Zeferino desdeña los derechos humanos en el movimiento contra La Parota: Red

Zeferino desdeña los derechos humanos en el movimiento contra La Parota: Red


Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández señaló ayer que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, “dentro de su lógica empresarial”, siempre va a estar en contra de los organismos que se solidarizan con los sectores marginados que están siendo víctimas del despojo, como en el caso de los comuneros de La Parota.
El defensor de los derechos humanos respondió así al gobernador, quien el lunes declaró en conferencia de prensa que “respeta” a los organismos internacionales que se oponen a la hidroeléctrica La Parota, pero que “aquí deciden la mayoría de los guerrerenses”.
Olivares Hernández dijo que el problema de La Parota debe verse lo más ampliamente posible, “contextualizado dentro del tema que ahorita se está tratando (en Cancún) que es el del cambio climático”.
Añadió que no es posible que el gobernador no entienda todo el impacto negativo al medio ambiente que se va a provocar dentro de los miles de hectáreas en los que se va a hacer La Parota, “no es posible que no entienda que habrá el desplazamiento de miles de personas, y que se va a cubrir con el embalse de la presa a comunidades con cultura y su patrimonio y que sobreponga sus intereses empresariales a los derechos humanos”.
Y agregó que si las comunidades organizadas que luchan defendiendo sus tierras recurren al apoyo y a la solidaridad internacional, es precisamente porque al interior del país no hay una respuesta favorable, no hay atención hacia las demandas y la postura de los pueblos.
Indicó que es falso lo que dice el gobernador Zeferino Torreblanca que son solamente 50 los que no están de acuerdo con el proyecto, “aquí hay dos cosas: habemos miles de guerrerenses los que no estamos de acuerdo en que se construya este embalse, y se ha demostrado que energía eléctrica hay suficiente y que hay hasta de más”.
Agregó que la presa no va a resolver tampoco el problema de agua en las comunidades que no tienen, porque este tipo de proyectos únicamente llevan como finalidad beneficiar a los grandes empresarios y fraccionamientos exclusivos como Punta Diamante, a donde quieren garantizarle el abastecimiento de agua suficiente, “pero no están pensando en las comunidades”.
Indicó que el gobernador “está equivocado si piensa que los organismos internacionales no tienen nada que hacer aquí para manifestarse en contra de la presa, porque los derechos humanos no tienen barreras ni fronteras”.
Olivares Hernández dijo que a los organismos de derechos humanos les preocupa lo que ha declarado el gobernador en el sentido de que su sueño dorado es colocar la primera piedra de esta presa, antes de que concluya su mandato, “consideramos que esa ya es una obsesión para él”.
Expuso que de alguna manera eso evidencia que los 2 mil 300 millones que aprobó la Cámara de Diputados para el proyecto son para “comprar conciencias y voluntades, para dividir más a la gente que se opone a la construcción de la obra”. 


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