El anuncio de Mouriño altera la paz, advierten opositores a La Parota

El anuncio de Mouriño altera la paz, advierten opositores a La Parota

Octavio Hernández

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, consideró 
como una provocación y retadoras hacia el movimiento las declaraciones del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de 
que el proyecto hidroeléctrico seguirá en el estado pero con nuevos interlocutores.
En entrevista telefónica, el vocero del Cecop afirmó que el problema no son los interlocutores sino el proyecto en sí, que es el 
que va afectar a las comunidades donde quieren imponerlo porque además son declaraciones que vienen a alterar la paz que ya 
había en las comunidades.
El jueves, en una comida con hoteleros, restauranteros y miembros de organizaciones civiles, n Acapulco, organizada por el 
gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, Mouriño dijo que el proyecto La Parota sigue en pie, y que se hará todo lo posible para 
que se lleve a cabo. Agregó que se buscarán nuevos iterlocutores porque los actuales ya están muy desgastados, y que se tiene el 
presupuesto para la construcción de la presa, que sería benéfica para el estado.
Aunque no mencionó nombres, Suástegui criticó a aquellos grupos que están a favor de La Parota que representan el 5 por ciento 
del total de los afectados porque se venden con dinero, regalos y dádivas por parte del gobierno estatal y de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).
Consideró que Mouriño fue engañado por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo porque él ni siquiera ha tenido contacto 
con los dueños de las tierras donde pretenden construir la presa además que no tiene conocimiento de los juicios que se han 
ganado en el Tribunal Unitario Agrario en los últimos cuatro años.
Sobre el dinero destinado al proyecto hidroeléctrico dijo que desde hace tres años vienen diciendo que ya está listo pero que no 
importa si lo hay o no porque 4 mil comuneros ya votaron en contra en la asamblea realizada el 12 de agosto del año pasado.
Comentó que ese dinero en lugar de utilizarlo en un proyecto que la gente no quiere deberían canalizarlo para la construcción de 
un centro de Salud, un puente y mercado además de proyectos para la siembra de maíz y frijol en las tierras fértiles de las 
comunidades como Cacahuatepec que ocuparía la presa.
“Al parecer quieren el barco lleno privatizando la energía eléctrica con la reforma energética y el agua con el proyecto de La 
Parota”, comentó.
Adelantó que el movimiento en contra del proyecto de La Parota dará a conocer nuevas acciones legales el próximo 12 de agosto, 
aniversario de la asamblea en el núcleo agrario de Cacahuatepec pues ahora están disfrutando de un receso después de cinco 
años de lucha en donde los campesinos descuidaron su ganado, perdieron sus siembras y sufrieron robos.
Señaló que los opositores están reactivando el movimiento haciendo recorridos por la zona de conflicto y los plantones en las 
comunidades de Parotillas, Cruces de Cacahuatepec, Huamuchitos, San José Cacahuatepec y Dos Arroyos.
En tanto, en un boletín firmado por el Cecop y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan manifiestan que el 
secretario de Gobernación pretende ignorar las recomendaciones que los relatores de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Rodolfo 
Stavenhagen y de Vivienda, Miloon Kothari, enviaron al gobierno mexicano en donde lo exhortan a ajustarse a la ley agraria y 
destacan que desde el principio las autoridades federales y estatales encargadas de poner en marcha el proyecto violaron los 
derechos humanos de los comuneros y ejidatarios al no consultarlos sobre la implementación de la obra.
Señalan que Mouriño también intenta pasar por alto el informe que redactó la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene 
Khan, tras su visita a la zona de conflicto en agosto de 2007, y el veredicto que emitió el Tribunal Latinoamericano del Agua en 
marzo de 2006, en donde recomienda la cancelación del proyecto porque no tiene viabilidad ambiental ni social.
En el boletín recuerdan al secretario de Gobernación que existen tres amparos a favor de los comuneros opositores que impiden 
a la CFE entrar a la zona de conflicto para realizar cualquier tipo de obra y trabajo relacionado con la hidroeléctrica.
El Cecop y Tlachinollan manifiestan su preocupación porque “con su postura el secretario de Gobernación no convoca al diálogo 
ni valora los esfuerzos realizados por las partes en conflicto que culminó con la asamblea del 12 de agosto del año pasado y más 
bien abusando de su investidura quiere imponer una línea desde el centro para poder avasallar al Cecop apostándole a una 
nueva correlación de fuerzas y al cambio de interlocutores políticos que supuestamente serán los operadores de la nueva línea 
de endurecimiento implementado por el gobierno federal ante los conflictos sociales”.
Exigen a los gobiernos estatal y federal que respete de manera irrestricta las resoluciones emitidas por el Tribunal Unitario 
Agrario en los juicios 447/2005, 72/2006, 73/2006 y 74/2006, que anulan las asambleas agrarias que otorgaron la anuencia 
para la expropiación y la ocupación previa de las tierras.
Además exhortan al gobierno a que acate las recomendaciones de los relatores de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, de Vivienda, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales así como el respeto al Convenio 169 de la OIT, 
mediante el cual se realizó la consulta del 12 de agosto de 2007.
Además exige que se apegue a la legalidad y respete los derechos humanos y se abstenga de apostarle al recurso de la violencia 
y la no utilización del dinero del erario público para favorecer al capital transnacional, sino a los municipios más pobres del 
mundo que están en el estado de Guerrero. 


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