jueves, 5 de junio de 2008

En El Charco ya está documentado el crimen de Estado, advierte Ericka Zamora Pardo

A 10 años de la matanza de 11 indígenas el gobierno no se atreve a investigar, reprocha
En El Charco ya está documentado el crimen de Estado, advierte Ericka Zamora Pardo

La OPIM es blanco de hostigamiento y amenazas del Ejército y paramilitares, denuncia

CIUDAD DE MEXICO, 4 de mayo. Después de 10 años de la matanza de El Charco los militares siguen impunes y los gobernantes en turno no se atreven a investigar, mucho menos castigar a los responsables, particularmente a los altos mandos del Ejército que estuvieron implicados como el entonces general de la 27 zona militar en el Ticui, municipio de Atoyac, Juan Alfredo Oropeza Garnica, denunció la sobreviviente Ericka Zamora Pardo.

Zamora Pardo declaró en etrevista que en el informe de la visita a México de la Relatora de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, presentado en noviembre de 1999, ante la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Relatora Asma Jahangir, en el párrafo 64, dice: “la relatora especial no está en condiciones de determinar todos los hechos del incidente”.

La organización para el futuro de los pueblos mixtecos y particularmente la Organización del Pueblo Indígena Me‘phaa hoy es el blanco del hostigamiento y amenaza no sólo de los cuerpos policiacos y militares, sino también de los grupos paramilitares, señaló.

Recordó que la OPIM se ha destacado por la denuncia y por acompañar a dos mujeres me‘phaa que fueron violadas en 2002 por efectivos de Ejército mexicano, en la exigencia de castigo a los responsables; eso, dijo, la ha convertido en una organización perseguida y amenazada en la región de Ayutla de los Libres donde se implementa, la guerra económica, psicológica y militar.

Indicó que a tres días del décimo aniversario de la masacre de El Charco, el Ejército cometió ejecuciones extrajudiciales, lo que significa que incurrió en un crimen de Estado y por ello deben ser investigados y castigados, solo así se pondría fin a la impunidad del Estado y sus instituciones.

Agregó que todas las versiones recogidas por la relatora especial, salvo la del gobierno, indican de forma convincente que las fuerzas armadas hicieron uso excesivo de la fuerza. También parecer ser que la acción fue planeada y que el grupo de campesinos no fue sorprendido en delito flagrante. Los hechos relatados por la CNDH y los testigos lo confirman, los testigos de fuego indiscriminado por parte de las fuerzas armadas y matanza de los que ya se habían rendido fueron rechazadas por las autoridades sin que se procediera a investigar seriamente el asunto.

(Con información de Luciano Tapia, corresponsal)


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/06/05/index.php?section=politica&article=002n1pol






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