sábado, 13 de febrero de 2010
“HUEHUETLAHTOLLI” EL CONSEJO DE LOS ANCIANOS; AUDIO DEL PROGRAMA “49”.
“HUEHUETLAHTOLLI” EL CONSEJO DE LOS ANCIANOS; AUDIO DEL PROGRAMA “49”.
Buscamos a través de este breve programa, hacer conciencia de democratizar, no los medios de comunicación existentes, sino todo el abanico de posibilidades que representa el espectro electromagnético, que al igual que el agua y el aire; es un bien de todos los mexicanos y pertenece a la nación.
Análisis de lo que los medios corporativos de comunicación representan para la manipulación de las masas como instrumento de control.
Atenta invitación de de la lectura del el libro. "Homo Videns - La Sociedad Teledirigida" De Giovanni Sartori 1997 Para entender a plenitud el asesinato del intelecto humano, que representa la televisión a nivel mundial como un verdadero retroceso evolutivo en el cerebro. Así como el perverso plan, para controlar a las nuevas generaciones con televisiones más grandes, que no permitan distinguir, la realidad, de la televisión.
Programa transmitido por radio la nueva republica los días viernes de 23:00hrs a 24:00hrs y retransmitido los sábados de 9:00hrs a 10:00hrs.
Publicado por: TONATIUH MALDONADO.
Buscamos a través de este breve programa, hacer conciencia de democratizar, no los medios de comunicación existentes, sino todo el abanico de posibilidades que representa el espectro electromagnético, que al igual que el agua y el aire; es un bien de todos los mexicanos y pertenece a la nación.
Análisis de lo que los medios corporativos de comunicación representan para la manipulación de las masas como instrumento de control.
Atenta invitación de de la lectura del el libro. "Homo Videns - La Sociedad Teledirigida" De Giovanni Sartori 1997 Para entender a plenitud el asesinato del intelecto humano, que representa la televisión a nivel mundial como un verdadero retroceso evolutivo en el cerebro. Así como el perverso plan, para controlar a las nuevas generaciones con televisiones más grandes, que no permitan distinguir, la realidad, de la televisión.
Programa transmitido por radio la nueva republica los días viernes de 23:00hrs a 24:00hrs y retransmitido los sábados de 9:00hrs a 10:00hrs.
Publicado por: TONATIUH MALDONADO.
Pedro Miguel en Brujula Metropolitana 10-02-09
Mil gracias por apoyarnos reenviando, este 2010 necesitamos seguir informando y aprendiendo para lograr cambios, requerimos de tu presencia y difusion, te esperamos.
¿El gobierno federal discrimina? ¿Para los que ostentan el Gobierno Federa habemos ciudadanos de 1a,2a y 3a? ¿se respeta a todos los ciudadanos de la Republica por igual?¿ El DF tiene las mismas derechos, presupuesto, apoyos, que el resto de los Estados? ¿Los ciudadanos del DF, estamos siendo castigados por haber elegido un gobierno de oposicion? Estas preguntas y muchos comentarios de nuestro invitado. pero ..Tú ¿que opinas? TE ESPERAMOS
CLICK AQUI: Circulo de Estudios de Brujula:
http://circulodeestudios-centrohistorico.blogspot.com/
Twitter: http://twitter.brujuleando
Reuniones los Miércoles 7pm Álvaro Obregón 240
"Una mirada ciudadana a nuestra realidad"
¿El gobierno federal discrimina? ¿Para los que ostentan el Gobierno Federa habemos ciudadanos de 1a,2a y 3a? ¿se respeta a todos los ciudadanos de la Republica por igual?¿ El DF tiene las mismas derechos, presupuesto, apoyos, que el resto de los Estados? ¿Los ciudadanos del DF, estamos siendo castigados por haber elegido un gobierno de oposicion? Estas preguntas y muchos comentarios de nuestro invitado. pero ..Tú ¿que opinas? TE ESPERAMOS
CLICK AQUI: Circulo de Estudios de Brujula:
http://circulodeestudios-
Twitter: http://twitter.brujuleando
Reuniones los Miércoles 7pm Álvaro Obregón 240
"Una mirada ciudadana a nuestra realidad"
viernes, 12 de febrero de 2010
Piden una señal de voluntad política para frenar violación a DH
Por Paulina Rivas Ayala
México, DF, 12 feb.10 (CIMAC).- Organismos defensores de los Derechos Humanos analizan programas colombianos exitosos de protección para definir un mecanismo que salvaguarde en México la labor de los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos.
En el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco en el foro denominado “Hacia un mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, se destacó el clima de impunidad que prevalece en México ante los casos denunciados
Agnieszka Raczynska, defensora integrante de la Red Nacional de organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, sostuvo que el contexto mexicano es desalentador, pues a pesar de sus obligaciones internacionales, el Estado mexicano sigue sin investigar los casos de agresiones, y sin sancionar a los responsables.
Añadió que las y los defensores son criminalizados por ejercer el derecho a la protesta y son “blanco de ataques, agresiones, amenazas, hostigamiento y asesinatos”.
Estos actos no son sólo un asunto de seguridad sino de violencia institucional y la falta de una política pública de promoción y protección a esta labor como lo han documentado organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Human Rigths Wath (HRW), y la misma ONU.
Una prueba de la violencia contra el derecho a la protesta social es el reciente asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar, quien conjuntamente con Cipriana Jurado, denunciaron casos de violencia militar a partir de la entrada del Ejército en el norte del país. La activista Jurado Herrera, hoy se encuentra en peligro de muerte, y pese a las reiteradas solicitudes de medidas cautelares a la Segob, ésta no ha dado respuesta. (Cimacnoticias, 13-01-10).
Otro ejemplo, son las amenazas que viven organizaciones como “Justicia para Nuestras Hijas” y “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” por documentar el feminicidio en Ciudad Juárez, o el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero por denuncias internacionales de violaciones sexuales de militares contra mujeres indígenas.
En su oportunidad, Darío Ramírez Salazar, director de la Oficina para México y Centroamérica de Article 19, organización independiente de derechos humanos, demandó “una señal clara de voluntad política para llevar a cabo las operaciones necesarias” en materia de libertad de expresión y derechos humanos en el país.
Externó su deseo para que este diálogo siente las bases de una respuesta de Estado “concreta y conforme a la realidad de esta grave problemática” a la que se enfrentan los activistas.
FUNCIONARIOS PARA LA FOTO
Aunque al foro asistió el jefe de la Unidad para la Promoción y defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, José Guevara, a pregunta expresa sobre la falta de respuesta de esa dependencia para la protección de la activista Cipriana Jurado Herrera, el funcionario se excusó y dijo que cualquier entrevista tendría que ser solicitada con su jefe de Comunicación Social.
El foro fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los trabajos concluyen hoy por la tarde con la participación de Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México.
10/PRA/LR/LGL
México, DF, 12 feb.10 (CIMAC).- Organismos defensores de los Derechos Humanos analizan programas colombianos exitosos de protección para definir un mecanismo que salvaguarde en México la labor de los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos.
En el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco en el foro denominado “Hacia un mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, se destacó el clima de impunidad que prevalece en México ante los casos denunciados
Agnieszka Raczynska, defensora integrante de la Red Nacional de organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, sostuvo que el contexto mexicano es desalentador, pues a pesar de sus obligaciones internacionales, el Estado mexicano sigue sin investigar los casos de agresiones, y sin sancionar a los responsables.
Añadió que las y los defensores son criminalizados por ejercer el derecho a la protesta y son “blanco de ataques, agresiones, amenazas, hostigamiento y asesinatos”.
Estos actos no son sólo un asunto de seguridad sino de violencia institucional y la falta de una política pública de promoción y protección a esta labor como lo han documentado organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Human Rigths Wath (HRW), y la misma ONU.
Una prueba de la violencia contra el derecho a la protesta social es el reciente asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar, quien conjuntamente con Cipriana Jurado, denunciaron casos de violencia militar a partir de la entrada del Ejército en el norte del país. La activista Jurado Herrera, hoy se encuentra en peligro de muerte, y pese a las reiteradas solicitudes de medidas cautelares a la Segob, ésta no ha dado respuesta. (Cimacnoticias, 13-01-10).
Otro ejemplo, son las amenazas que viven organizaciones como “Justicia para Nuestras Hijas” y “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” por documentar el feminicidio en Ciudad Juárez, o el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero por denuncias internacionales de violaciones sexuales de militares contra mujeres indígenas.
En su oportunidad, Darío Ramírez Salazar, director de la Oficina para México y Centroamérica de Article 19, organización independiente de derechos humanos, demandó “una señal clara de voluntad política para llevar a cabo las operaciones necesarias” en materia de libertad de expresión y derechos humanos en el país.
Externó su deseo para que este diálogo siente las bases de una respuesta de Estado “concreta y conforme a la realidad de esta grave problemática” a la que se enfrentan los activistas.
FUNCIONARIOS PARA LA FOTO
Aunque al foro asistió el jefe de la Unidad para la Promoción y defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, José Guevara, a pregunta expresa sobre la falta de respuesta de esa dependencia para la protección de la activista Cipriana Jurado Herrera, el funcionario se excusó y dijo que cualquier entrevista tendría que ser solicitada con su jefe de Comunicación Social.
El foro fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los trabajos concluyen hoy por la tarde con la participación de Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México.
10/PRA/LR/LGL
Funcionario de Sedesol en Guerrero huye con 2 mdp
Mar Horacio Ramos en Acapulco
Viernes 12 de Febrero, 2010. La cr?nica de hoy
La delegaci?n regional de Sedesol en Guerrero, reconoci? que t?cnico operativo del Departamento de Vivienda, Alberto Hern?ndez Contreras cometi? irregularidades con el programa de vivienda ?Tu casa? de la dependencia federal, ya que desde enero de este a?o no se ha presentado a trabajar y se desconoce del paradero de cerca de 2 millones de pesos para ese esquema social.
Dos organizaciones civiles del municipio de Coyuca de Ben?tez, regi?n de la Costa Grande del estado, denunciaron al delegado de Sedesol, Eddy Alberto Mart?nez y a dos funcionarios de la dependencia federal, de haber cobrado cheques por un monto de 2 millones 400 mil pesos, que iban a ser destinados para el programa Ahorro, Subsidio y Cr?dito para la Vivienda ?Tu Casa?.
Ante ello, la dependencia federal respondi? que el responsable del programa de vivienda de Sedesol y promotor de ?Tu Casa? Alberto Hern?ndez Contreras cometi? irregularidades y no entreg? cheques de la dependencia federal por un monto mayor a Un mill?n 838 mil 549 pesos y que dej? defraudados a mas de 150 beneficiarios de Coyuca de Ben?tez, Guerrero.
En conferencia de prensa en este puerto, el jueves los inconformes quienes omitieron sus nombres por temor a represalias, dieron a conocer que son integrantes de las organizaciones civiles ?Francisco Villa? y ?CEMPA?, mismos que exigieron a las autoridades correspondientes el inmediato esclarecimiento del fraude y robo del recurso y el inmediato cese del delegado Eddy Alberto Mart?nez.
Los inconformes denunciaron que en el mes de diciembre de 2009, el director t?cnico del programa de vivienda de Sedesol federal, Heriberto Estrada anunci? que el programa hab?a sido autorizado, no obstante el promotor de ese esquema social Alberto Hern?ndez Contreras se entrevist? con los m?s de 150 beneficiados para que les endosaran los cheques, y hasta el momento no aparece.
La Sedesol se?al? tambi?n que se ha actuado conforme a la ley en tiempo y forma, tanto ante la autoridad judicial federal, como ante la autoridad administrativa del ?rgano interno de control de la dependencia, debido a que Hern?ndez Contreras desapareci? con la cantidad arriba mencionada, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Puntualiz? que por el momento qui?n ha salido afectada es la propia delegaci?n y por ello se han emprendido las acciones legales correspondientes para que las autoridades judiciales sigan con las investigaciones y as? poder dar con el paradero de Hern?ndez Contreras para que se castigue conforme a derecho y el recurso se reintegre a las finanzas de la delegaci?n.
Viernes 12 de Febrero, 2010. La cr?nica de hoy
La delegaci?n regional de Sedesol en Guerrero, reconoci? que t?cnico operativo del Departamento de Vivienda, Alberto Hern?ndez Contreras cometi? irregularidades con el programa de vivienda ?Tu casa? de la dependencia federal, ya que desde enero de este a?o no se ha presentado a trabajar y se desconoce del paradero de cerca de 2 millones de pesos para ese esquema social.
Dos organizaciones civiles del municipio de Coyuca de Ben?tez, regi?n de la Costa Grande del estado, denunciaron al delegado de Sedesol, Eddy Alberto Mart?nez y a dos funcionarios de la dependencia federal, de haber cobrado cheques por un monto de 2 millones 400 mil pesos, que iban a ser destinados para el programa Ahorro, Subsidio y Cr?dito para la Vivienda ?Tu Casa?.
Ante ello, la dependencia federal respondi? que el responsable del programa de vivienda de Sedesol y promotor de ?Tu Casa? Alberto Hern?ndez Contreras cometi? irregularidades y no entreg? cheques de la dependencia federal por un monto mayor a Un mill?n 838 mil 549 pesos y que dej? defraudados a mas de 150 beneficiarios de Coyuca de Ben?tez, Guerrero.
En conferencia de prensa en este puerto, el jueves los inconformes quienes omitieron sus nombres por temor a represalias, dieron a conocer que son integrantes de las organizaciones civiles ?Francisco Villa? y ?CEMPA?, mismos que exigieron a las autoridades correspondientes el inmediato esclarecimiento del fraude y robo del recurso y el inmediato cese del delegado Eddy Alberto Mart?nez.
Los inconformes denunciaron que en el mes de diciembre de 2009, el director t?cnico del programa de vivienda de Sedesol federal, Heriberto Estrada anunci? que el programa hab?a sido autorizado, no obstante el promotor de ese esquema social Alberto Hern?ndez Contreras se entrevist? con los m?s de 150 beneficiados para que les endosaran los cheques, y hasta el momento no aparece.
La Sedesol se?al? tambi?n que se ha actuado conforme a la ley en tiempo y forma, tanto ante la autoridad judicial federal, como ante la autoridad administrativa del ?rgano interno de control de la dependencia, debido a que Hern?ndez Contreras desapareci? con la cantidad arriba mencionada, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Puntualiz? que por el momento qui?n ha salido afectada es la propia delegaci?n y por ello se han emprendido las acciones legales correspondientes para que las autoridades judiciales sigan con las investigaciones y as? poder dar con el paradero de Hern?ndez Contreras para que se castigue conforme a derecho y el recurso se reintegre a las finanzas de la delegaci?n.
Exigen parar asesinatos de periodistas en Guerrero
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 35
Chilpancingo, Gro., 11 de febrero. Reporteros y fotógrafos de diversos medios de comunicación marcharon por esta capital para exigir al gobierno del estado aclarar el asesinato del editor Jorge Ochoa Martínez y señalaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ni siquiera ha dado a conocer qué líneas de investigación sigue.
