EDITORIAL
ALUNI, EL ARTE DE ESCUCHAR
El sector turístico adolece de un problema sustancial: sus autoridades no saben escuchar.
Durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, la Secretaría de Fomento Turístico estuvo a cargo de Ernesto Rodríguez Escalona, quien desarrolló un trabajo gris que no tuvo en cuenta al sector empresarial-turístico de Guerrero, pues el funcionario utilizó la dependencia más para lucimiento personal y para impulsar sus propios negocios de la Condesa que para hacer crecer la industria local.
Tras más de seis años –Rodríguez Escalona provenía del gobierno de René Juárez Cisneros– de ocupar el mismo cargo, a la llegada de Ángel Aguirre Rivero a la gubernatura, se pensó que podría haber un cambio, pero, lejos de ello, la nueva titular, la defeña Graciela Báez Ricárdez, sólo acentuó el talante autoritario de su antecesor. Báez fue más allá, pues su trato con trabajadores, representantes de los medios de comunicación y empresarios llegó a ser en ocasiones francamente déspota.
Su salida se esperaba en diversos ámbitos, y al final se fue prácticamente sin decir adiós, anticipándose incluso al anuncio del gobernador de su adiós a Guerrero.
Con el relevo se esperaba un cambio de actitud, y aunque a Javier Aluni Montes se le ha visto un tanto más activo en relación con los empresarios, el incidente ocurrido en Zihuatanejo la noche del jueves, con los ecologistas que le pedían su intervención, lo pinta de cuerpo entero como funcionario.
Aunque el tema ya es del conocimiento del gobernador Ángel Aguirre, quien lo ha abordado con los azuetenses inconformes por la concesión a Fonatur Operadora Porturia SA de CV, y en consecuencia el secretario de Fomento Turístico sólo tenía que escuchar el planteamiento, la comunicación se cortó porque, dijo el funcionario, para ser atendidos necesitan ser una asociación. Y aunque le explicaban que los solicitantes del diálogo están constituidos en una asociación, el funcionario se negó tajantemente a atenderlos y les pidió remitirse con la delegada de la Sefotur en el puerto.
Sin embargo, en México existe constitucionalmente el derecho de audiencia, aunque sea individualmente.
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