Con encendidos discursos recuerdan diputados la matanza de Aguas Blancas

Con encendidos discursos recuerdan diputados la matanza de Aguas Blancas


Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Los diputados de Convergencia y del PRD en el Congreso del estado recordaron ayer en sesión de la Comisión Permanente el 15 aniversario de la masacre de 17 campesinos ocurrida en el vado de Aguas Blancas, lamentando que en la actualidad siga prevaleciendo la violencia contra el movimiento social.
El coordinador parlamentario de Convergencia, Efraín Ramos Ramírez, dijo que “la justicia se extravió en los laberintos” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues “la interpretación rigurosa de la ley derivó en una paradoja aberrante, contraria al espíritu constitucional, pues al pretender cumplir escrupulosamente con el máximo ordenamiento jurídico, en el mismo giro se otorgó certificado de impunidad a flagrantes violadores del Estado de derecho”, lamentó.
Recordó que la resolución de la Corte del 23 de abril de 1996 “dictaminó la responsabilidad de altos funcionarios públicos, y en algunos casos se ejercieron las acciones penales correspondientes. Pero la resolución no se cumplió a cabalidad, debido al enorme manto de impunidad que se tendió sobre los verdaderos culpables. El desenlace les favoreció y todos resultaron absueltos o con sentencias menores”, denunció.
Ramos añadió que el de Aguas Blancas es un asunto delicado como pocos, por el vínculo que tiene con personajes y ambientes de la vida política, el poder económico, el viejo cacicazgo –que en Guerrero se ha anclado en el poder desde hace muchos años– y la criminal indefensión de las víctimas de Aguas Blancas, que sigue vibrando como nuevo ejemplo de Las venas abiertas de América Latina, el célebre libro del escritor uruguayo Eduardo Galeano sobre el saqueo de España en América.
Afirmó el diputado de Convergencia que luego de la reforma política que anunciara en 1977 Jesús Reyes Heroles, precisamente aquí en Chilpancingo, y del clima de tolerancia y distensión social que aquélla generó, la matanza de Aguas Blanca reabrió el ciclo, que parecía cerrado, de las acciones represivas contra los movimientos populares; ciclo que se ha continuado hasta nuestros días.
También recordó que en la masacre de El Charco, en Ayutla, fueron asesinados 10 campesinos y un estudiante. Cuatro años después, en 2002, fueron liberados “por falta de pruebas” 22 de los implicados, en tanto que los muertos fueron acusados de “incitación a la rebelión”.
“Varios detenidos, afines a los masacrados, también han sido puestos en libertad. Aun así, la situación de conflicto social latente, todavía prevalece en la zona”, advirtió.
Y sostuvo Efraín Ramos: “Las matanzas de Aguas Blancas y El Charco son tragedias humanas que no cesan. Son una catástrofe moral, política y judicial que no parece tener término. Son crímenes de estado, que continúan en total impunidad”.

“Violencia institucional” contra el PRD: Catalino Duarte

El diputado Catalino Duarte Ortuño denunció que violencia institucional contra el PRD inició desde la primera elección local en la que participó, en 1989, “y lamentablemente continúa hasta nuestros días”.
Añadió que se debe recordar que a Aguas Blancas le sucedió la masacre de El Charco el 7 de junio de 1998, “demostrando que la violencia de Estado se mantenía incólume”.
Señaló que el crimen de Aguas Blancas cobró tal relevancia que fue investigado por la Suprema Corte, que hizo responsables a una decena de funcionarios del gobierno del estado, empezando por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, así como el extinto Rubén Robles Catalán, que era secretario general de Gobierno, y Antonio Alcocer Salazar, quien fungía como procurador .
Duarte enfatizó que con esta resolución, la Corte determinó no sólo la responsabilidad del gobierno de Figueroa Alcocer en la planeación y ejecución de la masacre, sino también en la existencia de una deficiente y tendenciosa investigación de la PGJE, misma que pretendió encubrir el hecho al dar a conocer un video editado donde se veían imágenes donde los campesinos estaban armados.
Aunado a estas imágenes, dijo, se pretendió que la sociedad tuviese una idea falsa de los acontecimientos y así desviar la atención de los verdaderos responsables, pero afortunadamente ese video editado tuvo su respuesta cuando a través de un programa con cobertura nacional se difundió la versión original que mostró a la luz pública la verdad de los hechos: la masacre de Aguas Blancas.
Resaltó que el esfuerzo de los familiares y organizaciones independientes por lograr que ese lamentable hecho no quede impune ha sido ejemplar.
Luego aseveró que en tiempos recientes han sido testigos “impávidos e impotentes de crímenes políticos que no por aislados, son ajenos a aquellos sucesos, más bien confirman que las ejecuciones extrajudiciales y los crímenes de lesa humanidad son una variante de aquellas matanzas que hoy todavía nos conmocionan, nos duelen y nos causan profundo estupor”.
Y afirmó: “Y a todos esos episodios los cruza una línea común, la impunidad”.
“Sirva esta fecha para guardar un minuto de silencio por los caídos en la búsqueda de un Guerrero justo, igualitario y democrático, apelando porque la violencia de Estado que aplasta a la disidencia, mediante asesinatos, sea erradicada”, finalizó.

Diálogo con organizaciones sociales: Carlos Álvarez

En esta misma sesión, el zeferinista Carlos Alvarez propuso crear una comisión especial de diálogo con organizaciones sociales para la reconciliación en el estado, aunque dijo que esta proposición la presentará de manera formal en la próxima sesión a través de un punto de acuerdo parlamentario.
Al intervenir en relación a la sentencia de la Suprema Corteque liberó a los dirigentes de Atenco, Álvarez dijo que en Guerrero se tienen problemas sociales similares a éste, y por ello se pronunció porque el Congreso local nombre una comisión especial para revisar el caso de la construcción de la presa La Parota, “porque mientras exista un sólo campesino que esté en contra de las acciones de esta obra no se avanzará”.
Abundó que dicha comisión deberá investigar a profundidad el tema, y debe intervenir para analizar otros casos que tengan que ver con la detención de luchadores sociales, como Máximo Mójica, María de los Ángeles Hernández, Santiago Nazario y Raúl Hernández Abundio.
Además hizo un llamado a todas las organizaciones sociales y sindicatos a participar en un debate con la sociedad que esté interesada en encauzar por un camino de paz y democracia la vida política que hoy se ve amenazada por muchos factores, entre ellos la falta de acuerdos entre la clase política.

Amenaza el crimen al Estado: Leyva Mena

Sobre el asesinato del candidato de su partido a gobernador de Tamaulipas, Roberto Torre Cantú, el priísta Marco Antonio Leyva Mena afirmó que “la delincuencia organizada amenaza las estructuras del Estado con su violencia brutal, salvaje, inhumana, que arrastra dolor y luto a los hogares de México, carcomiendo el tejido social y destruyendo así, los hilos de la gobernabilidad”.
Dijo que el asesinato de Torre Cantú es la consecuencia de una política pública mal aplicada. “Es la vorágine de una decisión que afecta a todos los mexicanos. Es una guerra de baja intensidad, no avisada, no declarada, donde los ciudadanos quedaron en medio del fuego cruzado, inermes, indefensos, combatida en un escenario mal elegido y que ha traído como consecuencia 22 mil 700 muertes en lo que va del sexenio”. 

 http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=83393