El gobierno de México “viola reiteradamente los derechos de las comunidades”: académicos
Piden a trasnacionales respetar acuerdos firmados ante la ONU
Chilpancingo, 2 de agosto. Investigadores de la Universidad de Fordham, en Nueva York, Estados Unidos, recomendaron a los países de donde son las empresas que tienen megaproyectos (presas y minas) en estados como Guerrero, Oaxaca y Nayarit, a respetar los acuerdos pactados ante la ONU y evitar daños sociales, económicos y políticos en las comunidades.
De acuerdo con información emitida por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), durante la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que se celebró el domingo en Salsipuedes, Acapulco, se dio a conocer el informe “Han destruido la vida de este lugar: Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y daños ambientales en México”.
Los investigadores de la Clínica Internacional de Derechos Humanos Walter Leitner, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, durante una gira por México en febrero de este año, documentaron cuatro proyectos: la Supervía Poniente, en la Ciudad de México; la presa El Zapotillo, Jalisco; la mina Fortuna Silver, en San José del Progreso, Oaxaca, y la mina New Gold, en el cerro de San Pedro, San Luis Potosí, además de investigar sobre el proyecto hidroeléctrico La Parota y la presa Paso de la Reina, en Oaxaca.
En los resultados de dichas investigaciones concluyeron que el gobierno mexicano “viola reiteradamente los derechos de las comunidades a participar en el proceso de planeación del megaproyecto”, por no permitir el derecho de consulta y participación, así como y el derecho a la información y saber sobre el proyecto y su impacto.
Además indicaron que residentes de estas comunidades, defensores ambientales y de derechos humanos, han sufrido amenazas, acoso, ataques e incluso algunos han sido asesinados por su oposición a los proyectos.
Según el informe, estas violaciones tienen lugar en un contexto de violencia e impunidad “favorecido y tolerado por autoridades a nivel federal y estatal, quienes no cumplen con su deber de castigar a los responsables de estos crímenes. Empresas con sede en México, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea invierten en tales proyectos y son a menudo cómplices en dichas violaciones”.
De igual forma, el informe detalla que la Clínica constató la falta de consulta adecuada a las comunidades sobre los planes del proyecto y para proveerles información sobre el impacto previsible del mismo. El informe detalla cómo las comunidades no son informadas sobre cómo se verán afectadas por el proyecto, si se verán forzadas a desplazarse y el impacto de los daños ambientales que causará.
Invitaron a las empresas trabajando en México a “operar con el mismo grado de cuidado y respeto hacia las comunidades locales tal y como lo harían en sus países de origen, y a cumplir con todos los requisitos legales aplicables”, detalla la recomendación.
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