CARTONES DE LA JORNADA

“Presiento que lo tienen vivo”, dice el padre del periodista

A un año de la desaparición de López Ortiz, familiares exigen agilizar la investigación

HÉCTOR BRISEÑO

Un año después de la desaparición del jefe de Información del periódico Novedades Acapulco, Marco Antonio López Ortiz, nada se sabe de su paradero.
De acuerdo con la averiguación previa TAB/SC/05/0200/2011, el periodista desapareció la noche del 7 de junio de 2011, al salir del bar Los Dos Árbolitos, en la calle La Noria del centro de la ciudad, donde fue privado de su libertad por un grupo de hombres desconocidos.
Este jueves López Ortiz fue recordado con un homenaje en la plaza de la Libertad de Expresión, ante el monumento a Juan R. Escudero, y una misa en la iglesia del Carmen, donde familiares y amigos exigieron a las autoridades que agilicen la investigación y ofrezcan respuestas precisas.
Su padre, Antonio López Silva, expresó que a raíz de los hechos sucedidos el 12 de diciembre en la autopista del Sol, en que perdieron la vida dos estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) interrumpió la investigación.
Manifestó: “Pedimos a las autoridades que ya tomen cartas en el asunto, se han olvidado desde que hubo el problema de los estudiantes, les pedimos que ya trabajen sobre la investigación que ya iniciaron; nadie da información de nada, ha sido un año terrible, es mucha la incertidumbre saber si está vivo, no sabes en qué momento te van a avisar”.
Agregó que “ya es un año que no se sabe nada de mi hijo; el ex procurador Alberto López Rosas era el único que se estaba preocupando, pero dejó el cargo”.
Indicó que fue una coincidencia que la desparición de su hijo ocurriera en pleno Día de la Libertad de Expresión y reprochó que la autoridad no garantiza la protección de los periodistas.
Señaló que “vemos que todos los comunicadores están en un grave peligro, si sale usted ahora no sabe si en media cuadra lo van a parar o lo van a subir, el periodismo está abandondado por las autoridades”.
Adelantó que buscará entrevistarse con las nueva encargada de la PGJE, Martha Elba Garzón Bernal, y mencionó que “presiento que lo tienen vivo, espero que me lo entreguen pronto”.
El sacerdote Juan Carlos Flores Rivas, quien ofició la misa en la iglesia del Carmen, en el barrio del Hueso, manifestó que son “tiempos difíciles para todos, pero más para quienes estan en contacto con la gente y ejercen el oficio de informar”.
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EDITORIAL :SILENCIO E IMPUNIDAD

EDITORIAL

SILENCIO E IMPUNIDAD
No sólo el dolor y la zozobra enmarcaron el Día de la Libertad de Expresión, sino también la impunidad y el vacío de poder que prevalecen en torno a los asesinatos y las desapariciones de cuando menos trece periodistas ocurridos en los últimos años.
La exigencia de la presentación de los desaparecidos y justicia en el caso de los homicidios fue el tema central que los comunicadores de la entidad enarbolaron de diferente manera en forma coincidente, un clamor que con anterioridad una y otra vez ha hecho oír la familia periodística y frente al cual el gobierno responde invariablemente con el silencio, única forma en la que ha exteriorizado su incapacidad o su falta de voluntad para dar una respuesta que vaya de acuerdo con su responsabilidad.
Nada hay que festejar, han dicho los periodistas, en cuyas palabras se entrevé la incertidumbre, que se ha convertido en su compañera inseparable en el desempeño de su labor cotidiana.
¿Quiénes fueron los autores de los homicidios y las desapariciones forzadas? ¿Cuáles fueron las razones que derivaron en los hechos?, se preguntan los periodistas al tiempo que responden, al margen de rumores y especulaciones, no saberlo, y que es precisamente la autoridad la responsable de proporcionar las respuestas claras y convincentes, pero sobre todo, de hacer justicia.
Sin embargo, la ausencia de autoridad es evidente. Ésa es la respuesta categórica, tajante, sin espacio a dudas, que reciben periodistas y familiares agraviados.
Inútiles han resultado la intervención de organismos defensores de derechos humanos y de los periodistas. Los encargados de administrar justicia permanecen imperturbables.
¿Cuándo pensará la procuradora de Justicia del estado, Martha Elba Garzón Bernal, pasar de los buenos deseos a emprender el trabajo tendiente a esclarecer estos hechos? ¿O los casos de los periodistas no figuran en su agenda de trabajo?
La demanda de la familia está ahí –consternada, dolida, molesta– de nueva cuenta. Toca a las autoridades determinar si la respuesta, de nueva cuenta, será la misma: el silencio, la pasividad, el inmovilismo, la complicidad y la impunidad, que han sido las mejores cartas que, sin el menor rubor, han jugado en esta partida.

