Ciudadanos en E.U., Puerto Rico y México se oponen a los nuevos ajustes
estructurales
Kent Paterson | 10 de noviembre de 2009
Versión original: Facing Economic Crisis, Citizen Organizations in the
U.S., Puerto Rico, and Mexico Fight Back
Traducción por: María Soledad Cervantes Ramírez
Programa de las Américas
www.ircamericas.org
Ahora que los economistas oficiales y la Administración Obama dan por
terminada la recesión y declaran el paquete de estímulos económicos un
triunfo cada vez mayor, el sector empresarial se muestra ansioso por
reanudar la acción en las condiciones habituales. Los bonos a ejecutivos,
los informes positivos de utilidades corporativas, las burbujas de
viviendas y artículos vueltas a inflar, la limpia a las entrañas de la
fuerza laboral y los subsidios gubernamentales a las industrias de la
salud y la energía privadas, todo ello está inyectando renovados destellos
de gloria en la visión de Wall Street.
Manifestacion contra la American Bankers Association en Chicago.
Foto: Labor Beat.
Sin embargo, en muchas partes del continente americano se desarrolla una
historia diferente. Como si el viejo Fondo Monetario Internacional se
hubiera levantado de entre los muertos, los ajustes estructurales y los
regímenes de austeridad están destrozando el paisaje desde Seattle hasta
San Juan, desde Guadalajara hasta Gary, Indiana. El desempleo masivo, las
constantes pérdidas de vivienda por ejecución de hipoteca, los excesivos
impuestos al consumo, los servicios sociales diezmados y las simples
viejas estafas desgarran la estructura de las clases medias y
trabajadoras.
En Estados Unidos, una crisis fiscal masiva está pulverizando la base
social. De acuerdo con el Centro de Prioridades Políticas y
Presupuestales, 48 de 50 estados se enfrentan colectivamente, para el año
2010, a déficits presupuestales de al menos 168 mil millones de dólares.
California es el ejemplo más dramático de la crisis, pero muchos otros
estados, como el pequeño Nuevo México con su amenazante déficit
presupuestal de mil millones de dólares, también se ahogan en números
rojos.
Para compensar los faltantes, dirigentes republicanos y demócratas calan
más hondo en los recursos de las clases trabajadoras encareciendo los
derechos de uso de casi todos los servicios imaginables, elevando las
multas por infracciones de tránsito y dejando que las alzas en
colegiaturas de universidades e instituciones de educación media superior
las vuelvan crecientemente inalcanzables. La crisis presupuestal prepara
terreno fértil para programas privatizadores como el plan de Arizona de
poner a la venta las propiedades estatales y subcontratar la
administración de las prisiones.
En la "liberal" San Francisco incluso ha provocado polémica la aplicación
de políticas agresivas para estacionamientos residenciales. "Este es un
problema de clase", se lee en una declaración de la coalición activista
ANSWER. "los ricos y acomodados no tienen que preocuparse por dónde
estacionarse en esta ciudad pequeña y atestada." Cristina Gutiérrez, del
grupo Barrio Unido, por los derechos de los inmigrantes, añade: "¿Qué se
supone que hagamos? ¿Que salgamos de nuestra casa a cada hora de la noche
a echar monedas en el parquímetro?"
Como siempre, los inmigrantes –sobre todo los indocumentados- se cuentan
entre las víctimas principales de la crisis económica, y el ajuste
estructural en proceso no es ninguna excepción. Concentrados en los
empleos que peor pagan e impedidos de cobrar cualquier asistencia social
que exista, los inmigrantes de bajos ingresos pagan muy caro por impuestos
regresivos, mayores precios en combustibles y alimentos y recortes a la
educación pública, uno de los pocos servicios de que disponen los
indocumentados.
Relegados a un estatus casi infrahumano, hasta ahora a muchos inmigrantes
se les excluye de la propuesta de reforma al seguro de salud que el
Congreso de E.U. está considerando, desentendiéndose de las advertencias
de la profesión médica de que excluir a grupos de personas del sistema
invita a un desastre de salud pública.
La determinación explícita de la administración Obama de ir eliminando la
mano de obra indocumentada, aunque de una manera menos cruda que la
administración Bush con sus redadas cuasi militares en los centros
laborales, lleva a los trabajadores a hundirse más en las sombras y
refuerza una reserva paralela de mano de obra dispuesta a trabajar por
salarios bajos.
Un trío de vacas sagradas sigue intocada por todos los niveles de
gobierno: son Wall Street, el Pentágono y la Industria del
Entretenimiento, en ese orden. En Washington, la prioridad cimera del
presupuesto de defensa de 680 mil millones de dólares la constituyen los
imperativos imperialistas en el extranjero por encima de las necesidades
humanas internas.
Cuando la crisis fiscal se iba acercaba el año pasado, el economista de la
Universidad de Tejas James K. Galbraith propuso que el Congreso rescatara
a los estados reviviendo el sistema de reparto general de los ingresos que
la administración Reagan dio por terminado. Sin embargo es difícil
reasignar recursos cuando millones de millones de dólares se destinan a
rescates sospechosos de Wall Street y miles de millones de dólares fluyen
a la maquinaria bélica y a sus subcontratistas privados.
