Presenta la Comisión Nacional informe sobre la represión a estudiantes de Ayotzinapa
Policías violaron derechos de alumnos en desalojo: CNDH
Agentes federales, ministeriales y estatales que reprimieron la manifestación de normalistas el pasado 12 de diciembre en Chilpancingo, cometieron graves violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la libertad, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad, según el informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); en este se dijo que existe una “alta probabilidad” de que los proyectiles que privaron de la vida a Alexis Herrera Pino y a Gabriel Echeverría de Jesús provenían de la dirección poniente a oriente, “lugar en donde se encontraban diversos servidores públicos del estado de Guerrero”.
En el informe preliminar de 49 páginas firmadas por el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, expuso que por ninguna razón es justificante el uso indebido de la fuerza usada por las autoridades, pero tampoco lo es las conductas delictivas de los “gobernados”, por lo que ambas deberán ser investigadas y sancionadas por las autoridades encargadas de la procuración de justicia, para que el caso no quede en la impunidad.
La CNDH señaló la omisión que cometieron las tres corporaciones al no prestar auxilio a las víctimas a pesar de que se les solicitó, lo cual evidenció su falta de interés, sensibilidad y trato digno hacia las víctimas.
También se señala la detención arbitraria de 24 personas, trato cruel en 14 de ellas y una tortura, con lo que se violentaron los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad persona, la legalidad y trato digno. Asimismo, que los manifestantes no portaban arma de fuego alguna.
La CNDH determinó que los efectivos que participaron omitieron preservar la integridad de la escena del crimen y en algunos casos la alteraron, lo cual podría ser un obstáculo para acceder a la justicia; asimismo, pusieron el riesgo la vida de personas externas a la manifestación al accionar sus armas en diversas ocasiones.
Se determinó que tanto el muro de contención como el tráiler fueron impactados por balas que venían de la misma dirección de las que mataron a los dos jóvenes: del sitio en donde estaban los agentes de Guerrero.
Sobre la Policía Federal (PF), Plascencia Villanueva recordó que en primeras declaraciones aseguraron que no llegaron en primera instancia cuando, se especifica, en las cámaras de seguridad y en las evidencias recolectadas por el órgano se desprende que fueron los primeros en llegar.
Además, indicó que en los videos presentados se observa el uso de la fuerza excesiva e innecesaria por efectivos con uniformes de la Policía Federal, a pesar de que las personas ya estaban aseguradas. Asimismo, recuerda la falta de respuesta oportuna a las solicitudes de información hechas a la dependencia federal lo cual fue uno de los obstáculos que se presentaron en torno a la investigación.
En cuanto a los efectivos de la Policía Investigadora Ministerial se determinó que acudieron al lugar por instrucciones del entonces procurador de justicia, Alberto López Rosas, según lo informado por el director de la corporación Antonio Valenzuela Valdés en su declaración y que cinco de ellos portaban armas largas.
De los preventivos estatales, sólo informó que participaron 19 además de 12 municipales en apoyo.
“Bajo esta perspectiva, en los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011, participaron 165 elementos policiales; 61 eran policías federales, 73 ministeriales 19 estatales y 12 preventivos municipales, de los cuales por lo menos 67 portaban armas de fuego”, informó.
Por otro lado, la Comisión Nacional también reconoció que el empleo de la violencia y la afectación de derechos de terceros por particulares no es un “medio idóneo” para exigir el cumplimiento de derechos a las autoridades o hacerse justicia por su propia mano, pues si bien la libre expresión es una conquista en la defensa de los derechos humanos, es fundamental que se ejerza de manera pacífica y respetuosa.
La CNDH solicitó a las autoridades encargadas de la investigación que se les reconozca a las víctimas y sus familiares el derecho a intervenir y conocer el trámite de las investigaciones así como aportar los elementos convenientes para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, dijo que presentará las queja y denuncias ante los órganos internos de control respectivos y a la Procuraduría General de la República por lo narrado en el informe y que turnará las evidencias para tener acceso a la justicia de las víctimas.
Con respecto a la muerte del empleado de la estación Eva II, Gonzalo Rivas Cámara, la CNDH determinó que existen evidencias de que su muerte fue a consecuencia de un delito a cargo de dos personas que incendiaron la bomba, por lo que corresponderá al Ministerio Público de la Federación investigar para deslindar responsabilidades y evitar que ese delito quede en la impunidad.
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