giovedì 29 marzo 2012

CNDH: hay en el caso Ayotzinapa elementos para el juicio político

Presenta el organismo 30 recomendaciones por los hechos del 12 de diciembre

CNDH: hay en el caso Ayotzinapa elementos para el juicio político

Pide comisionar un grupo especial que vigile el proceso contra López Rosas, Arriola y Almonte
LUCIANO TAPIA
 MARGENA DE LA O ( Corresponsal y reportera)
En la presentación de la recomendación sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, en la ciudad de México, relacionada con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, conocidos como Caso Ayotzinapa, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que se encontraron pruebas de que policías ministeriales de Guerrero dispararon, pero también policías federales; que el entonces procurador mintió, al igual que el comisionado de la Policía Federal, y que sí hay elementos para que el Congreso local abra juicio político a funcionarios y ex funcionarios que participaron en los hechos.
La CNDH emitió un total de 30 recomendaciones sobre el caso; entre ellas, al gobernador, para que atienda con diálogo las demandas sociales que se presentan con frecuencia en la entidad; y a él y el secretario de Seguridad Pública Federal, y el Congreso local, para que colaboren en las demandas que se presentarán en la PGR, y en los juicios políticos contra los responsables.
Una de las once dirigidas al gobernador Aguirre le pide comisionar un grupo especial que esté atento en todo momento a los procesos contra el ex procurador Alberto López Rosas, el ex secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja y el ex subsecretario de Prevención y Orientación Policial Ramón Arriola Ibarra para que deriven en la resolución que a derecho corresponda.
Destacó Plascencia Villanueva que la CNDH cuenta con elementos que permiten probar violaciones graves a la libertad de reunión y, como consecuencia, a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, libertad personal y trato digno.
Indicó que el expediente del caso está integrado por 15 mil 590 fojas divididas en 21 tomos. Detalló que con base en los principios del manual se comprobó en documentos eficaces que hubo tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los estudiantes detenidos, además de privación ilegal de la libertad y fabricación de delitos.
Dijo que el uso de la fuerza por las autoridades a cargo de cumplir y hacer cumplir la ley en una manifestación pública tiene límites, y no debe ser medio de represión ni excusa para la persecución penal.
Precisó que durante el operativo participaron 73 policías ministeriales del estado, de los cuales 26 iban armados; que es un hecho que la Policía Ministerial no está facultada, ni preparada, para contener manifestaciones públicas, y que se dispararon 22 armas de la Policía Federal, una de la Ministerial y una de la Estatal.
Se observó que en la operación del 12 de diciembre intervinieron 168 servidores públicos, 61 de la Policía Federal; 73, de la Policía Ministerial, y 34 estatales. De ellos, 91 portaban armas de fuego, y no hubo indicios de que los manifestantes tuvieran armas.
Dijo que la CNDH hace un pronunciamiento especial respecto de la posición que guardaron en este caso el ex comisionado general de la PFP y el gobernador del estado, quienes –según los informes que rindieron– mostraron falta de la debida diligencia que debieron emplear.
Al hablar sobre las balas que privaron de la vida a los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, dijo que se utilizaron armas de las conocidas como cuerno de chivo. También resultaron heridas otras cinco personas, entre ellas un chofer.
Una de las recomendaciones es indemnizar a las víctimas y sus familiares por los daños.
Otras recomendaciones dirigidas al gobernador destacan que, dadas las condiciones de esa entidad federativa, en la que permanentemente hay expresiones de la sociedad debidas a necesidades colectivas, y siempre que no se vulnere la ley, debe privilegiarse el dialogo y el respeto de los derechos humanos.
Otra es que atienda las necesidades de las escuelas normales en el estado, especialmente la Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa; que aplique un programa que garantice la seguridad de esa institución educativa y salvaguarde la integridad de su personal.
También hizo dos recomendaciones al presidente de la mesa directiva de la LIX legislatura del Congreso del estado: la primera pide tomar las medidas adecuadas para garantizar que se atiendan de manera oportuna las necesidades de las escuelas normales en Guerrero; la segunda, que a partir de que se haga pública esta recomendación por violaciones graves a los derechos humanos, colabore en el trámite del juicio político que se emprenda contra el ex procurador de justicia y el ex secretario de Seguridad Pública.
El presidente de la CNDH sostuvo que tiene facultad para pedir juicio político al gobernador.
Acepta el gobierno del estado
El gobierno del estado aceptó la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso Ayotzinapa, además de que asume las observaciones porque le interesa llegar a la “verdad histórica de los hechos” del 12 de diciembre, se lee en un comunicado que difundió el Poder Ejecutivo en su portal oficial en Internet.
La dirigencia estudiantil de Ayotzinapa aseguró que mañana (miércoles) a las 11:00 horas dará su postura.
Al ex procurador Alberto López Rosas también se le pidió alguna reacción, y pidió tiempo: “todavía no estoy en condiciones, estoy analizando (la recomendación) con mis abogados”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/03/28/index.php?section=politica&article=003n1pol

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