Muchos legisladores de ambos partidos, sus campañas financiadas por
donadores opulentos, se oponen resueltamente a gravar a los ricos. Los
intereses especiales conservan sus privilegios en medio de la ruina
económica. Por sus últimos éxitos y fracasos de taquilla, Hollywood, por
ejemplo, obtiene exenciones y subsidios fiscales de una lista creciente de
estados. En Nuevo México, los Señores de la Pantalla de Plata tienen tal
influencia que el gobierno estatal cerró una carretera interestatal
durante tres horas para permitir una filmación, furia por el caos vial, y
crecientes emisiones de bióxido de carbono.
La crisis, absurdamente trágica en Estados Unidos, se ve reflejada y
magnificada en el resto de las colonias de Washington y sus estados
dependientes al otro lado de su frontera sur.
Puerto Rico
La protesta en Puerto Rico. Foto: Kiko Carpio/indymediapr.org.
Tomada de España como botín de guerra de E.U. en 1898, la isla caribeña de
Puerto Rico se halla en las convulsiones de una crisis de enormes
proporciones. Un déficit presupuestal de más de tres mil millones de
dólares tentó a la administración colonial partidaria de su integración
como estado a ordenar el despido de más de 20,000 trabajadores del sector
público y a negociar contratos colectivos de trabajo. Aun antes de caer la
guillotina, el desempleo había alcanzado más del 15 por ciento de la
fuerza de trabajo.
La migración a Estados Unidos (los portorriqueños son ciudadanos
estadounidenses, aunque sin el derecho a tener representantes políticos
electos en Washington) ha servido por mucho tiempo como válvula de escapa
para una economía colonial subdesarrollada. Hablando en National Public
Radio, el analista político portorriqueño Juan Manuel García Passalacqua
predijo que si la actual crisis se intensifica, podría desatarse una nueva
la de emigraciones de portorriqueños al continente. A medida que continúan
las deportaciones de trabajadores indocumentados, los portorriqueños
podrían convertirse en mano de obra de remplazo. Como a los mexicanos y
otros inmigrantes latinos, a los portorriqueños históricamente se les han
asignado los empleos más arduos y peor pagados en Estados Unidos.
México
Maifestantes marchan en la Ciudad de Mexico para protestar los
despidos del LFC.
Cuando la recesión económica se inició francamente el año pasado, el
gobierno de Calderón ganó notoriedad por proclamar que México escaparía a
sus peores daños. Pero la dependencia económica de México respecto de
Estados Unidos garantizó el resultado contrario. Despidos masivos
golpearon el sector de maquiladoras para exportación, los ingresos del
turismo se encogieron, las remesas de inmigrantes se desplomaron. El gasto
público y en educación, dependientes de ingresos cada vez menores por
exportación de petróleo, resultaron duramente golpeados. Para el tercer
trimestre de 2009, más de un millón de mexicanos habían perdido sus
empleos.
Para enfrentar la crisis, la administración calderonista y sus aliados
políticos volvieron a los esquemas fiscales regresivos. A pesar del
recorte al presupuesto, la secretaría de gobernación del Presidente
Calderón no halló problema para proponer el gasto de 230 millones de
dólares a lo largo de cuatro años para fotografiar y tomar las huellas
digitales a cada mexicano para que cada uno tuviera una cédula nacional de
identidad.
Elevar la disciplina laboral adquirió importancia a consecuencia de la
crisis mexicana. El despido masivo por el gobierno de Calderón de 44,000
trabajadores electricistas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a
punta de pistola el mes pasado, fue racionalizado como una medida
necesaria de recuperación de costos que conducirá a un renovado
crecimiento económico. De la misma forma en que la administración Reagan
expulsó a los controladores de tráfico aéreo en 1981, ésta ha sido una
dura advertencia a los sindicatos independientes.
La recesión ha acelerado una tendencia al trabajo temporal como la, ahora,
norma laboral. Jorge Barajas, coordinador del grupo defensor de los
trabajadores Cereal en Guadalajara, dijo en entrevista que más empresas en
la industria electrónica regional recurren cada vez más a trabajadores
temporales y a la aceleración de la producción en la línea de ensamblado.
"Las empresas se han aprovechado de la situación para despedir personal y
echar el trabajo en los hombros de quienes quedan", declaró Barajas. "Es
una queja que escuchamos con frecuencia en el Cereal."
Emerge la lucha defensiva
Disimulada en gran medida por los medios oficiales de comunicación, la
resistencia ciudadana está estallando en las tres naciones. En California,
miles de estudiantes y trabajadores universitarios se han manifestado las
últimas semanas en oposición a recortes presupuestales y alzas en
colegiaturas. Con varios edificios universitarios ocupados, el movimiento
es el mayor que ha visitado los campus estatales desde las protestas
solidarias contra el apartheid durante los 1980s. En Nuevo México la
participación de jóvenes fue prominente en una multitud de casi mil
personas que protestaron recientemente contra los recortes a la educación
pública. En Chicago, miles protestaron fuera de la convención de octubre
de la American Bankers Association, con una escalada de plantones ante
compañías aseguradoras realizados por activistas por una reforma en el
sistema de salud.
