Venganza de Rogaciano y sus aliados, acusar a Javier Torres del caso Álvaro Rosas, dicen organizaciones

Venganza de Rogaciano y sus aliados, acusar a Javier Torres del caso Álvaro Rosas, dicen organizaciones 



Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Como “una gran irresponsabilidad” de parte del Ejecutivo estatal, fueron calificadas las declaraciones del subsecretario para Asuntos Políticos, Israel Soberanis Nogueda en el sentido de que el gobierno del estado no puede otorgar medidas cautelares al ecologista Javier Torres Cruz, por las organizaciones Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y la Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ).
“Soberanis Nogueda miente cuando dice que están garantizadas las libertades y las garantías individuales a todos los ciudadanos”, señalaron Javier Monroy, Luis Muñoz Vázquez y Hercilia Castro en un documento enviado ayer a los medios de comunicación.
Los dirigentes de las agrupaciones se refirieron a las declaraciones del funcionario estatal, quien el lunes declaró que el Gobierno estatal no puede otorgar medidas cautelares al dirigente ecologista, Javier Torres Cruz, a quien versiones extraoficiales señalan que el Gobierno estatal pretende vincularlo con la desaparición del dirigente del PRD en Petatlán, Alvaro Rosas Martínez.
Los dirigentes señalaron que si hubiera libertades democráticas y garantías para todos los ciudadanos, “no habría giradas más de 200 órdenes de aprehensión contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos”.
Agregaron que Soberanis Nogueda “pretende desviar la atención sobre el motivo de la exigencia de medidas cautelares para nuestro compañero Javier Torres Cruz, cuando señala que no existe ninguna acusación formal o directa contra el, por el secuestro del dirigente del PRD de Petatlán, Alvaro Rosas Martínez”.
Luego de detallar la participación de Javier Torres Cruz en la defensa de los recursos naturales de su localidad –La Morena–, en el municipio de Petatlán, Javier Monrroy, Luis Muñoz y Hercilia Castro señalaron que les preocupa que el gobierno mexicano y el del estado de Guerrero se nieguen a otorgarle a “nuestro compañero medidas cautelares, a pesar de que se han solicitado vía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 21 de diciembre de 2008”.
Agregan que en particular el gobierno del estado se ha encargado de obstaculizar su autorización, “argumentado que ya las ofreció a los familiares y lo único que ha hecho es pedir que se presente a declarar Javier Torres Cruz y mientras él no lo haga, no se dará curso a la investigación denunciada ante el Ministerio Público por sus familiares sobre los hechos de detención arbitraria, desaparición forzada, incomunicación y tortura ocurridos el 3 de diciembre de 2008 a manos del Ejército mexicano”.
Los dirigentes de las agrupaciones indicaron que Javier Torres Cruz no tiene ningún vínculo con la desaparición de su familiar, Alvaro Rosas Martínez, “como dolosamente lo ha señalado el Procurador Murueta”.
Asimismo denunciaron que “esa irresponsable intención de involucrarlo, tiene como objeto ejercer la ansiada venganza que Rogaciano Alba espera ejercer a través de sus aliados gubernamentales en contra de la familia Torres y que la negativa de otorgarle medidas cautelares, lleva también la intención de dejarlo en la indefensión y hacerlo vulnerable a las acciones de los sicarios, policías y soldados al servicio de Alba Álvarez”.
En este contexto, las tres agrupaciones demandan “sin pretextos, que el Gobierno de Zeferino Torreblanca otorgue las medidas cautelares correspondientes a nuestro compañero Javier Torres Cruz”.
Asimismo, que el procurador Eduardo Murueta Urrutia “de una explicación coherente de la acusación que hace en contra de nuestro compañero Javier Torres Cruz y en su caso haga un desmentido público y responsable y que en lugar de denostarlo, le brinde la protección legal que corresponde”.
También insistieron en su emplazamiento al gobierno del estado para que “a nombre de los tres niveles de gobierno y de manera inmediata rinda un informe especial sobre el problema de la violencia, la inseguridad pública y la violación de los derechos humanos en Guerrero, que incluya de manera clara las acciones, compromisos y plazos para localizar a los desaparecidos y secuestrados, así como la aprehensión y castigo a los culpables de los asesinatos”.
Piden además, que en éste informe señale las acciones y compromisos “para poner un alto definitivo a la violencia y a la inseguridad y restablecer la paz social en base al respeto de los derechos ciudadanos”. 


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