giovedì 30 agosto 2012

La Policía Comunitaria viola garantías y derechos, dice el titular del Poder Judicial


Comienzan reuniones para explicar las leyes a la CRAC

La Policía Comunitaria viola garantías y derechos, dice el titular del Poder Judicial

MARGENA DE LA O ( )
Chilpancingo, 29 de agosto. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jesús Martínez Garnelo, y la procuradora de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal, aseguraron que la ley no se negocia y que el único arreglo con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) sería una mesa de explicación para que sus líderes conozcan los alcances del sistema comunitario.
Martínez Garnelo aclaró que el Poder Judicial emprendió ayer (martes) las pláticas con la CRAC para analizar la detención tanto del coordinador comunitario como del juez y los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Mencionó que los encuentros entre la CRAC y los poderes no podrían definirse en negociación, porque “estamos viviendo un estado de derecho; nuestro jueces están cumpliendo con la ley, y si hubiera una compulsación con una garantía, yo creo que habría los recursos. Nadie está por encima de la ley”.
Siguió: “respetamos a las etnias, respetamos los usos y las costumbres y derechos, pero, sobre todo, debemos respetar, más que otra cosa, la ley”.
Aseguró que el juez aprehendido por los policías comunitarios sólo cumplió su función de liberar la orden de aprehensión contra uno de los coordinadores de la CRAC.
La PGJE detuvo ayer a Máximo Tranquilino Santiago, uno de los 10 coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), por el supuesto delito de privación ilegal de la libertad, y, en respuesta, la Policía Comunitaria aprehendió a Filomeno Vázquez Espinosa, juez mixto de primera instancia; José Luis Bernabé, secretario de acuerdos penales de primera instancia; Omar Sandoval León, agente titular del Ministerio Público (MP), y Napoleón Hernández, agente auxiliar del MP.
Martínez Garnelo comentó que sabe de la Ley 701 de los pueblos originarios, pero, aseguró, no es suficiente para que la justicia comunitaria determine acciones como la de ayer, “porque se están violando garantías y derechos”.
Consideró que pudo tratarse de una falta de comunicación el problema con la CRAC, y dijo que a ese organismo se le explicará puntualmente cuáles son los alcances que tienen su ley (721) y “nuestro código penal”. Pero admitió que apenas leería la Ley 701 para conocerla con precisión.
La procuradora, por separado, aclaró que la Policía Ministerial del Estado (PME) no se confundió en detener a Máximo Tranquilino Santiago, que sólo ejecutó una orden de aprehensión, “y por eso ellos (los integrantes de la Policía Comunitaria) se indignaron y reaccionaron de esa manera”.
Pidió a los miembros de la CRAC que “ubiquen” cuál es la justicia penal y cuáles son los usos y costumbres, en relación al sistema penitenciario.
La Policía Comunitaria ha sido determinante para abatir la incidencia delictiva en las comunidades de Costa Chica y La Montaña, en las que tiene influencia; incluso ha intervenido en asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada.
La procuradora exhortó a la Policía Comunitaria a comprender los panoramas, porque, según comentó, su actitud podría desencadenar un conflicto social.
A diferencia del Poder Judicial, aclaró que su dependencia todavía espera la indicación de la CRAC para instalar las mesas de negociaciones.

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