Ochoa Martínez, director de los semanarios, El Oportuno y El Sol de la Costa Chica, fue ultimado la noche del 29 de enero en el municipio de Ayutla de los Libres, en la región de la Costa Chica.
María del Carmen Castro Santiago, esposa de Jorge Ochoa Martínez, pidió al gobierno estatal, encabezado por Zeferino Torreblanca Galindo, que se castigue a los responsables.
Alrededor de 50 periodistas marcharon del centro de la ciudad al Congreso local, donde solicitaron hablar con el presidente de la Comisión de Gobierno, el priísta Héctor Vicario, quien se negó a atenderlos.
Salomón Cruz Gallardo, secretario general de la sección 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, dijo que los periodistas guerrerenses se encuentran consternados por la ola de violencia en su contra y exigió garantías para que desarrollen su trabajo.
Demandó a la PGJE que informe sobre las líneas de investigación acerca del crimen, pues han pasado 13 días y no hemos recibido información alguna.
Luego se dirigieron al palacio de gobierno, donde concluyeron la movilización con un mitin. Ahí, Rogaciano Méndez González, directivo del SNRP, anunció que, para vergüenza del gobierno mexicano, en la capital del país se creará el Refugio para el Periodista, para el cual, afirmó, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aportó 10 millones de pesos.
Recordó que al asesinato de Ochoa Martínez se han sumado en años recientes los de otros periodistas, entre ellos Misael Tamayo Hernández, director del diario El Despertar de la Costa; el conductor de Radiorama en Acapulco, Juan Daniel Martínez Gil, y el corresponsal de Televisa en Acapulco, Amado Ramírez Dillanes.
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 35
Chilpancingo, Gro., 11 de febrero. Reporteros y fotógrafos de diversos medios de comunicación marcharon por esta capital para exigir al gobierno del estado aclarar el asesinato del editor Jorge Ochoa Martínez y señalaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ni siquiera ha dado a conocer qué líneas de investigación sigue.
Ochoa Martínez, director de los semanarios, El Oportuno y El Sol de la Costa Chica, fue ultimado la noche del 29 de enero en el municipio de Ayutla de los Libres, en la región de la Costa Chica.
María del Carmen Castro Santiago, esposa de Jorge Ochoa Martínez, pidió al gobierno estatal, encabezado por Zeferino Torreblanca Galindo, que se castigue a los responsables.
Alrededor de 50 periodistas marcharon del centro de la ciudad al Congreso local, donde solicitaron hablar con el presidente de la Comisión de Gobierno, el priísta Héctor Vicario, quien se negó a atenderlos.
Salomón Cruz Gallardo, secretario general de la sección 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, dijo que los periodistas guerrerenses se encuentran consternados por la ola de violencia en su contra y exigió garantías para que desarrollen su trabajo.
Demandó a la PGJE que informe sobre las líneas de investigación acerca del crimen, pues han pasado 13 días y no hemos recibido información alguna.
Luego se dirigieron al palacio de gobierno, donde concluyeron la movilización con un mitin. Ahí, Rogaciano Méndez González, directivo del SNRP, anunció que, para vergüenza del gobierno mexicano, en la capital del país se creará el Refugio para el Periodista, para el cual, afirmó, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aportó 10 millones de pesos.
Recordó que al asesinato de Ochoa Martínez se han sumado en años recientes los de otros periodistas, entre ellos Misael Tamayo Hernández, director del diario El Despertar de la Costa; el conductor de Radiorama en Acapulco, Juan Daniel Martínez Gil, y el corresponsal de Televisa en Acapulco, Amado Ramírez Dillanes.
Cae el cacique de Guerrero
Reporte de inteligencia. Pablo C?sar Carrillo. 2010-02-12
Una vez, un amigo ranchero le quiso disputar la dirigencia de la Uni?n Ganadera, y Rogaciano le advirti? en p?blico: ?Yo no mato perros, pero te voy a matar?.
Otro d?a, un campesino ecologista que le imped?a cortar ?rboles lo hizo enojar, y Rogaciano le grit?: ?C?mo no tengo una pistola para matarte aqu??.
El cacique, el priista, el pol?tico, el talamontes, el traficante, el mat?n, Rogaciano Alba, presidente municipal de Petatl?n de 1994 a 1996, fue capturado ayer en Jalisco, despu?s de 20 a?os de impunidad.
El Cacique de Guerrero parec?a intocable. En los 90, lo investigaron por narcotr?fico y no le probaron nada. Todos en la costa sab?an que era amigo de Los Beltr?n Leyva y El Chapo Guzm?n, y la PGR nunca lo acus?.
Un pistolero suyo, Javier Valle, afirm? un d?a que ellos mataron a la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, por ?rdenes de Rogaciano, pero no hubo pruebas. Los campesinos ecologistas lo acusaron de mandar matar a Otoniel Garc?a, porque no le permit?an quemar bosques para sembrar droga, y no se investig?.
El ecologista preso ?lvaro Garc?a lo acus? de tener un grupo paramilitar armado para asesinar a campesinos, y tampoco. Human Rights Watch afirm? que Rogaciano pag? para matar a un campesino, y nada.
Rogaciano era un Robin Hood en la sierra. Cada Navidad repart?a camionetas llenas de despensas en las comunidades. El D?a de las Madres pagaba el festejo en la preparatoria. Cuando alguien se mor?a, Rogaciano pagaba la caja. A veces, cuando entraba al mercado, pagaba la cuenta de todos los que estaban comiendo.
Hizo lo que quiso en la Costa Grande. Su foto, de sombrero y botas, a?n est? en la Presidencia Municipal. Fue un l?der del PRI. Un hombre respetado. Control? el tr?fico de drogas y mantuvo a pueblos enteros bajo sus ?rdenes. Pero su suerte cambi? en el 2008, cuando se pelearon El Chapo Guzm?n y Los Beltr?n Leyva, y Rogaciano qued? en medio. El ganadero decidi? quedarse con El Chapo y los Zetas lo quisieron matar tres veces: la primera vez le dispararon 50 balazos a su camioneta Hummer y sali? ileso. La segunda vez, acribillaron a 7 de sus hombres en Iguala, y ?l se salv? de milagro. Y la tercera, el 3 de mayo del 2008, mataron a 10 personas afuera de su casa en Petatl?n-incluidos dos de sus hijos-, y ?l no estaba.
Durante 20 a?os, el cacique Rogaciano se salv?, de forma incre?ble, de todos los peligros. Pero ahora s?, por primera vez, la Polic?a Federal lo captura y lo acusa de narcotr?fico, lo que todo mundo sab?a desde hace dos d?cadas. ?Por qu? ahora s?? ?Va en serio?
Una vez, un amigo ranchero le quiso disputar la dirigencia de la Uni?n Ganadera, y Rogaciano le advirti? en p?blico: ?Yo no mato perros, pero te voy a matar?.
Otro d?a, un campesino ecologista que le imped?a cortar ?rboles lo hizo enojar, y Rogaciano le grit?: ?C?mo no tengo una pistola para matarte aqu??.
El cacique, el priista, el pol?tico, el talamontes, el traficante, el mat?n, Rogaciano Alba, presidente municipal de Petatl?n de 1994 a 1996, fue capturado ayer en Jalisco, despu?s de 20 a?os de impunidad.
El Cacique de Guerrero parec?a intocable. En los 90, lo investigaron por narcotr?fico y no le probaron nada. Todos en la costa sab?an que era amigo de Los Beltr?n Leyva y El Chapo Guzm?n, y la PGR nunca lo acus?.
Un pistolero suyo, Javier Valle, afirm? un d?a que ellos mataron a la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, por ?rdenes de Rogaciano, pero no hubo pruebas. Los campesinos ecologistas lo acusaron de mandar matar a Otoniel Garc?a, porque no le permit?an quemar bosques para sembrar droga, y no se investig?.
El ecologista preso ?lvaro Garc?a lo acus? de tener un grupo paramilitar armado para asesinar a campesinos, y tampoco. Human Rights Watch afirm? que Rogaciano pag? para matar a un campesino, y nada.
Rogaciano era un Robin Hood en la sierra. Cada Navidad repart?a camionetas llenas de despensas en las comunidades. El D?a de las Madres pagaba el festejo en la preparatoria. Cuando alguien se mor?a, Rogaciano pagaba la caja. A veces, cuando entraba al mercado, pagaba la cuenta de todos los que estaban comiendo.
Hizo lo que quiso en la Costa Grande. Su foto, de sombrero y botas, a?n est? en la Presidencia Municipal. Fue un l?der del PRI. Un hombre respetado. Control? el tr?fico de drogas y mantuvo a pueblos enteros bajo sus ?rdenes. Pero su suerte cambi? en el 2008, cuando se pelearon El Chapo Guzm?n y Los Beltr?n Leyva, y Rogaciano qued? en medio. El ganadero decidi? quedarse con El Chapo y los Zetas lo quisieron matar tres veces: la primera vez le dispararon 50 balazos a su camioneta Hummer y sali? ileso. La segunda vez, acribillaron a 7 de sus hombres en Iguala, y ?l se salv? de milagro. Y la tercera, el 3 de mayo del 2008, mataron a 10 personas afuera de su casa en Petatl?n-incluidos dos de sus hijos-, y ?l no estaba.
Durante 20 a?os, el cacique Rogaciano se salv?, de forma incre?ble, de todos los peligros. Pero ahora s?, por primera vez, la Polic?a Federal lo captura y lo acusa de narcotr?fico, lo que todo mundo sab?a desde hace dos d?cadas. ?Por qu? ahora s?? ?Va en serio?
Estudiantes protestan pacíficamente ante Lujambio
Este viernes 12 de Febrero, un grupo de estudiantes de la UNAM y la UAM nos manifestamos ante Alonso Lujambio, Secretario de Educación Pública para expresarle nuestro rechazo al abandono en que la administración federal ha tenido a las universidades públicas... Reproducimos el comunicado que circulamos entre los medios...
MTRO. ALONSO LUJAMBIO IRAZÁBAL
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E
Un grupo de estudiantes de varias escuelas aprovechamos esta ocasión en que visita la Universidad Nacional Autónoma de México, la mejor universidad de México y Latinoamérica para expresarle nuestro rechazo al abandono en que la administración federal ha tenido a las universidades públicas.
Es preocupante que las autoridades federales hayan recortado el presupuesto que la Cámara de Diputados había asignado a la educación superior para este año:
Se aprobaron 86 mil 375 millones de pesos para el sector y, la SHCP publicó desde el primero de enero de 2010 en su portal de internet, que el presupuesto para el sector era de 84 mil 669 millones, es decir, de entrada hay un recorte de mil 706 millones de pesos.
Es preocupante que la educación superior no sea una prioridad nacional cuando sabemos que miles de jóvenes no acceden a la educación.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Juventud 2005 sólo 36.85 de la población que tiene entre 15 a 29 años estudian, es decir, más del 60% de jóvenes en edad de estudiar están fuera de la escuela (lo que equivale a cerca de 18, 443,160 personas)
De acuerdo a la misma Encuesta, en promedio 22% de jóvenes entre 12 y 29 años no estudia ni trabaja, es decir, hay alrededor de 7, 760,630 ninis en ese rango de edad.
No es posible que el único futuro que el gobierno deja a los jóvenes esté en la violencia, en la delincuencia o bien, en la muerte como le ocurrió a nuestros compañeros estudiantes de Ciudad Juárez.
Ante este panorama, vemos con preocupación el abandono en que el gobierno federal tiene a las universidades públicas, que deberían de ser una prioridad nacional para abatir estos niveles de rezago y contribuir al desarrollo nacional.
Mtro. Lujambio los estudiantes de este país demandamos una Política de Estado para la educación superior que establezca presupuestos multianuales y recursos etiquetados para acrecentar las matrículas en bachillerato y licenciatura.
Las prioridades de la SEP deberían estar centradas en abatir el rezago educativo, en abrir nuevos planteles educativos y no en promocionar una imagen para 2012.
Las prioridades deberían de estar en diseñar políticas para que los jóvenes tengamos un verdadero futuro.
ATENTAMENTE
Estudiantes de la UNAM, IPN, UAM, UACM
REDES UNIVERSITARIAS
AVANZAN LAS VICTORIAS DE LA LUCHA CONTRA LAS PRESAS EN MEXICO
11.2.10 Pueblos de tierra caliente
VII ENCUENTRO DEL MAPDER
Del 5 al 7 de febrero del 2010 se llevó a cabo en la comunidad de Paso de Reina, Oaxaca, México, el VII encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Ríos Verde (COPUDEVER), La Ventana, EDUCA, y el Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandii, fueron los anfitriones de las organizaciones indígenas, campesinas, sociales, redes, investigadores y otros aliados en la lucha contra las presas en el país. Más de 300 personas nos dimos cita en esta comunidad que pretende ser desalojada por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de Reina de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En este encuentro compartimos las luchas de resistencias contra las presas en México como un avance en las luchas del MAPDER. Además de mucha solidaridad internacional y presencia de aliados importantes, las resistencias llegaron de Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y el Distrito Federal. Entre las experiencias que se compartieron estuvieron los compañeros de la Presa la Yesca, la que será la mayor presa en el país y de su tipo, y donde los campesinos que resisten se han dado cuenta de las afectaciones, de las promesas incumplidas por parte de la CFE. El mismo caso sobre la presa Cerro de Oro entre Oaxaca y Veracruz que luego de décadas siguen luchando por una indemnización justa ante el sufrimiento y despojo que vivieron por la construcción de este proyecto. Por otro lado se anunció sobre las pretensiones de la CFE de construir más presas en Chiapas entre ellas la el proyecto hidroeléctrico Tenosique, antes Boca del Cerro, para el 2012, y que forma parte de una red de presas sobre el río Usumacinta. También hay otros 4 proyectos más en Chiapas entre ellos la reactivación de la presa Itzantún y para lo cual compañeros de esta resistencia compartieron su lucha que hace años logró la cancelación del proyecto. En el caso de Colima también se compartió el problema de las afectaciones en torno a los manglares, la gasificadota y la presa El Naranjo. No podía faltar poner sobre la mesa y hacer referencia a la situación de las presas en Brasil y el ejemplo de lucha del MAB.
El encentro festejó la lucha y la victoria contra la presa Arcediano en el estado de Jalisco y la incansable lucha de la Sra. Guadalupe Lara. También festejamos la victoria en la lucha contra la presa La Parota en el estado de Guerrero bajo la bandera del CECOP. Sin embargo también damos por hecho que la lucha vencerá los intentos por construir la presa Zapotillo en Jalisco y la Presa Paso de Reina en Oaxaca.
