El gobernador busca criminalizar movimientos, dicen ONG
Aguirre promueve confrontación de la sociedad contra la normal rural, acusan
Zihuatanejo, 6 de enero. El Frent de Masas Populares de Guerrero (FMPG) y el Comité de Enlace Latino Americano y Caribeño (CELC), señalaron los abusos de la violenta represión de estudiantes del pasado 12 de diciembre, en Chilpancingo, y criticaron que el gobierno estatal promueva una división, confrontación y provocación entre el pueblo guerrerense para golpear la normal de Ayotzinapa.
El FPMG, expresó que el gobernador Ángel Aguirre Rivero ha realizado un “gran montaje de provocación, división y confrontación contra la normal de Ayotzinapa para mantenerse en el poder y criminalizar al movimiento popular independiente”.
Señaló que cada vez es más clara la responsabilidad del gobernador en los hechos ocurridos del 12 de diciembre y que la demanda de juicio político empieza a tomar fuerza entre el pueblo de Guerrero y sus organizaciones, y sólo es cuestión de que se ponga de manifiesto la indignación popular .
Subrayó que Aguirre Rivero hizo lo mismo que cuando entonces su jefe político Rubén Figueroa Alcocer al ordenar la masacre de Aguas Blancas, y ha montado una supuesta fuerza social con “la clara y perversa intención” de confrontarla con los estudiantes normalistas y el movimiento popular, apoyándose en los grupos políticos y empresariales y en los “lucradores sociales”.
Criticó la “satanización y criminalización” por parte de los medios de comunicación tradicionales y oficialistas, que estigmatiza a los estudiantes de “vándalos y otras lindezas” en la “manipulada marcha de acarreados burócratas, transportistas, comerciantes, caciques, lambiscones y políticos ninis”.
Alertó de la confusión y provocación que el gobierno estatal empieza a ejercer.
Aparte, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández puntualizó que en un desplegado que publicaron varias organizaciones perredistas “se ve ya la postura” que han decidido contra la normal de Ayotzinapa y “ya se ve de qué lado están, ya estamos viendo cuántas organizaciones vamos a luchar”.
En un boletín, el CELC criticó que cuando el entonces subsecretario de Prevención y Operación Policial, Ramón Miguel Arriola Ibarría, dijo, respecto a la represión, que “el gobernador me ordenó limpiar la carretera y la carretera está limpia”.
El CELC consideró que estas palabras titulan el informe que han hecho varias organizaciones sobre la represión policial y ejemplifican “el fascismo que hoy vive nuestro país, donde los gobernantes indistintamente del partido político que sean, asesinan, violan y secuestran impunemente”.
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