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En silencio total, indígenas conmemoran el 14 aniversario de la matanza de 11 campesinos

No tolerar más masacres, exige el obispo Raúl Vera en El Charco

Reclaman la UCEZ y APPG a Aguirre por el asesinato de 2 normalistas y los esterilizados de El Camalote

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO ( Enviado)

El Charco, 7 de junio. En la cancha pública de la primaria Caritino Maldonado Pérez, de esta comunidad indígena donde el Ejército asesinó hace 14 años a 11 campesinos, el silencio es fuerte y denota reclamo.
Se siente, se ve: es una expresión de la población indígena que se repite en los rostros de las mujeres, en los hombres que permanecen de pie sin decir nada, en los ancianos que se sientan en el piso con la mirada baja y sólo escuchan.
Durante todo el acto de conmemoración de la matanza, los indígenas no hablan; ni siquiera participan en la ceremonia, sólo observan y callan. En su representación, sólo un sobreviviente, Bernardino García Francisco, habla en mixteco, sin ser traducido al español.
Hasta este lugar llegó el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, para oficiar la misa en recuerdo de los caídos aquella madrugada del 7 de junio de 1998. Ante más de un centenar de indígenas y los representantes de organizaciones sociales que acudieron en gesto de solidaridad con los sobrevivientes y con las víctimas de la matanza, el religioso pidió a los deudos asumir que la sangre derramada de sus familiares es una semilla para que crezca la búsqueda de justicia, de dignidad y de amor. “No podemos seguir tolerando que haya personas masacradas por las fuerzas que debían defenderlos”, dijo.
A diferencia de otros años, en que se organizan en esta fecha una marcha, y un mitin en que suelen participartanto indígenas como representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, y se lee algún comunicado, en esta ocasión se trató de un acto sencillo, casi íntimo. Fuera del programa –mientras se esperaba al obispo que llegó unas dos horas después de lo previsto– hablaron los visitantes: el luchador Pablo Sandoval Cruz, el dirigente del sindicato de Mineros, Roberto Hernández Mojica; el dirigente de la UCEZ, Arturo Hernández Cardona; el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame; la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel; todos con el denominador común de condenar al Ejército, inclusive, tanto Chávez Adame como Hernández Cardona centraron también su crítica al gobierno de Ángel Aguirre. El primero dijo que se olvidaría el tema de los normalistas asesinados el 12 de diciembre pasado; y el segundo recordó que durante la matanza de El Charco y los esterilizados de El Camalote, era precisamente Aguirre Rivero en su tiempo de priísta, quien gobernaba la entidad.
En el centro de la cancha de la escuela, que ahora tiene un techo metálico, se colocó un altar, adornado con 11 velas medianas y dos cirios grandes, y una sábana de flor conocida como santa misapé o, a secas, santa misa, que es oriunda de la región. En el interior de los salones, donde murieron la mayor parte de los campesinos, también hay otro altar, y en cada uno, ha sido pintado un mural recordando aquellos hechos.
Antes de la llegada del obispo, el sacerdote de Concordia –que aglutina a 30 poblados de los alrededores, entre ellos El Charco–, Javier Zuloaga, leyó un pronunciamiento enviado por los integrantes de la pastoral social en el que les expresan su deseo de que haya justicia para todas las comunidades crucificadas por la violencia y que tengan “ánimo en su aniversario de dolor, y esperanza en el ciclo nuevo y la tierra nueva”.
Asimismo, les manifiestan que “Dios y la historia son testigos de su caminar” y que deben ser y seguir siendo protagonistas de su cultura.
En la cancha se aglutinan tres generaciones de indígenas: los viejos, surcado el rostro por arrugas y de pelo cano, los jóvenes que en su mayoría son mujeres; y los niños y adolescentes. Todos permanecen inmóviles. En el piso de cemento, algunos ancianos y ancianas se acuclillan. Parecen palomas en espera de levantar el vuelo.
El obispo Raúl Vera López llegó acompañado de los sobrevivientes Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez; del director del centro Agustín Pro, José Antonio Marroquín; de Magdalena López, de la red Década contra la Impunidad; y Raymundo Díaz Taboada, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
De entrada, el obispo expresó a los indígenas su indignación por la matanza, y recordó que a él le tocó vivir de cerca otro caso similar en Acteal, Chiapas, pero allá, dijo, el Ejército usó paramilitares, mientras aquí actuó directamente.
Hizo una semejanza con la sangre derramada de Jesucristo y la de los indígenas muertos; dijo que el primero, al derramar su sangre, sembró la semilla de la lucha contra la violación a los derechos humanos en el mundo; y los segundos, han sembrado una semilla para que se dé a conocer lo que ocurre en Guerrero en ese sentido, y volvió a ejemplicar con los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en este municipio, que con su sacrificio, lograron hacer visible en el mundo las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en Guerrero.
Les expresó que no están solos en su lucha, pues cuentan con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, del colectivo Década contra la Impunidad, y de muchas organizaciones.
“Nosotros estamos en deuda con ustedes. Yo no hago un favor con venir aquí, yo tengo la obligación de atenderlos”, dijo.
“Ustedes –agregó– son la parte donde debemos poner los ojos para ver un México más justo donde no haya masacres. Nosotros tenemos que poner atención a la gente más desprotegida de este país”.
Después, el obispo ofició la misa y entregó la comunión a los indígenas en una ceremonia sencilla. Al final, tomó protesta a los comités de sobrevivientes y comités de viudas, a quienes les insistió en comprometerse a seguir luchando por los derechos humanos no sólo derivados de la matanza de El Charco, sino de toda la región indígena.
“Hoy sabemos con la certeza de que Jesús está con nosotros, que no podemos cesar, no podemos detenernos en luchar por la justicia, la dignidad, el amor”, expresó Vera López.


