Entrega el gobernador 1.5 mdp a la organización, mil 200 uniformes y 4 camionetas

Propone Ángel Aguirre a la CRAC funcionar como una policía auxiliar

Presenta planteamiento de una propuesta de decreto para legalizar la institución; consejera pide respeto

MARGENA DE LA O

San Luis Acatlán, 21 de enero. El encuentro entre los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el gobernador Ángel Aguirre Rivero se resume en el planteamiento de la propuesta de un decreto para formalizar la Policía Comunitaria, y la entrega de equipo y uniformes, y un millón y medio de pesos que el gobierno estatal ofreció depositar a una cuenta bancaria de la organización.

El gobernador planteó que la Policía Comunitaria, después de 17 años de autonomía, funcione como Policía Auxiliar de las corporaciones policiacas oficiales. La propuesta, dijo, es que la CRAC “coadyuve y auxilie en la prevención y operación de los delitos; para que la Policía Comunitaria pueda lograr su regularización y no contravenga el marco constitucional y legal vigente, tendrá carácter de auxiliar de seguridad pública, y será permanentemente capacitada”.

Aguirre Rivero llegó a la bodega La Luz de La Montaña, ubicada a la salida de la cabecera municipal de San Luis Acatlán, acompañado de una comitiva extensa de sus funcionarios, media hora antes de lo acordado (12 de la tarde), a la que además de los coordinadores de la CRAC, asistieron los consejeros Bruno y Cirino Plácido Valerio, dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que lidera el levantamiento armado de Ayutla y Tecoanapa.

Al acto con las características a cualquiera de una gira del gobernador –la mesa de debate entre la CRAC y el mandatario para dejar clara la relación con el gobierno sólo fue una buena intención–, también asistió un grupo de policías comunitarios de la zona mixteca de Ayutla recién incorporado, a quienes no le permitieron dar su discurso, según denunció Arturo Campos Herrera, promotor en ese municipio. Tampoco le permitieron participar a Eugenio Jiménez, coordinador de la Policía de Huamuxtitlán, que aunque funciona como un sistema de justicia independiente, está hermanada a la CRAC.

La consejera Felícitas Martínez Solano, antes leyó la postura de la Coordinadora, y exigió al gobernador el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado mexicano y la Constitución, y la observancia y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También pidió respeto al sistema de seguridad, justicia y reducación de la CRAC, el desistimiento de la acción penal y la persecución de la PGJE contra integrantes de la organización, la cancelación de concesiones minera, respeto a su mando único (pueblo organizado y su Asamblea Regional), y la no militarización de la zona.

Aguirre Rivero reconoció a la CRAC su compromiso que, aseguró, se evidencia en los bajos índices delictivo en las regiones de su influencia, y que los policías comunitarios están alejados de “vicios y prácticas” de los policías oficiales. Entregó a los coordinadores cuatro camionetas, con mil 200 uniformes –sólo son unos 800 policías comunitarios, “pero traje de más por los que se sumen”–, y un millón y medio de pesos, que dijo depositaría a la cuenta de la CRAC. Las 200 armas AR-15 que les prometió antes, no las entregó.

Al principio, en medio y al final de su intervención que el encuentro, y entrega del equipo no eran “a la luz de los recientes acontecimientos”, pero antes no lo hizo.

Escena polémica

Al gobernador lo flaqueaban Pablo Guzmán, uno de los coordinadores de la CRAC, y el alcalde Alejandro Contreras, quien a su derecha tenía a Cirino Plácido Valerio.

“¡Bruuno!”, soltó el gobernador al ver atravesar el perímetro del acto, al dirigente de la Upoeg, quien hizo una mueca que parecía una sonrisa.

Para cuando Bruno Plácido Valerio llegó al centro del templete, lugar que ocupó el gobernador, éste ya estaba de pie y con la mano extendida. El dirigente de la Upoeg saludó de apretón de mano al gobernador y al alcalde. A excepción de Felicitas Martínez, no saludó a nadie de la CRAC.

“¡Es orgulloso!”, se leyó en los labios de Pablo Guzmán cuando susurró al oído izquierdo del gobernador. Ambos rieron.

La pugna entre la CRAC y la Upoeg de pronto fue notoria, pero no evidente. Apenas ayer (domingo), los integrantes de la Upoeg impidieron una asamblea de la CRAC en la que informarían del levantamiento de Ayutla; la coordinadora acusó al gobierno estatal de estar detrás. A quien no se vio por el lugar del encuentro fue al asesor jurídico de la Coordinadora, Valentín Hernández.

Después, en momentos de su discurso, el gobernador soltó frases como “yo no quiero ser motivo de fractura y división”, “quiero ser el instrumento que pueda limar cualquier aspereza”, y “aquí, ustedes (integrantes de la CRAC y Upoeg) son los mismos. Los protagonismos a un lado”.

En el camino a San Luis Acatlán, los habitantes de Ayutla y Tecoanapa mantienen tres puestos de revisión y control en su perímetro de influencia.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/22/index.php?section=politica&article=003n1pol