Corporaciones de EEUU financian fraude de carbono en Europa Por Stefano Valentino *
El
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto sobre el cambio
climático terminó gestando un incentivo perverso que adquirió
proporciones de estafa en Europa.
BRUSELAS,
30 abr (Tierramérica).- Grandes corporaciones de Estados Unidos, como
Dow Chemical, ConocoPhillips, Chevron y Cabot Corporation, se han
servido de un cuestionado negocio de créditos de carbono para compensar
en el papel su contaminación climática en Europa, muestra la siguiente
investigación.
Dow fue la principal compradora. La empresa posee
fábricas de productos plásticos y químicos que emiten dióxido de carbono
en Alemania, Bélgica, España, Holanda y Polonia. Juntas ocupan el lugar
21 entre los 100 principales compradores europeos de certificados de
reducción de emisiones de carbono (CRE) originados en 19 proyectos de
dudosa legitimidad.
Las generadoras de energía afincadas en la
Unión Europea (UE), algunas de ellas subsidiarias de compañías
estadounidenses, están obligadas a reducir su contaminación de gases
invernadero –que recalientan la atmósfera–, adoptando tecnologías más
limpias o compensando sus emisiones mediante la compra de CRE.
Las
empresas encuentran más barato compensar sus emisiones que reducirlas
realmente. Y, por las debilidades de las normas europeas, pueden
hacerlo.
Los CRE se libran en el marco del Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, único tratado
internacional que obliga a las naciones industriales signatarias a
reducir su contaminación climática.
Cada CRE equivale a una
tonelada de dióxido de carbono que no fue arrojada a la atmósfera. Y se
entrega a favor del responsable de un proyecto aprobado, tras certificar
que la reducción realmente se efectuó. Luego puede generar instrumentos
comercializables, sujetos a las leyes de la oferta y la demanda.
El
MDL fue creado por la Organización de las Naciones Unidas para que los
países industriales subsidiaran la mitigación del cambio climático en
las naciones en desarrollo. Pero terminó creando un incentivo perverso
usado para maximizar las ganancias de un puñado de manufactureras de
gases industriales, la mayoría localizadas en India y China, que
obtuvieron esos 19 proyectos.
La china Jiangsu Meilan Chemical y
la india Navin Fluorine International, entre otras, se comprometieron a
capturar y destruir HFC-23, un residuo de la producción del gas
refrigerante HFCF-22 (hidroclorofluorocarbono), prohibido en la Unión
Europea y Estados Unidos porque agota la capa de ozono.
El
HCFC-22 es además un súper gas de efecto invernadero, 1.810 veces más
potente que el dióxido de carbono, y su subproducto HFC-23 lo es 11.700
veces más.
Pero las empresas indias y chinas terminaron
produciendo más de ese gas y recibiendo muchos más CRE que los
necesarios, según una investigación del panel de expertos en metodología
del MDL.
En junio de 2010, las organizaciones no gubernamentales
ambientalistas CDM Watch, con sede en Bonn, y Agencia de Investigación
Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), con sede en Londres,
descubrieron este flagrante mal uso del MDL y suministraron pruebas.
"Los
certificados de HFC-23 no representan verdaderas reducciones de gases
invernadero", dijo por correo electrónico Diego Martínez-Schuett, de CDM
Watch. "Y sus compradores usaron esas falsas reducciones como permisos
para contaminar más en Europa".
Los 19 proyectos de destrucción
de gas industrial aprobados por el MDL acumularon casi 500 millones de
créditos por valor de 3.300 millones de dólares. Casi 90 por ciento de
ellos inundaron la UE, y constituyen más de la mitad del total de
compensaciones de emisiones del bloque.
Entre 2009 y 2010, las
corporaciones estadounidenses adquirieron casi un millón de créditos de
HFC-23 a un precio promedio de 16 dólares por unidad. Desde entonces
"gastaron" al menos 16 millones de dólares en presuntas reducciones de
emisiones.
La misma conducta siguieron sus competidores europeos,
como las británicas BP y British Shell, la alemana RWE, la noruega
Statoil, el grupo ítalo-español Enel y la francesa EDF.
