EDITORIAL
AGRESIONES A PERIODISTAS
Ya se ha vuelto un tópico demasiado común el decir que los periodistas en el país, y particularmente en Guerrero viven bajo constante riesgo de su integridad física. México es el país –que no se encuentra en guerra, al menos, no en una guerra oficial- más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico, según han evaluado organizaciones internacionales.
En Guerrero, ha quedado claro que no solamente desde las instancias del poder público pueden llegar las amenazas y agresiones, aunque las autoridades incurran en alguna responsabilidad por omisión al no darle seguimiento a los temas que se denuncian.
Hace más de un año que desapareció Marco Antonio López Ortiz, quien era en ese momento jefe de Información de Novedades Acapulco, sin que hasta hoy la Procuraduría General de Justicia de la entidad haya dado ningún informe respecto al avance de las investigaciones; y, en cambio, ha dejado correr la presunción de que no está investigando nada, algo que por cierto los familiares del comunicador han denunciado reiteradamente.
La semana pasada, la corresponsal de La Jornada Guerrero en Zihuatanejo, Hercilia Castro, presentó denunció ante la Procuraduría General de la República una serie de amenazas que ha estado recibiendo vía telefónica e incluso la incursión en su domicilio de personas que expresamente la buscaban a ella.
Para poder presentar la denuncia, funcionarios de la PGR la citaron en Acapulco, y sólo accedieron trasladarse a Zihuatanejo cuando Article 19 y el Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos le reclamaron que debía presentarse personal suyo en aquel municipio, y no al revés.
El miércoles, presuntos profesores de la Secundaria Federal 9, de Renacimiento, en Acapulco, agredieron a golpes a reporteros que acudieron a recabar información sobre el secuestro del director de ese plantel. Lo hicieron con alevosía e impunidad, y con la ventaja de ser varios contra uno.
Hasta el momento, en ninguno de los tres casos las autoridades han hecho nada por, siquiera, mandar el mensaje de que protegerán a los periodistas o que sancionarán a sus agresores. Es la impunidad, al final de cuentas, el caldo donde se cultiva la violencia y la agresión a los comunicadores.
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