mercoledì 26 ottobre 2011

Imponen multa de 2 millones 700 mil pesos a activista de Juluchuca detenido


Hay 15 órdenes de aprehensión contra opositores a la explotación de Agritsa

Imponen multa de 2 millones 700 mil pesos a activista de Juluchuca detenido

Es una maniobra del hermano del alcalde Albino Lacunza contra defensores de arroyo, señalan
HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 25 de octubre. Roberto Moreno Ayvar, hermano del campesino Omar Moreno Ayvar, de la comunidad de Juluchuca, detenido ayer por elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), denunció que el monto nuevo de la fianza fijada es de 2 millones 700 mil pesos, no de 100 mil pesos, como hasta ayer sabían.
Expresó que quienes interpusieron la denuncia en contra del activista fueron los encargados de la empresa extractora de material pétreo Agritsa SA de CV y que por la mañana, recibió una llamada del hermano del alcalde de Petatlán, Albino Lacunza Santos, quien le dijo que lo buscaba “para que pudieran arreglar el problema”.
“Esto vino de Napoleón –hermano del alcalde y propietario de la empresa–, él me llamó”, dijo.
Aclaró que no son ocho sino 15 las órdenes de aprehensión giradas contra los comuneros que han estado en defensa del arroyo y que la orden de captura contra de su hermano fue girada desde agosto.
Por su parte, el campesino Irineo Ramírez Cortes expresó que el comisario ejidal de Juluchuca, José Luis Vargas Izazaga, también se encuentra en la lista de las órdenes de aprehensión.
Moreno Ayvar señaló que esto era un golpe directo para que los campesinos desistan en la defensa del arroyo de la comunidad y expresó su deseo de que pronto salga su hermano.
“Esto es un golpe directo porque sabían que sólo así se iba a parar, se fueron por la vía legal y la denuncia está bien armada”, dijo.
Recalcó que Lacunza Santos sabe que los comuneros están en su derecho de defender el arroyo porque por ser tierras ejidales, no se pueden meter a extraer piedra del lugar y que las protestas han sido de manera pacífica, pero “se puede hacer bloqueos”.
Ramírez Cortes agregó que han denunciado el conflicto ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pero no han tenido respuesta de las autoridades en más de cuatro meses.
El número del expediente de la denuncia es el 136/2011/2, radicado en el juzgado segundo de distrito.

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