Los servidores no actuaron para evitar los daños y usaron armas, informa Hernández
Investiga Contraloría a 24 funcionarios estatales por los muertos de Ayotzinapa
Al menos 24 servidores públicos del gobierno del estado son investigados por la Contraloría General del Estado de Guerrero para determinar sus responsabilidades administrativas y las sanciones que correspondan por los hechos del 12 de diciembre cuando murieron dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa en la que no se permitieron preguntas, el contralor general, Julio César Hernández Martínez, informó que independientemente de las investigaciones que efectúan de manera legal, la dependencia a su cargo abrió el expediente QD/IA/007/2012.
Agregó que se investigan las conductas de los 24 funcionarios principalmente porque no actuaron con la decisión necesaria para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, y por haber utilizado armas de fuego innecesariamente durante el desalojo.
También por haber tolerado y realizado actos de tortura o acciones crueles y no haber utilizado los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública.
Recordó que luego de los hechos la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil entregaron los nombres del personal que participó; dijo que los señalados podrían ser sancionados de acuerdo a su grado de participación.
Como parte de las investigaciones, detalló, se han llevado a cabo inspecciones de campo y se han analizado fotografías y videos en los que se comprueba la presunta participación de los 24 servidores públicos.
Informó que los involucrados ya fueron notificados para que presenten sus informes y las pruebas que consideren convenientes y aseveró que en caso de que no comparezcan a la primera audiencia se les dará la oportunidad de presentarse en una segunda ocasión de lo contrario se considerará que los hechos que se les atribuye son ciertos.
Los investigados son: el ex subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, Alejandro Hernández Paz y Puente, el director general de Control de Averiguaciones Previas José Vélez Zapata, María Seberiana Flores Peña, quien se desempeñaba en esa fecha como fiscal Regional Zona Centro, y Esteban Maldonado Palacios, fiscal Especializado para la Investigación de Delitos Graves.
Joaquín Díaz Terrero, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves; Pablo Alejandro Jasso Barrera, fiscal Especializado para el Combate del Delito del Secuestro; María Eugenia Salgado Guzmán, quien fuera agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Los Bravo, y Juan Manuel Martínez Utrilla, director General de los Servicios Periciales. Tambien los elementos de la Policía Ministerial Leticia Pinto Muñoz, Víctor Hugo Almazán Domínguez, Jorge Armando López Ruiz, Ismael Matadama Salinas, Rey David Cortés Flores, Ricardo Arévalo Adame, Manuel Luis Cristino y Manuel Araujo Arellanos.
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