Gatos Pardos

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Hercilia Castro

Algo pasa en Guerrero

El día de ayer, fueron asesinados en pleno centro de Atoyac los líderes campesinos Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez dirigentes campesinos de la comunidad El Paraíso.

Los hechos, fueron a las dos y 20 de la tarde, en la esquina de un parque infantil y una tienda de abarrotes, a sólo 50 metros de la comandancia municipal. Lucena Ríos (ex regidor por el PAN) y Sotelo Martínez promovían la creación de una policía rural en El Paraíso, debido al incremento de secuestros y la violencia que ha azotado esa zona.

Los dirigentes, tenían programado presentar la iniciativa en una asamblea este domingo, para que el próximo 20 de noviembre marcharan con motivo del aniversario de la Revolución.

Uno de los familiares dijo al diario La Jornada que “se trató de un crimen político, similar al que se cometió en contra de Luis Olivares y Rocío Mesino, con un asesino solitario. Incluso había dos policías municipales que se percataron de la presencia del asesino solitario y no hicieron absolutamente nada”.

“Los narcos te rocían de balazos, y aquí fue un asesino solitario aparentemente”, dijo.

“Fue un crimen político, como el de Rocío Mesino y el de Luis Olivares, bien preparado, con gente pagada, que sabía lo que andaban haciendo hoy en Atoyac. Es un crimen político que viene desde los grupos de poder en el gobierno, que están fuera de control”, sostuvo.

A menos de un mes, son cinco los asesinatos contra líderes sociales en Guerrero que se han cometido sin que la Procuraduría General de la República o alguna autoridad correspondiente comiencen una investigación con seriedad ante estos crímenes.

El pasado 19 de octubre, fue asesinada en Atoyac, Rocío Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y el 10 de éste mes, asesinaron en su propio domicilio de Coyuca de Benítez al dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) Luis Olivares y su pareja Ana Lilia Gatica.

Cinco asesinatos a plena luz del sol, cinco crímenes contra luchadores sociales reconocidos por increpar al estado, cinco familias destrozadas que claman justicia, cinco luchadores que buscaban la seguridad de sus pueblos.

Cinco crímenes y según las cuentas ya son 14 los asesinatos, hasta la tarde de ayer sábado, 13.

A la par, el gobierno del estado encabezado por Ángel Aguirre Rivero no da respuestas concretas de qué sucede, ni tampoco se le ofrece un clima de seguridad o medidas cautelares a las familias de los dirigentes asesinados, mucho menos hablar de resarcimiento de daños.

Se trasluce pues, un clima que como dice Raymundo Díaz Taboada, coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), “aunque no hay terminología jurídica social sobre tortura social, se habla más bien de represión y terrorismo de Estado, sí podría decirse en términos coloquiales, pues los asesinatos selectivos de líderes luchadores, repercuten en el ánimo de la sociedad”.

Guerrero, no se conoce por ser  una entidad donde la prosperidad, justicia, educación, salud, cultura, seguridad, trabajo, equidad e igualdad sean prioritarios para sus gobernantes.

Lo mismo pasa en materia de respeto a los derechos humanos, el cacicazgo de los gobiernos priístas sigue imperando en la entidad, por ello, no pasa del imaginario colectivo que los crímenes contra activistas, son parte de una cacería de brujas, en la que el único delito es salir a protestar.

Tan sólo en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentenció al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, sucedida en 1974, por lo que se reprobó a México en materia de derechos humanos y se le exhibió ante el mundo.

Los recientes asesinatos (14 en total), sólo son muestra de la criminalización a la lucha social, de que Guerrero continua siendo objeto experimental de la llamada Guerra de Baja Intensidad, donde los guerrerenses fungimos como animales de laboratorio, no como personas.

A la par, el gobierno federal sigue sin poner interés en resolver estos crímenes y se tradujera la complicidad con Aguirre Rivero que desde que tomó el poder, su gobierno se ha marcado de sangre con el asesinato en 2011 (impune aún) a Alexis Herrera y Gabriel de Jesús Echeverría, ambos estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Y Guerrero no es más que el reflejo del caos que impera en el país, la lucha por los poderes entre el narco, los rancios políticos, los gobernantes que se desentienden de sus obligaciones con el pueblo.

Un estado donde las demandas sociales no son cumplidas y sin embargo sigue el avasallamiento de las trasnacionales desde las mineras en la región de La Montaña, hasta la intención de imponer la presa de La Parota en Acapulco o la proliferación de licencias a mega proyectos turísticos sin importar la devastación del ecosistema que hagan, todo, en pos de que los actuales gobernantes y funcionarios saquen tajada del daño que hacen a la gente.

Algo pasa en Guerrero, y alarma en suma que mientras el país está de cabeza en las redes sociales destaca la muerte por paro respiratorio de una actriz de Televisa.

Algo pasa en Guerrero, que se sigue en el retraso, la violencia, la impunidad, y la justicia, parece que no va a llegar a este pueblo, que en su nombre lleva la sentencia.

Algo pasa en Guerrero…

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