Durante el encuentro realizamos un panel de información sobre Represas y Cambio Climático con la ayuda de Gustavo Castro de Otros Mundos/Chiapas y el informe sobre la reunión del COP15 en Copenhagen y los retos que tenemos como movimiento rumbo al COP16 en Cancún, México. Para ello nos ayudó Alejandro Villamar de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Entre las conclusiones a las que llagamos es que no se puede desligar el problema de las presas y el cambio climático. Por ello, un avance en este encuentro fue la consciencia de que el MAPDER debe hacer presencia en el COP16 de Cancún y nos preparamos para ello. Otra de las excelentes participaciones fue la exposición del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) quienes expusieron la situación de la energía en el país, la matriz energética nacional, las tendencia y los retos frente al cambio climático.
Posteriormente los y las participantes nos distribuimos en cuatro talleres. Uno de ellos fue sobre las estrategias legales en la lucha contra las presas y para ello apoyó la organización COA y el Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandii. El otro taller fue sobre la experiencia del MAB en Brasil y se proyectó un video fruto de la visita de una delegación del MAPDER al MAB en el 2008. Para esto nos ayudó HIC-Al. El tercer taller fue sobre las Presas y el cuarto taller sobre alternativas de gestión del agua y la energía, ambos talleres coordinados por Otros Mundos/Chiapas. Y claro, no podía faltar la visita al lugar donde se pretende poner la cortina de la presa Paso de Reina, donde realizamos una reflexión grupal y donde refrendamos nuestro compromiso de lucha contra la presa y en defensa de un río maravilloso y un pueblo unido por la defensa de su tierra, de su territorio, de su cultura y su vida.
Otro de los elementos importantes en el encuentro fue la amplitud de las alianzas. Investigadores, solidaridad internacional, jóvenes estudiantes, sociólogas, entre otras se suman a la lucha contra las represas. Además, con aplausos se tomó el acuerdo de hacer más alianzas con otros sectores entre los que se encuentra la Red Manglares.
Con el apoyo de IMDEC y Otros Mundos/Chiapas avanzamos en uno de los retos del Mapder para este año: la preparación del III Encuentro Internacional contra las Represas que se llevará a cabo del 1 al 7 de Octubre de 2010 en la comunidad de Temacapulín, Jalisco, donde se pretende construir la presa Zapotillo. Mesas de reflexión sobre cuáles serían los objetivos y temáticas del encentro, cómo nos organizaremos para el apoyo de comisiones y la participación del encuentro, fueron algunos de los objetivos que logramos en el VII Mapder.
Además de la alegría, la convivencia, el baile y el compartir la vida, fue importante constatar la presencia de las mujeres en la lucha antirepresas, como pilar fundamental de la resistencia. También se retomó la situación del golpe en Honduras y la tragedia de Haití.
Por último, preparamos las acciones que realizaremos en cada estado el 14 de Marzo, Día Internacional de Movilización contra las Presas. Entre ellas pintas, movilizaciones, comunicados, spots para las radios, seminarios, foros, talleres, elaboración de mantas, campañas, calcomanías, botones, difusión con audiovisuales, entre otras más.
A continuación reproducimos la Declaración:
DECLARACION DE PASO DE REYNA
“FESTEJANDO VISTORIAS Y DE CARA AL III ENCUENTRO INTERNACIONAL CONTRA LAS PRESAS”
El VII Encuentro del Movimiento de Afectados por las Presas y Represas en México y en Defensa de los Ríos (MAPDER) se realizó en la comunidad Paso de la Reyna, municipio de Jamiltepec, Oaxaca, los días 5,6 y 7 de Febrero de 2010, para reiterar nuestra oposición a la construcción de presas en México.
En el encuentro celebramos la suspensión temporal de la construcción de las presas Arcediano y la Parota, aunque eso no significa dejar de luchar por la cancelación definitiva de otros proyectos.
Ratificamos que la construcción de las presas es sinónimo de despojo histórico y sistemático de los recursos naturales, tradiciones y formas de vida de las comunidades indígenas, campesinas y de los pueblos originarios en el país. Las repercusiones sociales y ambientales son estructurales y acumulativas y no se puede resarcir. La política de desarrollo de los gobiernos neoliberales impone megaproyectos argumentando beneficios a las comunidades y los pueblos. Sin embargo, lo único que hemos recibido son perjuicios, promesas incumplidas, engaño, represión.
Por lo tanto rechazamos enérgicamente la construcción de los proyectos “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina”, en Oaxaca“; El Zapotalillo”, en Jalisco; El proyecto Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo, en la laguna de Cuyutlán, Colima.
Rechazamos también, el proceso de privatización del agua, la energía y tierra; la criminalización y hostigamiento a los movimientos sociales en defensa del territorio, la imposición de las altas tarifas del consumo de energía eléctrica a las comunidades rurales de todo el país, el financiamiento e intromisión del Banco Mundial que promueve esos modelos de supuesto desarrollo.
Exigimos la cancelación definitiva de los proyectos hasta ahora suspendidos: Arcediano y San Nicolás en Jalisco y la Parota en Guerrero; resarcir todos los daños ocasionados por los proyectos la Yesca, Cerro de Oro y Arcediano. El retiro inmediato de la Comisión Federal de Electricidad de las comunidades que se oponen a su presencia, así como el respeto a la autodeterminación de los pueblos considerando los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano a través de la firma del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Exigimos el cese inmediato de la criminalización a la protesta social y la liberación de los compañeros encarcelados en Candelaria Campeche, extinción de órdenes de aprehensión y denuncias en contra de los compañeros de Ixtepec, Xhadani, UCIZONI, de Juan Zamora González, Rodolfo Chávez, Hugo Moreno y los ex_regidores del municipio de Hostotipaquillo además de otros luchadores sociales que actualmente sufren la represión del Estado ya sea persecución, encarcelamiento e incluso asesinato; cumplimiento de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales, que contemplan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales para los pueblos. También la pronta restitución de los puestos de trabajo de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Convocamos a todas las comunidades, pueblos, movimientos y organizaciones sociales y políticas, a sumarse y a articularse a la agenda nacional de lucha, y a la participación organizada para asistir al III Encuentro Internacional contra las presas en Temacapulín, Jalisco bajo el lema “Los ojos del mundo están puestos en Temaca”, que se llevará a cabo del 1º al 7 de octubre de 2010. Y a la Conferencia de las Partes (COP), reunión 16 contra el cambio climático, del 29 de noviembre al 10 de diciembre 2010 en Cancún Quintana Roo.
HACEMOS UN LLAMADO A SEGUIR LUCHANDO POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y ENERGETICA DESDE LOS PUEBLOS Y PARA LOS PUEBLOS.
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RIOS. MAPDER
“RIOS PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE”
Paso de la Reina Jamiltepec, Oaxaca , Febrero 7 de 2010
Movimientos organizaciones:
Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER), EDUCA AC, Centro de Derechos Humanos Ñu Ji Kandii, La Ventana AC, Radio Xejam, CACTUS AC, Frente de Trabajadores de Energía (FTE), CECOP-La Parota, Sección XXII SNTE, Coordinadora de Pueblos de Ocotlán, EDLC, Alianza Sierra Madre AC, COA, IMDEC AC, Prodefensa de Arcediano, Parroquia de Huazolotitlán, Alianza Internacional de Habitantes (AIH), Otros Mundos AC, SERAPAZ, Bios Iguana Defensa de los Manglares, HIC AL, Programas de las Américas, estudiantes de la Universidad de Brasilia, ITVO, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO, CDHAL; afectados por la presa La Yesca; Cerro de Oro, Acción Permanente por la Paz, Red Mexicana de Acción contra Libre Comercio (RMALC), Las Abejas/Acteal, Solidaridad Internacional, Consejo Indígena del Valle de Uspanapa AC; Parroquia Santiago Jamiltepec, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Frente Popular Revolucionario (FPR), Miahuatlán, Oaxaca; Jóvenes en Resistencia Alternativa (JRA), Red Mexicana de Afectados contra la minería (REMA), CEIBA AC/Comitán, CEB Pinotepa Nacional, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Red Nacional de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica, AMAP, ECOSTA, Comisión Diocesana contra la presa Paso de la Reina, Parroquia de San Pedro Tututepec, Parroquia de Tataltepec de Valdés, Comité Salvemos Temaca, Acasico, Palmarejo, Salvemos Temaca AC, Otros Mundos Chiapas.
Comunidades:
San José del Progreso, Paso de la Reina Jamiltepec, Paso del Águila, San Gabriel Mixtepec, Corral de Piedras Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Tataltepec de Valdés, Santiago Jamiltepec, La Luz Tututepec, Plan del Aire Tataltepec, El Ocote Tataltepec, Piedra Arena, Ejido San Lucas Atoyaquillo, Santiago Ixtayutla, La Humedad Ixtayutla, San Antonio Río Verde, San Miguel del Puerto, Pinotepa Nacional, Emiliano Zapata, Matías Romero; Temacapulín, Jalisco; Morelos; Acteal Chiapas; Xalapa, Veracruz.
--
Gustavo Castro Soto
OTROS MUNDOS A.C.
Francisco I. Madero 49
Barrio de Guadalupe
29230 San Cristóbal de las Casas
Chiapas, México
Tel (967) 6316643
www.otrosmundoschiapas.org
VII ENCUENTRO DEL MAPDER
Del 5 al 7 de febrero del 2010 se llevó a cabo en la comunidad de Paso de Reina, Oaxaca, México, el VII encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Ríos Verde (COPUDEVER), La Ventana, EDUCA, y el Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandii, fueron los anfitriones de las organizaciones indígenas, campesinas, sociales, redes, investigadores y otros aliados en la lucha contra las presas en el país. Más de 300 personas nos dimos cita en esta comunidad que pretende ser desalojada por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de Reina de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En este encuentro compartimos las luchas de resistencias contra las presas en México como un avance en las luchas del MAPDER. Además de mucha solidaridad internacional y presencia de aliados importantes, las resistencias llegaron de Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y el Distrito Federal. Entre las experiencias que se compartieron estuvieron los compañeros de la Presa la Yesca, la que será la mayor presa en el país y de su tipo, y donde los campesinos que resisten se han dado cuenta de las afectaciones, de las promesas incumplidas por parte de la CFE. El mismo caso sobre la presa Cerro de Oro entre Oaxaca y Veracruz que luego de décadas siguen luchando por una indemnización justa ante el sufrimiento y despojo que vivieron por la construcción de este proyecto. Por otro lado se anunció sobre las pretensiones de la CFE de construir más presas en Chiapas entre ellas la el proyecto hidroeléctrico Tenosique, antes Boca del Cerro, para el 2012, y que forma parte de una red de presas sobre el río Usumacinta. También hay otros 4 proyectos más en Chiapas entre ellos la reactivación de la presa Itzantún y para lo cual compañeros de esta resistencia compartieron su lucha que hace años logró la cancelación del proyecto. En el caso de Colima también se compartió el problema de las afectaciones en torno a los manglares, la gasificadota y la presa El Naranjo. No podía faltar poner sobre la mesa y hacer referencia a la situación de las presas en Brasil y el ejemplo de lucha del MAB.
El encentro festejó la lucha y la victoria contra la presa Arcediano en el estado de Jalisco y la incansable lucha de la Sra. Guadalupe Lara. También festejamos la victoria en la lucha contra la presa La Parota en el estado de Guerrero bajo la bandera del CECOP. Sin embargo también damos por hecho que la lucha vencerá los intentos por construir la presa Zapotillo en Jalisco y la Presa Paso de Reina en Oaxaca.
Durante el encuentro realizamos un panel de información sobre Represas y Cambio Climático con la ayuda de Gustavo Castro de Otros Mundos/Chiapas y el informe sobre la reunión del COP15 en Copenhagen y los retos que tenemos como movimiento rumbo al COP16 en Cancún, México. Para ello nos ayudó Alejandro Villamar de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Entre las conclusiones a las que llagamos es que no se puede desligar el problema de las presas y el cambio climático. Por ello, un avance en este encuentro fue la consciencia de que el MAPDER debe hacer presencia en el COP16 de Cancún y nos preparamos para ello. Otra de las excelentes participaciones fue la exposición del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) quienes expusieron la situación de la energía en el país, la matriz energética nacional, las tendencia y los retos frente al cambio climático.
Posteriormente los y las participantes nos distribuimos en cuatro talleres. Uno de ellos fue sobre las estrategias legales en la lucha contra las presas y para ello apoyó la organización COA y el Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandii. El otro taller fue sobre la experiencia del MAB en Brasil y se proyectó un video fruto de la visita de una delegación del MAPDER al MAB en el 2008. Para esto nos ayudó HIC-Al. El tercer taller fue sobre las Presas y el cuarto taller sobre alternativas de gestión del agua y la energía, ambos talleres coordinados por Otros Mundos/Chiapas. Y claro, no podía faltar la visita al lugar donde se pretende poner la cortina de la presa Paso de Reina, donde realizamos una reflexión grupal y donde refrendamos nuestro compromiso de lucha contra la presa y en defensa de un río maravilloso y un pueblo unido por la defensa de su tierra, de su territorio, de su cultura y su vida.
Otro de los elementos importantes en el encuentro fue la amplitud de las alianzas. Investigadores, solidaridad internacional, jóvenes estudiantes, sociólogas, entre otras se suman a la lucha contra las represas. Además, con aplausos se tomó el acuerdo de hacer más alianzas con otros sectores entre los que se encuentra la Red Manglares.
Con el apoyo de IMDEC y Otros Mundos/Chiapas avanzamos en uno de los retos del Mapder para este año: la preparación del III Encuentro Internacional contra las Represas que se llevará a cabo del 1 al 7 de Octubre de 2010 en la comunidad de Temacapulín, Jalisco, donde se pretende construir la presa Zapotillo. Mesas de reflexión sobre cuáles serían los objetivos y temáticas del encentro, cómo nos organizaremos para el apoyo de comisiones y la participación del encuentro, fueron algunos de los objetivos que logramos en el VII Mapder.
Además de la alegría, la convivencia, el baile y el compartir la vida, fue importante constatar la presencia de las mujeres en la lucha antirepresas, como pilar fundamental de la resistencia. También se retomó la situación del golpe en Honduras y la tragedia de Haití.
Por último, preparamos las acciones que realizaremos en cada estado el 14 de Marzo, Día Internacional de Movilización contra las Presas. Entre ellas pintas, movilizaciones, comunicados, spots para las radios, seminarios, foros, talleres, elaboración de mantas, campañas, calcomanías, botones, difusión con audiovisuales, entre otras más.
A continuación reproducimos la Declaración:
DECLARACION DE PASO DE REYNA
“FESTEJANDO VISTORIAS Y DE CARA AL III ENCUENTRO INTERNACIONAL CONTRA LAS PRESAS”
El VII Encuentro del Movimiento de Afectados por las Presas y Represas en México y en Defensa de los Ríos (MAPDER) se realizó en la comunidad Paso de la Reyna, municipio de Jamiltepec, Oaxaca, los días 5,6 y 7 de Febrero de 2010, para reiterar nuestra oposición a la construcción de presas en México.
En el encuentro celebramos la suspensión temporal de la construcción de las presas Arcediano y la Parota, aunque eso no significa dejar de luchar por la cancelación definitiva de otros proyectos.