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Comisión de maestros acude al ayuntamiento a notificar

Se suman planteles de Zihuatanejo al paro de la Coordinadora en el estado

HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)

Zihuatanejo, 7 de junio. El representante sindical de la secundaria José Martí, José Guadalupe Calderón, informó que los maestros municipales, estatales y federales se unen al paro de labores contra la aplicación de la Evaluación Universal.
Expresó que ayer miércoles, una comisión del magisterio municipal que se sumó al paro de labores acudió al palacio municipal: “venimos a enfatizarle al presidente municipal que los maestros de la Coordinadora de Azueta nos unimos al paro laboral nacional”.
Sin embargo, mencionó que la comisión no fue atendida directamente por el alcalde José Juan Medina Galeana, sino que fue el secretario particular, Esteban Carbajal, quien los recibió; “nos dijo que sólo tenía conocimiento que la lucha estaba a nivel nacional y estatal, pero en este momento ellos ya saben que la mayoría de las escuelas –del municipio–, desde prescolar, primaria y secundarias, ya estamos en lucha contra la Evaluación Universal”.
Indicó que algunos gobiernos estatales, ya desistieron de aplicar el examen, como Oaxaca, Chiapas y Michoacán, “por lo que tendremos una marcha el día jueves en Chilpancingo, y esperamos que el gobierno de Guerrero haga lo propio”.
Subrayó que la visita al ayuntamiento fue solamente para “hacerles de su conocimiento que también el municipio está en el movimiento” y que rechazan rotundamente la evaluación universal en la forma en que quieren aplicarla: “un procedimiento a favor de una educación completamente privada, muy alejada de los principios reales y la problemática que vive cada alumno y maestro”.
Por su parte, la representante de la escuela Ignacio Manuel Altamirano, turno matutino, Josefina Saucedo Dávalos, recalcó que hay 75 por ciento de escuelas municipales completamente en paro, y el resto lo está de manera intermitente.

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CARTONES DE LA JORNADA

Es resultado de la mala planeación educativa: Alvarado

Aumenta el número de menores que se enrolan con el crimen: funcionario

HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)

Zihuatanejo, 6 de junio. El jefe de departamento de Delito y Participación Ciudadana de Seguridad Pública, Víctor Manuel Alvarado Sánchez, informó que ha crecido el número de menores de edad que son presa del crimen organizado.
Expresó que debido a la falta de orientación, un “sistema educativo fallido” y las necesidades básicas sin subsanar, así como la falta de oportunidades laborales, son más proclives los menores a ser presa fácil del crimen organizado.
Manifestó que la incursión de los jóvenes a las filas de la delincuencia organizada es el resultado de la mala planeación educativa de los gobiernos.
Reprochó que en las escuelas han adoptado modelos educativos de países de primer mundo sin proporcionar a los maestros y alumnos las herramientas o material necesario para el desarrollo de las actividades cognitivas.
“En muchas ocasiones, los alumnos son engañados por las escuelas a las que asisten, quienes los lanzan al mundo laboral sin estar preparados para enfrentarse a un empleo”, dijo.
Subrayó que otra de las causas que orilla a los jóvenes a delinquir es la desintegración familiar, pues según las estadísticas del departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 30 por ciento de los niños que asisten a la escuela provienen de familias desintegradas y 70 por ciento viven en hogares disfuncionales.