Las 10
compañías transatlánticas más conocidas de las que cotizan en la
principal plaza bursátil mundial NYSE-Euronext, ingresaron 254 millones
de dólares en estos falsos créditos, sin contar los datos de 2011, aún
no publicados.
En junio del año pasado, los reguladores europeos
decidieron prohibir estos CRE, pero la medida solo será efectiva a
partir de mayo de 2013. "La UE recibió presiones de los inversores para
posponer la prohibición, inicialmente prevista para el 1 de enero de
2013", dijo la activista Natasha Hurley, de la EIA.
Mientras
tanto, la puerta sigue abierta para que Dow, Shell y demás empresas
contaminadoras adquieran otros 53 millones de falsos CRE.
Las
empresas estadounidenses aseguran que ignoraban la naturaleza ilegítima
de los créditos de HFC-23 antes de que la UE los descartara.
Lo
que importa ahora es "qué van a hacer los compradores de esos CRE para
legitimar sus medidas de compensación", interrogó Rob Elsworth, de
Sandbag, una organización no gubernamental que investiga la integridad
del comercio de emisiones y que sumó las cifras usadas en este artículo
para mostrar la implicación de las empresas.
La pregunta fue formulada a varias de esas empresas.
"En
los últimos años, usamos esos CRE para cumplir", respondió el
responsable de comunicación de la filial de Dow en Bélgica, Holanda y
Luxemburgo, Drea Berghorst. "Vamos a seguir cumpliendo las normas, lo
que significa que dejaremos de usar los CRE de gas industrial en abril
de 2013", agregó.
Chevron y Cabot respondieron de modo similar,
sin descartar la opción de comprar más créditos de HFC-23 mientras estén
en circulación.
"Chevron respetó y seguirá respetando todos los
aspectos requeridos por las normas europeas de comercio de emisiones",
dijo Sean Comey, asesor de medios en la sede mundial de la empresa, en
California. La corporación se valió de estos créditos para compensar
emisiones de los yacimientos marinos de petróleo que explota en Gran
Bretaña.
"Trabajamos con un prestigioso agente financiero, JP
Morgan, para comprar esos CRE y ordenamos que todos fueran certificados y
validados", respondió Vanessa Apicerno, especialista en relaciones con
los medios de la sede central de Cabot, en Boston.
Esta
corporación usó los CRE para compensar la contaminación que generan sus
manufacturas de negro de carbón y termoplásticos en Francia e Italia.
ConocoPhillips, que empleó los créditos para sus refinerías en Gran
Bretaña y Noruega, no quiso hacer comentarios.
Ahora más que
nunca, las empresas tienen buenas razones para usar dinero de
accionistas en inversiones que agravan el cambio climático.
De
hecho, los intermediarios están intentando vender a la carrera los
remanentes de estos CRE antes de que se vuelvan basura en 2013, y
empujan los precios a la baja. En febrero las cotizaciones eran de
apenas seis dólares la tonelada, después de haber alcanzado un pico de
33 dólares.
"Las empresas buscan la forma más barata de cumplir
las normas. Los actores del mercado son libres de tener sus
consideraciones éticas sobre cómo actuar ante el cambio climático, pero
el sistema se rige por la economía", opinó Richard Chatterton, analista
en la materia de Bloomberg New Energy Finance.
Las estadísticas muestran que la diferencia de precios importa más que la calidad del certificado.
"Los
CRE comunes (como los de HFC-23) todavía constituyen más de 95 por
ciento de los volúmenes comerciados a futuro", aseveró Sara Ståhl,
directora de mercados globales de Green Exchange, una operadora bursátil
dedicada a derivados ambientales. "Y son apenas 46 centavos de dólar
más baratos que nuestros CRE plus futuros (no HFC-23)".
Considerando
la cantidad adicional de CRE inflados admitida por la UE hasta el año
próximo, se puede estimar que el ahorro para el mundo empresarial será
de unos 24 millones de dólares. La verdadera discusión es si salvar
estas monedas vale más para las corporaciones que salvar el mundo real
del recalentamiento.
* Publicado en acuerdo
con Freereporter http://www.freereporter.info. Esta investigación contó
con apoyo del Fund for Investigative Journalism y la Society of
Environmental Journalists.
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