Ratificamos que la construcción de las presas es sinónimo de despojo histórico y sistemático de los recursos naturales, tradiciones y formas de vida de las comunidades indígenas, campesinas y de los pueblos originarios en el país. Las repercusiones sociales y ambientales son estructurales y acumulativas y no se puede resarcir. La política de desarrollo de los gobiernos neoliberales impone megaproyectos argumentando beneficios a las comunidades y los pueblos. Sin embargo, lo único que hemos recibido son perjuicios, promesas incumplidas, engaño, represión.
Por lo tanto rechazamos enérgicamente la construcción de los proyectos “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina”, en Oaxaca“; El Zapotalillo”, en Jalisco; El proyecto Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo, en la laguna de Cuyutlán, Colima.
Rechazamos también, el proceso de privatización del agua, la energía y tierra; la criminalización y hostigamiento a los movimientos sociales en defensa del territorio, la imposición de las altas tarifas del consumo de energía eléctrica a las comunidades rurales de todo el país, el financiamiento e intromisión del Banco Mundial que promueve esos modelos de supuesto desarrollo.
Exigimos la cancelación definitiva de los proyectos hasta ahora suspendidos: Arcediano y San Nicolás en Jalisco y la Parota en Guerrero; resarcir todos los daños ocasionados por los proyectos la Yesca, Cerro de Oro y Arcediano. El retiro inmediato de la Comisión Federal de Electricidad de las comunidades que se oponen a su presencia, así como el respeto a la autodeterminación de los pueblos considerando los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano a través de la firma del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Exigimos el cese inmediato de la criminalización a la protesta social y la liberación de los compañeros encarcelados en Candelaria Campeche, extinción de órdenes de aprehensión y denuncias en contra de los compañeros de Ixtepec, Xhadani, UCIZONI, de Juan Zamora González, Rodolfo Chávez, Hugo Moreno y los ex_regidores del municipio de Hostotipaquillo además de otros luchadores sociales que actualmente sufren la represión del Estado ya sea persecución, encarcelamiento e incluso asesinato; cumplimiento de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales, que contemplan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales para los pueblos. También la pronta restitución de los puestos de trabajo de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Convocamos a todas las comunidades, pueblos, movimientos y organizaciones sociales y políticas, a sumarse y a articularse a la agenda nacional de lucha, y a la participación organizada para asistir al III Encuentro Internacional contra las presas en Temacapulín, Jalisco bajo el lema “Los ojos del mundo están puestos en Temaca”, que se llevará a cabo del 1º al 7 de octubre de 2010. Y a la Conferencia de las Partes (COP), reunión 16 contra el cambio climático, del 29 de noviembre al 10 de diciembre 2010 en Cancún Quintana Roo.
HACEMOS UN LLAMADO A SEGUIR LUCHANDO POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y ENERGETICA DESDE LOS PUEBLOS Y PARA LOS PUEBLOS.
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RIOS. MAPDER
“RIOS PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE”
Paso de la Reina Jamiltepec, Oaxaca , Febrero 7 de 2010
Movimientos organizaciones:
Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER), EDUCA AC, Centro de Derechos Humanos Ñu Ji Kandii, La Ventana AC, Radio Xejam, CACTUS AC, Frente de Trabajadores de Energía (FTE), CECOP-La Parota, Sección XXII SNTE, Coordinadora de Pueblos de Ocotlán, EDLC, Alianza Sierra Madre AC, COA, IMDEC AC, Prodefensa de Arcediano, Parroquia de Huazolotitlán, Alianza Internacional de Habitantes (AIH), Otros Mundos AC, SERAPAZ, Bios Iguana Defensa de los Manglares, HIC AL, Programas de las Américas, estudiantes de la Universidad de Brasilia, ITVO, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO, CDHAL; afectados por la presa La Yesca; Cerro de Oro, Acción Permanente por la Paz, Red Mexicana de Acción contra Libre Comercio (RMALC), Las Abejas/Acteal, Solidaridad Internacional, Consejo Indígena del Valle de Uspanapa AC; Parroquia Santiago Jamiltepec, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Frente Popular Revolucionario (FPR), Miahuatlán, Oaxaca; Jóvenes en Resistencia Alternativa (JRA), Red Mexicana de Afectados contra la minería (REMA), CEIBA AC/Comitán, CEB Pinotepa Nacional, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Red Nacional de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica, AMAP, ECOSTA, Comisión Diocesana contra la presa Paso de la Reina, Parroquia de San Pedro Tututepec, Parroquia de Tataltepec de Valdés, Comité Salvemos Temaca, Acasico, Palmarejo, Salvemos Temaca AC, Otros Mundos Chiapas.
Comunidades:
San José del Progreso, Paso de la Reina Jamiltepec, Paso del Águila, San Gabriel Mixtepec, Corral de Piedras Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Tataltepec de Valdés, Santiago Jamiltepec, La Luz Tututepec, Plan del Aire Tataltepec, El Ocote Tataltepec, Piedra Arena, Ejido San Lucas Atoyaquillo, Santiago Ixtayutla, La Humedad Ixtayutla, San Antonio Río Verde, San Miguel del Puerto, Pinotepa Nacional, Emiliano Zapata, Matías Romero; Temacapulín, Jalisco; Morelos; Acteal Chiapas; Xalapa, Veracruz.
--
Gustavo Castro Soto
OTROS MUNDOS A.C.
Francisco I. Madero 49
Barrio de Guadalupe
29230 San Cristóbal de las Casas
Chiapas, México
Tel (967) 6316643
www.otrosmundoschiapas.org
Evo Morales en México.
Evo Morales en México.
Es de origen amerindio y su lengua y su etnia es la aymará. Y en diciembre de 2005 se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia. Algunos lo ven como a Benito Juárez por su origen indígena, otros lo ven como a Hugo Chávez, otros como a Lula da silva, hombre sencillo que toda su vida a militado en la izquierda; pero lo cierto es que él pretende seguir la lucha que dejó el Dr, Ernesto Che Guevara. ¿Un sueño que hará realidad?
Un acontecimiento histórico, para México y América latina que no puedes perderte.
Publicado por Tonátiuh Maldonado.
Es de origen amerindio y su lengua y su etnia es la aymará. Y en diciembre de 2005 se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia. Algunos lo ven como a Benito Juárez por su origen indígena, otros lo ven como a Hugo Chávez, otros como a Lula da silva, hombre sencillo que toda su vida a militado en la izquierda; pero lo cierto es que él pretende seguir la lucha que dejó el Dr, Ernesto Che Guevara. ¿Un sueño que hará realidad?
Un acontecimiento histórico, para México y América latina que no puedes perderte.
Publicado por Tonátiuh Maldonado.
Madre de joven asesinado repudia la visita de Calderon en Juarez
http://www.youtube.com/watch?v=zhdGJlucfT8
jueves, 11 de febrero de 2010
Cae 'El Roga' surtidor de armas del "Chapo" y "La Familia"
SIPSE.COM Nacional 11/02/10
Rogaciano Alba Álvarez, originario de Guerrero, fue capturado por la PFP y confesó sus nexos con el Cártel de Sinaloa. MILENIO
GUADALAJARA, Jal.- La Policía Federal logró la detención de Rogaciano Alba Álvarez, alias "El Roga" quién presuntamente se encargaba de surtir de armamento a las organizaciones delictivas de "La Familia Michoacana" y al cártel de Sinaloa.
Según informa Milenio, lLa detención se logró en la carretera Guadalajara-Chapala, gracias al procesamiento de información que se dio en el interior del Centro de Inteligencia de la Policía Federal.
Alba Álvarez, de 55 años de edad y originario de Petatlán Guerrero, mantenía una alianza con la cual pretendía apoderarse de las operaciones del narcotráfico en su estado natal expulsando de su territorio al grupo de Los Beltrán Leyva y Los Zetas.
Al ser interrogado, Rogaciano Alba, confesó que estableció nexos con el Cártel de Sinaloa, llegando a tener una relación cercana con los principales líderes como El Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leyva.
De este último se convirtió en su principal operador para el trasiego de goma de opio, marihuana y cocaína en la región de la Costa Grande.
Tras la caída de El Barbas, Rogaciano Alba señaló que decidió quedarse del lado del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".
Después de ser víctima de un ataque contra su familia en Guerrero, El Roga decidió buscar refugio en Jalisco bajo el cobijo de El Chapo y Nacho Coronel.
Durante el operativo se aseguró una arma larga AR-15, un cargador de disco para cien cartuchos calibre .223, 23 cartuchos útiles calibre .223, un recipiente con cristal, una camioneta Suburban modelo 2010 color blanco, cuatro teléfonos celulares y una credencial de elector a nombre de García Campos Enrique, con la fotografía del detenido.
Rogaciano Alba Álvarez, originario de Guerrero, fue capturado por la PFP y confesó sus nexos con el Cártel de Sinaloa. MILENIO
GUADALAJARA, Jal.- La Policía Federal logró la detención de Rogaciano Alba Álvarez, alias "El Roga" quién presuntamente se encargaba de surtir de armamento a las organizaciones delictivas de "La Familia Michoacana" y al cártel de Sinaloa.
Según informa Milenio, lLa detención se logró en la carretera Guadalajara-Chapala, gracias al procesamiento de información que se dio en el interior del Centro de Inteligencia de la Policía Federal.
Alba Álvarez, de 55 años de edad y originario de Petatlán Guerrero, mantenía una alianza con la cual pretendía apoderarse de las operaciones del narcotráfico en su estado natal expulsando de su territorio al grupo de Los Beltrán Leyva y Los Zetas.
Al ser interrogado, Rogaciano Alba, confesó que estableció nexos con el Cártel de Sinaloa, llegando a tener una relación cercana con los principales líderes como El Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leyva.
De este último se convirtió en su principal operador para el trasiego de goma de opio, marihuana y cocaína en la región de la Costa Grande.
Tras la caída de El Barbas, Rogaciano Alba señaló que decidió quedarse del lado del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".
Después de ser víctima de un ataque contra su familia en Guerrero, El Roga decidió buscar refugio en Jalisco bajo el cobijo de El Chapo y Nacho Coronel.
Durante el operativo se aseguró una arma larga AR-15, un cargador de disco para cien cartuchos calibre .223, 23 cartuchos útiles calibre .223, un recipiente con cristal, una camioneta Suburban modelo 2010 color blanco, cuatro teléfonos celulares y una credencial de elector a nombre de García Campos Enrique, con la fotografía del detenido.
Capturan en Jalisco al ganadero Rogaciano Alba Álvarez
La SSP lo vincula con El Chapo, mientras que activistas lo acusan del asesinato de Digna Ochoa. La Jornada en línea Publicado: 11/02/2010 19:20
México, DF. El líder ganadero Rogaciano Alba Álvarez, vinculado al cártel de Sinaloa, al que presuntamente surtía armas de alto poder, fue detenido este jueves en la ciudad de Guadalajara, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En un comunicado, la dependencia federal indicó que la captura del ex alcalde priísta de Petatlán y líder de ganaderos en Guerrero -acusado además de la muerte de la defensora Digna Ochoa- ocurrió en el tramo carretero Chapala-Guadalajara.
Detalló que en el operativo fue decomisado un arma larga AR-15, un cargador, 23 cartuchos útiles calibre .223, un recipiente plástico con cristal, una camioneta Suburban, cuatro teléfonos celulares, y una credencial de elector y pasaporte a nombre de García Campos Enrique.
Señaló que Rogaciano Alba Álvarez, de 55 años, mantenía una alianza mediante la cual pretendía apoderarse por completo de las operaciones de narcotráfico en el estado de Guerrero, expulsando a grupos antagónicos como los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas.
Alba Álvarez -identificado como principal responsable del narcotráfico y tala clandestina en Guerrero- estableció nexos con el cártel de Sinaloa, llegando a consolidar una cercana relación personal con Ismael El Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, de quien se convirtió en su principal operador para el trasiego de goma de opio, mariguana y cocaína en la Costa Grande.
Ante la ruptura entre los líderes del cártel de Sinaloa, Rogaciano Alba decidió quedarse del lado de El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Reportes de inteligencia señalan que en 2008 el líder campesino se reunió en Zihuatanejo con Arturo Beltrán Leyva, quien le ofreció el control del tráfico de droga en Guerrero. Alba Álvarez se rehusó.
El 3 de mayo de 2008 decenas de sicarios fuertemente armados tomaron por asalto un hotel de Iguala, donde se celebraba una reunión de ganaderos, liderada por Alba Álvarez. Éste último salió ileso y siete de sus colaboradores perdieron la vida.
Al día siguiente un comando abrió fuego contra la casa del líder ganadero en Petatlán, donde dieron muerte a dos de sus hijos y secuestraron a otra de sus hijas de nombre Ana Karen, de quien hasta el momento se desconoce su paradero.
Después del ataque a su familia, Alba Álvarez buscó refugio en Jalisco bajo el cobijo de El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada e Ignacio Nacho Coronel.
México, DF. El líder ganadero Rogaciano Alba Álvarez, vinculado al cártel de Sinaloa, al que presuntamente surtía armas de alto poder, fue detenido este jueves en la ciudad de Guadalajara, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En un comunicado, la dependencia federal indicó que la captura del ex alcalde priísta de Petatlán y líder de ganaderos en Guerrero -acusado además de la muerte de la defensora Digna Ochoa- ocurrió en el tramo carretero Chapala-Guadalajara.
Detalló que en el operativo fue decomisado un arma larga AR-15, un cargador, 23 cartuchos útiles calibre .223, un recipiente plástico con cristal, una camioneta Suburban, cuatro teléfonos celulares, y una credencial de elector y pasaporte a nombre de García Campos Enrique.
Señaló que Rogaciano Alba Álvarez, de 55 años, mantenía una alianza mediante la cual pretendía apoderarse por completo de las operaciones de narcotráfico en el estado de Guerrero, expulsando a grupos antagónicos como los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas.
Alba Álvarez -identificado como principal responsable del narcotráfico y tala clandestina en Guerrero- estableció nexos con el cártel de Sinaloa, llegando a consolidar una cercana relación personal con Ismael El Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, de quien se convirtió en su principal operador para el trasiego de goma de opio, mariguana y cocaína en la Costa Grande.
Ante la ruptura entre los líderes del cártel de Sinaloa, Rogaciano Alba decidió quedarse del lado de El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Reportes de inteligencia señalan que en 2008 el líder campesino se reunió en Zihuatanejo con Arturo Beltrán Leyva, quien le ofreció el control del tráfico de droga en Guerrero. Alba Álvarez se rehusó.
El 3 de mayo de 2008 decenas de sicarios fuertemente armados tomaron por asalto un hotel de Iguala, donde se celebraba una reunión de ganaderos, liderada por Alba Álvarez. Éste último salió ileso y siete de sus colaboradores perdieron la vida.
Al día siguiente un comando abrió fuego contra la casa del líder ganadero en Petatlán, donde dieron muerte a dos de sus hijos y secuestraron a otra de sus hijas de nombre Ana Karen, de quien hasta el momento se desconoce su paradero.
