Los próximos gobiernos municipales
A un mes de que principien los 81 gobiernos municipales en nuestro estado, me parece un buen momento para reflexionar sobre la importancia que tiene la integración de sus administraciones con personas capaces, honestas y con vocación de servicio, entre otras cualidades, y no el grupo de individuos que deben su cargo sobre todo al cultivo de relaciones personales y políticas, y aun peor cuando se consiguen los puestos públicos por el parentesco con quienes deciden. Aquí cabe preguntarnos: ¿por qué los empleados municipales no pueden ser directamente dependientes de quienes legítimamente triunfaron en los procesos electorales? ¿Acaso no es parte la gestión pública del sano intercambio democrático?
No sólo no es parte, sino que la politización del sector público municipal es uno de los elementos que más inciden para lesionar la efectividad, la transparencia, la honestidad de los ayuntamientos, como lo hemos visto de manera reiterada en muchos de éstos, particularmente entre los más importantes: Acapulco, Zihuatanejo, Iguala, Chilpancingo, Taxco y Chilapa. Por ello, es necesario que en esta oportunidad que ofrece el cambio de gobiernos municipales se trace una línea clara entre la política y la administración dentro de los mismos. Hay estudios recientes que enseñan las bondades de formar una barrera entre la esfera política y la administrativa, al igual que entre los procesos de toma de decisiones y su ejecución, pues esto se beneficia de la imparcialidad política. Así, los gobiernos municipales que cuentan con administraciones menos politizadas ofrecen sus servicios públicos como la recolección de basura, agua potable y alcantarillado, vialidades y seguridad de forma más eficiente y, al mismo tiempo, con menores niveles de corrupción.
El problema más relevante no es que los nombrados por afinidad política o parentesco tengan menos capacidad para desempeñar un cargo que los funcionarios de carrera o profesionistas, aunque esto es evidente; sino que el número elevado de los primeros da lugar a incentivos negativos que afectan a toda la estructura administrativa municipal. Los que están arriba: alcaldes, síndicos, regidores, secretarios, no tienen el tiempo ni los incentivos suficientes para invertir esfuerzos en obtener los conocimientos para gestionar de manera eficiente el área bajo su responsabilidad. Por otra parte, quienes están abajo y no forman parte del partido o de la corriente ideológica gobernante carecen de incentivos para ofrecer su mejor esfuerzo e intentar mejorar en la jerarquía organizativa. De esta forma, en vez de tener buenos resultados, cunde la desmoralización entre los empleados y se prohíja el cultivo de las relaciones políticas y personales entre ellos.
Ante este panorama que presentan prácticamente los 81 gobiernos municipales en Guerrero, la mejor forma de integrar las futuras administraciones sería con el servicio profesional de carrera (SPC) que se aprobó en México en 2003. El SPC puede ser una herramienta institucional efectiva para tener una burocracia profesional y competente, por al menos dos razones. En primer lugar, por utilizar incentivos positivos: estabilidad en el empleo, oportunidades para mejorar en la estructura jerárquica y buenos salarios; también habría incentivos negativos, como las sanciones y las evaluaciones. Por otro lado, porque implica procesos de socialización que en algún punto dan premios y castigos “morales”, lo cual es fortalecido, ya sea por la ética profesional o por el grupo de participantes del SPC, más que por los superiores jerárquicos.
Esta experiencia del SPC en otros países ha mostrado que es muy útil gracias a la certidumbre laboral, al ingreso y a la promoción por méritos, y a la capacitación técnica permanente y general. Por todo esto, el servicio civil ayuda a reducir la corrupción gubernamental, promueve la estandarización de procedimientos como garantía de legalidad y trato igual a los ciudadanos, contribuye a la búsqueda del interés general y la visión de largo plazo en las políticas públicas; desarrolla una memoria institucional de las políticas públicas que ayuda a acumular esfuerzos a lo largo del tiempo y mantener los aspectos positivos de estas políticas, así como la provisión continua de los servicios aunque se dé la alternancia en el gobierno; no menos importante es que incrementa la cooperación y coordinación entre los tres niveles de gobierno.
También es pertinente comentar que el servicio profesional permite la posibilidad de un arreglo funcional entre burócratas y políticos, con el cual ambos pueden tener un papel constructivo por cumplir funciones específicas, pues los políticos asumen la dirección, y los burócratas, la experiencia administrativa en las políticas públicas a ejecutar.
Esta profesionalización también implica la seguridad pública, ámbito en el que, por las circunstancias que vive la entidad, urge que se cumpla puntualmente con la acreditación de las policías, y en el que, debemos reconocer, estamos muy atrasados, porque la mayoría de los más de 7 mil 300 agentes municipales no cumplen este requisito.
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