giovedì 21 luglio 2011

Se cae acusación de que hijo de ecologista asesinado transportaba armas y droga

A pesar de pruebas de su inocencia, los procesaron: FODEG

Se cae acusación de que hijo de ecologista asesinado transportaba armas y droga

FERNANDO HERNÁNDEZ ( Corresponsal)
Iguala, 19 de julio. No se encontraron huellas de Joel Santana Villa, hijo del campesino ecologista asesinado Rubén Santana Díaz, en los paquetes de mariguana y las armas con las que efectivos del Ejército Mexicano supuestamente los detuvieron en un paraje de la sierra de Coyuca de Catalán.
De acuerdo con un peritaje practicado por el perito en dactiloscopia, Felipe Sandoval Nava, se concluyó que “no se encontraron huellas que correspondan a los inculpados Joel Santana y Gersaín Olmedo” Nieves, con quien fue detenido el hijo del ecologista.
“Después de haber analizado los dos paquetes envueltos en cinta canela con peso neto de 5 kilos 900 gramos respectivamente, ni en las armas analizadas; siendo un fusil de asalto calibre 7.62 x 39 milímetros y dos cargadores y cartuchos, así como una pistola 9 milímetros marca Pietro Beretta, cargador y cartuchos útiles”.
El representante del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, señaló que “a pesar de que el estudio prueba la inocencia de los jóvenes, el sábado un juez federal dictó un auto de formal prisión” en contra de los campesinos de la Sierra Madre del Sur.
Sostuvo que hay motivaciones de carácter político en el arresto de Joel Santana y el habitante de la comunidad de Puerto las Ollas Gersaín Olmedo. En esa localidad se han refugiado más de 100 familias, luego de las escalada de violencia en la comunidad La Laguna. “Ha habido una intensa persecución en contra de la familia Santana Villa, que se recrudeció durante el zeferinato”.
Recordó que “primero les mataron a un hijo, y tras ello agentes al mando del ex director de la (entonces) Policía Investigadora Ministerial, Érit Montúfar”, los agredió, lo que motivó que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) emitiera una recomendación en contra del gobierno del estado, por violaciones a los derechos fundamentales de habitantes de las comunidades serranas de Los Gachupines, Hacienda de Dolores y la Laguna”.
Vacíos en la justicia
Martínez Cruz, preso político durante el gobierno interino del gobernador Ángel Aguirre Rivero, criticó el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) al señalar que los peritos adscritos a la fiscalía no han acudido a las comunidades enclavadas en la sierra del estado para “seguir de oficio los delitos que se cometen en estos lugares”.
“Habría que preguntarle al procurador Alberto López Rosas si se están siguiendo por oficio los hechos de violencia en las comunidades de Coyuca de Catalán y Petatlán; habría que preguntarle también cuántas averiguaciones previas ha levantado la Procuraduría por los asesinatos, en contra de la población indefensa”.
Para el luchador social “la impunidad que prevalece al interior de la Procuraduría” favorece que continúen los hostigamientos en contra de las comunidades de las partes más escarpadas de Coyuca de Catalán, por parte de grupos al servicio de los grupos criminales que se disputan los territorios para la siembra, trasiego y comercialización de drogas.



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