Después del ataque a su familia, Alba Álvarez buscó refugio en Jalisco bajo el cobijo de El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada e Ignacio Nacho Coronel.
Aviso urgente del Círculo de Estudios Central
Estimados amig@s:
El Círculo de Estudios Central
informa:
que por remodelación del Club de Periódistas se pospone la sesión del Círculo de Estudios Central, de este jueves 11 de febrero de 2010,
La siguiente semana, continuaremos normalmente con las sesiones del Círculo de Estudios Central
Pedimos una disculpa a tod@s
____________________
Siguiente sesión el el Círculo de Estudios Central
jueves 18 de febrero de 2010
Nos acompañará nuestro amigo y parte de este Círculo:
Rafael Barajas "El Fisgón"
Jueves, 18 de Febrero
19 hrs.
Club de Periodistas de México A.C.
Filomeno Mata # 8, Centro Histórico
A unos pasos del Metro Allende
_______________________________________________________________________
Informes y consulta:
Redes Universitarias y Círculos de Estudio (Brigada 21)
redesuniversitarias@hotmail.com
redesuniversitarias@gmail.com
http://redescirculodeestudios.blogspot.com
http://redesuniversitarias.blogia.com
Juanjo: 044 5532590714
Y no dejen de consultar los siguientes sitios:
http://amlotv.com.mx
http://senderodelpeje.com
http://soberaniapopular.blogspot.com
http://lanuevarepublica.org
senderodefecal1.blogspot.com
http://clubdeperiodistas.com.mx
http://www.radioamlo.org
http://mariodicostanzoarmenta.blogspot.com
http://sme.org.mx
Atte.
Brigada 21 "Círculos de Estudio y Universitarios"
miércoles, 10 de febrero de 2010
DOF publica sentencia del caso Radilla
Como parte de las reparaciones por su culpabilidad en la desaparición del guerrerense, el Estado mexicano publicó parte de la sentencia emitida en su contra por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más de 650 personas desaparecidas, denuncian organismos de Derechos Humanos, ha dejado la represión contra movimientos sociales IVÁN QUECHA REYNA EL UNIVERSAL CIUDAD DE MÉXICO MARTES 09 DE FEBRERO DE 2010
El gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) párrafos sobre la sentencia en su contra por el caso de Rosendo Radilla, guerrerense desaparecido por efectivos del Ejército el 25 de agosto de 1974.
En el acuerdo se ordena la publicación de los párrafos uno a siete, 52 a 56, y 114 a 358 de la sentencia emitida el 23 de diciembre de 2009, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el juicio Rosendo Radilla versus Estados Unidos Mexicanos.
A detalle
El texto publicado está dividido en seis partes. La primera explica la causa y objeto de la controversia presentada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. El siguiente apartado es sobre el reconocimiento parcial de la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
La subsecuente parte del texto se explaya sobre el caso de Rosendo Radilla, donde la CIDH hace hincapié en que la desaparición forzada de Rosendo Radilla se produjo en un contexto en el que el delito no se produjo como un caso aislado en el país.
El siguiente capítulo es sobre el derecho de acceso a la Justicia y la obligación de las autoridades de realizar investigaciones efectivas; el subsecuente es sobre el incumplimiento del Estado mexicano sobre una tipificación adecuada del delito de desaparición forzada, lo cual permitió el que delito permaneciera en "total impunidad".
En penúltimo lugar se encuentra el apartado de "Reparaciones", donde se ordena al Estado "realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco".
Consulte el texto completo en el DOF aquí.
Urgen reformas
Por otra parte, la CIDH ordenó que cuando se abran nuevas causas penales en la investigación, las indagaciones sean del fuero común, y bajo ninguna circunstancia en el fuero militar. En la misma parte, los jueces resolvieron que es necesario una reforma al artículo 13 constitucional, que impida que elementos del ejército sean juzgados en tribunales militares cuando han cometido violaciones a los derechos humanos.
Entre otras cosas, el tribunal tambien ordenó que el Estado mexicano brinde atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita e inmediata a los familiares de Rosendo Radilla.
Finalmente, en los puntos resolutivos, la CIDH expone que el Estado mexicano es culpable de la desaparición del Radilla y detalla las acciones de reparación del delito.
Rosendo
El caso fue llevado en 2008, en una acusación contra el aparato político y militar mexicano por delitos de “lesa humanidad”.
Radilla fue dirigente campesino en Atoyac, donde Lucio Cabañas y Genaro Vázquez laboraron como maestros en la década de 1970 y luego se convirtieron en jefes de la guerrilla en Guerrero. Rosendo Radilla Martínez, hijo de la víctima, negó que su padre fuera guerrillero.
Dijo en una de las comparecencias públicas, que la “dictadura” del PRI lo consideraba un enemigo.
Maria Sirvent, abogada que llevó el caso de Radilla, explicó que la sentencia declara la violación del Estado a la Convención Americana en el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso y las garantías judiciales en perjuicio de Radilla, así como de su familia.
Completo en el sitio de la PGR
La sentencia también exige la publicación del fallo íntegro en el sitio web de la Procuraduría General de la República y estar disponible un año, aunque en portal está disponible desde el 21 de enero del presente año, ya que se les dio dos meses para acatar el fallo, y en el caso de la publicación en el diario oficial, el plazo era de seis.
Consulte el fallo completo del caso Radilla aquí.
El gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) párrafos sobre la sentencia en su contra por el caso de Rosendo Radilla, guerrerense desaparecido por efectivos del Ejército el 25 de agosto de 1974.
En el acuerdo se ordena la publicación de los párrafos uno a siete, 52 a 56, y 114 a 358 de la sentencia emitida el 23 de diciembre de 2009, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el juicio Rosendo Radilla versus Estados Unidos Mexicanos.
A detalle
El texto publicado está dividido en seis partes. La primera explica la causa y objeto de la controversia presentada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. El siguiente apartado es sobre el reconocimiento parcial de la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
La subsecuente parte del texto se explaya sobre el caso de Rosendo Radilla, donde la CIDH hace hincapié en que la desaparición forzada de Rosendo Radilla se produjo en un contexto en el que el delito no se produjo como un caso aislado en el país.
El siguiente capítulo es sobre el derecho de acceso a la Justicia y la obligación de las autoridades de realizar investigaciones efectivas; el subsecuente es sobre el incumplimiento del Estado mexicano sobre una tipificación adecuada del delito de desaparición forzada, lo cual permitió el que delito permaneciera en "total impunidad".
En penúltimo lugar se encuentra el apartado de "Reparaciones", donde se ordena al Estado "realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco".
Consulte el texto completo en el DOF aquí.
Urgen reformas
Por otra parte, la CIDH ordenó que cuando se abran nuevas causas penales en la investigación, las indagaciones sean del fuero común, y bajo ninguna circunstancia en el fuero militar. En la misma parte, los jueces resolvieron que es necesario una reforma al artículo 13 constitucional, que impida que elementos del ejército sean juzgados en tribunales militares cuando han cometido violaciones a los derechos humanos.
Entre otras cosas, el tribunal tambien ordenó que el Estado mexicano brinde atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita e inmediata a los familiares de Rosendo Radilla.
Finalmente, en los puntos resolutivos, la CIDH expone que el Estado mexicano es culpable de la desaparición del Radilla y detalla las acciones de reparación del delito.
Rosendo
El caso fue llevado en 2008, en una acusación contra el aparato político y militar mexicano por delitos de “lesa humanidad”.
Radilla fue dirigente campesino en Atoyac, donde Lucio Cabañas y Genaro Vázquez laboraron como maestros en la década de 1970 y luego se convirtieron en jefes de la guerrilla en Guerrero. Rosendo Radilla Martínez, hijo de la víctima, negó que su padre fuera guerrillero.
Dijo en una de las comparecencias públicas, que la “dictadura” del PRI lo consideraba un enemigo.
Maria Sirvent, abogada que llevó el caso de Radilla, explicó que la sentencia declara la violación del Estado a la Convención Americana en el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso y las garantías judiciales en perjuicio de Radilla, así como de su familia.
Completo en el sitio de la PGR
La sentencia también exige la publicación del fallo íntegro en el sitio web de la Procuraduría General de la República y estar disponible un año, aunque en portal está disponible desde el 21 de enero del presente año, ya que se les dio dos meses para acatar el fallo, y en el caso de la publicación en el diario oficial, el plazo era de seis.
Consulte el fallo completo del caso Radilla aquí.
Conferencia de Abel Jesús Barrera, director de Tlachinollan. Derechos Humanos en México
Sábado 13 de febrero a partir de las 11.00h Traficantes de Sueños | Traficantes de Sueños | 8-2-2010 a las 20:18 www.kaosenlared.net/noticia/conferencia-abel-jesus-barrera-director-tlachinollan-derechos-humanos-
Antropólogo social especialista en derechos humanos de los pueblos indígenas. Es co-fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organismo no gubernamental creado hace 16 años que trabaja con los pueblos Na savi, Me´phaa, Amuzgos y Mestizos en Guerrero, México. Organiza: Amnistia Internacional
Por su trabajo en defensa de los derechos Humanos, Abel Barrera ha recibido el Premio estatal “Nicolás Bravo” otorgado por el Gobierno del Estado de Guerrero y el premio municipal por la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Montaña, otorgado por el Ayuntamiento de Tlapa, ambos en octubre del 2001.
Abel Barrera ha participado en encuentros con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, en Huamuxtitlán, Gro., febrero 2008; con el Sr. Kofi Annan, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en representación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, en junio, 1998.; con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Jorge Bustamente, Marzo 2007 y con Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional, en agosto 2007 etc.
Tlachinollan
Tlachinollan, con sede en Tlapa de Comonfort, ha trabajado durante más de 16 años en una de las regiones más pobres de México: la Montaña y la Costa Chica en el estado de Guerrero, donde la pobreza, la discriminación y el abandono de las comunidades indígenas son comunes, en favor del acceso a la educación, servicios de salud y a la justicia para las comunidades indígenas.
En 2007, Tlachinollan establece junto a otras dos organizaciones mexicanas El Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad en la Montaña de Guerrero, que monitorea, documenta y ofrece asistencia legal a víctimas de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad que operan en la región.
En febrero de 2009, Tlachinollan se vio forzada a cerrar su oficina de Ayutla de los Libres, Guerrero, debido a las amenazas e intimidaciones sufridas por su personal, en un clima de ataques contra las organizaciones indígenas de la región, que culminó con el asesinato de dos líderes indígenas en febrero de ese año. En mayo de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a 107 defensoras y defensores de los derechos humanos en Guerrero, incluyendo todo el personal de Tlachinollan. Esto implica que la Corte responsabiliza de manera especial al Estado Mexicano por la seguridad de estas personas.
Actualmente Tlachinollan representa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los intereses de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres indígenas de que en el 2002 denunciaron a integrantes del ejército mexicano por violaciones sexuales y mantienen sus demandas, pese al clima de violencia y amenazas que les rodea.
Tlachinollan como organización recibió el Premio nacional “Tata Vasco”, otorgado por el Sistema Educativo Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Agosto, 1996 y el premio internacional MacArthur Award For Creative and Effective Institutions (MACEI) que otorgó la Fundación MacArthur, con sede en Chicago. 2008. Asimismo, recibió el premio WOLA 2009 (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).
PBI trabaja en México desde hace diez años y acompaña a Abel Barrera desde diciembre de 2003 a raíz de las fuertes amenaza que recibe a causa de su trabajo en la promoción y protección de los derechos humanos. Además PBI sigue con preocupación la situación de de los defensores de derechos humanos de Guerrero, donde acompañamos además de a Tlachinollan, a varias organizaciones.
Librería asociativa Traficantes de Sueños
C/Embajadores 35 local 6
28012 Madrid
Tfno. 91 5320928
Horario de lunes a viernes,
de 10.30h a 14h y de 17h a 20.30h
Sábados de 11h a 14h y de 17h a 20.30h
e-mail: libreria@traficantes.net
www.traficantes.net
http://www.traficantes.net/index.php/trafis/libreria/noticias/conferencia_de_abel_jesus_barrera_director_de_tlachinollan_derechos_humanos_en_mexico
Por su trabajo en defensa de los derechos Humanos, Abel Barrera ha recibido el Premio estatal “Nicolás Bravo” otorgado por el Gobierno del Estado de Guerrero y el premio municipal por la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Montaña, otorgado por el Ayuntamiento de Tlapa, ambos en octubre del 2001.
Abel Barrera ha participado en encuentros con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, en Huamuxtitlán, Gro., febrero 2008; con el Sr. Kofi Annan, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en representación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, en junio, 1998.; con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Jorge Bustamente, Marzo 2007 y con Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional, en agosto 2007 etc.
Tlachinollan
Tlachinollan, con sede en Tlapa de Comonfort, ha trabajado durante más de 16 años en una de las regiones más pobres de México: la Montaña y la Costa Chica en el estado de Guerrero, donde la pobreza, la discriminación y el abandono de las comunidades indígenas son comunes, en favor del acceso a la educación, servicios de salud y a la justicia para las comunidades indígenas.
En 2007, Tlachinollan establece junto a otras dos organizaciones mexicanas El Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad en la Montaña de Guerrero, que monitorea, documenta y ofrece asistencia legal a víctimas de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad que operan en la región.
En febrero de 2009, Tlachinollan se vio forzada a cerrar su oficina de Ayutla de los Libres, Guerrero, debido a las amenazas e intimidaciones sufridas por su personal, en un clima de ataques contra las organizaciones indígenas de la región, que culminó con el asesinato de dos líderes indígenas en febrero de ese año. En mayo de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a 107 defensoras y defensores de los derechos humanos en Guerrero, incluyendo todo el personal de Tlachinollan. Esto implica que la Corte responsabiliza de manera especial al Estado Mexicano por la seguridad de estas personas.
Actualmente Tlachinollan representa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los intereses de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres indígenas de que en el 2002 denunciaron a integrantes del ejército mexicano por violaciones sexuales y mantienen sus demandas, pese al clima de violencia y amenazas que les rodea.
Tlachinollan como organización recibió el Premio nacional “Tata Vasco”, otorgado por el Sistema Educativo Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Agosto, 1996 y el premio internacional MacArthur Award For Creative and Effective Institutions (MACEI) que otorgó la Fundación MacArthur, con sede en Chicago. 2008. Asimismo, recibió el premio WOLA 2009 (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).
PBI trabaja en México desde hace diez años y acompaña a Abel Barrera desde diciembre de 2003 a raíz de las fuertes amenaza que recibe a causa de su trabajo en la promoción y protección de los derechos humanos. Además PBI sigue con preocupación la situación de de los defensores de derechos humanos de Guerrero, donde acompañamos además de a Tlachinollan, a varias organizaciones.
