ROBERTO RAMÍREZ BRAVO

Cuando la muerte salva

En la literatura, la muerte tiene tantas formas de visualizarse como la imaginación de los autores. En la realidad, es un fenómeno ineludible que marca la interrupción de lo que llamamos vida.
En la historia, la muerte puede dar a los seres humanos una estatura que no alcanzaron en vida, y hacerlo popular, de modo que los discos de un cantante apenas conocido pueden venderse por millones o los libros de un escritor, célebre, pero ya olvidado, pueden resurgir tras el fallecimiento.
Pero en materia de impunidad, de violación a derechos humanos, de represión, la muerte salva.
Así se han ido de este mundo la mayoría de los grandes represores de este país: falleció sin ser juzgado Gustavo Díaz Ordaz, se fueron Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Santiago Nazar Haro, y muchos otros más, que sólo podrán ser tocados con el juicio de la historia, pero no el de los tribunales por crímenes de lesa humanidad en los que participaron.
El domingo, falleció el ex subprocurador Antonio Nogueda Carbajal, uno de los operadores de la represión en tiempos recientes, que desarrolló una historia negra dentro de los cuerpos policiacos, vinculado con asuntos políticos.
En 1992, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 7/1992 en la que pedía ejercer acción penal con pedimento de orden de aprehensión, y su consignación sin derecho a que se le fije fianza, para él y para el comandante Apolo Bernabé Ríos García, por su presunta participación (posiblemente directa, suponía la CNDH) en la detención y asesinato del dirigente del Partido del Trabajo y líder agrarista en Cuautla, Morelos, José Ramón García Gómez.
La CNDH consideró que había antecedentes de alta peligrosidad en ambos personajes. Documentó que “entre marzo y abril de 1988 se creó en la Policía Judicial del Estado (de Morelos) un grupo de investigaciones políticas, en el cual inicialmente estaban Apolo Bernabé y José del Pilar; y con posterioridad el compareciente (Nogueda) fue adscrito también a ese grupo...” José Ramón fue espiado en el contexto de la lucha electoral del 88, y luego detenido y asesinado.
Sin embargo, Nogueda no sólo no fue juzgado, sino que después regresó a Guerrero, donde ya había estado antes laborando en el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado como director de Averiguaciones Previa. En ese período se había visto involucrado en otra muerte de envergadura: la del ex gobernador de Yucatán, Carlos Loret de Mola.
El hijo del político yucateco, el periodista Rafael Loret de Mola, escribió hace unos meses, que durante 27 años buscó justicia en ese caso, pero nunca pudo reabrir el expediente porque “el extinto gobernador Cervantes Delgado se encargó de ponerlo bajo los siete candados de la impunidad para proteger a su incondicional Antonio Nogueda Carvajal”.
Loret de Mola viajaba por Guerrero en un Mercedes 1964, y luego de pasar en un retén militar en El Güirindalilto, entre Altamirano y Zihuatanejo, su cuerpo fue encontrado en un barranco, supuestamente en un accidente. Sin embargo, Rafael Loret escribió: “Tengo evidencias, por demás claras, de que venían siguiéndole agentes de la Dirección Federal de Seguridad”.
En tiempos más recientes, Nogueda Carvajal, ya como subprocurador en el gobierno de René Juárez Cisneros, se convirtió también en el brazo político de la Policía Judicial.
Operó un cuerpo clandestino que operaba directamente bajo su mando dedicado a investigar a actores políticos, específicamente a quienes de alguna manera se vinculaba con movimientos armados, y tuvo bajo su mando al capitán Mendiola, que había sido uno de los operadores del Grupo Tigre que a su vez formó Rubén Figueroa Alcocer como entidad fuera de la nómina de la Procuraduría y con fines de represión política.
En 2005, a su llegada al gobierno, Zeferino Torreblanca Galindo decidió ratificar a Nogueda en la subprocuraduría, pero de inmediato recibió el rechazo de los dirigentes históricos del PRD: Eloy Cisneros Guillén, Juan García Costilla, Eliana García, entre otros, se manifestaron en contra de que se le ratificara, precisamente por éstos y otros antecedentes, e hicieron declaraciones públicas al respecto.
Entonces vinieron las detenciones de dirigentes. Héctor Ponce Radilla, líder perredista de Coyuca de Benítez, fue detenido y encarcelado; Raúl Sendic García, hijo de Juan García Costilla, fue golpeado y estuvo a punto de ser detenido en la terminal de autobuses de ejido por agentes de la Policía Judicial; Javier Secundino Sánchez, quien después sería regidor en Acapulco por el PRD, recibió el mismo tratamiento.
Las investigaciones de los perredistas condujeron invariablemente a Nogueda Carvajal, quien tuvo que renunciar al cargo en el gobierno zeferinista. Su última acción pública, fue encabezar la defensa de los policías ministeriales acusados de asesinar a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Antonio Nogueda ya descansa en paz; la muerte lo salvó del juicio terrenal.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/06/05/index.php?section=opinion&article=002a1soc