Dan informe a organismos internacionales sobre derechos humanos del estado
Organizaciones: persisten amenazas contra defensores de garantías
Critica Barrera Hernández que en la entidad haya 178 activistas con medidas cautelares
CITLAL GILES
( )
Chilpancingo,
1° julio. Durante el informe sobre la situación de los derechos humanos
en el estado, organizaciones sociales denunciaron ante organismos
internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas, nuevas amenazas contra defensores de derechos humanos y la
falta de medidas cautelares para desempeñar su trabajo.
El
presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan,
Abel Barrera Hernández, criticó que en el estado haya 178 defensores
con medidas cautelares y señaló que tal situación refleja que en el
estado no hay garantías para la defensa de los derechos humanos.
Barrera
reprochó que las autoridades estatales se niegan a dialogar con las
organizaciones, y contrario a eso, dijo, los llaman delincuentes o
luchadores sociales.
De igual forma, las organizaciones
sociales presentes pidieron la liberación inmediata de Raúl Hernández,
pues a pesar de que ya se demostró su inocencia, sigue preso en el
penal de Ayutla. En este sentido, la directora del Instituto
Guerrerense de Derechos Humanos, Silvia Castillo, pidió al presidente
del Tribunal Superior de Justicia que no se ve reflejado en los hechos
la disposición que dice tener y le solicitó que emita pronto un el
fallo favorable para Raúl.
A la conferencia asistieron la
representante de la Fundación para el Debido Proceso Legal, Emilie
Joly; la directora del área jurídica de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH), Luisa Pérez; el
Jefe de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación federal (Segob), Héctor Pérez, el visitador
estatal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero,
Hipólito Lugo Cortés y la representante del Tribunal Superior de
Justicia.
Por parte de las organizaciones estuvieron
Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos
Humanos, el Coelctivo Contra la Tortura y la Impunidad así como el
Centro regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y
Pavón.
Aunque a la conferencia también estuvieron invitadas
autoridades del gobierno del estado, así como del Poder Legislativo,
éstas no asistieron.
“Este ha sido el gran problema que tenemos
en Guerrero, las autoridades no dialogan con la sociedad civil, no
están acostumbradas a sentarse y poder plantear los asuntos que más nos
afectan”, lamentó Abel Barrera.
Agregó que en materia de defensa
de los derechos humanos, aunque lo han planteado desde hace varios
años, no han tenido respuesta.
En Guerrero, dijo, hay un
desfasamiento por parte de las autoridades del estado en cuanto al
respeto de los derechos humanos, y criticó que en el estado no existen
garantías para ejercer la defensa de los derechos humanos, pues destacó
que hay un total de 178 defensores y defensoras con medidas cautelares
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De igual forma
que desde hace más de un año, la oficina de Tlachinollan en Ayutla
continúa cerrada por falta de garantías o bien el tener que apelar a
organismo internacionales para poder tener una investigación certera y
poder tener acceso a la justicia, porque en el estado o en el país no
existe esta procuración.
Barrera Hernández dijo que exigir el
respeto a los derechos humanos ha costado muertes, desapariciones,
encarcelamientos injustos como la muerte de Raúl Lucas y Manuel Ponce
así como el encarcelamiento de Raúl Hernández Abundio.
En este
sentido, solicitó la liberación inmediata e incondicional del indígena
me’phaa, “se ha probado su inocencia y esperamos que el Tribunal
Superior de Justicia tome en cuenta esta situación”.
De igual
forma, Silvia Castillo se refirió también al caso de Raúl Hernández y
aprovechó la presencia de la representante del TSJ para solicitarle
emita un fallo favorable en los próximos días.
Y destacó que una
prueba de esa voluntad y disposición que dice tener el presidente del
TSJ es precisamente dando el fallo a favor de Raúl Hernández y dicte su
libertad inmediata.
Las amenazas
Barrera destacó que
de diciembre del año pasado a la fecha, se tienen registradas nueve
denuncias por amenazas contra defensores y defensoras de derechos
humanos.
Dichas amenazas son contra integrantes de la
Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) como los familiares de
Inés Hernández, de Valentina Rosendo Cantú, de Obtilia Eugenio Manuel,
así como algunos integrantes de Tlachinollan.
Las amenazas,
detalló, van en el sentido de minar las acciones de defensa y de
protesta contra las autoridades “son de ya párale, ya dejen de seguir
denunciando porque te puede pasar algo peor y cosas por el estilo”.
Destacó
que la situación se agravó cuando Inés y Valentina estaban a punto de
presentar sus casos ante la Corte Interamericana y criticó que en lugar
de que se calme esta situación de indefensión, se está incrementando,
pues hay mayor agresión hacia los defensores y defensoras sobre todo en
Ayutla y La Montaña.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/07/02/index.php?section=sociedad&article=005n1soc