Librería asociativa Traficantes de Sueños
C/Embajadores 35 local 6
28012 Madrid
Tfno. 91 5320928
Horario de lunes a viernes,
de 10.30h a 14h y de 17h a 20.30h
Sábados de 11h a 14h y de 17h a 20.30h
e-mail: libreria@traficantes.net
www.traficantes.net
http://www.traficantes.net/index.php/trafis/libreria/noticias/conferencia_de_abel_jesus_barrera_director_de_tlachinollan_derechos_humanos_en_mexico
México: Ayutla: La militarización y las ejecuciones selectivas
En los últimos 10 años han sido asesinados alrededor de 20 líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en Ayutla, pequeño municipio de la Costa Chica guerrerense. 9-2-2010 www.kaosenlared.net/noticia/mexico-ayutla-militarizacion-ejecuciones-selectivas
En los últimos 10 años han sido asesinados alrededor de 20 líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en Ayutla, pequeño municipio de la Costa Chica guerrerense. Las 107 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana a favor de los activistas poco han servido para contener la violencia en una zona militarizada desde la masacre de El Charco de 1998. A pesar de los reclamos de la CIDH y de Amnistía Internacional, el Estado mexicano no ha detenido a una sola persona por los homicidios. Por el contrario, mantiene tras las rejas al activista Raúl Hernández Abundio, el único mexicano que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce “preso de conciencia”
Ayutla de los Libres, Guerrero. Un pelotón de infantería se apuesta en la calle principal de esta cabecera municipal habitada por poco más de 6 mil personas. Si se les pregunta, los soldados dicen resguardar “los paquetes electorales” que supuestamente se encuentran en las oficinas de los distritos 14 (local) y sexto (federal).
Lo cierto es que los militares se encuentran en este lugar desde el 7 de junio de 1998, cuando fueron asesinados 11 indígenas en El Charco, comunidad serrana dependiente de este municipio. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó un enfrentamiento entre efectivos del Ejército Mexicano y guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); pobladores y organizaciones de defensa de los derechos humanos señalaron que se trató de la matanza de indígenas indefensos.
Los militares han pasado a formar parte del paisaje. Durante semanas, son dos los pelotones que llegan del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande. En otras, sólo un pelotón permanece a las puertas de las oficinas.
A 200 metros, la plaza cívica es una algarabía en me’phaa o tlapaneco, na’saavi o mixteco y español: es día de tianguis y los puestos de los indígenas han desbordado los locales del mercado. La comandancia de la policía municipal despacha en el palacio del ayuntamiento. Entre 20 y 25 elementos con armas largas resguardan el parque. Los fusiles de asalto AR-15, las botas altas con casquillos de acero, los cabellos recortados y los uniformes camuflados hacen parecer a esta corporación policiaca un agrupamiento del Ejército Mexicano.
Militares y policías municipales no son los únicos armados en este pueblo de la Costa Chica guerrerense, también rondan patrullas de la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Investigadora Ministerial, esta última dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y que viste de civil.
El pequeño municipio es el más peligroso, en todo el país, para los defensores de los derechos humanos. La saturación militar y policial es vista por las propias organizaciones no gubernamentales como parte del acoso orquestado en contra de ellas.
Desde el 9 de abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares a favor de 107 defensores de derechos humanos de las organizaciones que trabajan en la zona: la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (Kabaxo Xuaji Guini Me’phaa, OPIM por sus siglas en español), la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La mayoría de los defensores son indígenas me’phaa y na’saavi.
En la resolución de la presidencia de la CIDH se establece que el Estado mexicano debe preservar “la vida y la integridad” de 107 personas. El documento enlista que las medidas de protección deben ser para 41 integrantes de la OPIM; 29 de Tlachinollan; Inés Fernández, me’phaa abusada sexualmente por militares, y su familia; Obtilia Eugenio, líder me’phaa, y su familia, y los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, líderes na’saavi de la OFPM asesinados en febrero de 2009.
A pesar de que el Estado mexicano se comprometió a cumplir con el dictado de la CIDH, los defensores de derechos humanos deben trabajar sin garantías. La oficina de Tlachinollan fue cerrada desde el 25 de marzo de 2009 y la dirección de la OPIM, encabezada por Obtilia Eugenio Manuel, se vio obligada a salir del municipio.
A diferencia de otras regiones de Guerrero, las de la Costa Chica y Montaña no son rutas de trasiego de drogas ni albergan campos de siembra de marihuana o amapola. Lo que abunda en la zona son las asambleas y los proyectos comunitarios impulsados por la OPIM y la OFPM. Más de 50 comunidades comenzaron a organizarse por estas dos vías para defender sus derechos humanos y colectivos y exigir carreteras, escuelas, clínicas y subsidios agrícolas.
—Los gobiernos siguen teniendo esta imagen conspirativa de los indígenas de Guerrero: si te organizas, seguro eres guerrillero. Y, en esta lógica, las organizaciones de defensa de los derechos humanos son el brazo político de la guerrilla. Si eres indígena pobre, seguro conspiras. Y si, además, te organizas, seguro preparas la subversión. Ésa es la visión con que se trata a los pueblos indios, señala el director de Tlachinollan, el antropólogo Abel Barrera Hernández.
La presencia del Ejército Mexicano y de las corporaciones policiales federales, estatales y municipales sólo parecería responder a la búsqueda de una columna del ERPI, la encabezada por el comandante Emiliano que anda en un corredor que va de la Costa Chica a la Montaña: 30 municipios con decenas de comunidades cada uno.
—En El Charco (el 7 de junio de 1998) mataron a varios líderes y comisarios de las comunidades. Los militares dijeron que los que estaban en la escuela de esa comunidad eran de un grupo armado. Pero cómo van a ser de un grupo armado si los compañeros asesinados no traían ni zapatos; unos, ni huaraches tenían –dice Arturo Campos Herrera, líder indígena de la comunidad de San Felipe y activista en la defensa de los derechos humanos.
Luego de la saturación policial y militar, comenzaron a aparecer en la región grupos paramilitares que, a decir de las organizaciones defensoras de derechos humanos, tienen la encomienda de entorpecer la organización de los pueblos indígenas y asesinar a los líderes de la región. De tal suerte, los hechos ocurridos en El Charco desataron una oleada de asesinatos que en número superan a los cometidos en aquella masacre.
El indígena na’saavi de 38 años de edad dice que más de 20 líderes comunitarios fueron asesinados después de la masacre de El Charco. Todos estaban organizados en la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), antecedente de la OPIM y de la OFPM.
—El Ejército metió mucha inteligencia militar en la zona y paramilitares. Y comenzaron a crear muchos conflictos en las comunidades. Los asesinatos comenzaron con el de Rogaciano González, de la comunidad Ocote Amarillo. Lo mataron allá en su comunidad. Luego siguió el de uno de los líderes de El Charco: Marcelino Petrunio. Lo mataron cuando venía bajando a Ayutla.
Al primero lo ultimaron con una pistola de calibre .9 milímetros. Al segundo, con un fusil AR-15. “En la zona no existen ese tipo de armas como para que el gobierno pueda decir que entre mixtecos se están matando”, advierte Arturo Campos, líder de la OIPMT de 2000 a 2002.
Bertoldo Martínez, activista por los derechos humanos y representante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, dice que los grupos de sicarios y paramilitares llegaron al mismo tiempo que la militarización y saturación policial.
—Eso de la delincuencia organizada es nuevo en Ayutla. Cualquier asesinato se dice que fue cometido por la delincuencia organizada, y ya: ahí queda. Pero esos grupos llegaron con el Ejército, y éste los protege: son los mismos. Lo que está ocurriendo en Ayutla es una cuestión de contrainsurgencia, y todo porque las comunidades indígenas se organizaron por sus derechos.
La lista de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos ejecutados continúa: Eugenio Librado, de Ocotitlán; Catalino Rodríguez, de La Concordia; Eugenio Ramírez, de Tenanitla; Francisco Morales Castro, de San Pedro Cuxcatlán; Porfirio Hernández y Armando García de El Paraíso; Esteban Pitazo…
—Está el caso del asesinato de casi una familia entera de la comunidad de Barranca de Guadalupe: mataron a la mamá, una hija y dos hijos –señala Arturo Campos Herrera.
Se trata de parientes de la actual líder de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel. Las cuatro personas fueron interceptadas y ejecutadas cuando regresaban a su domicilio luego de una jornada de trabajo. Los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2003. Fueron asesinados Eugenio Eugenio Neri, de 18 años; Antonino Eugenio Neri, de 20; Marcelina Eugenio Neri, de 23, y Fausta Neri Evaristo, de 48. Sobrevivió Ricardo Eugenio Rufina, de 53 años, padre y esposo de las víctimas. En la emboscada participaron aproximadamente 12 hombres.
También fueron ultimados: Severiano Lucas, de Barranca de Guadalupe; Héctor Romero Ríos, de Ayutla de los Libres; Raúl Lucas Lucía, de El Charco; Manuel Ponce Rosas, de La Cortina; Homero Lorenzo Ríos, de Ayutla de los Libres… El más reciente, el periodista Jorge Ochoa Martínez…
—Esto en cuanto a los asesinatos; pero también el mismo gobierno metió a la Secretaría de Salud (federal) para esterilizar forzosamente a todas las familias de la zona.
Arturo Campos Herrera se refiere a las vasectomías practicadas, entre 1999 y 2001, a 30 indígenas na’saavi y me’phaa de las comunidades El Camalote, La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán. Por estas acciones, se emitieron las recomendaciones 34/2004 y 18/2004 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente.
Además de los asesinatos y la esterilización forzada, las comunidades indígenas han padecido la instalación de campamentos militares sobre sus milpas, el robo de ganado y la destrucción de huertas. También, la violación de mujeres.
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo, entonces de 17 años, lavaba ropa en un arroyo cerca de su comunidad, Caxitepec, municipio de Acatepec. Fue atacada por ocho soldados. Luego de ser golpeada e interrogada sobre el paradero de una persona, fue violada por dos militares mientras seis observaban. Luego de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, la procuraduría guerrerense declinó su competencia ante la justicia militar, la cual archivó el caso por “no acreditar” la violación sexual.
Inés Fernández, de 27 años, se encontraba realizando labores domésticas cuando un grupo de soldados irrumpió en su casa de Barranca Tecuani, Ayutla. Fue golpeada y violada por militares el 22 de marzo de 2002. Como en el caso de Valentina, la justicia militar mandó el caso al archivo. A ocho años de los hechos, las indígenas esperan justicia con el fallo de la CIDH que está por emitirse.
La impunidad
Pasaba de la una de la tarde cuando tres hombres armados ingresaron abruptamente a la escuela secundaria Plan de Ayutla, ubicada en la colonia Barrio Nuevo de esta cabecera municipal. Transcurría el 13 de febrero de 2009; soplaban vientos perennes y cálidos en toda la Costa Chica de Guerrero.
Minutos antes se habían inaugurado las nuevas oficinas de la secundaria y los discursos ya habían concluido. El convivio también estaba por finalizar y el sopor comenzaba a ganar a los asistentes. Directamente, los secuestradores se plantaron ante Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario, respectivamente, de la OFPM, quienes, repantigados, ocupaban sendas sillas en el patio de la escuela.
—¡Tú, párate! –le espetaron a Manuel mientras lo sacudían bruscamente. Con sorpresa, Raúl se volvió a ver lo sucedido. Intentó preguntar, pero una tunda cayó sobre su cabeza. Los hombres armados dijeron ser policías y se llevaron a los indígenas na’saavi en un automóvil negro.
—Él fue a ese evento porque yo le dije que me acompañara –dice Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl. Contiene las palabras que salían en tropel. Guarda silencio. Respira.
—Comenzamos a buscar. Fui a las oficinas de Tlachinollan. Hicimos llamadas hasta las tres de la mañana y no supimos nada. Les dije: “Yo sé que ustedes son licenciados y han defendido a mucha gente. Ojalá puedan hacerlo con mi esposo”.
Buscaron en la cárcel de Ayutla, en agencias del Ministerio Público del estado, en el Juzgado Calificador, en el Centro de Internamiento y en las dependencias de la zona militar con sede en Acapulco, Guerrero. Más tarde se enterarían que las autoridades no sólo decían desconocer el paradero de los líderes mixtecos, sino que, a pesar de las denuncias, no movieron un dedo para dar con ellos. Meses después, el 28 de diciembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiría la recomendación 78/2009 dirigida al gobierno de estatal de Zeferino Torreblanca, toda vez que “se acreditó que servidores públicos” de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado “violaron en perjuicio de los agraviados occisos, así como de sus familiares, los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la procuración de justicia”.
Los restos mortales de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron “descubiertos” por policías ministeriales en un paraje solitario de la comunidad de San Francisco, en el municipio de Tecoanapa, el 20 de febrero de 2009, exactamente una semana después de que los líderes indígenas habían sido levantados.
—Me faltó fuerza. Sentí vacío. No quería que mis hijos se enteraran. Luego me sentí peor. Ya no era yo. Ya no escuchaba. Y me sentí como nunca me había sentido en mi vida.
Guadalupe Castro habla desde una modesta casa de tejamanil y palopique a las afueras de Ayutla. Aunque la familia es de la comunidad El Charco, debieron bajar a la cabecera por sentirse más vulnerables en su lejana comunidad de tierra rojiza, cañas de azúcar y trapiches.
Al interior de la choza ha levantado un altar en memoria de su esposo. Su hijo, de 17 años, y su nuera, de 16, sirven chilate. Sentada sobre el piso de tierra, la familia degusta el agua refrescante hecha con cacao. Esporádicamente, al interior de la casa corretea un par de lechones macilentos.
—Mi esposo había recibido amenazas, tanto de militares, como de policías del ayuntamiento y de la comandancia. Siempre tuvo problemas con ellos porque esas personas siempre tratan mal a la gente indígena, a la que no sabe hablar; la sobajan. Y, en los retenes, siempre bajan las bolsas de los indígenas para registrarlas. Y mi esposo se oponía.
Preso de conciencia
—Nosotros andamos defendiendo el territorio, nuestros hijos y la familia; por eso estoy aquí –dice Raúl Hernández Abundio desde la cárcel municipal de Ayutla. La luz y el bullicio de la calle se disipan apenas se cruza el umbral de rejas de hierro y gruesas puertas de madera carcomida.
El indígena me’phaa, de 30 años, se encuentra recluido en esta vieja casona de sórdidas paredes azules y techo de teja, que alberga a más de 200 internos, desde el 17 de abril de 2008. Ese día, junto con cuatro campesinos más fue detenido por efectivos del Ejército Mexicano y elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) en uno de los caminos terregosos que conducen de esta cabecera municipal a las comunidades indígenas de la sierra. Raúl se dirigía a su pueblo, El Camalote.
Los cinco indígenas me’phaa aprehendidos ese día fueron Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Romualdo Santiago Enedino, Natalio Ortega Cruz y Raúl Hernández Abundio.
