Dan informe a organismos internacionales sobre derechos humanos del estado

Organizaciones: persisten amenazas contra defensores de garantías

Critica Barrera Hernández que en la entidad haya 178 activistas con medidas cautelares

CITLAL GILES ( )

Chilpancingo, 1° julio. Durante el informe sobre la situación de los derechos humanos en el estado, organizaciones sociales denunciaron ante organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, nuevas amenazas contra defensores de derechos humanos y la falta de medidas cautelares para desempeñar su trabajo.
El presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, criticó que en el estado haya 178 defensores con medidas cautelares y señaló que tal situación refleja que en el estado no hay garantías para la defensa de los derechos humanos.
Barrera reprochó que las autoridades estatales se niegan a dialogar con las organizaciones, y contrario a eso, dijo, los llaman delincuentes o luchadores sociales.
De igual forma, las organizaciones sociales presentes pidieron la liberación inmediata de Raúl Hernández, pues a pesar de que ya se demostró su inocencia, sigue preso en el penal de Ayutla. En este sentido, la directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Silvia Castillo, pidió al presidente del Tribunal Superior de Justicia que no se ve reflejado en los hechos la disposición que dice tener y le solicitó que emita pronto un el fallo favorable para Raúl.
A la conferencia asistieron la representante de la Fundación para el Debido Proceso Legal, Emilie Joly; la directora del área jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH), Luisa Pérez; el Jefe de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), Héctor Pérez, el visitador estatal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero, Hipólito Lugo Cortés y la representante del Tribunal Superior de Justicia.
Por parte de las organizaciones estuvieron Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Coelctivo Contra la Tortura y la Impunidad así como el Centro regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
Aunque a la conferencia también estuvieron invitadas autoridades del gobierno del estado, así como del Poder Legislativo, éstas no asistieron.
“Este ha sido el gran problema que tenemos en Guerrero, las autoridades no dialogan con la sociedad civil, no están acostumbradas a sentarse y poder plantear los asuntos que más nos afectan”, lamentó Abel Barrera.
Agregó que en materia de defensa de los derechos humanos, aunque lo han planteado desde hace varios años, no han tenido respuesta.
En Guerrero, dijo, hay un desfasamiento por parte de las autoridades del estado en cuanto al respeto de los derechos humanos, y criticó que en el estado no existen garantías para ejercer la defensa de los derechos humanos, pues destacó que hay un total de 178 defensores y defensoras con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De igual forma que desde hace más de un año, la oficina de Tlachinollan en Ayutla continúa cerrada por falta de garantías o bien el tener que apelar a organismo internacionales para poder tener una investigación certera y poder tener acceso a la justicia, porque en el estado o en el país no existe esta procuración.
Barrera Hernández dijo que exigir el respeto a los derechos humanos ha costado muertes, desapariciones, encarcelamientos injustos como la muerte de Raúl Lucas y Manuel Ponce así como el encarcelamiento de Raúl Hernández Abundio.
En este sentido, solicitó la liberación inmediata e incondicional del indígena me’phaa, “se ha probado su inocencia y esperamos que el Tribunal Superior de Justicia tome en cuenta esta situación”.
De igual forma, Silvia Castillo se refirió también al caso de Raúl Hernández y aprovechó la presencia de la representante del TSJ para solicitarle emita un fallo favorable en los próximos días.
Y destacó que una prueba de esa voluntad y disposición que dice tener el presidente del TSJ es precisamente dando el fallo a favor de Raúl Hernández y dicte su libertad inmediata.
Las amenazas
Barrera destacó que de diciembre del año pasado a la fecha, se tienen registradas nueve denuncias por amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos.
Dichas amenazas son contra integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) como los familiares de Inés Hernández, de Valentina Rosendo Cantú, de Obtilia Eugenio Manuel, así como algunos integrantes de Tlachinollan.
Las amenazas, detalló, van en el sentido de minar las acciones de defensa y de protesta contra las autoridades “son de ya párale, ya dejen de seguir denunciando porque te puede pasar algo peor y cosas por el estilo”.
Destacó que la situación se agravó cuando Inés y Valentina estaban a punto de presentar sus casos ante la Corte Interamericana y criticó que en lugar de que se calme esta situación de indefensión, se está incrementando, pues hay mayor agresión hacia los defensores y defensoras sobre todo en Ayutla y La Montaña.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/07/02/index.php?section=sociedad&article=005n1soc