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ROBERTO RAMÍREZ BRAVO

Libertad bajo fuego

En la efeméride nacional hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Ya se sabe el origen de esta fecha, que fue usada originalmente para que los dueños de los periódicos agradecieran al Presidente... algo, a saber qué.
Sin embargo, no puede omitirse que sigue siendo una fecha en la que se recuerda la actividad periodística y, por lo general, sobre todo en los últimos tiempos, sirve de momento de reflexión de lo que ocurre en el acto de informar.
Gabriel García Márquez lo llamó “el mejor oficio del mundo”, y quien lo haya ejercido, tal vez no pueda dejar de coincidir.
Pero en los últimos tiempos el periodismo se ha convertido en una actividad altamente riesgosa. Lo comprueban las calificaciones que dan a México el estatus del país más peligroso del mundo para la actividad periodística, que ubican a Guerrero en el tercer lugar dentro del país.
De 1997 a la fecha han sido asesinados 13 periodistas y tres han sido desaparecidos, pero el mayor número de atentados ha ocurrido a partir de 2006. Salvo en el caso del asesinato del corresponsal de Televisa, Amado Ramírez Dillanes –en el que hubo una consignación y sentencia que satisfizo a nadie–, la constante en los crímenes contra comunicadores ha sido que siguen brutalmente impunes.
En las desapariciones, tanto de Leodegario Aguilera Lucas (ocurrida en el gobierno de René Juárez Cisneros) como del reportero y voceador del ABC de Michoacán, Emanuel Salvador Reyes (ocurrida en Zihuatanejo en 2010), y de Marco Antonio López Ortiz (hoy cumple un año que no se sabe de él), las autoridades han sido omisas en investigar sus paraderos, a pesar de que por lógica mínima podría existir la posibilidad de que estuvieran con vida y pudieran ser rescatados.
Cuando López Ortiz desapareció ya se había instalado el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, pero la Procuraduría de Justicia no ha movido un dedo para localizarlo; no lo hizo cuando estuvo Alberto López Rosas al frente, ni durante el periodo del encargado, Juan Manuel Herrera Campos, ni ahora con la nueva titular, Martha Elba Garzón Bernal. A lo más que han llegado es a integrar medianamente un expediente; es lo único en que se avanza en la trama burocrática, pero ¿y la búsqueda? De eso, nada.
Para desventura de los comunicadores y de la sociedad –pues el periodismo es un oficio que tiene que ver con la democracia–, se está volviendo un lugar demasiado común el hacer recuentos de los muertos y desaparecidos en cada fecha relacionada con la libertad de expresión.
Tal como se le exigió a Zeferino Torreblanca Galindo en su momento que investigara la muerte de Amado Ramírez, ahora es necesario exigirle a Aguirre Rivero que su procuraduría haga lo mismo con Marco Antonio López. Que lo encuentre, vivo o muerto, pero que lo busque.
Para no olvidarlos y recordarle a las autoridades que sus casos siguen en la impunidad, vale nombrarlos a todos: Rafael Villafuerte, asesinado en 2003; Leodegario Aguilera Lucas, desaparecido en 2003; Misael Tamayo Hernández, asesinado en noviembre de 2006; Amado Ramírez Dillanes, asesinado en abril de 2007; Juan Daniel Martínez Gil, enterrado vivo en 2009; Jean Paul Ibarra Ramírez, también en 2009; Juan Francisco Rodríguez Ríos y Elvira Hernández, asesinados en Coyuca de Benítez en 2010; Jorge Ochoa Martínez y Evaristo Pacheco Solís, en 2010; Emanuel Salvador Reyes, desaparecido en 2010, y Marco Antonio López Ortiz, desaparecido el 7 de junio del año pasado. Aparte está el caso histórico de Jesús Abel Bueno León, quemado vivo en 1997.
En el resto del país la situación no es diferente: en Veracruz, en una misma semana hubo tres asesinatos de periodistas, entre ellos la corresponsal de Proceso, y en los estados del Norte varios han sido asesinados y desaparecidos.
Los riesgos inherentes al ejercicio periodístico no deberían, sin embargo, ser razón para que los ciudadanos, los comunicadores, ni las autoridades, se acostumbren a un estado de inacción de la Procuraduría, lo cual sólo fomenta la impunidad y más agresiones.
Como corolario, hay que precisar que el mayor número de agresiones ocurrió durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo; nueve fueron asesinados en esa administración, y el propio mandatario encabezó una violencia verbal sin precedente contra reporteros.
En el gobierno de Aguirre, sin embargo, las rancheras no se cantan mal, pues su equipo de seguridad ha ejercido violencia física contra reporteros que cubren sus actividades, y a pesar de que se les ha denunciado, no modifican su actitud.
Hoy, pues, no hay nada que celebrar y sí mucho sobre lo cual reflexionar, y mucho qué exigir.