Desde ese día, organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que la detención de los activistas era, en realidad, un acto represivo del gobierno mexicano en contra de los indígenas organizados en la OPIM. El 19 de marzo de 2009, tras obtener un amparo que declaró ilegal e injusta su detención, cuatro indígenas fueron puestos en libertad. Sólo Raúl permaneció en prisión porque el Poder Judicial Federal señaló que su inocencia se tiene que demostrar en el proceso que se le sigue en Ayutla. El 22 de enero pasado, Amnistía Internacional exigió al gobierno mexicano la liberación del campesino, a quien declaró “preso de conciencia”.
Orador en su lengua, se muestra frustrado ante su español entrecortado. Balbucea: “Me detuvieron (en el) año (de) 2008, 17 de abril. Ese día (nos) topamos con soldados en (el) crucero (de) Tecruz. Y eran soldados y AFI y judicial estatal; más de 15 carros”.
Los campesinos viajaban en una camioneta luego de asistir a una protesta contra el aumento al precio del fertilizante. Fueron interceptados en un retén de las Bases de Operaciones Mixtas, las cuales –según la Secretaría de la Defensa Nacional– se integran con fuerzas federales (Ejército, Marina Armada de México y Policía Federal) y estatales (corporaciones policiacas del estado). Según la propia dependencia, en respuesta a la solicitud de información 06122005, existen 35 bases de este tipo en todo el país.
—Nos bajaron de la camioneta y nos tomaron datos y fotos. Por radio dijeron: “Aquí está julano y julano”. Nos subieron a sus carros y nos trajeron para acá con bien harta polvareda.
A los campesinos se les acusó de haber asesinado al agente de inteligencia militar Alejandro Feliciano García. El informante del Ejército Mexicano fue muerto por arma de fuego el 1 de enero de 2008 en las inmediaciones de la comunidad El Camalote.
—Nos dijeron que teníamos orden de aprehensión. No nos espantamos nada porque la mera verdad nosotros no hicimos eso (el asesinato del informante del Ejército). A cada uno nos metieron en un cuarto y nos decían que dijéramos quién mero fue el que lo mató. Y querían que yo a fuerzas dijera que había sido uno de los compañeros –dice Raúl Hernández.
Explica que desde el momento de su detención se le prohibió hablar en su lengua con sus acompañantes. Incluso, los indígenas me’phaa fueron encañonados y golpeados con las culatas de los fusiles por comunicarse entre ellos que tenían hambre y sed.
Rechaza haber participado de alguna manera en el asesinato del agente de inteligencia militar: “No hay nada, nada, que me inculpe. Yo pido que el gobierno ya haga justicia”.
Rayos de luz se cuelan por las rendijas de las ventanas despostilladas. Las corrientes de aire no terminan de ventilar el ambiente acre del penal, pero alcanzan a traer parte de la gritería del mercado callejero. Raúl suspira y levanta la mirada. Sus palabras se aletargan aún más.
—En El Camalote sembramos maíz, jamaica, calabaza, frijol… Tengo que salir. Mi familia sufre. A veces mi familia se baja (a visitarlo a la cárcel) y gasta dinero. Mi familia me dijo: “Cuándo vas a salir, ahora quién va a sembrar”. Y yo le dije a mi familia: “Aguántate, el gobierno me está castigando por algo que no hice”. Mi familia no tiene dinero ni para jabón. Tengo una hija de 10 años que va a la escuela primaria y la maestra ya le dijo que si no compra el uniforme no va a entrar a la escuela.
La profesora que exige el uniforme a las paupérrimas familias de El Camalote es Fernanda Rojas Santana, esposa de Romualdo Remigio Cantú, a quien integrantes de la OPIM señalan como “el cacique” del lugar y adversario de la organización indígena.
Cabello recortado y bigote ralo, Raúl señala que los embates contra los pueblos indios y campesinos terminarán por revertirse contra las autoridades. “Nosotros los campesinos sólo queremos sembrar. Los campesinos somos los que producimos. Vendemos para toda la gente y también para el gobierno. Si nosotros no sembramos, ni modo que el gobierno coma papel nomás”.
Voces de Ayutla
“A mi comunidad El Camalote llegan los soldados y buscan terreno. Escarban donde sembramos. Andan molestando. Yo no les di permiso de que estuvieran donde sembramos porque se roban la planta que tiene uno: maíz, frijol, calabaza, mandarina, naranja, caña. Y cuando estamos sembrando y mi familia me lleva agua fresca y comida, los soldados la espantan”: Raúl Lucas Lucía
“Sentí que me volvía loca. Pero como no quería que mis hijos se dieran cuenta de que su papá estaba muerto, me quedé callada. Subí a la azotea a pensar y a llorar. Luego me paré y vi que nada había que hacer más que planear lo que iba a continuar de ahora en adelante. Bajé y les dije a mis hijos que no éramos los únicos que sufríamos en esta vida”: Guadalupe Castro, viuda de Raúl Lucas Lucía
“La organización nació para hacer gestiones de proyectos productivos, electrificación, construcción de escuelas. Hasta la fecha no hay mucha comunicación entre Ayutla (el gobierno mestizo) y las comunidades indígenas. Pero ahora la organización ya ha tenido que cambiar su actividad: está para defender a los presos, a las viudas de los asesinados. Ahora se ha tenido que concentrar en eso”: Arturo Campos Herrera
“Lo que pasa es que la organización de los pueblos mixtecos y tlapanecos nace para resolver las problemáticas de la zona: salud, educación… Empiezan a hacerse fuertes. Y tenían ya un consejo en el que luchaban por autonomía y por el poder popular en sus pueblos. Por eso quien los está reprimiendo es el Ejército, que hace una labor de contrainsurgencia. El gobierno piensa que los indígenas son base de la insurgencia; y como no tiene capacidad de combatir directamente a la insurgencia, se desquita con quien cree que son su base”: Bertoldo Martínez
“Vemos toda la fuerza del Estado contra grupos insurrectos y comunidades que supuestamente son aliadas a ellos, que en realidad son comunidades pobres, vulnerables e indefensas como las de Ayutla. Esto se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos, donde ahora el Ejército confronta directamente a la población civil no importando que sea gente de bien, ciudadanos que ejercen sus libertades, el libre tránsito. Ahora ya todos están catalogados como sospechosos. Estamos ante un estado de excepción en el que estamos viviendo”: Abel Barrera (ZC)
La división de la OIPMT
La Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos surgió en la primera mitad de la década de 1980. Alrededor de 50 comunidades na’saavi (mixtecas) y me’phaa (tlapanecas) trabajaron juntas por más de 20 años. A principios de 2002 decidieron constituirse en dos organizaciones.
“No se divide por problemas, sino por cuestiones de la lengua; cuando hacíamos las reuniones, se tenía que hablar en mixteco, luego en tlapaneco y luego en castellano; y si el dirigente era mixteco, cuando iba a las comunidades tlapanecas no se le entendía bien”, dice Arturo Campos, na’saavi líder de la OIPMT de 2000 a 2002.
A principios de 2002 se constituye la Kabaxo Xuaji Guini Me’phaa, (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
“Pero nos seguimos viendo como compañeros y nos coordinamos. La división no fue por pleito, sino porque vimos que así podíamos crecer más y seguir caminando juntos.” (ZC)
Ayutla 1998-2010
Muertos en El Charco el 7 de junio de 1998: 11
Ejecuciones contra activistas y líderes comunitarios: alrededor de 20
Esterilizaciones forzadas: 30
Violaciones sexuales cometidas por soldados: 2
Preso de conciencia: 1
---
En Ayutla, el asesinato
En Ayutla, el asesinato 63 contra periodistas en México
El 29 de enero de 2010, alrededor de las 22:30 horas, fue asesinado en Ayutla de los Libres Jorge Ochoa Martínez, director de los semanarios El Oportuno y El despertar de la Costa. El periodista fue ejecutado entre las calles de Mina y Plan de Ayutla, cuando salía de un restaurante.
Ochoa Martínez también fue director de Comunicación Social del actual gobierno municipal, encabezado por el priista Armando García. (ZC)
Ayutla de los Libres, Guerrero. Un pelotón de infantería se apuesta en la calle principal de esta cabecera municipal habitada por poco más de 6 mil personas. Si se les pregunta, los soldados dicen resguardar “los paquetes electorales” que supuestamente se encuentran en las oficinas de los distritos 14 (local) y sexto (federal).
Lo cierto es que los militares se encuentran en este lugar desde el 7 de junio de 1998, cuando fueron asesinados 11 indígenas en El Charco, comunidad serrana dependiente de este municipio. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó un enfrentamiento entre efectivos del Ejército Mexicano y guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); pobladores y organizaciones de defensa de los derechos humanos señalaron que se trató de la matanza de indígenas indefensos.
Los militares han pasado a formar parte del paisaje. Durante semanas, son dos los pelotones que llegan del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande. En otras, sólo un pelotón permanece a las puertas de las oficinas.
A 200 metros, la plaza cívica es una algarabía en me’phaa o tlapaneco, na’saavi o mixteco y español: es día de tianguis y los puestos de los indígenas han desbordado los locales del mercado. La comandancia de la policía municipal despacha en el palacio del ayuntamiento. Entre 20 y 25 elementos con armas largas resguardan el parque. Los fusiles de asalto AR-15, las botas altas con casquillos de acero, los cabellos recortados y los uniformes camuflados hacen parecer a esta corporación policiaca un agrupamiento del Ejército Mexicano.
Militares y policías municipales no son los únicos armados en este pueblo de la Costa Chica guerrerense, también rondan patrullas de la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Investigadora Ministerial, esta última dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y que viste de civil.
El pequeño municipio es el más peligroso, en todo el país, para los defensores de los derechos humanos. La saturación militar y policial es vista por las propias organizaciones no gubernamentales como parte del acoso orquestado en contra de ellas.
Desde el 9 de abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares a favor de 107 defensores de derechos humanos de las organizaciones que trabajan en la zona: la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (Kabaxo Xuaji Guini Me’phaa, OPIM por sus siglas en español), la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La mayoría de los defensores son indígenas me’phaa y na’saavi.
En la resolución de la presidencia de la CIDH se establece que el Estado mexicano debe preservar “la vida y la integridad” de 107 personas. El documento enlista que las medidas de protección deben ser para 41 integrantes de la OPIM; 29 de Tlachinollan; Inés Fernández, me’phaa abusada sexualmente por militares, y su familia; Obtilia Eugenio, líder me’phaa, y su familia, y los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, líderes na’saavi de la OFPM asesinados en febrero de 2009.
A pesar de que el Estado mexicano se comprometió a cumplir con el dictado de la CIDH, los defensores de derechos humanos deben trabajar sin garantías. La oficina de Tlachinollan fue cerrada desde el 25 de marzo de 2009 y la dirección de la OPIM, encabezada por Obtilia Eugenio Manuel, se vio obligada a salir del municipio.
A diferencia de otras regiones de Guerrero, las de la Costa Chica y Montaña no son rutas de trasiego de drogas ni albergan campos de siembra de marihuana o amapola. Lo que abunda en la zona son las asambleas y los proyectos comunitarios impulsados por la OPIM y la OFPM. Más de 50 comunidades comenzaron a organizarse por estas dos vías para defender sus derechos humanos y colectivos y exigir carreteras, escuelas, clínicas y subsidios agrícolas.
—Los gobiernos siguen teniendo esta imagen conspirativa de los indígenas de Guerrero: si te organizas, seguro eres guerrillero. Y, en esta lógica, las organizaciones de defensa de los derechos humanos son el brazo político de la guerrilla. Si eres indígena pobre, seguro conspiras. Y si, además, te organizas, seguro preparas la subversión. Ésa es la visión con que se trata a los pueblos indios, señala el director de Tlachinollan, el antropólogo Abel Barrera Hernández.
La presencia del Ejército Mexicano y de las corporaciones policiales federales, estatales y municipales sólo parecería responder a la búsqueda de una columna del ERPI, la encabezada por el comandante Emiliano que anda en un corredor que va de la Costa Chica a la Montaña: 30 municipios con decenas de comunidades cada uno.
—En El Charco (el 7 de junio de 1998) mataron a varios líderes y comisarios de las comunidades. Los militares dijeron que los que estaban en la escuela de esa comunidad eran de un grupo armado. Pero cómo van a ser de un grupo armado si los compañeros asesinados no traían ni zapatos; unos, ni huaraches tenían –dice Arturo Campos Herrera, líder indígena de la comunidad de San Felipe y activista en la defensa de los derechos humanos.
Luego de la saturación policial y militar, comenzaron a aparecer en la región grupos paramilitares que, a decir de las organizaciones defensoras de derechos humanos, tienen la encomienda de entorpecer la organización de los pueblos indígenas y asesinar a los líderes de la región. De tal suerte, los hechos ocurridos en El Charco desataron una oleada de asesinatos que en número superan a los cometidos en aquella masacre.
El indígena na’saavi de 38 años de edad dice que más de 20 líderes comunitarios fueron asesinados después de la masacre de El Charco. Todos estaban organizados en la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), antecedente de la OPIM y de la OFPM.
—El Ejército metió mucha inteligencia militar en la zona y paramilitares. Y comenzaron a crear muchos conflictos en las comunidades. Los asesinatos comenzaron con el de Rogaciano González, de la comunidad Ocote Amarillo. Lo mataron allá en su comunidad. Luego siguió el de uno de los líderes de El Charco: Marcelino Petrunio. Lo mataron cuando venía bajando a Ayutla.
Al primero lo ultimaron con una pistola de calibre .9 milímetros. Al segundo, con un fusil AR-15. “En la zona no existen ese tipo de armas como para que el gobierno pueda decir que entre mixtecos se están matando”, advierte Arturo Campos, líder de la OIPMT de 2000 a 2002.
Bertoldo Martínez, activista por los derechos humanos y representante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, dice que los grupos de sicarios y paramilitares llegaron al mismo tiempo que la militarización y saturación policial.
—Eso de la delincuencia organizada es nuevo en Ayutla. Cualquier asesinato se dice que fue cometido por la delincuencia organizada, y ya: ahí queda. Pero esos grupos llegaron con el Ejército, y éste los protege: son los mismos. Lo que está ocurriendo en Ayutla es una cuestión de contrainsurgencia, y todo porque las comunidades indígenas se organizaron por sus derechos.
La lista de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos ejecutados continúa: Eugenio Librado, de Ocotitlán; Catalino Rodríguez, de La Concordia; Eugenio Ramírez, de Tenanitla; Francisco Morales Castro, de San Pedro Cuxcatlán; Porfirio Hernández y Armando García de El Paraíso; Esteban Pitazo…
—Está el caso del asesinato de casi una familia entera de la comunidad de Barranca de Guadalupe: mataron a la mamá, una hija y dos hijos –señala Arturo Campos Herrera.
Se trata de parientes de la actual líder de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel. Las cuatro personas fueron interceptadas y ejecutadas cuando regresaban a su domicilio luego de una jornada de trabajo. Los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2003. Fueron asesinados Eugenio Eugenio Neri, de 18 años; Antonino Eugenio Neri, de 20; Marcelina Eugenio Neri, de 23, y Fausta Neri Evaristo, de 48. Sobrevivió Ricardo Eugenio Rufina, de 53 años, padre y esposo de las víctimas. En la emboscada participaron aproximadamente 12 hombres.
