte de once personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada, en un reten del ejército mexicano ubicado en la carretera Federal Jalapa- Veracruz a la altura del 63Batallón de infantería, municipio de Emiliano Zapata.

Tres trabajadores de la empresa Construcciones Santa Clara, uno de ellos Joaquín Figueroa Vásquez, mecánico diesel de la empresa, que acompañaba al ingeniero y al laboratorista, regresaban de trabajar a bordo de una camioneta Mitsubishi de color blanco, al llegar al reten de Lencero, les marcaron el alto.

Lo siguiente que conocemos es que los tres fueron asesinados y presentados como delincuentes por la representación militar y civil, sus cuerpos presentaban huellas de tortura evidente, varios disparos por la espalda y el tiro de gracia. Al momento de su presentación, fueron acomodados en el interior de una camioneta color negro junto con el cuerpo sin vida de otra persona y fotografiados con armas de alto poder sembradas.

La versión oficial, dice que se desarrollaba un operativo, que actuaba en persecución de delincuentes desde el Tamarindo y que al llegar al reten militar, hubo un enfrentamiento a balazos con el saldo de 11 sicarios muertos y 8 detenidos.

Tal versión presenta inconsistencias, sí el supuesto enfrentamiento se da al marcarles el alto y resultan muertos ¿cómo llegaron a otro vehículo? ¿Por qué la camioneta no presenta impactos de bala? ¿Por qué los cuerpos tienen tiros por la espalda? ¿Y el tiro de gracia? ¿Y la tortura?

Los medios de comunicación siempre afines al gobierno en turno se alinean a la versión oficial, empero sólo hasta que se reúnen de emergencia la parte militar y la civil, para ponerse de acuerdo, antes dejan entrever parte de lo que en realidad sucedió, hablan de dos personas muertas y un herido, o de tres muertos y un herido, y de tres muertos dos heridos.

Hasta después de la reunión en palacio de gobierno, hacen coincidir la versión y todos dan cuenta de once muertos y ocho detenidos, para ocultar el asesinato de inocentes. En la citada reunión de los que “mandan” en lugar de reconocer públicamente que hubo errores, se les hace más fácil inculpar, a nuestros familiares, colgándoles el epíteto de sicarios, delincuentes, así se resuelven las cosas a espaldas de los ciudadanos, en los palacios de gobierno.

El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, haciéndose cómplice de los asesinos militares y policíacos, declaró que estas personas “eran sicarios y mordieron el polvo, que continuaran los operativos, caiga quien caiga”.

Queremos manifestar que es bien sabido en esta ciudad, que nuestros familiares, son personas honestas y trabajadoras, que no portan armas, ni son delincuentes, que ésta es una maniobra más, para hacer aparecer a inocentes como culpables, para encubrir errores y abusos de poder, y justificar la muerte de civiles, victimas de una guerra ciega, insensible y absurda.

Queda claro que son trabajadores, padres de familia, hijos, hermanos, vecinos, honestos, que los detuvieron violándoles las mas elementales garantías individuales, que fueron torturados y asesinados a sangre fría por el ejército mexicano - ése que se supone está para proteger a los mexicanos, pagados con las aportaciones de todos nosotros-, que maquillaron la escena del crimen; sembrando armas, subiéndolos a otro vehículo, mezclándolos con otras víctimas, para “presentar buenos resultados” y propagandear los beneficios de su guerra particular.

Así también nos queda claro que los gobiernos federal, estatal, y municipal, se burlan de nuestros derechos humanos y civiles, que encubren asesinos ó los tienen en sus nóminas, que fabrican “culpables” con las víctimas, que se burlan del dolor, de la impotencia de las familias mexicanas y que encima insultan nuestra inteligencia, ¿cómo vamos a creer un parte oficial lleno de contradicciones, que acusa a nuestras familias, al tiempo que las enluta, calumnia y pisotea?

“Continuaran los operativos, caiga quien caiga”, ¿eso es lo que nos ofrecen? Más muertos inocentes, más escenas maquilladas, más dolor, impotencia, rabia, ¿más retenes militares? Para que el gobierno siga vanagloriándose de presentar cifras de “sicarios” muertos, al costo del sufrimiento de nuestras familias, ¿en cuantos “operativos” ha sucedido lo mismo? ¿Cuántas veces el gobierno ha aclarado que se ha equivocado, que ha cometido errores, que hay victimas civiles inocentes? Sí así fuera, los números presentarían más víctimas inocentes que sicarios, entonces quizá entenderían que su estrategia de guerra es totalmente errónea.

Por lo anterior demandamos:

.- Esclarecimiento de los asesinatos de Jalapa

.- Justicia para Joaquín, para sus compañeros, y para todas las victimas del país.

.- Llamamos a las familias de las victimas de jalapa a unirse y limpiar los nombres de los nuestros, a las familias de las victimas de todo el país, para impedir que haya una victima más, a todos y todas a sumarse a ésta lucha por la vida

jueves, 30 de junio de 2011

Jaime Avilés Círculo de Estudios Coapa

Conferencia "PARA TERMINAR CON ESTA PESADILLA, SOLO TENEMOS QUE DESPERTAR"
con JAIME AVILÉS Escritor, dramaturgo y autor de la columna "Desfiladero" del periódico "La Jornada".