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EDITORIAL: Jornada Guerrero

EDITORIAL

EL CHARCO, 14 AÑOS
Hoy se cumplen 14 años de que soldados del Ejército dieron muerte a 11 campesinos que pernoctaban en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, en la comunidad indígena de El Charco, municipio de Ayutla.
La conmemoración se dará en un contexto especial: se trata del segundo periodo en Guerrero de un gobierno que llegó postulado por una coalición de izquierda, que busca distanciarse del anterior, que se condujo con más conservadurismo que si hubiera sido postulado por el PAN, pero que a la vez es el mismo que estuvo el día de la matanza; está en marcha la Comisión de la Verdad –creada por el Congreso– para indagar crímenes del pasado, y los protagonistas más visibles de aquel acontecimiento, los universitarios Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, detenidos en el lugar de los hechos y acusados de ser miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, están libres tras haber sido declarados inocentes.
Por si no bastara, en el contexto nacional e internacional hay una lucha más abierta por la defensa de los derechos humanos y por llevar a revisión el fuero militar. Al menos tres casos de abusos de soldados en Guerrero han merecido sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los de Rosendo Radilla, de Inés Fernández Ortega y de Valentina Rosendo Cantú.
En la jornada de hoy estará presente el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien ofrecerá una misa por las víctimas de la matanza y encabezará la constitución de los comités de sobrevivientes.
El Charco sigue siendo una herida abierta en Guerrero, que debe ser revisada, y los excesos ahí cometidos deben ser castigados.
Además, debe haber indemnización para los deudos y sobrevivientes, y tanto el gobierno del estado como el federal deben impulsar en esa zona indígena una política de desarrollo integral, que cambie las condiciones de vida tan precarias que actualmente existen.
Recordar no basta, y la solidaridad en el discurso, tampoco. Es imperativo crear


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Minimiza Gabino Cué la partida del sacerdote

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de mayo de 2012, p. 16

Tlalixtac de Cabrera, Oax., 15 de mayo. El gobernador Gabino Cué Monteagudo minimizó la importancia de la salida temporal del defensor de los derechos de migrantes y director del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde Guerra, quien visitará Estados Unidos, Canadá y Europa dos meses.

Entrevistado este martes al final de un evento en el cual se entregaron reconocimientos a profesores que cumplieron 20 y 40 años de servicio, el mandatario afirmó que la partida de Solalinde Guerra no se debe a las amenazas en su contra. El motivo por el que visitará distintos países es su misión en la defensa de los derechos humanos, enfatizó.

El titular del Ejecutivo refrendó su apoyo al clérigo, a quien, aseguró, se le ofreció protección ante las amenazas de muerte que recibió.

Aseguró mantener buen contacto con él. Si bien recientemente no, lo he hecho a través de mi procurador (Manuel de Jesús López) y por conducto de la comisionada de Derechos Humanos (Eréndira Cruzvillegas).

Organizaciones repudian el asesinato de ambientalista

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 6 de junio. Organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales repudiaron el asesinato de la integrante de la Red Manglar México en Guerrero, Fabiola Osorio Bernáldez, quien fue asesinada el jueves pasado en Acapulco.
Las organizaciones exigieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero a que erradique las “prácticas de terror” contra defensores de derechos humanos y a no dejar impunes dichos homicidios.
En el comunicado que publicaron en la página en Internet del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), organizaciones como Red Manglar México; la Asociación Ambientalista Ecomundo; Asociación de Agricultores de Champerico; Asociación de Vecinos para el Desarrollo Integral de aldea Santa Odilia, Guatemala; la Asociación Ecologista para la Preservación Ambiental; Amigos de la Tierra El Salvador, y Comunidades de Manglar El Salvador externaron su “amplio repudio” por el asesinato de Fabiola Osorio, quien también era integrante de la asociación civil Guerreros Verdes.
En el comunicado, las organizaciones sociales reprocharon que la escalada de violencia hacia las y los defensores de los derechos humanos y del ambiente que se vive en Guerrero “es inadmisible” y obliga a exigir un alto a la criminalización y al hostigamiento que viven los activistas sociales, y recodaron el caso del abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.
Las organizaciones nacionales e internacionales exhortaron al gobernador a “erradicar estas prácticas de terror, a no dejar impunes estos actos y a garantizar la vida e integridad de las personas comprometidas con la defensa del ambiente y los derechos humanos en su estado”.
Asimismo exigieron respeto a la vida y a la dignidad humana y se pronunciaron porque no haya más muertes de ambientalistas y defensores de derechos humanos en el estado, así como el cese a la criminalización de la protesta social y castigo a los asesinos de Osorio Bernáldez.

 http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/06/07/index.php?section=sociedad&article=006n3soc

CARTONES DE LA JORNADA

CARTONES DE LA JORNADA

Los ocurridos son asesinatos con alevosía y ventaja, no daños colaterales, critican

En el olvido, las víctimas del combate al crimen organizado: Movimiento Ciudadano

Narra Edith López en un libro las vicisitudes que pasó luego que mataron a su esposo e hijo

HÉCTOR BRISEÑO ( )

