No está probado que policías hayan segado dos vidas; fantasía digna de Costa Gavras: Aguirre
Jesús Aranda (La Jornada)
En San Salvador Atenco, estado de México, se cometieron violaciones graves a las garantías individuales en el uso excesivo de la fuerza pública, establecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la única opinión en contra de Sergio Aguirre Anguiano. Sin embargo, para la mayoría del pleno, el Estado no es el responsable de los hechos ocurridos en 2006.
Al concluir ayer por la tarde una parte del debate sobre la investigación de la Corte en torno al caso Atenco, cada ministro se pronunció sobre el proyecto que elaboró José de Jesús Gudiño Pelayo sobre si fue justificado el uso de la fuerza pública los días 3 y 4 de mayo, y si ésta derivó en el abuso de las garantías individuales.
En dos sesiones –una matutina y otra vespertina–, sólo Genaro David Góngora Pimentel inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido fue “un acto de venganza” en que intervinieron “mandos superiores” que aplicaron “técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias”, como las instauradas en los años 70 en “Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala y en México mismo”.
El resto de sus compañeros señaló que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que la muerte de dos jóvenes, las lesiones y las afrentas sexuales contra 31 detenidas, son ciertas. Pero cada uno precisó su opinión.
El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza respaldaron en sus términos el proyecto de Gudiño Pelayo, donde se señala de manera general la responsabilidad de autoridades estatales y federales en las violaciones a las garantías individuales, pero sin que responsabilizara a algún funcionario en particular.
Silva Meza añadió que el uso excesivo de la fuerza pública debe considerarse un delito y perseguirse como tal, y asentó que el Estado mexicano tiene la obligación moral de hacer valer que los funcionarios protejan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.
Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Fernando Franco coincidieron, en términos generales, en que no se podía atribuir a altos funcionarios la responsabilidad de los abusos policiacos, que en todo caso, la Corte debe continuar el análisis para señalar a los funcionarios directamente responsables de los abusos y omisiones ocurridos. Es decir, se estaría hablando del personal operativo y de mandos bajos o medios.
Góngora apuntó la “brutalidad excesiva” de los policías federales, estatales y municipales, así como la falta de seguimiento de las autoridades competentes para sancionar las violaciones de los derechos humanos.
Añadió que tanto en las agresiones sexuales a las detenidas como en el resto de las vejaciones hubo un patrón de conducta para no dejar evidencia incriminatoria.
En referencia a la presunta responsabilidad de funcionarios de primer nivel, como serían el gobernador Enrique Peña Nieto, el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, y de Miguel Ángel Yunes, entonces secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Góngora señaló:
“No es difícil concluir, que los superiores no son responsables sólo por omisiones, sino que se trata más bien de una acción pensada; me atrevería a decir que estamos ante autores intelectuales”, ya que las acciones siguieron un modus operandi en las golpizas, violencia en las detenciones, las agresiones sexuales, etcétera.
Infructuosamente trató de agregar al catálogo de derechos violados previstos en el dictamen –derecho a la libertad, a la libertad sexual, al debido proceso, a la justicia– el derecho a la vida y a la inviolabilidad del domicilio.
El derecho a la vida, explicó, en razón de que la muerte de Alexis Benumea Hernández, por el uso ilegítimo de armas lanza gases lacrimógenos, y de Javier Cortés Santiago.
“No vamos a revivir a Javier, ni a Alexis; tampoco vamos a regresar la dignidad a las mujeres abusadas ni a sanar los golpes físicos, morales, infligidos a la población, lo que sí podemos es mandar un mensaje de que ello no debió haber ocurrido ni puede volver a ocurrir”, apuntó.
Mientras, Aguirre Anguiano se mantuvo en que en Atenco no hubo violación grave a las garantías individuales.
De entrada, celebró que “individuos” del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) hubieran sido puestos a disposición de las autoridades. Con sorna, añadió que “a lo mejor la afectación fue enormemente positiva” para los atenquenses.
Ante media docena de representantes del FPDT que asistieron a la sesión, Aguirre rechazó que se hubiera violado el derecho a la vida en la muerte de Alexis Benumea y Javier Cortés, como planteó Góngora. “Se segaron dos vidas, pero, ¿que se violó el derecho a la vida por parte de los policías?, eso no está probado…, fantasía pura digna de Costa Gavras.”
Tampoco aceptó que se hubiera violado el derecho a la libertad sexual, al afirmar que no existen dictámenes médicos que prueben las denuncias de las detenidas. En cuanto al exceso de fuerza pública, dijo convencido que las lesiones que presentaban los detenidos podrían ser producto de los enfrentamientos con policías, más que por tortura.
Este miércoles continúa la sesión en la que se oficializarán las opiniones de ministros vertidas ayer, y se iniciará la discusión sobre el posible fincamiento de responsabilidades “morales”.
