ROBERTO RAMÍREZ BRAVO

Libertad bajo fuego

En la efeméride nacional hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Ya se sabe el origen de esta fecha, que fue usada originalmente para que los dueños de los periódicos agradecieran al Presidente... algo, a saber qué.
Sin embargo, no puede omitirse que sigue siendo una fecha en la que se recuerda la actividad periodística y, por lo general, sobre todo en los últimos tiempos, sirve de momento de reflexión de lo que ocurre en el acto de informar.
Gabriel García Márquez lo llamó “el mejor oficio del mundo”, y quien lo haya ejercido, tal vez no pueda dejar de coincidir.
Pero en los últimos tiempos el periodismo se ha convertido en una actividad altamente riesgosa. Lo comprueban las calificaciones que dan a México el estatus del país más peligroso del mundo para la actividad periodística, que ubican a Guerrero en el tercer lugar dentro del país.
De 1997 a la fecha han sido asesinados 13 periodistas y tres han sido desaparecidos, pero el mayor número de atentados ha ocurrido a partir de 2006. Salvo en el caso del asesinato del corresponsal de Televisa, Amado Ramírez Dillanes –en el que hubo una consignación y sentencia que satisfizo a nadie–, la constante en los crímenes contra comunicadores ha sido que siguen brutalmente impunes.
En las desapariciones, tanto de Leodegario Aguilera Lucas (ocurrida en el gobierno de René Juárez Cisneros) como del reportero y voceador del ABC de Michoacán, Emanuel Salvador Reyes (ocurrida en Zihuatanejo en 2010), y de Marco Antonio López Ortiz (hoy cumple un año que no se sabe de él), las autoridades han sido omisas en investigar sus paraderos, a pesar de que por lógica mínima podría existir la posibilidad de que estuvieran con vida y pudieran ser rescatados.
Cuando López Ortiz desapareció ya se había instalado el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, pero la Procuraduría de Justicia no ha movido un dedo para localizarlo; no lo hizo cuando estuvo Alberto López Rosas al frente, ni durante el periodo del encargado, Juan Manuel Herrera Campos, ni ahora con la nueva titular, Martha Elba Garzón Bernal. A lo más que han llegado es a integrar medianamente un expediente; es lo único en que se avanza en la trama burocrática, pero ¿y la búsqueda? De eso, nada.
Para desventura de los comunicadores y de la sociedad –pues el periodismo es un oficio que tiene que ver con la democracia–, se está volviendo un lugar demasiado común el hacer recuentos de los muertos y desaparecidos en cada fecha relacionada con la libertad de expresión.
Tal como se le exigió a Zeferino Torreblanca Galindo en su momento que investigara la muerte de Amado Ramírez, ahora es necesario exigirle a Aguirre Rivero que su procuraduría haga lo mismo con Marco Antonio López. Que lo encuentre, vivo o muerto, pero que lo busque.
Para no olvidarlos y recordarle a las autoridades que sus casos siguen en la impunidad, vale nombrarlos a todos: Rafael Villafuerte, asesinado en 2003; Leodegario Aguilera Lucas, desaparecido en 2003; Misael Tamayo Hernández, asesinado en noviembre de 2006; Amado Ramírez Dillanes, asesinado en abril de 2007; Juan Daniel Martínez Gil, enterrado vivo en 2009; Jean Paul Ibarra Ramírez, también en 2009; Juan Francisco Rodríguez Ríos y Elvira Hernández, asesinados en Coyuca de Benítez en 2010; Jorge Ochoa Martínez y Evaristo Pacheco Solís, en 2010; Emanuel Salvador Reyes, desaparecido en 2010, y Marco Antonio López Ortiz, desaparecido el 7 de junio del año pasado. Aparte está el caso histórico de Jesús Abel Bueno León, quemado vivo en 1997.
En el resto del país la situación no es diferente: en Veracruz, en una misma semana hubo tres asesinatos de periodistas, entre ellos la corresponsal de Proceso, y en los estados del Norte varios han sido asesinados y desaparecidos.
Los riesgos inherentes al ejercicio periodístico no deberían, sin embargo, ser razón para que los ciudadanos, los comunicadores, ni las autoridades, se acostumbren a un estado de inacción de la Procuraduría, lo cual sólo fomenta la impunidad y más agresiones.
Como corolario, hay que precisar que el mayor número de agresiones ocurrió durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo; nueve fueron asesinados en esa administración, y el propio mandatario encabezó una violencia verbal sin precedente contra reporteros.
En el gobierno de Aguirre, sin embargo, las rancheras no se cantan mal, pues su equipo de seguridad ha ejercido violencia física contra reporteros que cubren sus actividades, y a pesar de que se les ha denunciado, no modifican su actitud.
Hoy, pues, no hay nada que celebrar y sí mucho sobre lo cual reflexionar, y mucho qué exigir.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/06/07/index.php?section=sociedad&article=002a1soc