Las verdaderas víctimas del combate al crimen organizado se encuentran desamparadas, señalaron integrantes del Movimiento Ciudadano por la Paz, Justicia y Dignidad en Guerrero, quienes criticaron que el gobierno federal minimice a las personas que han perdido a un familiar, otorgándoles el nombre de "daño colateral", y manifestaron que "para nosotros son asesinatos con alevosía y ventaja".
En conferencia de prensa, dieron a conocer la publicación del libro Militares en las calles, bendición o maldición, escrito por Edith López Mercado, quien la tarde del 6 de junio de 2009 perdió a su a su esposo, Ramón Ramírez Landín, y a su hijo, Gerardo Josúe García López, víctimas del fuego cruzado de un enfrentamiento entre militares y civiles armados, suscitado en la avenida Rancho Grande, en la zona Tradicional de Acapulco, en uno de los eventos sangrientos que marcó el inicio de la violencia callejera en el puerto.
López Mercado describe su texto como “una historia real de violencia como muchas que se viven en la actualidad”, y recordó los momentos en que perdió a sus seres queridos como “un infierno que me hicieron vivir los militares”.
Edith López recordó que además del dolor que enfrentó por la pérdida de sus familiares, estuvo dos años litigando en busca de apoyo, y señaló que nunca pudo recuperar una camioneta en la que viajaban su esposo y su hijo, la cual fue baleada por estar estacionada “en el lugar equivocado”.
Señaló que “me he dedicado a hacer este libro para que las víctimas sepan a quién acudir y a quién no acudir, relato todo lo que tuve que soportar, en verdad que me he llevado una decepción de todas las autoridades, lo que sentimos además de dolor, es rabia”.
Uno de los representantes del Movimiento Ciudadano, Arturo Flores Mercado, quien también es presidente de la Asociación de Joyeros del estado de Guerrero, manifestó que la batalla contra la delincuencia ha dejado como saldo muchas víctimas que no han sido atendidas, y que no solamente requieren de ayuda económica, sino sicológica y legal.
Mencionó: “qué bueno ya hay un Operativo Guerrero Seguro, pero no está funcionando, la violencia no está siendo controlada y cada vez hay más víctimas; la depuración policiaca sigue pendiente pues no se está llevando a cabo”, y consideró que las cifras del número de muertos son maquilladas por el Estado.
Expresó que es necesario que la autoridad cree en verdad un fondo de ayuda a víctimas de la violencia, que preste asesoría legal y sicológica, más allá de los foros por la paz que son promovidos por el gobierno estatal a través de Javier Morlett.

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Exhortan al gobernador a erradicar las “prácticas de terror”

Exigen organizaciones castigar a los homicidas de la ambientalista Osorio

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 4 de junio. Organizaciones adherentes al Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) exigieron por medio de una carta dirigida al gobernador Ángel Aguirre Rivero, que se investigue y se capture a los responsables del asesinato de la ecologista Fabiola Osorio Bernáldez.
En un comunicado, organizaciones nacionales y extranjeras repudiaron el asesinato de Osorio Bernáldez y exigieron una pronta investigación de los hechos cometidos el pasado fin de semana.
El movimiento Mapder y las organizaciones La Ventana y Educa de Oaxaca, Centro de Investigación Las Truchas en Michoacán, Marea de Campeche y Organizaciones Ecologistas de la Comarca Lagunera calificaron de inadmisible la situación de los defensores ambientalistas de la entidad y condenaron crímenes como el de Osorio Bernáldez.
“La escalada de violencia contra la población civil y los defensores de los derechos humanos y del ambiente, particularmente en el estado de Guerrero, es inadmisible y nos obliga a exigir un alto a la criminalización y al hostigamiento que han venido presentando”, reclamaron.
Recordaron los casos de amenazas contra organizaciones como la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz) y del defensor del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Exhortaron al gobernador Aguirre Rivero a “comprometerse decididamente a erradicar estas prácticas de terror, a no dejar impunes estos actos y a garantizar la vida e integridad de las personas que desde la sociedad civil, se han comprometido con la defensa del ambiente y los derechos humanos en su estado”.
Por su parte, el presidente de la Red Manglar Internacional con sede en Guatemala, Carlos Salvatierra Leal, criticó la situación ambiental que prevalece y se agrava porque los gobiernos “con total parsimonia e indolencia se convierten en cómplices de la debacle ecológica”.