Rebasando poco a poco las protestas por problemas definidos, mensajes que
dan en el núcleo mismo del capitalismo corporativo están penetrando en la
cultura popular. Testigo de ello es, por ejemplo, el film de Michael
Moore: Capitalism: A Love Story (Capitalismo: Una Historia de Amor), o la
saga de la "Rockerchic" de California Ann Minch, que este año levantó una
revuelta de deudores cuando subió a You Tube un video que tronaba contra
el Bank of America por haber elevado la tasa de interés de su tarjeta de
crédito.
Tras referirse públicamente a los ejecutivos bancarios como "bastardos
malignos y ladrones" Minch obtuvo una reducción de su tasa de interés. El
levantamiento de Minch a través de You Tube, visto cientos de miles de
veces e inspirador de otros videos antibancarios, podría ser el primer
tiro de lo que los nuevos activistas llaman "La Revolución del Deudor
Estadounidense". Para que ésta siga adelante, Minch mantiene un sitio web
y sube videos de seguimiento.
En términos más amplios, la guerra de Minch por Internet contra los
grandes bancos forma parte de los "sitios de irritación" o "sitios de
quejas" desde donde se pincha al Bank of America, Starbucks y otras
corporaciones.
En Puerto Rico grandes multitudes se movilizan. El pasado 15 de octubre,
una huelga general convocada por sindicatos del sector público en protesta
contra despidos masivos se convirtió en la mayor protesta realizada en la
isla en décadas, que atrajo hasta a 250,000 personas según algunos
participantes. Sindicalistas, activistas religiosos, estudiantes y fuerzas
independentistas se unieron para cerrar el negocio en condiciones
habituales.
"Millas y millas llenas de gente", dijo Rubén Solís, organizador sindical
del Southwest Workers Union (Sindicato de Trabajadores del Suroeste) y
activista del movimiento de solidaridad portorriqueño, de la marcha del 15
de octubre en San Juan. "Fue un despliegue de unidad increíble."
De acuerdo con Solís, sobre el movimiento penden amenazas oficiales de
represión.
El mismo día de la huelga en Puerto Rico, otras 300,000 personas marcharon
y se manifestaron en la Ciudad de México en protesta unida contra los
despidos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y las políticas
económicas gubernamentales. "¡No hay solución como la revolución!" coreó
un sector de la multitud. Simultáneamente hubo protestas menores en por lo
menos otras diez ciudades mexicanas. En estos días, cuando México se
prepara para celebrar los aniversarios de la Guerra de Independencia de
1810 y la Revolución de 1910, las movilizaciones de masas encierran
alusiones especiales.
El largo camino por delante
Hasta ahora, los movimientos que resurgen en Estados Unidos, Puerto Rico y
México han sido principalmente respuestas defensivas a ataques contra los
derechos y niveles de vida de los pueblos. Aquí y allá, las protestas
populares están tomando espacios y cambiando los términos del debate.
Temeroso, quizás, de ser conocido como el Grinch que se Robó la Navidad de
2009, hasta el presidente mexicano Felipe Calderón ha reprendido
últimamente a los ricos por no pagar su justa porción de impuestos.
Por necesidad, en las tres naciones los movimientos populares tendrán que
pasar pronto a la ofensiva. Esto implicará desafiar los sistemas fiscales
regresivos, reexaminar los acuerdos de comercio internacionales,
garantizar y expander los derechos laborales, salvaguardar los estándares
ambientales y, finalmente, abordar el problema de los inmigrantes de tal
manera que se protejan los derechos humanos y se promueva el desarrollo
económico sostenible en las comunidades de origen.
Localmente, distintos movimientos están atacando las desigualdades
estructurales. La coalición contra los recortes presupuestales Better
Choices (Mejores Opciones) de Nuevo México, por ejemplo, se está
organizando para revertir los recortes de impuestos estatales típicos de
la era de Bush y eliminar los resquicios legales que permiten a
corporaciones foráneas como Wal-Mart evadir el pago de los impuestos sobre
la renta de Nuevo México. Empero, aun cuando triunfan, tales reformas son
de alcance limitado.
Aunque los movimientos populares en los tres países evolucionarán
comprensiblemente de acuerdo con sus propias y particulares circunstancias
y necesidades históricas, se está volviendo imposible aplicar los cambios
estructurales del status quo globalizado neoliberal, de manera estricta
dentro de fronteras nacionales. Los destinos de México, Estados Unidos y
Puerto Rico se entrelazan de numerosas formas, e incumbe a los movimientos
en los tres países el otorgar toda su importancia al diálogo y a la
cooperación con el objetivo de formular alternativas de alcance
hemisférico al orden económico existente.
Kent Paterson es un periodista independiente que cubre la parte
sudoccidental de Estados Unidos, así como México y Latinoamérica, y es
analista del Programa de las Américas en www.americaspolicy.org.
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