EDITORIAL
EL CHARCO INTERNACIONAL
El 7 de junio de 1998 ha quedado inscrito con letras de sangre en la historia del estado de Guerrero.
La madrugada de ese día, un importante contingente del Ejército irrumpió en la primaria Caritino Maldonado Pérez, de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla, y disparó contra indígenas que pernoctaban en ese lugar en vísperas de una asamblea comunal que tenían programada para los dos días siguientes.
En esos hechos murieron 11 campesinos y varios más fueron detenidos, y se informó por primera vez de la existencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una de cuyas células habría pernoctado con los campesinos, según la versión oficial.
Después de que el Ejército se retiró, la Procuraduría de Justicia de la entidad, encabezada por su entonces titular, Servando Alanís Santos, tomó las riendas de la investigación y produjo, cosa curiosa, no detenciones contra los militares que habían disparado a los campesinos, sino órdenes de captura contra los agredidos, entre ellos los universitarios Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, que años después fueron liberados al considerarlos un juez inocentes de los cargos que se les imputaron.
Ahora, ese caso ha sido presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casi como preludio de su presentación en la Corte Interamericana, dependientes ambas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Como los casos anteriores de violaciones a derechos humanos de mexicanos (específicamente guerrerenses) que se han dilucidado en este tribunal, es de esperarse que el Estado pierda la partida y nuevamente sea condenado.
Sin embargo, en El Charco hay un ingrediente que no tuvieron los otros (el de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, de Rosendo Radilla y de los ecologistas de Petatlán): en este caso, directamente la Procuraduría estatal (en el gobierno interino de Ángel Aguirre) tuvo toda la investigación a su cargo, y no hizo absolutamente nada para enjuiciar a los militares involucrados. Si actuó con razón, la Coidh validará su actuación; si no, tendrá que asumir el costo histórico de lo que hizo.
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