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ROBERTO RAMÍREZ BRAVO

Cuando la muerte salva

En la literatura, la muerte tiene tantas formas de visualizarse como la imaginación de los autores. En la realidad, es un fenómeno ineludible que marca la interrupción de lo que llamamos vida.
En la historia, la muerte puede dar a los seres humanos una estatura que no alcanzaron en vida, y hacerlo popular, de modo que los discos de un cantante apenas conocido pueden venderse por millones o los libros de un escritor, célebre, pero ya olvidado, pueden resurgir tras el fallecimiento.
Pero en materia de impunidad, de violación a derechos humanos, de represión, la muerte salva.
Así se han ido de este mundo la mayoría de los grandes represores de este país: falleció sin ser juzgado Gustavo Díaz Ordaz, se fueron Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Santiago Nazar Haro, y muchos otros más, que sólo podrán ser tocados con el juicio de la historia, pero no el de los tribunales por crímenes de lesa humanidad en los que participaron.
El domingo, falleció el ex subprocurador Antonio Nogueda Carbajal, uno de los operadores de la represión en tiempos recientes, que desarrolló una historia negra dentro de los cuerpos policiacos, vinculado con asuntos políticos.
En 1992, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 7/1992 en la que pedía ejercer acción penal con pedimento de orden de aprehensión, y su consignación sin derecho a que se le fije fianza, para él y para el comandante Apolo Bernabé Ríos García, por su presunta participación (posiblemente directa, suponía la CNDH) en la detención y asesinato del dirigente del Partido del Trabajo y líder agrarista en Cuautla, Morelos, José Ramón García Gómez.
La CNDH consideró que había antecedentes de alta peligrosidad en ambos personajes. Documentó que “entre marzo y abril de 1988 se creó en la Policía Judicial del Estado (de Morelos) un grupo de investigaciones políticas, en el cual inicialmente estaban Apolo Bernabé y José del Pilar; y con posterioridad el compareciente (Nogueda) fue adscrito también a ese grupo...” José Ramón fue espiado en el contexto de la lucha electoral del 88, y luego detenido y asesinado.
Sin embargo, Nogueda no sólo no fue juzgado, sino que después regresó a Guerrero, donde ya había estado antes laborando en el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado como director de Averiguaciones Previa. En ese período se había visto involucrado en otra muerte de envergadura: la del ex gobernador de Yucatán, Carlos Loret de Mola.
El hijo del político yucateco, el periodista Rafael Loret de Mola, escribió hace unos meses, que durante 27 años buscó justicia en ese caso, pero nunca pudo reabrir el expediente porque “el extinto gobernador Cervantes Delgado se encargó de ponerlo bajo los siete candados de la impunidad para proteger a su incondicional Antonio Nogueda Carvajal”.
Loret de Mola viajaba por Guerrero en un Mercedes 1964, y luego de pasar en un retén militar en El Güirindalilto, entre Altamirano y Zihuatanejo, su cuerpo fue encontrado en un barranco, supuestamente en un accidente. Sin embargo, Rafael Loret escribió: “Tengo evidencias, por demás claras, de que venían siguiéndole agentes de la Dirección Federal de Seguridad”.
En tiempos más recientes, Nogueda Carvajal, ya como subprocurador en el gobierno de René Juárez Cisneros, se convirtió también en el brazo político de la Policía Judicial.
Operó un cuerpo clandestino que operaba directamente bajo su mando dedicado a investigar a actores políticos, específicamente a quienes de alguna manera se vinculaba con movimientos armados, y tuvo bajo su mando al capitán Mendiola, que había sido uno de los operadores del Grupo Tigre que a su vez formó Rubén Figueroa Alcocer como entidad fuera de la nómina de la Procuraduría y con fines de represión política.
En 2005, a su llegada al gobierno, Zeferino Torreblanca Galindo decidió ratificar a Nogueda en la subprocuraduría, pero de inmediato recibió el rechazo de los dirigentes históricos del PRD: Eloy Cisneros Guillén, Juan García Costilla, Eliana García, entre otros, se manifestaron en contra de que se le ratificara, precisamente por éstos y otros antecedentes, e hicieron declaraciones públicas al respecto.
Entonces vinieron las detenciones de dirigentes. Héctor Ponce Radilla, líder perredista de Coyuca de Benítez, fue detenido y encarcelado; Raúl Sendic García, hijo de Juan García Costilla, fue golpeado y estuvo a punto de ser detenido en la terminal de autobuses de ejido por agentes de la Policía Judicial; Javier Secundino Sánchez, quien después sería regidor en Acapulco por el PRD, recibió el mismo tratamiento.
Las investigaciones de los perredistas condujeron invariablemente a Nogueda Carvajal, quien tuvo que renunciar al cargo en el gobierno zeferinista. Su última acción pública, fue encabezar la defensa de los policías ministeriales acusados de asesinar a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Antonio Nogueda ya descansa en paz; la muerte lo salvó del juicio terrenal.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/06/05/index.php?section=opinion&article=002a1soc

CARTONES DE LA JORNADA

En Azueta exigen la democratización de los medios

Zihuatanejo, 3 de junio. No fueron 132, fueron más los jóvenes que se manifestaron en este municipio en torno a la marcha del movimiento #YoSoy132.

