Piden dos ONG al presidente Calderón la libertad de cinco indígenas me’phaa de Ayutla

Piden dos ONG al presidente Calderón la libertad de cinco indígenas me’phaa de Ayutla



Dos prestigiadas organizaciones no gubernamentales internacionales Front Line, con sede en Bruselas y Dublín, y la
Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México, enviaron cartas al presidente Felipe Carderón Hinojosa para pedir
la libertad de cinco indígenas me’phaa presos en Ayutla, acusados en un expediente lleno de inconsistencias e irregularidades de
homicidio de un informante del Ejército.
Front Line, que se dedica a la protección de defensores de derechos humanos, envió el 30 de mayo un documento en que
manifiesta su preocupación ante la información recibida sobre la detención de Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina,
Raúl Hernández Abundio, Orlando Manzanarez Lorenzo y Manuel Cruz Victoriano, integrantes de la Organización del Pueblo
Indígena Me’phaa (OPIM), que se han dedicado a defender los derechos humanos de los indígenas en su pueblo, El Camalote.
Front Line analiza cómo ocurrieron las detenciones, y considera que el encarcelamiento de los cinco campesinos me’phaa “está
relacionado con el trabajo que hacen en defensa de los derechos humanos, en particular su trabajo para defender los derechos
del pueblo indígena me’phaa”.
La organización solicita a las autoridades mexicanas la libertad de los cinco integrantes de la OPIM, “de manera inmediata e
incondicional, por estar detenidos en base a su trabajo legítimo y pacífico en la defensa de derechos humanos”.
Pide que se abra una investigación imparcial sobre las acusaciones en contra de los integrantes de la OPIM, y que se garantice la
seguridad y la integridad física y psicológica de éstos y de sus familias.
Solicita que se “tomen medidas para poner fin a la intimidación contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en
México, para que puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin represalias, de acuerdo con la
Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.
Destaca que tras su detención el 18 de abril en un retén del Ejército y policías, los cinco indígenas fueron arrestados, con base en
una orden de aprehensión en la que se les acusa del homicidio de un informante del Ejército, Alejandro Feliciano, y fueron
llevados a las instalaciones de la Policía Investigadora Ministerial de Ayutla, donde fueron amenazados y torturados, y el 23 de
abril, el juez les dictó auto de formal prisión, sin tener pruebas y sin haberles tomado declaración.
En una carta firmada por la directora, Mary Lawlor, Front Line expone: “La OPIM ha recibido amenazas durante años. Estas
amenazas se han intensificado desde que la organización empezó a buscar justicia por la violación sexual de dos mujeres
indígenas me’phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantu, perpetrada supuestamente por efectivos del Ejército
mexicano en 2002 (casos que se encuentran actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), y la
esterilización forzada de 14 hombres me’phaa en la comunidad de El Camalote en 1998 y 2001.
Informa que el 9 de febrero de 2008 el cuerpo de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández Ortega e integrante de
la OPIM fue encontrado sin vida y con obvias huellas de tortura, sin embargo no se realizó necropsia, cuando es obligación en
esos casos, ni se realizó ningún tipo de investigación. Lorenzo había sido amenazado en varios momentos los últimos meses.
Líderes de la OPIM como Obtilia Eugenio Manuel siguen sufriendo amenazas de muerte y hostigamiento de manera continua”.
En tanto, la Coordinación Alemana por los derechos Humanos en México, conformada por 15 organizaciones no
gubernamentales de ese país, manifestó en una carta dirigida al presidente Felipe Calderón el 15 de mayo su preocupación
porque ha sabido que están en aumento los obstáculos que sufre la OPIM en su trabajo y que hay una serie de amenazas directas
o indirectas en contra de sus integrantes.
Agrega: “Desde nuestro punto de vista existe una persecución sistemática en contra de la organización, que se ha destacado por
su trabajo de denunciar violaciones a los derechos humanos”, y señala entre esos casos la violación sexual de dos mujeres
indígenas por miembros del Ejército en 2002 y la esterilización forzada de 14 hombres indígenas en 1998 y 2001.
Señala el caso del asesinato de Lorenzo Fernández, que “fue amenazado antes de su muerte por miembros del Ejército
mexicano”, y hasta hoy no se han iniciado pasos para investigar el crimen.
En la carta, firmada por la secretaria ejecutiva, Carola Hausotter, manifiesta su preocupación por las amenazas contra la dirigente
de la OPIM, Obtilia Eugenio manuel, y pide que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte medidas cautelares para
su protección y de su familia.

(Redacción).


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