CARTONES DE LA JORNADA






Acto político cultural conmemorativo del 16 aniversario del halconazo

Los Nakos


Jesús Martín del Campo


Canción “10 de Junio”


Carlos Xeneque


Arte Colectivo en Acción

Piden justicia a 16 años de masacre en Aguas Blancas

ONG realizan manifestaciones en Coyuca de Benítez y Acapulco


RECLAMO. Militantes del PRD y simpatizantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) marcharon por la zona turística de Acapulco, Guerrero, para exigir castigo para el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de 17 campesinos de Aguas Blancas (Foto: ADRIANA COVARRUBIAS EL UNIVERSAL )

Miércoles 29 de junio de 2011

Juan Cervantes y Adriana Covarrubias Corresponsales | El Universal


CHILPANCINGO

“¡Justicia!, que se castigue a los autores intelectuales”, exigieron en marchas simultáneas en Coyuca de Benítez y Acapulco militantes de organizaciones civiles y de campesinos, al recordar la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas.

Al cumplirse 16 años de que efectivos de la policía Motorizada y Judicial del estado balearon a campesinos que se dirigían a Atoyac de Álvarez a bordo de un camión de redilas, con saldo de 17 muertos y 21 heridos, el gobierno de Guerrero informó que reabrirá el caso para castigar a los autores intelectuales de esa matanza.

Saúl López Sollano, asesor del secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, dio a conocer que se está conformando una Comisión de la Verdad, por iniciativa del gobernador Ángel Aguirre Rivero, en la que participan los ex guerrilleros Octaviano Santiago Dionicio, Arturo Gallegos Nájera y el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Enrique González Ruiz, “para investigar y castigar a los responsables.

Por su parte, José Sánchez Sánchez, abogado defensor de las viudas y sobrevivientes de la masacre, recordó que el caso fue reabierto en 2004 con el fiscal Ignacio Carrillo Prieto.

“Ahora estamos a la espera de que la PGR (Procuraduría General de la República) diga si se va a consignar a un juez federal, para que se libere una orden de aprehensión contra el entonces gobernador y responsable del homicidio, Rubén Figueroa. En caso contrario, lo llevaremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Hizo referencia al pago de 50 mil pesos que en días pasados otorgó el gobierno de Ángel Aguirre Rivero a las viudas. “Antes de darles el dinero les pidió que ya no buscaran más abogados, que el caso seguía su curso y eso dividió al grupo”, señaló.

El dirigente del PRI en Guerrero, Efrén Leyva Acevedo, salió en defensa de Figueroa Alcocer, “no fue culpable, fue víctima de un linchamiento político. Él no dio la orden, fue un exceso de quienes fueron comisionados para pararlos en el vado de Aguas Blancas”.


Las manifestaciones

Al encabezar la marcha, en Coyuca de Benítez, el dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, advirtió “para los responsables ni perdón ni olvido. Seguiremos con la exigencia de castigo a los autores intelectuales, entre ellos el ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa”.

En la movilización de ayer, que comenzó en Aguas Blancas y concluyó en el sitio donde ocurrió la tragedia, participaron unas 800 personas. En ese lugar fue edificado un monumento en el que se observan las cruces y los nombres de los campesinos caídos.

En Acapulco, militantes del PRD y simpatizantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur marcharon por la zona turística, donde señalaban con pancartas y consignas: “No vamos a dar un paso atrás hasta que se haga justicia”.

Hilario Mesino, dirigente y fundador de la OCSS, dijo que el “objetivo es que se haga justicia, no hemos dejado de exigir ni vamos a dejar de hacerlo hasta que los funcionarios de ese entonces del ex gobernador Rubén Figueroa sean llamados a juicio ante los tribunales internacionales”.


Recuerdo doloroso

En ambos actos se recordó que el 28 de junio de 1995 fueron asesinados 17 campesinos y heridos 21 por efectivos de la Policía Motorizada y Judicial del estado. Los labriegos se dirigían a Atoyac de Álvarez, municipio vecino en la Costa Grande de Guerrero.

Los campesinos iban a exigir la presentación de uno de sus compañeros, Gilberto Romero Vázquez, que estaba desaparecido, y la entrega de fertilizantes, láminas de cartón, despensas, herbicidas y otros insumos agrícolas para comunidades de cinco municipios.

Unos 400 policías los estaban esperando para detenerlos en el vado del río de Las Hamacas, a tres kilómetros de Aguas Blancas, encabezados por algunos funcionarios de seguridad. “Pusieron un retén por órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, para impedir una manifestación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS)”, señaló el dirigente.

“Sabemos que Figueroa Alcocer camina aquí en Guerrero, aquí vive y no ha sido molestado por el gobierno actual”, expresó Hilario Mesino.

miércoles, 29 de junio de 2011

Presentación del libro “A solas con el enemigo” en la CND-MORENA Ajusco Medio. Junio 4 de 2011.

Comentarios generales



Orígenes y Contexto del conflicto. Condiciones de vida, Heriberto Pazos.



“El origen del problema de Copala es la Autonomía”. Autonomía, elecciones, manipulación y engaño de votantes



La Otra Campaña en el Comité para la Defensa y la Autonomía de San Juan Copala



El Municipio Autónomo de San Juan Copala y AMLO



Aclaración pertinente sobre los comentarios vertidos sobre AMLO



El Municipio Autónomo de San Juan Copala y los Organismos de Derechos Humanos y la Solidaridad Internacional

CARTONES DE LA JORNADA






Ponen centro de acopio de alimentos en apoyo a afectados por incendios en Santa Rosa

  Ponen centro de acopio de alimentos en apoyo a afectados por incendios en Santa Rosa                  Hercilia Castro Zihu...