Con una convocatoria de menos de una semana que extendieron en la red social Facebook, esta tarde jóvenes, adultos y niños se manifestaron con pancartas con la exigencia de democratizar los medios.
Casi a las 5 de la tarde, jóvenes se comenzaron a juntar en la plaza Kyoto, con pancartas en las que se leía las leyendas: “No vengo por mi torta, vengo por mis huevos”, “Gaviota, tu esposo es un idiota” y otras consignas contra el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
La reportera Reyna Valencia manifestó que la marcha fue en apoyo a los jóvenes que iniciaron el movimiento #YoSoy132, que “es en apoyo y porque ya estamos hartos del sistema político mexicano, entonces queremos alzar la voz y ser escuchados, porque en una democracia como la que vive México, se supone el pueblo es el que gobierna, el pueblo es el que manda, y al parecer aquí las cosas funcionan al revés”.
Subrayó que la marcha es apartidista y la convocatoria la hicieron a través de la red social Facebook. “Se ha hecho una cadenita, por ejemplo toda esta gente son conocidos y han ido invitando, yo por ejemplo soy periodista”, explicó Valencia.
Resaltó que la idea surgió con el reportero Víctor Ruiz de organizar porque “hemos visto una ciudad muy apática”.
Al inicio, una camioneta con propaganda del candidato a diputado local, Amador Campos Aburto, se acercó y unos de los asistentes le pidieron que se retirara, por lo que el automovilista se alejo.
En la marcha, 18 familias de Barrio Nuevo que fueron a manifestarse por el despojo que les hizo el desarrollo turístico Médanos de Ixtapa SA de CV, se incorporaron a la manifestación también con gritos en rechazo a Televisa y TV Azteca.
La marcha #YoSoy132, que estuvo programada para terminar con un mitin en la plaza de la Libertad de Expresión, dio un giro a medio camino y los manifestantes se dirigieron a la cancha municipal, donde un policía de Tránsito no permitió que realizaran el mitin, “para que no estuvieran con su mitote”, por lo que los jóvenes y vecinos siguieron con su protesta y mitin a la plaza Libertad de Expresión. Al final, marcharon unos 200 manifestantes.

Hercilia Castro, corresponsal

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/06/04/index.php?section=politica&article=004n3pol

Gira de campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT, Movimiento Ciudadano)

Actividades del 28 de Mayo al 04 de Junio de 2012

Gira de campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT, Movimiento Ciudadano)

Domingo 03 Junio

07.00 horas Conferencia de Prensa  en  Comitán de Domínguez, Chiapas

10:00 horas mitin en Comitán de Domínguez, Chiapas

13:30 horas mitin en Ocosingo, Chiapas

18:00 horas mitin en Palenque, Chiapas

Lunes 04 Junio

07.00 horas Conferencia de Prensa  en Villahermosa, Tabasco

11:00 horas mitin en Cosoleacaque, Veracruz

14:00 horas mitin en San Andrés Tuxtla, Veracruz

18:30 horas mitin en Orizaba, Veracruz

CARTONES

La desaparición de la protectora del medio ambiente no debe ser en vano, indican

Exigen investigar la muerte de la ambientalista Fabiola Osorio

Se solidariza la Rogaz con los Guerreros Verdes, organismo al que pertenecía la activista

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 2 de junio. María de Lourdes Armenta Solís, integrante de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz), repudió el asesinato de la ambientalista de la organización Guerreros Verdes Fabiola Osorio Bernáldez y la consideró una víctima más del gobierno.
“Siento impotencia, rabia, frustración; es una víctima más de este gobierno podrido, influenciado hasta la médula por la corrupción y la impunidad”, dijo.
Expresó que la muerte de Osorio Bernáldez no debe ser en vano y que “los que le sobrevivimos debemos continuar su lucha; nada debe de detenernos”.
Armenta Solís envió sus condolencias y solidaridad a los familiares e integrantes de Guerreros Verdes, compañeros de la ambientalista asesinada el pasado jueves en el puerto de Acapulco.
La ambientalista Obdulia Balderas Sánchez manifestó a su vez sentir una profunda tristeza por el hecho de “que vidas tan valiosas sean truncadas de manera tan violenta; el hecho de defender los recursos naturales, no es un delito, es una misión que deberíamos tener todos los seres humanos, procurando hacer más agradable el medio ambiente que nos rodea”.
Subrayó que luchar por la naturaleza y el agua, no es delito pero tal parece “que la codicia de los grandes capitalistas se está empeñando en seguir despojándonos”.
Recalcó que los luchadores sociales no deben renunciar a sus causas, a pesar de todos los riesgos que corren.
Exigió que el gobierno estatal investigue y dé con los responsables del crimen de Osorio Bernáldez; “si el gobierno amara tantito la vida, se dedicaría a investigar, castigar -a los responsables- pero tal parece que nos da la espalda a los activistas”.
Por su parte, la representante de la Red Manglar Internacional en México, Esperanza Salazar Zenil, repudió el asesinato de la activista y reclamó al gobierno del estado que investigue los hechos de forma pronta.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/06/03/index.php?section=sociedad&article=005n1soc