También fueron ultimados: Severiano Lucas, de Barranca de Guadalupe; Héctor Romero Ríos, de Ayutla de los Libres; Raúl Lucas Lucía, de El Charco; Manuel Ponce Rosas, de La Cortina; Homero Lorenzo Ríos, de Ayutla de los Libres… El más reciente, el periodista Jorge Ochoa Martínez…
—Esto en cuanto a los asesinatos; pero también el mismo gobierno metió a la Secretaría de Salud (federal) para esterilizar forzosamente a todas las familias de la zona.
Arturo Campos Herrera se refiere a las vasectomías practicadas, entre 1999 y 2001, a 30 indígenas na’saavi y me’phaa de las comunidades El Camalote, La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán. Por estas acciones, se emitieron las recomendaciones 34/2004 y 18/2004 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente.
Además de los asesinatos y la esterilización forzada, las comunidades indígenas han padecido la instalación de campamentos militares sobre sus milpas, el robo de ganado y la destrucción de huertas. También, la violación de mujeres.
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo, entonces de 17 años, lavaba ropa en un arroyo cerca de su comunidad, Caxitepec, municipio de Acatepec. Fue atacada por ocho soldados. Luego de ser golpeada e interrogada sobre el paradero de una persona, fue violada por dos militares mientras seis observaban. Luego de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, la procuraduría guerrerense declinó su competencia ante la justicia militar, la cual archivó el caso por “no acreditar” la violación sexual.
Inés Fernández, de 27 años, se encontraba realizando labores domésticas cuando un grupo de soldados irrumpió en su casa de Barranca Tecuani, Ayutla. Fue golpeada y violada por militares el 22 de marzo de 2002. Como en el caso de Valentina, la justicia militar mandó el caso al archivo. A ocho años de los hechos, las indígenas esperan justicia con el fallo de la CIDH que está por emitirse.
La impunidad
Pasaba de la una de la tarde cuando tres hombres armados ingresaron abruptamente a la escuela secundaria Plan de Ayutla, ubicada en la colonia Barrio Nuevo de esta cabecera municipal. Transcurría el 13 de febrero de 2009; soplaban vientos perennes y cálidos en toda la Costa Chica de Guerrero.
Minutos antes se habían inaugurado las nuevas oficinas de la secundaria y los discursos ya habían concluido. El convivio también estaba por finalizar y el sopor comenzaba a ganar a los asistentes. Directamente, los secuestradores se plantaron ante Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario, respectivamente, de la OFPM, quienes, repantigados, ocupaban sendas sillas en el patio de la escuela.
—¡Tú, párate! –le espetaron a Manuel mientras lo sacudían bruscamente. Con sorpresa, Raúl se volvió a ver lo sucedido. Intentó preguntar, pero una tunda cayó sobre su cabeza. Los hombres armados dijeron ser policías y se llevaron a los indígenas na’saavi en un automóvil negro.
—Él fue a ese evento porque yo le dije que me acompañara –dice Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl. Contiene las palabras que salían en tropel. Guarda silencio. Respira.
—Comenzamos a buscar. Fui a las oficinas de Tlachinollan. Hicimos llamadas hasta las tres de la mañana y no supimos nada. Les dije: “Yo sé que ustedes son licenciados y han defendido a mucha gente. Ojalá puedan hacerlo con mi esposo”.
Buscaron en la cárcel de Ayutla, en agencias del Ministerio Público del estado, en el Juzgado Calificador, en el Centro de Internamiento y en las dependencias de la zona militar con sede en Acapulco, Guerrero. Más tarde se enterarían que las autoridades no sólo decían desconocer el paradero de los líderes mixtecos, sino que, a pesar de las denuncias, no movieron un dedo para dar con ellos. Meses después, el 28 de diciembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiría la recomendación 78/2009 dirigida al gobierno de estatal de Zeferino Torreblanca, toda vez que “se acreditó que servidores públicos” de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado “violaron en perjuicio de los agraviados occisos, así como de sus familiares, los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la procuración de justicia”.
Los restos mortales de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron “descubiertos” por policías ministeriales en un paraje solitario de la comunidad de San Francisco, en el municipio de Tecoanapa, el 20 de febrero de 2009, exactamente una semana después de que los líderes indígenas habían sido levantados.
—Me faltó fuerza. Sentí vacío. No quería que mis hijos se enteraran. Luego me sentí peor. Ya no era yo. Ya no escuchaba. Y me sentí como nunca me había sentido en mi vida.
Guadalupe Castro habla desde una modesta casa de tejamanil y palopique a las afueras de Ayutla. Aunque la familia es de la comunidad El Charco, debieron bajar a la cabecera por sentirse más vulnerables en su lejana comunidad de tierra rojiza, cañas de azúcar y trapiches.
Al interior de la choza ha levantado un altar en memoria de su esposo. Su hijo, de 17 años, y su nuera, de 16, sirven chilate. Sentada sobre el piso de tierra, la familia degusta el agua refrescante hecha con cacao. Esporádicamente, al interior de la casa corretea un par de lechones macilentos.
—Mi esposo había recibido amenazas, tanto de militares, como de policías del ayuntamiento y de la comandancia. Siempre tuvo problemas con ellos porque esas personas siempre tratan mal a la gente indígena, a la que no sabe hablar; la sobajan. Y, en los retenes, siempre bajan las bolsas de los indígenas para registrarlas. Y mi esposo se oponía.
Preso de conciencia
—Nosotros andamos defendiendo el territorio, nuestros hijos y la familia; por eso estoy aquí –dice Raúl Hernández Abundio desde la cárcel municipal de Ayutla. La luz y el bullicio de la calle se disipan apenas se cruza el umbral de rejas de hierro y gruesas puertas de madera carcomida.
El indígena me’phaa, de 30 años, se encuentra recluido en esta vieja casona de sórdidas paredes azules y techo de teja, que alberga a más de 200 internos, desde el 17 de abril de 2008. Ese día, junto con cuatro campesinos más fue detenido por efectivos del Ejército Mexicano y elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) en uno de los caminos terregosos que conducen de esta cabecera municipal a las comunidades indígenas de la sierra. Raúl se dirigía a su pueblo, El Camalote.
Los cinco indígenas me’phaa aprehendidos ese día fueron Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Romualdo Santiago Enedino, Natalio Ortega Cruz y Raúl Hernández Abundio.
Desde ese día, organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que la detención de los activistas era, en realidad, un acto represivo del gobierno mexicano en contra de los indígenas organizados en la OPIM. El 19 de marzo de 2009, tras obtener un amparo que declaró ilegal e injusta su detención, cuatro indígenas fueron puestos en libertad. Sólo Raúl permaneció en prisión porque el Poder Judicial Federal señaló que su inocencia se tiene que demostrar en el proceso que se le sigue en Ayutla. El 22 de enero pasado, Amnistía Internacional exigió al gobierno mexicano la liberación del campesino, a quien declaró “preso de conciencia”.
Orador en su lengua, se muestra frustrado ante su español entrecortado. Balbucea: “Me detuvieron (en el) año (de) 2008, 17 de abril. Ese día (nos) topamos con soldados en (el) crucero (de) Tecruz. Y eran soldados y AFI y judicial estatal; más de 15 carros”.
Los campesinos viajaban en una camioneta luego de asistir a una protesta contra el aumento al precio del fertilizante. Fueron interceptados en un retén de las Bases de Operaciones Mixtas, las cuales –según la Secretaría de la Defensa Nacional– se integran con fuerzas federales (Ejército, Marina Armada de México y Policía Federal) y estatales (corporaciones policiacas del estado). Según la propia dependencia, en respuesta a la solicitud de información 06122005, existen 35 bases de este tipo en todo el país.
—Nos bajaron de la camioneta y nos tomaron datos y fotos. Por radio dijeron: “Aquí está julano y julano”. Nos subieron a sus carros y nos trajeron para acá con bien harta polvareda.
A los campesinos se les acusó de haber asesinado al agente de inteligencia militar Alejandro Feliciano García. El informante del Ejército Mexicano fue muerto por arma de fuego el 1 de enero de 2008 en las inmediaciones de la comunidad El Camalote.
—Nos dijeron que teníamos orden de aprehensión. No nos espantamos nada porque la mera verdad nosotros no hicimos eso (el asesinato del informante del Ejército). A cada uno nos metieron en un cuarto y nos decían que dijéramos quién mero fue el que lo mató. Y querían que yo a fuerzas dijera que había sido uno de los compañeros –dice Raúl Hernández.
Explica que desde el momento de su detención se le prohibió hablar en su lengua con sus acompañantes. Incluso, los indígenas me’phaa fueron encañonados y golpeados con las culatas de los fusiles por comunicarse entre ellos que tenían hambre y sed.
Rechaza haber participado de alguna manera en el asesinato del agente de inteligencia militar: “No hay nada, nada, que me inculpe. Yo pido que el gobierno ya haga justicia”.
Rayos de luz se cuelan por las rendijas de las ventanas despostilladas. Las corrientes de aire no terminan de ventilar el ambiente acre del penal, pero alcanzan a traer parte de la gritería del mercado callejero. Raúl suspira y levanta la mirada. Sus palabras se aletargan aún más.
—En El Camalote sembramos maíz, jamaica, calabaza, frijol… Tengo que salir. Mi familia sufre. A veces mi familia se baja (a visitarlo a la cárcel) y gasta dinero. Mi familia me dijo: “Cuándo vas a salir, ahora quién va a sembrar”. Y yo le dije a mi familia: “Aguántate, el gobierno me está castigando por algo que no hice”. Mi familia no tiene dinero ni para jabón. Tengo una hija de 10 años que va a la escuela primaria y la maestra ya le dijo que si no compra el uniforme no va a entrar a la escuela.
La profesora que exige el uniforme a las paupérrimas familias de El Camalote es Fernanda Rojas Santana, esposa de Romualdo Remigio Cantú, a quien integrantes de la OPIM señalan como “el cacique” del lugar y adversario de la organización indígena.
Cabello recortado y bigote ralo, Raúl señala que los embates contra los pueblos indios y campesinos terminarán por revertirse contra las autoridades. “Nosotros los campesinos sólo queremos sembrar. Los campesinos somos los que producimos. Vendemos para toda la gente y también para el gobierno. Si nosotros no sembramos, ni modo que el gobierno coma papel nomás”.
Voces de Ayutla
“A mi comunidad El Camalote llegan los soldados y buscan terreno. Escarban donde sembramos. Andan molestando. Yo no les di permiso de que estuvieran donde sembramos porque se roban la planta que tiene uno: maíz, frijol, calabaza, mandarina, naranja, caña. Y cuando estamos sembrando y mi familia me lleva agua fresca y comida, los soldados la espantan”: Raúl Lucas Lucía
“Sentí que me volvía loca. Pero como no quería que mis hijos se dieran cuenta de que su papá estaba muerto, me quedé callada. Subí a la azotea a pensar y a llorar. Luego me paré y vi que nada había que hacer más que planear lo que iba a continuar de ahora en adelante. Bajé y les dije a mis hijos que no éramos los únicos que sufríamos en esta vida”: Guadalupe Castro, viuda de Raúl Lucas Lucía
“La organización nació para hacer gestiones de proyectos productivos, electrificación, construcción de escuelas. Hasta la fecha no hay mucha comunicación entre Ayutla (el gobierno mestizo) y las comunidades indígenas. Pero ahora la organización ya ha tenido que cambiar su actividad: está para defender a los presos, a las viudas de los asesinados. Ahora se ha tenido que concentrar en eso”: Arturo Campos Herrera
“Lo que pasa es que la organización de los pueblos mixtecos y tlapanecos nace para resolver las problemáticas de la zona: salud, educación… Empiezan a hacerse fuertes. Y tenían ya un consejo en el que luchaban por autonomía y por el poder popular en sus pueblos. Por eso quien los está reprimiendo es el Ejército, que hace una labor de contrainsurgencia. El gobierno piensa que los indígenas son base de la insurgencia; y como no tiene capacidad de combatir directamente a la insurgencia, se desquita con quien cree que son su base”: Bertoldo Martínez
“Vemos toda la fuerza del Estado contra grupos insurrectos y comunidades que supuestamente son aliadas a ellos, que en realidad son comunidades pobres, vulnerables e indefensas como las de Ayutla. Esto se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos, donde ahora el Ejército confronta directamente a la población civil no importando que sea gente de bien, ciudadanos que ejercen sus libertades, el libre tránsito. Ahora ya todos están catalogados como sospechosos. Estamos ante un estado de excepción en el que estamos viviendo”: Abel Barrera (ZC)
La división de la OIPMT
La Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos surgió en la primera mitad de la década de 1980. Alrededor de 50 comunidades na’saavi (mixtecas) y me’phaa (tlapanecas) trabajaron juntas por más de 20 años. A principios de 2002 decidieron constituirse en dos organizaciones.
“No se divide por problemas, sino por cuestiones de la lengua; cuando hacíamos las reuniones, se tenía que hablar en mixteco, luego en tlapaneco y luego en castellano; y si el dirigente era mixteco, cuando iba a las comunidades tlapanecas no se le entendía bien”, dice Arturo Campos, na’saavi líder de la OIPMT de 2000 a 2002.
A principios de 2002 se constituye la Kabaxo Xuaji Guini Me’phaa, (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
“Pero nos seguimos viendo como compañeros y nos coordinamos. La división no fue por pleito, sino porque vimos que así podíamos crecer más y seguir caminando juntos.” (ZC)
Ayutla 1998-2010
Muertos en El Charco el 7 de junio de 1998: 11
Ejecuciones contra activistas y líderes comunitarios: alrededor de 20
Esterilizaciones forzadas: 30
Violaciones sexuales cometidas por soldados: 2
Preso de conciencia: 1
---
En Ayutla, el asesinato
En Ayutla, el asesinato 63 contra periodistas en México
El 29 de enero de 2010, alrededor de las 22:30 horas, fue asesinado en Ayutla de los Libres Jorge Ochoa Martínez, director de los semanarios El Oportuno y El despertar de la Costa. El periodista fue ejecutado entre las calles de Mina y Plan de Ayutla, cuando salía de un restaurante.
Ochoa Martínez también fue director de Comunicación Social del actual gobierno municipal, encabezado por el priista Armando García. (ZC)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Ponen centro de acopio de alimentos en apoyo a afectados por incendios en Santa Rosa
Ponen centro de acopio de alimentos en apoyo a afectados por incendios en Santa Rosa Hercilia Castro Zihu...
-
Gatos Pardos Caso Braun o Yuridia en el olvido Por: Hercilia Castro Para hablar del caso Braun, tuvimos que hacer memoria de un...
-
Guerrero, el salvaje Hercilia Castro Balderas T axco de Alarcón, con sus calles empedradas y angostas, sus “burritas” (combis)...